Editorial
Un Procurador General que no Tiene Credibilidad
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, ha iniciado una serie de sometimientos de funcionarios y ex-funcionarios que ya no tienen ningún impacto, en virtud de que el jefe del ministerio público perdió la credibilidad cuando desestimó un sometimiento en contra del ex-presidente Leonel Fernández y ya anteriormente se había definido como un hombre del ex-mandatario.
Sin embargo, Domínguez Brito sí se ha empecinado en que se investigue y se enjuicie a Félix Bautista y Víctor de la Rúa, ambos hombres de mucha confianza de su líder y guía el corrupto y corruptor Leonel Fernández, quien hoy debía estar en el banquillo de los acusados.
Todo esto es entendible desde el punto de vista de que el procurador general de la República está bajo las ordenes del presidente de la República, que en este caso se trata del licenciado Danilo Medina, quien, sin lugar a dudas, está amarrado en las redes dejadas por Leonel Fernández en todas y cada una de las instancias del Estado.
Domínguez Brito ha iniciado procesos en contra de Amable Aristy Castro, Elías Wessin Chávez, Félix Bautista, Víctor de la Rúa, entre otros, pero el impacto político y social ha sido prácticamente insignificante, pero mucho menos en lo legal, porque este funcionario perdió la autoridad moral desde el momento en que se definió como un hombre de Leonel, equivalente a revelar que pertenece a un grupo mafioso que busca la depredación del Estado.
De acuerdo a nuestras consideraciones, en el marco de un gobierno de cualquiera de los tres partidos es bastante difícil que se pueda ser serio, sobre todo si se toma en cuenta que los grupos que inciden a lo interno del PLD, PRD y PRSC no toleran a los hombres y mujeres que tienen una actitud honesta frente a la sociedad y el Estado.
De manera, que cuando una persona es designada en una alta posición pública, como procurador general de la República, lo primero que se determina en esos partidos mafiosos a quién responde y con cuáles intereses se identifica, a fin de que no se convierta en un obstáculo para cualquier gestión en favor de los grupos mafiosos que tienen el control del partido en el poder.
Además, una persona que se considera honesta muy difícilmente pueda militar en un partido en el que se ha perdido la mística y en el que sólo predomina el poder económico, no importa que sea una fortuna mal habida y precisamente de ahí sale Domínguez Brito.
Habría que preguntarse si en estos momentos en el Partido de la Liberación cabe una persona que busque realmente el bienestar de la Nación, en virtud de que en el PLD ya prácticamente todos sus militantes o por lo menos una gran mayoría tiene una agenda muy personal, parecido o igual a lo que pasa en el PRD y el PRSC.
Es decir, que a partir de este razonamiento lógico se hace prácticamente imposible que Domínguez Brito pueda perseguir sinceramente a los corruptos, porque él es parte por acción o por omisión de una estructura mafiosa que opera como todo un cartel de las drogas, e incluso regido por un código del silencio.
Aunque sabemos de más que esos funcionarios y ex-funcionarios hace mucho tiempo que debían estar confinados en las cárceles del país, pero lamentablemente la actitud de Domínguez Brito frente al caso de Leonel Fernández le quitó toda la autoridad moral para perseguir a otros como Aristy Castro, Wessin Chávez, Félix Bautista, Víctor de la Rúa, entre otros.
Nuestra percepción es que Domínguez Brito juega a la doble moral, sobre todo porque todo el mundo sabe que él tiene aspiraciones políticas, las cuales parecen ser inviables desde un partido como el PLD, en el que el control lo tienen Leonel y Danilo, quienes sólo dejarán de aspirar cuando desaparezcan físicamente o cuando queden inhabilitados por razones biológicas.
La sociedad dominicana necesita menos politiquería y más acciones sinceras para combatir la corrupción, principal causa de la desgracia nacional, cuyos resultados son mayor pobreza y miseria entre las grandes mayorías nacionales, ya que los recursos que debían invertirse en obras de bien social se quedan en los bolsillos de los politicastros que hoy inundan el escenario político nacional.
Lo primero que debe establecerse es que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes representa un paso vital para convertir la democracia nacional en más participativa.
Esta decisión del TC, quiérase o no, permite que el ciudadano se empodere y si lo hace correctamente podría detener la debacle que han impuesto en la sociedad dominicana los partidos políticos, cuya principal misión es promover anti-valores.
Ante los argumentos de la partidocracia, habría necesariamente que preguntarse y si ellos están tan bien como dicen, por qué tanto miedo con las candidaturas independientes, sobre todo si se entiende que si esta figura jurídica no es aprovechada por ahí podría ser que no venga nada nuevo y que en segundo lugar pueda servir para traer algo peor de lo que tenemos.
Entonces, si es verdad que se trabaja en favor de la sociedad, se impone que no se exhiba tanto miedo, porque si consideran que hacen lo correcto, pues no deben preocuparse.
Es un verdadero contrasentido muchas de las cosas que se dicen, porque si fuera algo que verdaderamente reviste tanto peligro, lo que procede es desmontar su importancia con argumentos con lógicos y despojados de todo mal razonamiento.
En una sociedad cimentada en antivalores no es fácil lograr cambios importantes, pero si la herramienta existe podría venir la reformación integral del Estado dominicano.
Las candidaturas independientes son una tabla de salvación nacional de una sociedad en la que ya no cabe más corrupción, contaminada de los pies hasta la cabeza y lo contrario.
Ahora falta que el ciudadano, vale decir la mayoría de ellos, se despoje de ese fanatismo que tradicionalmente lo ha cegado en favor del partidarismo, a fin de asumir con la toda la responsabilidad posible esta nueva figura que podría cambiar totalmente el escenario político nacional.
