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Triunfo electoral que por sí mismo no borra imagen que presidencialismo pesa más que institucionalidad.
Desde el triunfo electoral de Donald Trump, hace casi cuatro años atrás, la sociedad norteamericana, la cual vista desde la sociología política no se trata de cualquier nación, sino del principal imperio del mundo, que además se ha autoproclamado como la fiscalizadora de las democracias de los demás países, entró en un declive de los principios y base de sustentación de su poderío económico y de su supuesta alta conciencia social.
Trump llega a la Casa Blanca como un político lleno de irracionalidad, falta de lógica y de sentido común, cuyas características convierten a los Estados Unidos en un país insultador y perseguidor de todas las instancias creadas para combatir los problemas que confronta el planeta como es el cambio climático y la carrera armamentista que amenaza la paz mundial.
El saliente mandatario estadounidense tiene una respuesta para todo, incluidas cuestiones sin ningún valor desde la perspectiva que debe primar en un jefe de Estado de una nación que representa la fase de mayor desarrollo del capitalismo mundial.
Pero lo peor de todo es que el fenómeno Trump puso a muchos teóricos de la razón del alto desarrollo de los Estados Unidos a preguntarse si realmente la institucionalidad pesa más que el presidencialismo en una sociedad donde las fuerzas productivas habían tenido un desarrollo tan importante que parió una conciencia social que genera un Estado netamente capitalista sin ninguna influencia del feudalismo.
Este fenómeno trajo consigo el surgimiento de un desarrollo que convierte a los Estados Unidos en el principal imperio del universo y a partir de esa realidad no se puede entender como un presidente puede burlarse de su fortaleza institucional mediante la comisión de todo tipo de violaciones que ponen en peligro el llamado status queo, lo cual debió producir una reacción de rechazo de la clase social que se beneficia del mismo.
La sociedad norteamericana tiene referentes muy importantes para medir su visión en torno a la preservación de un sistema que privilegia a determinados sectores de la nación, más que a otros, pero que de manera general establece reglas que deben ser respetadas para que la base que la sustenta no colapse.
Por ejemplo, una de esas reglas es que nadie puede estar por encima de la ley, no importa su poder económico, lo segundo es que el que quiera hacer fortuna debe hacerla sobre la base del libre juego de la oferta y la demanda, sin tocar los fondos públicos para no sufrir consecuencias muy severas en su contra, lo que en otra palabra quiere decir que no se sustraigan los fondos del patrimonio nacional porque el responsable podría pasarse la mayor parte de tu vida tras las rejas.
Otro detalle importante de la sociedad norteamericana es que se debe invertir una buena parte de su producto interno bruto en la satisfacción de necesidades sociales para evitar la ocurrencia de violencia que pongan en peligro la existencia del Estado, que incluso se llevaría de paro su institucionalidad de la que dependen los sistemas de salud y de justicia, por sólo citar dos de los más importantes de cualquier nación.
Pero además la sociedad norteamericana en su búsqueda de ser un ejemplo frente a los demás países del mundo, cuya mayoría está bajo su influencia económica y política, creó una serie de pruritos que impedían, por ejemplo, que fuera fácil llegar a la cima del poder sin que el aspirante fuera sometido al escrutinio de su conducta moral que podía quitarle autoridad a los Estados Unidos para trazar pautas en otros territorios fuera del suyo, porque incluso la nación más poderosa del mundo tiene la auto facultad de calificar en el orden ético a gobiernos de otras naciones.
Además, el hecho de que los Estados Unidos tenga un alto desarrollo de las fuerzas productivas y una consecuente conciencia social, que se expresa como ha sido planteado más arriba en este trabajo interpretativo, trajo consigo lo que en la sociología política se llama una clase para sí, es decir, consciente de su papel en la sociedad.
Esta realidad crea una gran diferencia con lo que ocurre en las naciones de capitalismo tardío, del llamado tercer mundo, donde predomina una clase entre sí, que significa que no hay la más mínima conciencia social y que en consecuencia la actuación de los empresarios y la clase política frente al Estado y a la sociedad dista mucho de lo que ocurre en la tierra de la superpotencia, lo cual es la causa principal de la deficiente democracia que impera en estos países, pero también de la corrupción predominante allí.
