Editorial
Un Procurador General que no Tiene Credibilidad
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, ha iniciado una serie de sometimientos de funcionarios y ex-funcionarios que ya no tienen ningún impacto, en virtud de que el jefe del ministerio público perdió la credibilidad cuando desestimó un sometimiento en contra del ex-presidente Leonel Fernández y ya anteriormente se había definido como un hombre del ex-mandatario.
Sin embargo, Domínguez Brito sí se ha empecinado en que se investigue y se enjuicie a Félix Bautista y Víctor de la Rúa, ambos hombres de mucha confianza de su líder y guía el corrupto y corruptor Leonel Fernández, quien hoy debía estar en el banquillo de los acusados.
Todo esto es entendible desde el punto de vista de que el procurador general de la República está bajo las ordenes del presidente de la República, que en este caso se trata del licenciado Danilo Medina, quien, sin lugar a dudas, está amarrado en las redes dejadas por Leonel Fernández en todas y cada una de las instancias del Estado.
Domínguez Brito ha iniciado procesos en contra de Amable Aristy Castro, Elías Wessin Chávez, Félix Bautista, Víctor de la Rúa, entre otros, pero el impacto político y social ha sido prácticamente insignificante, pero mucho menos en lo legal, porque este funcionario perdió la autoridad moral desde el momento en que se definió como un hombre de Leonel, equivalente a revelar que pertenece a un grupo mafioso que busca la depredación del Estado.
De acuerdo a nuestras consideraciones, en el marco de un gobierno de cualquiera de los tres partidos es bastante difícil que se pueda ser serio, sobre todo si se toma en cuenta que los grupos que inciden a lo interno del PLD, PRD y PRSC no toleran a los hombres y mujeres que tienen una actitud honesta frente a la sociedad y el Estado.
De manera, que cuando una persona es designada en una alta posición pública, como procurador general de la República, lo primero que se determina en esos partidos mafiosos a quién responde y con cuáles intereses se identifica, a fin de que no se convierta en un obstáculo para cualquier gestión en favor de los grupos mafiosos que tienen el control del partido en el poder.
Además, una persona que se considera honesta muy difícilmente pueda militar en un partido en el que se ha perdido la mística y en el que sólo predomina el poder económico, no importa que sea una fortuna mal habida y precisamente de ahí sale Domínguez Brito.
Habría que preguntarse si en estos momentos en el Partido de la Liberación cabe una persona que busque realmente el bienestar de la Nación, en virtud de que en el PLD ya prácticamente todos sus militantes o por lo menos una gran mayoría tiene una agenda muy personal, parecido o igual a lo que pasa en el PRD y el PRSC.
Es decir, que a partir de este razonamiento lógico se hace prácticamente imposible que Domínguez Brito pueda perseguir sinceramente a los corruptos, porque él es parte por acción o por omisión de una estructura mafiosa que opera como todo un cartel de las drogas, e incluso regido por un código del silencio.
Aunque sabemos de más que esos funcionarios y ex-funcionarios hace mucho tiempo que debían estar confinados en las cárceles del país, pero lamentablemente la actitud de Domínguez Brito frente al caso de Leonel Fernández le quitó toda la autoridad moral para perseguir a otros como Aristy Castro, Wessin Chávez, Félix Bautista, Víctor de la Rúa, entre otros.
Nuestra percepción es que Domínguez Brito juega a la doble moral, sobre todo porque todo el mundo sabe que él tiene aspiraciones políticas, las cuales parecen ser inviables desde un partido como el PLD, en el que el control lo tienen Leonel y Danilo, quienes sólo dejarán de aspirar cuando desaparezcan físicamente o cuando queden inhabilitados por razones biológicas.
La sociedad dominicana necesita menos politiquería y más acciones sinceras para combatir la corrupción, principal causa de la desgracia nacional, cuyos resultados son mayor pobreza y miseria entre las grandes mayorías nacionales, ya que los recursos que debían invertirse en obras de bien social se quedan en los bolsillos de los politicastros que hoy inundan el escenario político nacional.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.