Editorial
Un Sistema de Justicia sin Credibilidad.
La República Dominicana nueva vez está frente a un escandaloso acto de corrupción que todo parece indicar que será un disparo fallecido del órgano responsable de perseguir el crimen y el delito en la sociedad dominicana.
Pasa uno y llega otro desfalco en contra del Estado y no hay forma de hacer justicia, porque aparte del problema técnico que implica la labor del Ministerio Público, los tentáculos de los grupos que se involucran en el flagelo funcionan eficientemente para que no sean enjuiciados.
El de ahora, es decir, la operación Anti Pulpo si tuviera éxito fuera un gran estímulo para perseguir la corrupción administrativa en el país, pero se debe reconocer que son muchos los escollos que hay en el camino.
Los problemas jurisdiccionales tienen un alcance muy profundo, ya que muchos jueces se han vuelto expertos para justificar o no ponderar las violaciones a la ley.
Peor aun cuando el fiscal no está comprometido con los intereses de la sociedad, sino de grupos mafiosos que lo llevan a hacer todo tipo de travesuras para justificar lo mal hecho, lo cual no parece que ahora ocurre por lo menos en los niveles más altos del Ministerio Público.
Pero todavía los problemas de la justicia persisten, porque desde la Suprema Corte de Justicia hasta llegar a los tribunales inferiores hay unos niveles de complicidad que no auguran un futuro esperanzador en este sentido.
De manera, que los casos como el conocido actualmente por el juez Alejandro Vargas coloca la persecución de la corrupción en una posición importante, naturalmente, si es que este magistrado da en el blanco, porque si falla el tiro todo podría quedar en el mismo punto de los procesos que se han iniciado anteriormente y que no han tenido ningún éxito.
Por esta razón, cuando el reloj marque las cinco de la tarde de hoy la República Dominicana podría entrar en un proceso de renovación de la confianza en el sistema de justicia nacional o en cambio la sociedad sufrir una gran frustración que podría dañarlo y ponerlo en peligro todo.
Sin embargo, todo lo que se pueda decir al respecto siempre tendrá que ser a partir del respeto a la tutela judicial, el debido proceso y el derecho a la defensa, pero sobre todo del principio universal de la presunción de inocencia.
Porque de no ser así no se avanzaría hacia un estado de derecho propio de naciones civilizadas y entonces la persecución del delito sería por conveniencia política y ello sería catastrófico para una sociedad que quiere entrar en un capítulo nuevo que propicie un crecimiento y desarrollo nacional al margen del peligroso flagelo de la corrupción administrativa.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.