Hace falta que todos nos armemos de coraje y vayamos al Congreso Nacional a defender en las vistas públicas que habrán de anunciarse sobre las candidaturas independientes, ya que no hacerlo sería apostar al fracaso de la sociedad dominicana.
Que se entienda que la pelea está echada y que nadie detendrá las aspiraciones de los amplios sectores de la vida nacional de tener un país mejor, ya no soportan más corrupción y la negación de derechos, principios y valores constitucionales.
Lo que debe prevalecer en el ánimo nacional es darle vigencia al Estado Social Democrático y de Derecho, a los fines de que prevalezcan los deseos sanos y de verdaderos cambios del pueblo dominicano por una sociedad mejor.
El periódico La República ha vivido de cerca la desgracia que ocurre con la falta de credibilidad del Ministerio Público, principalmente en Santiago, aunque el fenómeno es general, es decir, a nivel de todo el territorio nacional.
El problema de este órgano del Estado, persecutor del crimen y el delito, es más complejo y profundo de lo que cualquiera pueda pensar.
Este periódico lo ha vivido en carne propia, lo cual ha provocado que haya presentado ante el Tribunal Superior Administrativo varios recursos de amparos de cumplimiento tras ser víctimas de no menos de diez ataques de delincuentes que se mueven en diferentes escenarios y cuya respuesta del órgano ha sido su falta por acción o omisión.
Y este diario reitera que está consciente de que por la violación de derechos fundamentales del Ministerio Publico el país está frente a un asunto de una dimensión que podría lesionar y comprometer seriamente la responsabilidad civil y penal del Estado, principalmente frente al derecho internacional.
Se puede proclamar a todo pulmón que, si bien la judicatura no está libre de culpas, lo cierto es que lo del Ministerio Público representa una crisis de magnitudes muy peligrosas para el Estado y la sociedad.
En virtud de este escenario la escogencia de un nuevo procurador general de la República es una oportunidad para desviar el camino tomado por un órgano tan importante como el Ministerio Público, pero en el que nadie cree.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el propio presidente de la República tienen ahora la oportunidad de iniciar un proceso de saneamiento de este órgano del Estado con la escogencia de una figura como Melton Ray Guevara que viene de una gran labor en el proceso de constitucionalización que vive el país.
En opinión de este periódico es la mejor opción de todas, no sólo por su formación en derecho constitucional, principal dolencia del Ministerio Público, sino porque, sin lugar a dudas, es una persona metódica y disciplinada en el desempeño de funciones públicas.
Es una oportunidad que no debe desperdiciarse para enderezar un órgano como el Ministerio Público que tiene como función perseguir el crimen y el delito y su principal debilidad consiste en que su personal camina al margen del respeto de los derechos fundamentales.
Si se escoge a una persona como Ray Guevara como procurador general de la Republica es muy probable que su gestión trascienda históricamente y que los resultados sean el fortalecimiento de la persecución penal y una notable mejoría en lo que respecta al respeto de los derechos fundamentales que debe garantizar el Estado.
Desde hace ya algunos meses que el Tribunal Constitucional emitió la sentencia sobre las candidaturas independientes, cuya decisión ha puesto en primer plano esta figura jurídica que hace la democracia nacional más participativa.
Las candidaturas independientes existen en el país desde hace muchas décadas, pero en realidad no ha surtido el efecto esperado y las mismas no han servido de nada para hacer la democracia más participativa y democrática.
Sin embargo, la sentencia del TC ha encendido la chispa para que muchas cosas nuevas y buenas puedan provenir a través de las candidaturas independientes, aunque naturalmente podría ser todo lo contrario, ya que todo va a depender de quiénes se acojan a esta figura para contribuir con el cambio que necesita el país.
Esta decisión de la alta corte pone a la República Dominicana en primer plano en lo que respecta romper con el monopolio electoral que tienen los partidos políticos en el país.
Naturalmente, esta trascendental decisión del TC jugará un papel de primer orden en la democracia nacional en la medida en que la misma sea acogida por el ciudadano que tiene preocupación por el curso que lleva el país.
Es un reto de trascendencia histórica y los buenos y malos resultados que salgan de la sentencia en referencia dependen de cómo el ciudadano asuma el asunto.
Por esa razón es, podría decirse vital, que las organizaciones sociales se incorporen al debate de las candidaturas independientes y que no dejen solos en el escenario a los que se oponen a ellas como los partidos políticos que son la fuente de la gran desgracia nacional.
La confrontación entre los que se oponen y los que defienden las candidaturas independientes está planteada en el escenario y la misma se inicia con la convocatoria de la Junta Central Electoral a los partidos políticos y la misma debe ser extensiva a toda persona física y jurídica que también tenga una opinión sobre el tema.
Es posible que si hay una buena canalización del debate sobre las candidaturas independientes mediante el mismo se pueda demostrar qué beneficiosas son para el sistema electoral dominicano y en consecuencia para la democracia, ya que nadie debe poner en dudas la crisis de credibilidad de la partidocracia, cuyo alto nivel de abstención en las elecciones nacionales ha dejado como resultado una cierta falta de legitimidad de las autoridades que hoy conducen los destinos nacionales.
Que nadie tenga dudas de que la gente está cansada de las travesuras cometidas por la partidocracia, la cual sólo sabe promover lo mal hecho y que sus actores se apropien del patrimonio nacional, cuya conducta podría implicar la desaparición de la nación.
¡La pelea está echada.