Opinión
Un PRM demasiado conservador
Por Juan Bolivar Díaz
Con sinceridad y sin la menor ironía, considero que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha sido muy conservador al calcular lo que se podría ahorrar en el presupuesto nacional del 2016 para traspasarlo al mejoramiento de los sueldos de los policías y otro servidores del Estado en la indigencia, así como para un mejor combate a la pobreza extrema, aumentando considerablemente el subsidio de los programas sociales..
Para comenzar, la propuesta debería incluir la duplicación de los sueldos de todos los servidores públicos que ganan el mínimo de 5,117 pesos mensuales, así como de los casi cien mil pensionados estatales con el mismo ingreso. Y en la mayoría de los ayuntamientos y distritos municipales se pagan salarios de dos y tres mil pesos.
No se puede dejar de reconocer que la propuesta del candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, es interesante y acertada desde el punto de vista político-electoral, tanto que sacudió instancias gubernamentales con reacciones que llegaron al extremo de mandar a estudiar finanzas a economistas de la categoría y reputación de Miguel Ceara Hatton, Guillermo Caram, Arturo Martínez Moya y Eduardo Tejera, para citar a los más conocidos de un equipo económico envidiable para cualquier proyecto presidencial.
En los mismos renglones que incluyó la propuesta de ahorrar 50,823 millones de pesos se podría llegar razonablemente más lejos, y mucho más si el Gobierno decreta una real austeridad en el gasto público, si suprime algunos organismos burocráticos que solo amamantan clientes y parásitos políticos, muchos de ellos duplicadores de funciones o hace tiempo inoperantes, como la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, la Comisión para Reforma de la Empresa Pública, o hasta el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, donde unos dos mil dirigentes y militantes de un partido aliado encuentran sostén.
No se crean que estoy exagerando, fueron promesas de campaña en varias elecciones consecutivas, incluyendo la del presidente Danilo Medina hará cuatro años. El mandatario sabe que es posible un ahorro mayor al planteado por el PRM, pues el Gobierno suprimió un millar de empleos parásitos de reformistas solo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque no se ha atrevido a hacer lo mismo con otro millar de peledeístas y relacionados que cobran en dólares -y en muchos casos trafican- como embajadores, cónsules, vicecónsules y consejeros.
Eché de menos muchos de estos ahorros en la propuesta del PRM y dudo que fuera por olvido, sino más bien conservadurismo para no despertar demasiado incertidumbre o rechazo, o quién sabe si hasta reservándose fuentes clientelares por si logran la hazaña de desplazar la enorme maquinaria política y de control estatal de los actuales gobernantes.
Un ejemplo significativo del conservadurismo de la propuesta se encuentra en el renglón referente a los 245 mil millones de pesos consignados en el presupuesto para la contratación de obras y compras de bienes y servicios, donde solo consignan un ahorro del cinco por ciento, 12 mil millones de pesos. Aunque dejan constancia de que en esos renglones se pierde por lo menos un 20 por ciento “en desviaciones irregulares”.
En materia de obras públicas la corrupción consume más del 20 por ciento. Hace más de tres décadas que Balaguer llegó a justificar las comisiones del 10 por ciento, y todavía no se veían obras duplicadas de precio, como los parqueos de Bellas Artes y la UASD o la remodelación del hospital Darío Contreras.
Fue una descomunal exageración del doctor Leonel Fernández cuando en su campaña electoral de 1996 cuantificó la corrupción en 30 mil millones de pesos, alrededor del cien por ciento del presupuesto nacional. Ahora si fuera solo del 20 por ciento, implicaría más que duplicar los 58 mil millones indicados por el PRM.
Si nada de eso es posible, seguiremos soñando que podremos garantizar la seguridad pública con policías ganando salarios cebolla, como dramatizó el iluminado raso Daurin Muñoz, por eso despedido de la Policía Nacional.
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La CPI podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma.
De acuerdo con el Estatuto de Roma podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte Penal Internacional:
- a)El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;
- b)Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque esta investigando o enjuiciando o lo ha hecho antes; o
- c)Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.
El Fiscal podrá pedir a la Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 del Estatuto de Roma y las víctimas
.
La admisibilidad de una causa o la competencia de la CPI sólo podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a su inicio.
