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Triunfo electoral que por sí mismo no borra imagen que presidencialismo pesa más que institucionalidad.
Desde el triunfo electoral de Donald Trump, hace casi cuatro años atrás, la sociedad norteamericana, la cual vista desde la sociología política no se trata de cualquier nación, sino del principal imperio del mundo, que además se ha autoproclamado como la fiscalizadora de las democracias de los demás países, entró en un declive de los principios y base de sustentación de su poderío económico y de su supuesta alta conciencia social.
Trump llega a la Casa Blanca como un político lleno de irracionalidad, falta de lógica y de sentido común, cuyas características convierten a los Estados Unidos en un país insultador y perseguidor de todas las instancias creadas para combatir los problemas que confronta el planeta como es el cambio climático y la carrera armamentista que amenaza la paz mundial.
El saliente mandatario estadounidense tiene una respuesta para todo, incluidas cuestiones sin ningún valor desde la perspectiva que debe primar en un jefe de Estado de una nación que representa la fase de mayor desarrollo del capitalismo mundial.
Pero lo peor de todo es que el fenómeno Trump puso a muchos teóricos de la razón del alto desarrollo de los Estados Unidos a preguntarse si realmente la institucionalidad pesa más que el presidencialismo en una sociedad donde las fuerzas productivas habían tenido un desarrollo tan importante que parió una conciencia social que genera un Estado netamente capitalista sin ninguna influencia del feudalismo.
Este fenómeno trajo consigo el surgimiento de un desarrollo que convierte a los Estados Unidos en el principal imperio del universo y a partir de esa realidad no se puede entender como un presidente puede burlarse de su fortaleza institucional mediante la comisión de todo tipo de violaciones que ponen en peligro el llamado status queo, lo cual debió producir una reacción de rechazo de la clase social que se beneficia del mismo.
La sociedad norteamericana tiene referentes muy importantes para medir su visión en torno a la preservación de un sistema que privilegia a determinados sectores de la nación, más que a otros, pero que de manera general establece reglas que deben ser respetadas para que la base que la sustenta no colapse.
Por ejemplo, una de esas reglas es que nadie puede estar por encima de la ley, no importa su poder económico, lo segundo es que el que quiera hacer fortuna debe hacerla sobre la base del libre juego de la oferta y la demanda, sin tocar los fondos públicos para no sufrir consecuencias muy severas en su contra, lo que en otra palabra quiere decir que no se sustraigan los fondos del patrimonio nacional porque el responsable podría pasarse la mayor parte de tu vida tras las rejas.
Otro detalle importante de la sociedad norteamericana es que se debe invertir una buena parte de su producto interno bruto en la satisfacción de necesidades sociales para evitar la ocurrencia de violencia que pongan en peligro la existencia del Estado, que incluso se llevaría de paro su institucionalidad de la que dependen los sistemas de salud y de justicia, por sólo citar dos de los más importantes de cualquier nación.
Pero además la sociedad norteamericana en su búsqueda de ser un ejemplo frente a los demás países del mundo, cuya mayoría está bajo su influencia económica y política, creó una serie de pruritos que impedían, por ejemplo, que fuera fácil llegar a la cima del poder sin que el aspirante fuera sometido al escrutinio de su conducta moral que podía quitarle autoridad a los Estados Unidos para trazar pautas en otros territorios fuera del suyo, porque incluso la nación más poderosa del mundo tiene la auto facultad de calificar en el orden ético a gobiernos de otras naciones.
Además, el hecho de que los Estados Unidos tenga un alto desarrollo de las fuerzas productivas y una consecuente conciencia social, que se expresa como ha sido planteado más arriba en este trabajo interpretativo, trajo consigo lo que en la sociología política se llama una clase para sí, es decir, consciente de su papel en la sociedad.
Esta realidad crea una gran diferencia con lo que ocurre en las naciones de capitalismo tardío, del llamado tercer mundo, donde predomina una clase entre sí, que significa que no hay la más mínima conciencia social y que en consecuencia la actuación de los empresarios y la clase política frente al Estado y a la sociedad dista mucho de lo que ocurre en la tierra de la superpotencia, lo cual es la causa principal de la deficiente democracia que impera en estos países, pero también de la corrupción predominante allí.
