El CGPJ da la razón a un marroquí detenido en Londres, extraditado a España y declarado inocente ocho años después

Farid Halali, alias Shakur, uno de los hombres que más atención despertó en los servicios de información de todo el mundo, en especial de la CIA y el FBI norteamericanos, reclama a la justicia española una indemnización de 1,8 millones de euros tras haber pasado 1.711 días en la cárcel y acabar siendo declarado inocente.

En 2001, semanas antes del 11-S, el marroquí había telefoneado al salafista sirio español Imad Eddin Barakat, Abu Dahdah, y en una críptica conversación le comunicó que “habían entrado en el campo de la aviación” y que “habían degollado el pájaro”. Policías y fiscales españoles interpretaron que esta persona había tenido alguna relación o conocimiento de los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York que causaron 3.000 muertos.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acaba de reconocer que ha habido un funcionamiento anormal de la Administración de la Justicia en este caso y da la razón al marroquí. El Ministerio de Justicia deberá ahora acordar la cantidad con la que se indemniza a Farid Hilali en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado.

Barakat, el receptor de la llamada, era un pez muy gordo para los servicios de inteligencia. Por orden del juezBaltasar Garzón su teléfono llevaba meses intervenido y, tras el atentado en EE UU, se descubrió que sus datos personales estaban anotados en la agenda de uno de los miembros del comando yihadista que vivía en Hamburgo (Alemania) con el líder del comando terrorista suicida, el egipcio Mohamed Atta.

Durante años fue un misterio saber quién estaba detrás del alias Skakur, del hombre que supuestamente había anunciado por teléfono el atentado más grave perpetrado contra EE UU desde Pearl Harbor. Hasta que años después se le identificó como Farid Halali, un marroquí detenido en Reino Unido en 2003 por inmigración ilegal. Garzón dictó en 2004 una orden de detención y pidió su extradición a España por estos hechos. La prensa internacional, incluyendo EL PAÍS, se hizo eco de la noticia.

Halali permaneció preso en Londres durante 1.320 días hasta que fue extraditado a España e ingresó en la prisión de Soto del Real en febrero de 2008. En esas fechas el Juzgado Central de Instrucción número cinco decretó prisión provisional incondicional y sin fianza porque, alegó, “los hechos pueden ser constitutivos de múltiples delitos de conspiración para asesinatos terroristas a través de la organización terrorista Al Qaeda”. Un año después fue puesto en libertad bajo fianza con la obligación de comparecer cada día ante la Audiencia Nacional.

En suelo español Halali estuvo preso otros 391 días. Nada más salir en libertad fue detenido y se le incoó un expediente de expulsión. El sumario concluyó en mayo de 2012 y en octubre de ese mismo año la Sección Tercera de la Audiencia Nacional estimó su recurso y dictó auto de sobreseimiento libre que no fue recurrido por la fiscalía. Los jueces estimaron que no había pruebas de que Halali tuviera conocimiento de los atentados del 11-S. Es decir, que el delito por el que había estado preso tanto tiempo nunca se produjo. No existió.

La defensa de Halali reclama ahora al Estado, a través del Consejo General del Poder Judicial, 1,8 millones de euros por la prisión indebida y los padecimientos de la causa. Esgrime que el caso judicial duró ocho años y medio, de los cuales cuatro años, ocho meses y 10 días estuvo privado de libertad. Durante tres años y ocho meses tuvo que comparecer ante el Juzgado, se le prohibió salir del país y no pudo obtener permiso de residencia y trabajo. Esto le impidió conseguir una ocupación laboral o subsidios.

“Esta situación no solo le confinó en un limbo legal, sino que le acarreó tanto a él como a su esposa, una angustia justificada ante la posibilidad de ser deportado a Marruecos, donde [más tarde] sería internado en prisión y sometido a torturas por el simple hecho de haber sido imputado como terrorista”, señala el escrito de reclamación dirigido al Ministerio de Justicia y al CGPJ.

Imad Eddin Barakat, considerado como uno de los fundadores de Al Qaeda en España, fue condenado a 12 años de prisión por pertenencia a organización terrorista, pero el Tribunal Supremo anuló la condena por conspiración para cometer el 11-S. Sobre la frase de “que habían degollado al pájaro” el alto tribunal sentenció que “solamente por vía de deducción no puede obtenerse la conclusión alcanzada por los jueces”. Barakat cumplió integra su condena.

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