Editorial
Un Saludable Despertar
Desde hace algunos años se observa en la sociedad dominicana una preocupante profundización de una crisis que va desde lo económico, social, político hasta lo ético-moral.
Esa realidad llevó a muchos a pensar que el nivel de enfermedad de la sociedad dominicana iba camino a su total alienación, donde nada importa, sólo la consecución de logros individuales y no los cambios colectivos que benefician a todos.
Sin embargo, la llamada reforma fiscal parece que se ha constituido en el motor para generar un despertar, sobre todo en los jóvenes, que nos hace pensar que todavía queda país, que la patria es definitivamente salvable.
La indignación de la gente por los abusos que se cometen desde la clase política con el patrimonio público ha sido la causa del rechazo general a personajes siniestros como Leonel Fernández, quien no debería terminar en otro lugar que no sea la cárcel, naturalmente porque nuestro ordenamiento jurídico no tiene otra condena que no sea ésa, pese a que el más sensato de los dominicanos anhela para este caso la pena de muerte.
La mal llamada reforma fiscal es un instrumento del Gobierno del PLD para continuar con su política de golpeo a los que menos tienen, a aquellos que hasta han perdido la fuerza para protestar, para decir basta ya de tantos abusos.
El PLD, de acuerdo a lo que se ve, pasa por el peor momento de su historia, luego de defender todas las bellaquerías de su líder, un Leonel Fernández de palabras rebuscadas y exóticas, pero de una procedencia muy humilde de la cual ha regenegado, convirtiéndose en uno de los protagonistas de la vida política nacional más hipócrita y estafador de las aspiraciones de dignidad del pueblo dominicano.
Hoy las protestas se extienden por todo el territorio nacional como reguero de pólvora y en consecuencia comienzan a renovarse el optimismo y la esperanza nacional, cuyos resultados no pueden ser otros que el rechazo de todo aquello que ha servido para prácticamente inhabilitar al Estado para cumplir con sus responsabilidades sociales.
Es importante el momento para discernir entre el empresario que busca sinceramente crear empleos para que haya un verdadero desarrollo nacional y el que sólo persigue arroparse con la sábana del Estado para crecer sobre la base del contrabando, el lavado de activos y otros recursos delincuenciales que no tienen otra secuela que el hundimiento del país.
De igual modo no se debe permitir que el actual deterioro del país sea aprovechado a su favor por partidos políticos como el Revolucionario Dominicano, cuyo comportamiento no dista mucho del de la Liberación Dominicana y el Reformista Social Cristiano, lo que resulta totalmente comprobable a través de sus congresistas y síndicos, los cuales son también beneficiarios del Barrilito y el Cofrecito en el Congreso Nacional, mientras los alcaldes promueven tanta corrupción como el gobierno central.
Lo mismo habría que decir que el actual movimiento de protesta no debe ser un mecanismo para promover y endiosar a políticos que preconizan una democracia que ellos no practican en el interior de sus organizaciones, identificándolos como pichones de caudillos que tanta agua de beber les han dado a la República Dominicana.
La coyuntura es ideal para pasarle balance a todo, a lo bueno y a lo malo, para poder reencausar la Nacion.
El descrédito y el consecuente desplazamiento del poder de los corruptos debe servir para propiciar nuevos espacios de progresos y crecimientos democráticos en la sociedad dominicana.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.