Vistos estos fenómenos no hay una explicación lógica de que Donald Trump haya hecho pedazos estas cuestiones en que se fundamenta la sociedad norteamericana, porque además ese comportamiento erosiona peligrosamente la imagen de la primera superpotencia del mundo, sobre todo porque desarticulaba el origen de su fortaleza institucional.
Hasta antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca era prácticamente difícil, por no decir imposible, que un candidato llegara a la presidencia de la República luego de ser sometido al escrutinio de los medios de comunicación y de todas las instancias públicas de los Estados Unidos y si al final se le encontraba alguna causa que pusiera en peligro el vendido puritanismo de la nación del norte ahí mismo cualquier aspirante quedaba a mitad de camino.
Sin embargo, el caso Trump ha significado una verdadera tragedia para los norteamericanos porque ha lesionado profundamente lo que les sirve de orgullo, como son sus niveles de institucionalidad y su muy bien vendida imagen de sociedad impenetrable y que está por encima del mal, pero que es exponente del bien universal.
Donald Trump ha saltado todos los obstáculos que pone la sociedad norteamericana para llegar donde ha llegado y a partir de ahí la psicología de la gente comenzó a ver a este presidente por encima de las enseñanzas de la política y la sociología e incluso del derecho, porque en este proceso están involucradas todas estas particularidades.
El solo hecho de pensar que una persona no cumplía con los mandatos del Tío Sam daba miedo, porque ello implicaba estar muy cerca de una condena de largos años en la cárcel por la acusación de conspiración que traía consigo la misma e igual situación se presentaba para el que era acusado de violación o fraude en contra de la sociedad y de particulares, lo cual todo ha sido manipulado por Donald Trump hasta el punto de borrar los referentes institucionales de la mayor potencia del mundo.
Pero peor aún, porque Donal Trump también ha logrado lesionar gravemente la llamada democracia representativa, la cual es la que prevalece en naciones altamente desarrolladas, como la norteamericana y la Europea, porque ha cuestionado sin evidencias de tal manera el sistema electoral de su país que todo el mundo ya tiene dudas de si el mismo sirve para algo.
El solo hecho de hacer una acusación fundamentada en la mentira tenia una respuesta muy contundente del sistema de justicia de los Estados Unidos, pero la inmunidad ha servido para que Donald Trump tenga la suficiente fortaleza y autoridad para echar por la borda una sociedad que ha costado siglos de sacrificios a los norteamericanos, pero que además podría relegarla o convertirla en un país sin credibilidad ni autoridad para servir de ejemplo o llamar a la atención a nadie, reduciéndola a una sociedad del tercer mundo.
Ahora, luego del fracaso electoral del presidente que estaba por encima del bien y del mal y que llevó a la nación norteamericana a lo que más bien se parece, sino a una dictadura, a una neo dictadura, con su voluntad y vocación delincuencial que se puso por encima de la historia y de sus altos niveles de institucionalidad.
Al ser así las cosas, qué habría que determinar en la sociedad norteamericana, si la misma es parte de una concepción de la sociología política que no parte de una tesis verdadera en lo que respecta al desarrollo de las fuerzas productivas y de la conciencia social, o sencillamente que se deben revisar los privilegios y la inmunidad de que goza el que ocupa la silla presidencial, que tiene la posibilidad de burlarse de toda la sociedad y destruir todo lo que parece ser el fundamento del comportamiento de las clases sociales cuando existe un alto nivel de control social, de fiscalización y de regulación para resguardar los intereses de los que se benefician de la misma.
La pregunta está planteada y sólo falta que la respuesta no sea sólo con palabras, sino con una conducta que restablezca todo lo dañado o destruido por un presidente, o que no tiene la más mínima conciencia de lo que hace o sencillamente se trata de un desquiciado que merece ser tratado como un caso clínico, cuya sanidad dependerá de una buena receta médica o del castigo que reciba por sus actos al margen de la ley, la moral y la ética de la sociedad norteamericana.