Vistos estos fenómenos no hay una explicación lógica de que Donald Trump haya hecho pedazos estas cuestiones en que se fundamenta la sociedad norteamericana, porque además ese comportamiento erosiona peligrosamente la imagen de la primera superpotencia del mundo, sobre todo porque desarticulaba el origen de su fortaleza institucional.
Hasta antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca era prácticamente difícil, por no decir imposible, que un candidato llegara a la presidencia de la República luego de ser sometido al escrutinio de los medios de comunicación y de todas las instancias públicas de los Estados Unidos y si al final se le encontraba alguna causa que pusiera en peligro el vendido puritanismo de la nación del norte ahí mismo cualquier aspirante quedaba a mitad de camino.
Sin embargo, el caso Trump ha significado una verdadera tragedia para los norteamericanos porque ha lesionado profundamente lo que les sirve de orgullo, como son sus niveles de institucionalidad y su muy bien vendida imagen de sociedad impenetrable y que está por encima del mal, pero que es exponente del bien universal.
Donald Trump ha saltado todos los obstáculos que pone la sociedad norteamericana para llegar donde ha llegado y a partir de ahí la psicología de la gente comenzó a ver a este presidente por encima de las enseñanzas de la política y la sociología e incluso del derecho, porque en este proceso están involucradas todas estas particularidades.
El solo hecho de pensar que una persona no cumplía con los mandatos del Tío Sam daba miedo, porque ello implicaba estar muy cerca de una condena de largos años en la cárcel por la acusación de conspiración que traía consigo la misma e igual situación se presentaba para el que era acusado de violación o fraude en contra de la sociedad y de particulares, lo cual todo ha sido manipulado por Donald Trump hasta el punto de borrar los referentes institucionales de la mayor potencia del mundo.
Pero peor aún, porque Donal Trump también ha logrado lesionar gravemente la llamada democracia representativa, la cual es la que prevalece en naciones altamente desarrolladas, como la norteamericana y la Europea, porque ha cuestionado sin evidencias de tal manera el sistema electoral de su país que todo el mundo ya tiene dudas de si el mismo sirve para algo.
El solo hecho de hacer una acusación fundamentada en la mentira tenia una respuesta muy contundente del sistema de justicia de los Estados Unidos, pero la inmunidad ha servido para que Donald Trump tenga la suficiente fortaleza y autoridad para echar por la borda una sociedad que ha costado siglos de sacrificios a los norteamericanos, pero que además podría relegarla o convertirla en un país sin credibilidad ni autoridad para servir de ejemplo o llamar a la atención a nadie, reduciéndola a una sociedad del tercer mundo.
Ahora, luego del fracaso electoral del presidente que estaba por encima del bien y del mal y que llevó a la nación norteamericana a lo que más bien se parece, sino a una dictadura, a una neo dictadura, con su voluntad y vocación delincuencial que se puso por encima de la historia y de sus altos niveles de institucionalidad.
Al ser así las cosas, qué habría que determinar en la sociedad norteamericana, si la misma es parte de una concepción de la sociología política que no parte de una tesis verdadera en lo que respecta al desarrollo de las fuerzas productivas y de la conciencia social, o sencillamente que se deben revisar los privilegios y la inmunidad de que goza el que ocupa la silla presidencial, que tiene la posibilidad de burlarse de toda la sociedad y destruir todo lo que parece ser el fundamento del comportamiento de las clases sociales cuando existe un alto nivel de control social, de fiscalización y de regulación para resguardar los intereses de los que se benefician de la misma.
La pregunta está planteada y sólo falta que la respuesta no sea sólo con palabras, sino con una conducta que restablezca todo lo dañado o destruido por un presidente, o que no tiene la más mínima conciencia de lo que hace o sencillamente se trata de un desquiciado que merece ser tratado como un caso clínico, cuya sanidad dependerá de una buena receta médica o del castigo que reciba por sus actos al margen de la ley, la moral y la ética de la sociedad norteamericana.
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La contienda electoral en los Estados Unidos fue una lucha entre intereses individuales e institucionales.
