La República Dominicana nueva vez está frente a un escandaloso acto de corrupción que todo parece indicar que será un disparo fallecido del órgano responsable de perseguir el crimen y el delito en la sociedad dominicana.
Pasa uno y llega otro desfalco en contra del Estado y no hay forma de hacer justicia, porque aparte del problema técnico que implica la labor del Ministerio Público, los tentáculos de los grupos que se involucran en el flagelo funcionan eficientemente para que no sean enjuiciados.
El de ahora, es decir, la operación Anti Pulpo si tuviera éxito fuera un gran estímulo para perseguir la corrupción administrativa en el país, pero se debe reconocer que son muchos los escollos que hay en el camino.
Los problemas jurisdiccionales tienen un alcance muy profundo, ya que muchos jueces se han vuelto expertos para justificar o no ponderar las violaciones a la ley.
Peor aun cuando el fiscal no está comprometido con los intereses de la sociedad, sino de grupos mafiosos que lo llevan a hacer todo tipo de travesuras para justificar lo mal hecho, lo cual no parece que ahora ocurre por lo menos en los niveles más altos del Ministerio Público.
Pero todavía los problemas de la justicia persisten, porque desde la Suprema Corte de Justicia hasta llegar a los tribunales inferiores hay unos niveles de complicidad que no auguran un futuro esperanzador en este sentido.
De manera, que los casos como el conocido actualmente por el juez Alejandro Vargas coloca la persecución de la corrupción en una posición importante, naturalmente, si es que este magistrado da en el blanco, porque si falla el tiro todo podría quedar en el mismo punto de los procesos que se han iniciado anteriormente y que no han tenido ningún éxito.
Por esta razón, cuando el reloj marque las cinco de la tarde de hoy la República Dominicana podría entrar en un proceso de renovación de la confianza en el sistema de justicia nacional o en cambio la sociedad sufrir una gran frustración que podría dañarlo y ponerlo en peligro todo.
Sin embargo, todo lo que se pueda decir al respecto siempre tendrá que ser a partir del respeto a la tutela judicial, el debido proceso y el derecho a la defensa, pero sobre todo del principio universal de la presunción de inocencia.
Porque de no ser así no se avanzaría hacia un estado de derecho propio de naciones civilizadas y entonces la persecución del delito sería por conveniencia política y ello sería catastrófico para una sociedad que quiere entrar en un capítulo nuevo que propicie un crecimiento y desarrollo nacional al margen del peligroso flagelo de la corrupción administrativa.