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El Congreso y los partidos políticos asumen actitud de fuerza en violación de la Constitución, del TC y del estado de derecho.
Por José Cabral
El Senado de la República Dominicana aprobó unínimente en primera y ahora en una segunda lectura, pero con algunos votos en contra, un proyecto de ley que busca eliminar los artículos 156,157 y 158 de la Ley 20-23, orgánica del régimen electoral, el cual pasa a la Camara de Diputados, pero de antemano con el aval de los legisladores del partido oficial, que son la mayoria en ese hemicible, cuyo propósito es sepultar o sumergir en el olvido la sentencia del Tribunal Constitucional que dispone mediante una interpretación de la norma constitucional la doble vía para participar en el control y la dirección del Estado.
La sentencia interpretativa aditiva TCF/0788/24 fundamentada en el principio de legalidad y de juridicidad y en el articulo 22 de la Constitución, que dispone la vía directa o indirecta, es decir, ciudadana y o de los partidos politicos para la presentacion de candidaturas a cargos electivos para la direccion del Estado, ha generado reacciones contrarias a la labor en esta materia del TC, ya que incluso los legisladores, con más miedo que vergüenza, consideran que este órgano extra poder se excedió porque ha entrado en el terreno del legislador positivo para emitir una decisión que en su opinión pone en peligro el sistema de partidos en la República Dominicana.
Las candidaturas independientes, que no han sido un invento del Tribunal Constitucional, ya que son encontradas en el régimen legal de la nación desde el año 1926, cuyo fundamento era muy cuestionado porque su texto vulneraba la Constitución de la República, pero en el 2024 fue impactada por la labor de la alta corte mediante el proceso de constitucionalización que vive el derecho dominicano.
El asunto ha implicado que tome mucha fuerza la confrontación entre el derecho y la política, la última de las cuales tiene el control del poder público y en consecuencia podría echar a perder los avances que ha tenido el país en lo que respecta al Estado Social y Democrático y de Derecho que consigna la carta magna en su artículo 7.
Las candidaturas independientes, de acuerdo a los diputados y senadores, en estos momentos representan una amenaza para los partidos políticos porque se observa que pueden por esta vía ser desplazados del poder, naturalmente, aunque todo va a depender de cómo se asuma la figura, ya que ante la grave crisis de valores y del liderazgo nacional la sociedad podría sufrir serias distorsiones que pongan en peligro la vulnerable democracia que prevalece en el país.
El problema que representan las candidaturas independientes, siempre de acuerdo con la partidocracia, es que pone en peligro su existencia, cuya actitud de fuerza no sólo impacta peligrosamente la precaria institucionalidad de la República Dominicana, sino también los derechos fundamentales que están seriamente amenazados de que su violación tome mayor cuerpo, sobre todo a partir de las dudas que dejan las autoridades nacionales ante la pérdida de su legitimidad con elecciones en las que cantidad de votantes es prácticamente irrelevante cada cuatro años.
La falta de credibilidad de los partidos se vuelve tan importante que en las encuestas que salen regularmente en el país su bajo nivel de aceptación popular disminuye como si el votante ya se resistiera a darle apoyo a estas organizaciones para que controlen y dirijan un Estado que permanente se vuelve más incapaz para resolver los problemas nacionales.
El descrédito de la llamada partidocracia requiere de la creación de alguna válvula de escape de una sociedad en la que los problemas de la violencia, el tránsito, el alto costo de la vida, la deuda pública, incluida la per cápita, la educación, la salud, el sistema eléctrico nacional sólo tienen solución en los discursos y las mentes de los actores de la vida política nacional, lo que ha dado paso a las candidaturas independientes como una vía de darle oxígeno a un sistema que está al borde de la muerte y cuya salida está consignada constitucionalmente para mejorar la democracia nacional al hacerla más participativa sobre la base del derecho fundamental de elegir y ser elegido a partir del mandato de la ley sustantiva de la nación a través de su artículo 22 y 216, que consignan que la participación electoral puede ser directa o indirecta, es decir, a través de los ciudadanos o de los partidos políticos.
