Desde la misma noche de prácticamente concluidas las primarias, el expresidente Leonel Fernández alegó la comisión de un fraude en su contra.
Su primer argumento se fundamentó en lo que tecnológicamente se conoce como algoritmo, por lo que se quejó de que no se habían auditado los equipos usados en esa contienda electoral.
Posteriormente habló de que se habían producido variaciones repentinas en el conteo y transmisión automatizadas de los votos que hacía la Junta Central Electoral, lo cual no tenía mucho asidero en virtud de que el fenómeno pasó con ambos aspirantes por la pequeña diferencia que había entre uno y otro.
Luego el grupo de Leonel esgrimió como arma de defensa el hecho de que algunos distritos municipales aparecieran con más votos que votantes, lo cual tiene una explicación lógica en virtud de que cada sufragante lo hace por diferentes niveles, como lo es la presidencial, senatorial, regiduría y de diputación.
De manera, que es normal que haya más votos que votantes registrados, lo cual también tumbó el argumento leonelistas, pero resulta que el expresidente ni siquiera ha formalizado una petición a través de su instancia para que se cuente manual el cien por ciento de los votos emitidos, cuyas boletas físicas están resguardas por la Junta Central Electoral.
Lo otro es que Leonel tampoco ha pedido la anulación de de todos los resultados de las primarias en su instancia depositada en la Junta Central Electoral, sino solo a nivel presidencial pese a que sí lo ha hecho a través de los medios de comunicación social, lo cual deja mucha duda en torno a lo que realmente quiere, por lo que su queja ha sido definida como el derecho al «pataleo».
Pero independientemente de lo que pidan los que denuncian fraudes en las primarias, la Junta Central Electoral debía proceder aunque no se le solicite formalmente, al conteo manual de los votos físicos emitidos en las mismas, a fin de despejar dudas y garantizar el uso de una tecnología aparentemente muy útil para los procesos comiciales programados para el año entrante.
Naturalmente, eso sólo tiene sentido si se hace el conteo manual, porque de lo contrario va existir muy poca posibilidad de que la tecnología utilizada puede usarse nuevamente en las elecciones del mes de febrero y de mayo del 2020.
La JCE debe actuar con la mayor rapidez posible para evitar que la solución a la confusión tome mas cuerpo y cuando se quiera recurrir a ella ya sea muy tarde y aborte todo un avance tecnológico que resolvió unos conteos de votos traumatizantes durante toda la vida política nacional.
El derecho al «pataleo» no puede ser una razón valedera para que se impida el avance de la democracia dominicana, que descansa principalmente en elegir y ser elegido, cuyo derecho se expresa a través de las elecciones nacionales.