Editorial
Un Reclamo no Sustentado en Pruebas
Desde la misma noche de prácticamente concluidas las primarias, el expresidente Leonel Fernández alegó la comisión de un fraude en su contra.
Su primer argumento se fundamentó en lo que tecnológicamente se conoce como algoritmo, por lo que se quejó de que no se habían auditado los equipos usados en esa contienda electoral.
Posteriormente habló de que se habían producido variaciones repentinas en el conteo y transmisión automatizadas de los votos que hacía la Junta Central Electoral, lo cual no tenía mucho asidero en virtud de que el fenómeno pasó con ambos aspirantes por la pequeña diferencia que había entre uno y otro.
Luego el grupo de Leonel esgrimió como arma de defensa el hecho de que algunos distritos municipales aparecieran con más votos que votantes, lo cual tiene una explicación lógica en virtud de que cada sufragante lo hace por diferentes niveles, como lo es la presidencial, senatorial, regiduría y de diputación.
De manera, que es normal que haya más votos que votantes registrados, lo cual también tumbó el argumento leonelistas, pero resulta que el expresidente ni siquiera ha formalizado una petición a través de su instancia para que se cuente manual el cien por ciento de los votos emitidos, cuyas boletas físicas están resguardas por la Junta Central Electoral.
Lo otro es que Leonel tampoco ha pedido la anulación de de todos los resultados de las primarias en su instancia depositada en la Junta Central Electoral, sino solo a nivel presidencial pese a que sí lo ha hecho a través de los medios de comunicación social, lo cual deja mucha duda en torno a lo que realmente quiere, por lo que su queja ha sido definida como el derecho al «pataleo».
Pero independientemente de lo que pidan los que denuncian fraudes en las primarias, la Junta Central Electoral debía proceder aunque no se le solicite formalmente, al conteo manual de los votos físicos emitidos en las mismas, a fin de despejar dudas y garantizar el uso de una tecnología aparentemente muy útil para los procesos comiciales programados para el año entrante.
Naturalmente, eso sólo tiene sentido si se hace el conteo manual, porque de lo contrario va existir muy poca posibilidad de que la tecnología utilizada puede usarse nuevamente en las elecciones del mes de febrero y de mayo del 2020.
La JCE debe actuar con la mayor rapidez posible para evitar que la solución a la confusión tome mas cuerpo y cuando se quiera recurrir a ella ya sea muy tarde y aborte todo un avance tecnológico que resolvió unos conteos de votos traumatizantes durante toda la vida política nacional.
El derecho al «pataleo» no puede ser una razón valedera para que se impida el avance de la democracia dominicana, que descansa principalmente en elegir y ser elegido, cuyo derecho se expresa a través de las elecciones nacionales.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.