Las candidaturas independientes es una figura jurídica que no es extraña al derecho internacional comparado, como la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, Costa Rica, cuyo artículo 23 habla claro sobre los derechos ciudadanos, entre los que cita el de elegir y ser elegido, de manera que tanto en el derecho interno como en el externo es un derecho que no está en cuestionamiento.
La disputa en la República Dominicana en esta materia traslada la nación a los tiempos de las cavernas, porque el proceso de constitucionalización del derecho tiene su origen en el país en la Constitución del 2010, la cual se sustenta en los derechos fundamentales y cuya base legal de la facultad interpretativa del Tribunal Constitucional descansa en la Ley 137-11, Orgánica del TC, ya que su artículo 47 le da la fuerza para desarrollar la labor que se ha buscado cuestionar, pero de igual modo lo autoriza el 184 y 185 de la ley suprema de la nación.
Las candidaturas independientes han traído consigo un cuestionamiento al Tribunal Constitucional que no tiene asidero ni justificación desde el marco legal, ya que tiene la facultad que se le ha querido cuestionar, dado que cuando este órgano extra poder sienta alguna jurisprudencia, la cual es irrevocable y vinculante como la de la especie, pasa de ser de legislador negativo a positivo porque la misma es de obligatorio cumplimiento para todos los poderes públicos y los ciudadanos.
Otro detalle importante en esta disputa es que el Tribunal Constitucional es el único autorizado para interpretar aquellas normas que violan o que están ajustadas a la carta magna como en el presente caso, pero que esa función pueden hacerla los senadores y diputados sólo en su labor legislativa, sin que la misma sea definitiva y vinculante, dado que esa facultad sólo la tiene la alta corte.
La facultad del Tribunal Constitucional ya no es sólo del dominicano, sino que es una atribución que tiene este tipo de corte en todo el derecho internacional comparado y que va desde el continente europeo hasta naciones de otros lugares del mundo que asimilaron las enseñanzas en esta materia del gran filósofo y jurista australiano Hans Kelsen.
La actitud ilegal y de fuerza de los partidos políticos en contra de las candidaturas independientes y de igual modo de algunas instancias del poder público como la Junta Central Electoral y el Congreso Nacional, se constituye en una causa más para que el sistema institucional de la nación corra mayores peligros y pueda colapsar definitivamente, porque por ahí se crea un cuestionamiento que no tiene ninguna base de sustentación legal y que proyecta la idea de que las mafias que se mueven en el escenario electoral no creen en la ley y en la regla del juego democrático.
La aprobación de una ley que modifique o cambie lo ya decidido por el Tribunal Constitucional como lo pretenden los diputados y senadores conllevaría la presentación ante el mismo órgano extra poder de una nueva acción directa de inconstitucionalidad para declarar su nulidad y hacer valer una jurisprudencia sentada por la alta corte sobre las candidaturas independientes, la cual no hay forma posible de borrarla o eliminarla del derecho nacional, a menos que no sea a través de una figura para la que no se dan las condiciones para que se aplique en el presente caso.
La introducción en el Senado del proyecto de ley para intentar eliminar las candidaturas independientes es un esfuerzo perdido que no va a surtir ningún efecto desde el punto de vista jurídico, aunque sí político y en lo que respecta a la credibilidad y la sepultura social de los que pretenden ser ley batuta y constitución sin tener la autoridad para ello.
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Deportación de haitianos es de los más grandes negocios de los sectores que la ejecutan desde dentro del gobierno.
Por Elba García
Las autoridades nacionales sistemáticamente anuncian el apresamiento y deportación de miles haitianos en la República Dominicana como parte de un plan que, si bien tiene un profundo contenido político y racial, también económico, cuyas ganancias son cuantiosas e inmedibles para los sectores que se mueven en ese mundo de la ilegalidad.
Permanentemente la Dirección General de Inmigración (DGM) informa de la detención para luego proceder a la deportación de ciudadanos de la vecina nación, pero no existe la seguridad de cuántos son realmente expulsados y qué cantidad entra de nuevo al territorio nacional a través del pago de peajes a los cuerpos de seguridad que tienen la misión de resguardar la frontera.
