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Un tribunal ordena suspender las pruebas de ADN a los restos de Caamaño
La suspensión es hasta orden contraria del tribunal
SANTO DOMINGO. La Segunda Sala Superior Administrativo ordenó de oficio al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) suspender las pruebas de ADN que se encuentra realizando a los restos del héroe nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó.
Asimismo, dispuso que el INACIF rinda un informe donde señale el procedimiento a utilizar para realizar las referidas pruebas, constatando en el mismo si hay que pulverizar los restos o una parte de éstos y, en caso de que sea una parte, indicar la cantidad.
La decisión fue adoptada por los jueces Federico Fernández, presidente; Rafael Ciprián y Evelyn Torres.
El tribunal fijó para el 4 de diciembre el conocimiento de una acción de amparo incoada por la familia Caamaño, que solicita adoptar medidas precautorias al respecto.
Los accionantes son Nathaly Ramírez Díaz y Claudio Antonio Caamaño Vélez, en contra el Ministerio de Cultura. La acción busca que se dé cumplimiento a la Ley 4-13, la cual consideran que aún no ha sido acatada.
El 15 de enero del 2013, el presidente Danilo Medina promulgó la Ley 4-13, que dispone el traslado de los restos de Caamaño al Panteón de la Patria, dando un plazo de 90 días para su cumplimiento.
El 24 de abril, el Ministerio de Cultura procedió a realizar un cenotafio, alegando que no se había comprobado la autenticidad de los restos que reposaban en el Cementerio Nacional de la Máximo Gómez, los cuales fueron enviados el INACIF para realizarle los análisis tendientes a aclarar las dudas sobre su autenticidad.
Los accionantes, en la instancia introductiva de la acción de amparo, plantean que la autenticidad de los restos del Héroe de Abril fue ampliamente debatida, tanto en el Senado, como en la Cámara de Diputados, que cuando los legisladores aprobaron la pieza de ley lo hicieron convencidos de la autenticidad de dichos restos.
Dicen que el Ministerio de Cultura, en su actuación, se extralimitó en sus funciones, al estimar que su deber era cumplir la ley, no cuestionarla.
Consideran que nunca debieron ser enviados los restos al INACIF, pues además de la inutilidad de dichos análisis, fue una decisión por completo arbitraria.
Asimismo, presentaron una declaración jurada de George Torres, experto en pruebas de ADN, el cual plantea que este tipo de análisis en huesos conlleva en todo caso la pulverización de las muestras objeto de análisis, por lo que aseguran que los restos de Caamaño están siendo destruidos para poder buscar el material que eventualmente permitiría realizar esos estudios.
Diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El abogado Wander Diaz, defensor de Pilar Medina y Romanqui Alexander Dotel, dos de los imputados en el caso Gavilán, indicó que no fue debidamente notificado sobre la solicitud del Ministerio Público de un plazo adicional para presentar acusación formal.
El defensor de los acusados de eliminación de expedientes delictivos a cambio de sobornos, explicó que este tipo de solicitudes debe ser informado a las partes con cinco días de anticipación.
«Mis representados no han sido notificados del acta y eso evidentemente que constituye una sorpresa en el proceso, cuando el debido proceso es garantizar una tutela judicial efectiva y el derecho de defensa, que quiere decir que hay que notificarle a cada una de las partes de manera oportuna el acto que se va estar conociendo en una fecha oportuna«, se quejó Díaz.
Santo Domingo, R.D.-No es verdad que el procurador general de la República fue liberado de una posible condena por el manejo irregular de los recursos de la institución durante el periodo 2016-2020, sostuvo el Ministerio Público.
El Ministerio Público recordó que al ex-procurador Rodríguez Sánchez, principal acusado en el expediente instrumentado a raíz de la Operación Medusa, se le atribuye dirigir un entramado de corrupción administrativa que desfalcó al Estado con más de 6,000 millones de pesos.
“Es penoso que la defensa de Jean Alain Rodríguez trate de confundir a la opinión pública, olvidando que toda la población sabe que lo único que hizo el Consejo Superior del Ministerio Público, que el propio acusado presidía, fue recibir su rendición de cuentas”, sostiene.
