Editorial
Un Reto Histórico en Favor de la Democracia
La República Dominicana aparentemente ha entrado en una nueva etapa del manejo de la cosa pública a partir de la designación de una nueva procuradora general y otros miembros del Ministerio Público que no necesariamente responden al esquema tradicional prevaleciente en el país de escoger a fiscales para encubrir la corrupción y los delitos y crímenes de cuello blanco.
El otro estamento que también parece salir beneficiado con la escogencia de personalidades que han exhibida una cierta independencia en el manejo de algunas situaciones que han servido para medir su conducta, lo es la Junta Central Electoral (JCE).
La escogencia de Miran Germán como procuradora general de la República y de Román Jáquez como presidente de la Junta Central Electoral (JCE), constituyen dos pasos muy importantes en favor de la democracia, pero ambos responden más que nada, no a una vocación al respecto de los políticos que controlan la administración pública, sino a la presión montada por los ciudadanos sobre la forma de manejar el Estado.
Que quede claro que de no haberse manejado de ese modo el Partido Revolucionario Moderno (PRM) sabe perfectamente lo que le espera, porque esta organización ya ha cometido errores muy graves en los pocos días que lleva con el control del Estado.
Si esa no fuera esa la actitud del PRM su destino fuera muy parecido al que lleva el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el que ya no caben acciones en favor del país, sino de grupos y sectores que sólo buscan amasar grandes fortunas a la sombra del patrimonio nacional.
Ambos partidos, entre los que no hay grandes diferencias en lo atinente al manejo de la cosa pública, deben mantenerse muy atentos de cuales son las aspiraciones del pueblo dominicano, las cuales consisten en el logro de una sociedad menos corrupta y una mejor distribución de las riquezas nacionales.
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) tiene en sus manos la oportunidad de oro de contribuir con el adecentamiento del panorama electoral de la Republica Dominicana, donde el proceder de la clase política es asquiante y vergozante para todos los sectores que conforman la vida nacional.
Poner en orden a los partidos políticos, que son los causantes de lo que muy bien podría llamarse la desgracia nacional, ya sería una gran cosa para hacer posible que la transparencia marque todo el accionar de los órganos y los entes del Estado dominicano.
Meter en cintura a los mafiositos que controlan a los partidos políticos, grandes y pequeños, de derecha y de izquierda, sería una obra gigantesca para que se vea mucho más cerca en el horizonte nacional un país y una sociedad más decentes.
El nuevo Pleno de la Junta Central Electoral debe trabajar desde el día de su juramentación para que la República acelere el paso para mejorar en el ámbito comicial los niveles de institucionalidad y rechazar de plano las complicidades que ha caracterizado a ese órgano durante toda la vida democrática de la nación.
No queda otra opción que utilizar la Junta Central Electoral para que el país se proyecte en las comunidades nacional e internacional con una democracia fuerte y vigorosa y con instituciones, sobre todo en el orden electoral, que no se dobleguen ante la corrupción y la poca transparencia que caracteriza a las naciones del llamado tercer mundo.
Desde hace años en el país ha habido un debate sobre las debilidades más perjudiciales de la sociedad dominicana y entre ellas está la improvisación, la falta de planificación estratégica.
La consecuencia de ese mal es lo que deja como resultado lo ocurrido este martes en la discoteca Jet Set, donde ha fallecido más de 50 personas y hay docenas de heridos.
La razón de ser de esta tragedia tiene que ver con el hecho de que en el país no se fiscaliza nada y producto de esa irresponsabilidad del Estado podrían producirse muchas más desgracias como la ocurrida.
En todo el territorio nacional los techos de los edificios, ya sean residenciales o comerciales, están llenos de plantas eléctricas de alto cilindraje y tinacos con un peso que muchas veces no soporta la edificación.
Pero el Estado no reacciona frente esa irregularidad y se verá como en pocos días todo vuelve a lo que es normal dentro del desorden y es que nadie ni mencione lo ocurrido.
Son incontables los edificios que están amenazados de colapsar por esta causa, pero quienes tienen la misión de darle seguimiento a ese peligro sencillamente no lo hacen.
Ahora lo que viene es enterrar a los muertos y que todo lo anormal siga su curso y la gente prepararse para derramar lágrimas en el próximo evento de igual o peor magnitud.
Entonces, siendo así las cosas, la recomendación de este periódico es que este asunto se maneje desde una perspectiva política y no hay otra opción que el ciudadano se empodere para ver si son posibles los cambios que impidan que estas tragedias ocurran.
Pudiera parecer descabellado el planteamiento al respecto, pero para que por lo menos los riesgos sean menores, porque nunca se estará libre de acontecimientos desagradables como éstos, pero si se promueve una cultura de prevención, los resultados podrían ser totalmente diferentes.
Luchemos por una sociedad donde prevalezca la planificación estratégica, la regulación, la fiscalización y la prevención para evitar todo lo que puede ocurre por una visión contraria por parte de los que manejan el Estado.