El cobro para el regreso de los deportados cuando asi ocurre, ya que el asunto muchas veces se soluciona antes de la medida de sacarlos del pais, mediante el cobro exigido a las victimas de la politica en este sentido, que involucra cantidades impresionantes de dinero, cuya mafia, conformada por militares que van a la frontera psicológicamente preparados para hacer fortunas en vez de buscar fortalecer la seguridad nacional.
Hay casos que confirman que el negocio de la deportación de haitianos tiene perfiles preocupantes como se puede observar con lo ocurre a través de los propios consulados dominicanos en el vecino país, donde los ocupantes de la posición de cónsules venden visas a razón de 500 dólares por cada interesado.
La tarifa para tener derecho al regreso de los deportados asciende a una cantidad que comienza en 25 mil pesos, monto aproximado a la tarifa que tienen los consulados dominicanos en Haití para vender la visa a los que han corrido la mala suerte de ser enviados a su lugar de origen.
Siempre se ha dicho que por la frontera entra de todo, desde haitianos ilegales hasta mujeres que se dedican a la prostitución y cargamentos de drogas, incluso, con destinos internacionales como los Estados Unidos y otros lugares del mundo.
Sin embargo, el más constante, es decir, del diario vivir y que representa una gran industria de la ilegalidad es el tráfico humano, principalmente de aquellos que buscan salir de su lar nativo en su interés de tener mejor suerte a través de la venta de su fuerza de trabajo en el exterior.
Es común y corriente escuchar de voz de los propios protagonistas del drama de la deportación que regresaron porque pagaron 25 ó 35 mil pesos para cruzar la frontera hacia la República Dominicana, aunque en este contexto hay casos emblemáticos como el de un haitiano con dos hijos menores y su mujer que fueron víctimas de una incursión nocturna en su vivienda en Santiago por agentes de Migración, quienes le pusieron como condición pagar 150 mil pesos para no deportarlos, pero como éste no tenía esa cantidad fueron subidos en un camión y dejados a su suerte del otro de la frontera.
El ciudadano haitiano explicó que logró regresar solo a los pocos días, tras pagar la cantidad de 35 mil pesos a los que tienen la misión de vigilar la frontera y que en los próximos días lo mismo haría con su familia, es decir, con su mujer y sus dos hijos que nacieron en República Dominicana y que nunca habían ido a la hermana nación.
Hace ya algunos meses que un abogado, vinculado a sectores del poder en el país, le presentó a alguien un militar con el rango de coronel del Ejército Nacional que decía que había conseguido millones de pesos con los favores que hacía a gente necesitada haitiana que era deportada y que su interés era regresar a la República Dominicana para trabajar y mantener a su familia.
Como ese militar hay muchos otros que sus actividades ilegales mediante el tráfico de personas, las cuales proyectan como altruistas y de gran solidaridad humana, les ha permitido acumular grandes fortunas, pese a tener rostros de sufrimientos y pobreza.
La pregunta que todo el mundo se hace es si realmente la deportación de haitianos tiene algun impacto en la seguridad nacional o si sólo obedece al de interés de cobrarles un peaje a traves de un negocio ilegal que genera miles de millones de pesos, cuyas victimas pagan cualquier suma en su intento de regreso, lo que constituye una política de Estado que no parece que vaya a contrarrestar la migración ilegal en el país, ya que mientras más son expulsados es mayor la cantidad que entra, dado que a los sacados por la fuerza del territorio nacional se agregan los que siempre buscan irse de las tierras que les vio nacer para probar mejor suerte.
La realidad es que, si bien la deportación de haitianos es un gran negocio legal e ilegal, el fenómeno es propio de todas las instituciones del Estado, el cual tiene profundas implicaciones culturales y que ese tipo de corrupcion data de los tiempos de la colonia.
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JCE entre legalidad e ilegalidad de los partidos políticos cuya principal vocación es la violación de la ley.
Por Elba García
La Junta Central Electoral (JCE) tiene una misión muy especial como órgano responsable de controlar todo lo que tiene que ver con el proceso electoral del país, cuyo escenario gira alrededor de una serie de ilegalidades que no sólo impacta el derecho civil, sino también el penal.