En un comunicado de prensa, el Ministerio Público indica que los abogados saben que el Consejo es un órgano de gobierno corresponsable de una determinada administración, “jamás un órgano de investigación o un tribunal que juzgue delitos cometidos por un determinado gerente y por los que el o los responsables tendrían que responder ante los tribunales”.
“Ellos saben que es totalmente natural que, al recibir informes de carácter administrativos, un consejo certifique que recibió esos informes, que es una forma de certificar que el que hizo las ejecutorias tenía facultades legales para encaminar esas gestiones”, indicó.
“Los abogados del acusado podrían ser un poco más creativo, porque solo están erigiendo argumentos que, además de inválidos, solo podrían verse como un intento temprano de ‘auto descargo’ de un funcionario que planificó los actos de corrupción que cometía y que, por su condición de titular y por la forma de ejercer esa titularidad, siempre tuvo conocimiento de las consecuencias legales que esos actos le traerían”, resaltó.
El imputado pretende confundir citando sin su contexto acciones rutinarias del Consejo Superior de su propio período de gestión en el que le correspondió presidir ese órgano
Comunicado del Ministerio Público (24/4/2024) sobre la defensa de Jean Alain Rodríguez
El conocimiento del expediente en la fase preliminar del proceso está a cargo del juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, quien tiene la responsabilidad de decidir si envía o no a juicio a Rodríguez Sánchez y compartes por desfalcar miles de millones de pesos del dinero de todos los contribuyentes.
Junto al exprocurador Rodríguez Sánchez son procesados Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público; Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo, y Alfredo Alexander Solano Augusto, ex subdirector administrativo.
Los acusados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
El Ministerio Público presentó acusación en este caso contra 41 personas físicas y 22 empresas.
Santo Domingo, RD. – Joel Santos, ministro de la Presidencia, presidente del Gabinete de Innovación y Desarrollo Digital, y el director general de la OGTIC y director ejecutivo del Gabinete de Innovación y Desarrollo Digital, Bartolomé Pujals, aclararon que el gobierno ha avanzado en materia de Innovación colocándose en la posición 89 en el Índice Global de Innovación (IGI), el cual está medido en el subíndice de Aportaciones a la Innovación, el cual mide las políticas implementadas por los gobiernos para fomentar la innovación.
Por su parte, se estableció que fruto de los efectos de la pandemia el sector privado no ha podido recuperar su posición pre-pandemia colocándose en la posición 96, como se verifica en el subíndice de resultados de la innovación, el cual mide la actividad del sector privado.
Este comportamiento fue similar en países de la región, en donde el COVID-19 obligó a las empresas a implementar adaptaciones e innovaciones que abarcan esa diferencia con el comparativo del 2020.
El Índice Global de Innovación, GII por sus siglas en inglés, clasifica a las economías mundiales según sus capacidades de innovación, basándose en aproximadamente 80 indicadores que reflejan tanto los insumos como los productos de la innovación. Mide la innovación con base en criterios que incluyen instituciones, capital humano e investigación, infraestructura, crédito, inversión, vínculos; la creación, absorción y difusión de conocimientos; y resultados creativos.
Este estudio contiene dos subíndices de medición, uno es denominado “input” y es donde se miden los esfuerzos realizados por los gobiernos en materia de innovación, y el otro subíndice es llamado “output”, el cual evalúa los avances de las empresas fuera del gobierno, de un país.
Igualmente, Santos y Pujals establecieron que, en materia de conectividad, el gobierno del presidente Abinader ha provisto de conexión a internet a 3,767 escuelas en el territorio nacional, repartidas en 2,665 en zona urbana y 1,102 en zona rural, con fibra óptica y con una velocidad de 200 Mbps de bajada y 50 Mbps de subida, lo cual impacta a un 1,280,161 estudiantes y a 71,191 docentes.
Además, destacaron que fue durante la gestión de Abinader que se logró el despliegue de la red 5G la cual cuenta hoy con más de un 56% de cobertura en todo el país.
Estas declaraciones se dan a propósito de lo indicado sobre este tema, en el reciente debate vicepresidencial, celebrado el martes 23 de abril, en donde fueron ofrecidas declaraciones erróneas sobre la posición del país en materia de Innovación y sobre conectividad.