En circunstancias excepcionales la Corte Penal Internacional podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17 del Estatuto de Roma.
Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la CPI será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82 del Estatuto de Roma.
Hasta antes de que la Corte Penal Internacional se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para:
- a)Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionadas en el párrafo 6 del articulo 18 del Estatuto de Roma;
- b)Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y
- c)Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58 del Estatuto de la Corte.
La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la CPI, antes de ella.
Si la CPI hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad con dicho artículo.
Finalmente, el Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 del Estatuto de Roma suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.
Rommelsantosdiaz@gmailcom
Por Nelson Encarnación
Son muchos los dominicanos que no se reponen del shock que les provocaron las diversas manipulaciones y mentiras vertidas por el expresidente Danilo Medina durante su comparecencia de la semana pasada en un importante medio radial de nuestro país.
Cuando se anunció días antes que el líder del Partido de la Liberación Dominicana aparecería en un medio público, hubo la apreciación generalizada de que aprovecharía el alcance de este para al menos desvestir su alma y bajar al terreno de la humildad para pedir algún tipo de perdón—aun fuese en voz baja—por las muchas culpas que necesitan urgentemente su expiación.
Sin embargo, es evidente que Danilo está convencido de que todas sus actuaciones en el Gobierno estuvieron ajustadas a la decencia más absoluta, cuando la realidad apunta precisamente en otra dirección.
Para él, los expedientes que involucran a familiares y entorno político más estrecho, son simples majaderías urdidas para molestarle, o una manifestación de la llamada judicialización de la política o politización de la justicia, mediante la cual han sido quitados del camino potenciales competidores de la corriente predominante.
Con ese convencimiento resulta improbable que el expresidente se humanice y entienda que admitir los errores hace grandes a las personas, y que, por el contrario, encerrarse en una convicción pueril las reduce.
Hay más de una evidencia que Danilo fue advertido por cercanos acerca del comportamiento depredador de algunos de sus íntimos, pero obvió tomar las medidas aconsejables, para dejar campo abierto a la continuación de los desmanes, muchos de los cuales se han reflejado en los casos que actualmente se ventilan en justicia, y que él los atribuye a “persecución política”.
En el campo de la lucha propiamente política, Medina trata de convencernos de que su laborantismo encaminado a propiciar el escenario para una segunda reelección en 2020 es un espejismo o un invento de sus adversarios.
Eso de que no tenía votos para modificar la Constitución es un ardid y una expresión fehaciente de su condición de simulador, pues todos vivimos aquel trance que mantuvo en vilo a la nación hasta que la administración Trump—en una intromisión inaceptable, eso sí—le apeó del carro reeleccionista que pudo haberse descarrilado hacia una situación de manejo muy complejo.
Danilo podrá decir lo que quiera, pero la historia no se puede borrar.
Por Narciso Isa Conde
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.
La que debe ser emplazada NO ES MIRIAM, es Yeni Berenice, acompañada de Camacho, el del PEPCA y ahora ascendido, ambos con fuertes vínculos con la Embajada, FBI, DEA…Leonel, Abinader…Ahora la PGR cae bajo control absoluto de esa tríada, vía los ascensos de Berenice y Camacho.
Miriam German ha sido víctima de su entorno, de un acorralamiento programado en medio de una gran soledad y de su propio institucionalismo (excesivo respeto a la separación de funciones dentro de la PGR). Además, la amenaza del cártel del Cibao y del tal J, fue manipulada para amarrarla más. Hicieron un gran bulto desde la DNCD y dejaron todo igual: el cartel sigue impune. Abinader, Cabrera-DNCD y la DEA dirigieron esa operación.
Berenice y el PEPCA han bloqueado muchos expedientes, incluso los presentados por nosotros. El caso de ANTENA LATINA es emblemático y yo lo entregué personalmente, y muchas veces demandé respuesta y nada. A esos encargados de investigar y perseguir los delitos, se le entregaron numerosas denuncias del Archivo Abierto de Marcha Verde y no hicieron nada: siguen abundando las vacas sagradas oligárquicas y transnacionales denunciadas; y estas abundan junto a la impunidad del leonelismo, de políticos ladrones y generales asesinos.
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.