La JCE es un órgano estatal en el que no hay reparos para la comisión de irregularidades muy graves que lesionan el Estado Social Democrático de Derecho en el país, ya que trabaja sobre la base de un principio constitucional que representa el sostén principal de la democracia, como lo es el de elegir y ser elegido.
La cuestión es que todo parece indicar que la Junta Central Electoral tiene que acomodarse a las trampas que regularmente usan los partidos políticos para que los miembros de ese órgano salven su pellejo, dado que su escogencia depende de la decisión del Senado de la República, donde éstos inciden de manera decisiva-
Por esta razón las decisiones de la JCE siempre son acomodadas a la llamada partidocracia, lo que ha erosionado significativamente su credibilidad, máxime que su papel de imparcialidad es un sueño no concretado y que luce quimérico lograrlo.
Son muchas las acciones que comprometen la responsabilidad civil y penal de la Junta Central Electoral, ya que la violación de las leyes del régimen electoral, las 33-18 y la 20-23, proviene regularmente de este órgano, que, aunque es de extra poder, la influencia de los que se mueven en seno de los partidos políticos trazan la regla del juego en su terreno de competencia.
La contienda electoral en el país es una especie de carnaval de lo mal hecho, donde se tolera todo, absolutamente todo, desde la falsificación de documentos, compra de votos e ignorancia del mandato constitucional en lo que respecta a la cuota de género, cuya mirada indiferente e incluso de legitimación de la ilegalidad de la JCE se ha vuelto el pan de cada día.
No hay una sola acción de la JCE en contra del manejo poco transparente de los partidos políticos de los fondos que entrega el contribuyente a través del órgano comicial, cuyos fraudes nunca son atacados para de esa forma contrarrestar el hecho de que este tipo de organizaciones se formen, no para fortalecer la democracia, sino para que sus dirigentes se llenen sus bolsillos con dinero del patrimonio público.
La responsabilidad de la JCE en esta materia ha estimulado la creación de una gran cantidad de pequeños partidos, que no sólo buscan ser cómplices de los grandes, sino también servir de bisagra para que el que persigue llegar al control del Estado y depredar el patrimonio público.
Otro detalle que deja claro que la JCE no tiene ninguna vocación de respeto por la legalidad, es su actitud permisiva con las acciones de partidos como el de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y Revolucionario Moderno, los tres principales del país, los cuales se pasan los cuatro años entre una elección y otra en permanente campaña proselitista de sus propósitos, a pesar de que las normas sobre la materia lo prohíben.
Sin embargo, donde la JCE le puso la tapa al pomo fue con la elaboración de un proyecto de ley para regular las candidaturas independientes mediante el cual echó por la borda todos los logros que ha tenido el Tribunal Constitucional en lo que respecta al derecho constitucional concentrado.
Este caso fue un ejemplo contundente de que la JCE actúa al servicio de los partidos políticos, ya que la llamada partidocracia ha hecho una oposición cerrada a una jurisprudencia que fortalece los derechos, reglas, valores y principios constitucionales, porque permite mejorar la democracia a través de la presentación de candidaturas de forma directa o indirecta como lo consigna la Constitución de la República.
La componenda de los partidos políticos, el Congreso Nacional y la Junta Central Electoral han saboteado la mejoría de la democracia nacional al convertirla en más participativa, aunque igual de representativa, lo cual redunda en favor de aumentar los niveles de legitimidad de las autoridades electas del país.
Lo más lamentable de la tolerancia con violación de la ley y la Constitución en lo referente al principio de elegir y ser elegido por parte de la Junta Central Electoral (JCE) es su silencio, ya que independientemente de las críticas que se le hacen, ésta no dice esta boca es mía, lo que descarta alguna posibilidad de rectificación de la conducta exhibida.
El asunto no proyecta ninguna esperanza de cambios en lo que respecta al órgano que juega un papel tan importante en la preservación o construcción de una mejor democracia, sobre todo porque está afectada de un problema integral en el que la piedra angular la constituyen los partidos políticos, que son enemigos de la transparencia y del respeto a la ley.