Editorial
Un Procurador General que no Tiene Credibilidad
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, ha iniciado una serie de sometimientos de funcionarios y ex-funcionarios que ya no tienen ningún impacto, en virtud de que el jefe del ministerio público perdió la credibilidad cuando desestimó un sometimiento en contra del ex-presidente Leonel Fernández y ya anteriormente se había definido como un hombre del ex-mandatario.
Sin embargo, Domínguez Brito sí se ha empecinado en que se investigue y se enjuicie a Félix Bautista y Víctor de la Rúa, ambos hombres de mucha confianza de su líder y guía el corrupto y corruptor Leonel Fernández, quien hoy debía estar en el banquillo de los acusados.
Todo esto es entendible desde el punto de vista de que el procurador general de la República está bajo las ordenes del presidente de la República, que en este caso se trata del licenciado Danilo Medina, quien, sin lugar a dudas, está amarrado en las redes dejadas por Leonel Fernández en todas y cada una de las instancias del Estado.
Domínguez Brito ha iniciado procesos en contra de Amable Aristy Castro, Elías Wessin Chávez, Félix Bautista, Víctor de la Rúa, entre otros, pero el impacto político y social ha sido prácticamente insignificante, pero mucho menos en lo legal, porque este funcionario perdió la autoridad moral desde el momento en que se definió como un hombre de Leonel, equivalente a revelar que pertenece a un grupo mafioso que busca la depredación del Estado.
De acuerdo a nuestras consideraciones, en el marco de un gobierno de cualquiera de los tres partidos es bastante difícil que se pueda ser serio, sobre todo si se toma en cuenta que los grupos que inciden a lo interno del PLD, PRD y PRSC no toleran a los hombres y mujeres que tienen una actitud honesta frente a la sociedad y el Estado.
De manera, que cuando una persona es designada en una alta posición pública, como procurador general de la República, lo primero que se determina en esos partidos mafiosos a quién responde y con cuáles intereses se identifica, a fin de que no se convierta en un obstáculo para cualquier gestión en favor de los grupos mafiosos que tienen el control del partido en el poder.
Además, una persona que se considera honesta muy difícilmente pueda militar en un partido en el que se ha perdido la mística y en el que sólo predomina el poder económico, no importa que sea una fortuna mal habida y precisamente de ahí sale Domínguez Brito.
Habría que preguntarse si en estos momentos en el Partido de la Liberación cabe una persona que busque realmente el bienestar de la Nación, en virtud de que en el PLD ya prácticamente todos sus militantes o por lo menos una gran mayoría tiene una agenda muy personal, parecido o igual a lo que pasa en el PRD y el PRSC.
Es decir, que a partir de este razonamiento lógico se hace prácticamente imposible que Domínguez Brito pueda perseguir sinceramente a los corruptos, porque él es parte por acción o por omisión de una estructura mafiosa que opera como todo un cartel de las drogas, e incluso regido por un código del silencio.
Aunque sabemos de más que esos funcionarios y ex-funcionarios hace mucho tiempo que debían estar confinados en las cárceles del país, pero lamentablemente la actitud de Domínguez Brito frente al caso de Leonel Fernández le quitó toda la autoridad moral para perseguir a otros como Aristy Castro, Wessin Chávez, Félix Bautista, Víctor de la Rúa, entre otros.
Nuestra percepción es que Domínguez Brito juega a la doble moral, sobre todo porque todo el mundo sabe que él tiene aspiraciones políticas, las cuales parecen ser inviables desde un partido como el PLD, en el que el control lo tienen Leonel y Danilo, quienes sólo dejarán de aspirar cuando desaparezcan físicamente o cuando queden inhabilitados por razones biológicas.
La sociedad dominicana necesita menos politiquería y más acciones sinceras para combatir la corrupción, principal causa de la desgracia nacional, cuyos resultados son mayor pobreza y miseria entre las grandes mayorías nacionales, ya que los recursos que debían invertirse en obras de bien social se quedan en los bolsillos de los politicastros que hoy inundan el escenario político nacional.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.