Sin pretender quitarle importancia al derecho, valor y principio de igualdad, porque se supone que todos somos iguales ante la ley, pero la transferencia de los liderazgos políticos en el país es motivo de una gran preocupación.
En los actuales momentos la democracia nacional está en crisis y cualquiera sin un ápice de buenas intenciones puede convertirse en un líder nacional, porque esas son de las cosas que ocurren cuando un país llega al fondo en lo que respecta a los valores.
La República Dominicana atraviesa por ese trance, ya que hay una famosa expresión que dice que una gota de agua cae tanto en el mismo lugar hasta que hace un hoyo.
Exactamente eso ha ocurrido en el país, dado que ha sido tanta la corrupción y las acciones antijurídicas y anti morales, así como anti éticas que ya la gente parece haberse cansado.
Es de tal magnitud el problema que los funcionarios públicos que provienen de la partidocracia no se conforman con sustraer (50) cincuenta ó (100,000,000.00) cien millones de pesos, sino miles, cuyos mejores ejemplos son encontrados en los casos que están a punto de caer en prescripción extintiva porque ya van a cumplir 4 años de haberse iniciado.
Pero no es solo ese el problema, sino que la partidocracia ahora quiere perpetuar ese mal con dejar como herencia la administración del patrimonio público a sus esposas, hijos y nietos, principales beneficiarios de la sustracción del dinero del Estado.
Los herederos de la partidocracia ya están muy activos en la vida nacional y sólo esperan que sus padres y madres envejezcan para entonces ellos tomar las riendas del Estado para que continúe la fiesta de la que no participa el pueblo dominicano.
El fin de esa interminable parranda solo se llegará si la ciudadanía toma el toro por los cuernos e incluso impide que en el campo de la política partidista las cosas se manejen como si se tratara de una herencia proveniente de la determinación de herederos establecida para cuando el de cujus ha dejado bienes que sus legítimos herederos son sus hijos y nietos.
La partidocracia busca prolongar sus ilegales acciones hasta los más lejanos de sus herederos, mientras el pueblo dominicano no tiene derecho a la salud, la educación y una vivienda digna.
El momento parece haber llegado para decir basta ya y plantear una nueva regla del juego con la entrada de una forma diferente la figura de las candidaturas independientes, la cual parece representar una amenaza para que sobreviva el Estado Social Democrático y de Derecho, dado que algunos de los representantes de la partidocracia ya pretenden atentar hasta en contra de la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Lo primero que debe establecerse es que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes representa un paso vital para convertir la democracia nacional en más participativa.
Esta decisión del TC, quiérase o no, permite que el ciudadano se empodere y si lo hace correctamente podría detener la debacle que han impuesto en la sociedad dominicana los partidos políticos, cuya principal misión es promover anti-valores.
Ante los argumentos de la partidocracia, habría necesariamente que preguntarse y si ellos están tan bien como dicen, por qué tanto miedo con las candidaturas independientes, sobre todo si se entiende que si esta figura jurídica no es aprovechada por ahí podría ser que no venga nada nuevo y que en segundo lugar pueda servir para traer algo peor de lo que tenemos.
Entonces, si es verdad que se trabaja en favor de la sociedad, se impone que no se exhiba tanto miedo, porque si consideran que hacen lo correcto, pues no deben preocuparse.
Es un verdadero contrasentido muchas de las cosas que se dicen, porque si fuera algo que verdaderamente reviste tanto peligro, lo que procede es desmontar su importancia con argumentos con lógicos y despojados de todo mal razonamiento.
En una sociedad cimentada en antivalores no es fácil lograr cambios importantes, pero si la herramienta existe podría venir la reformación integral del Estado dominicano.
Las candidaturas independientes son una tabla de salvación nacional de una sociedad en la que ya no cabe más corrupción, contaminada de los pies hasta la cabeza y lo contrario.
Ahora falta que el ciudadano, vale decir la mayoría de ellos, se despoje de ese fanatismo que tradicionalmente lo ha cegado en favor del partidarismo, a fin de asumir con la toda la responsabilidad posible esta nueva figura que podría cambiar totalmente el escenario político nacional.
Hace falta que todos nos armemos de coraje y vayamos al Congreso Nacional a defender en las vistas públicas que habrán de anunciarse sobre las candidaturas independientes, ya que no hacerlo sería apostar al fracaso de la sociedad dominicana.
Que se entienda que la pelea está echada y que nadie detendrá las aspiraciones de los amplios sectores de la vida nacional de tener un país mejor, ya no soportan más corrupción y la negación de derechos, principios y valores constitucionales.
Lo que debe prevalecer en el ánimo nacional es darle vigencia al Estado Social Democrático y de Derecho, a los fines de que prevalezcan los deseos sanos y de verdaderos cambios del pueblo dominicano por una sociedad mejor.