El triunfo de Donald Trump representa un gran reto para la credibilidad de la democracia de los Estados Unidos, donde parece que ya no tiene vigencia su discurso de adecentamiento de la potencia ante otros países del mundo, dado que la corrupción ha erosionado este sistema político precisamente por las malas acciones de sus actores en el que muy poco importa la ética y la institucionalidad, cuyo mejor ejemplo es la elección presidencial de este 5 de noviembre.
Este martes millones de norteamericanos, incluidos una cantidad significativa de inmigrantes, principalmente latinos, hablaron y prefirieron a quien ha sido condenado por la comisión de una serie de actos ilícitos, pero que nadie puede negar que le ha tumbado el pulso a las tradiciones y la fortaleza institucional de la nación más poderosa del mundo.
Algunos que se decantaron por Donald Trump y otros por Kamala Harris, dos opciones que crearon pasiones políticas en ocasiones desenfrenadas, pero que se impuso el que no siente ningún sonrojo de las acusaciones que pesan en su contra y que demostró que puede más en las urnas que el sistema y quien ahora tiene el doble rol de presidente de los Estados Unidos y al propio tiempo convicto criminal.
La contienda no se trató de una simple confrontación electoral cualquiera, porque por lo menos en el caso de Trump, éste ha cambiado la forma de hacer política en los Estados Unidos, cuyo tono es violento y sin medición de consecuencias, pero que ha logrado imponerse sobre la base de unos «valores» que socava la democracia de esta nación.
Tanto es así que la nación más poderosa del mundo ha descendido al nivel de los países del llamado tercer mundo, donde la actividad político-partidista y electoral raya en lo salvaje, pero sobre todo con una ansia de poder y la búsqueda de acumulación de fortunas que en cierta medida le da una explicación lógica a la distorsión.
Trump es un político que ha logrado imponer sus intereses personales por encima de los institucionales y cuyo comportamiento no es cuestionado por los votantes, ya que se ha observado que mientras más problemas legales tiene su popularidad aumenta.
Las preferencias por uno y otro estaban aparentemente muy cerradas, pero se produjo una ruptura con todos los vaticinios al respecto y Trump ha vencido abrumadoramente, lo que indica que su conducta es respetada y defendida por la mayoría de los estadunidenses.
Lo inexplicable del proceso es que, aunque Trump ha despotricado en contra de los latinos, cuyo último escándalo tiene que ver con considerar a Puerto Rico una isla basura e igual desconsideraciones ha lanzado contra mexicanos, dominicanos, entre otros, pero siempre hubo apoyo a su favor, ya que los resultados de los comicios así lo confirman, dado que dentro de estas mismas comunidades desconsideradas por este candidato radical, conservó un respaldo considerable.
El fenómeno Trump pocos politólogos y sociólogos pueden explicarlo en razón de que mientras más hiriente y violenta fue su campaña, mayor cantidad de seguidores se adhirieron a un candidato y ahora presidente carente de propuestas, cuyo ejemplo ya ha sido emulado en una serie de naciones latinoamericanas.
Al llegar la hora de la verdad el pueblo norteamericano prefirió el discurso y la conducta de Trump que la de cualquier otro candidato, incluida la principal perdedora Kamala Harris.
El triunfo de Trump deja un mensaje equivocado entre los que luchan por llevar la ética a la política, ya que su triunfo desmiente cualquier esfuerzo serio en este sentido, sobre todo para las corrientes en Latinoamérica que hoy hablan de adecentamiento nacional, porque los resultados de las elecciones dejan lo suficientemente clara la preferencia del pueblo de toda la unión americana, aunque siempre se dijo que en por lo menos política exterior ambos contendientes representaban lo mismo.
En esta materia la diferencia entre republicanos y demócratas es sólo el color de los partidos, porque si bien en política interna se observa un accionar que lo distingue uno de otro, pero, por ejemplo, en lo que respecta a la crisis del Medio Oriente ambos se manejan de igual manera, alineados con Israel a pesar de que en muchas naciones del mundo consideran el comportamiento judío como un verdadero genocidio.
Sin embargo, en cuanto a política interna ambos difieren en lo que a políticas migratorias se refiere, ya que nadie puede negar que en esta materia los demócratas tienen una visión mucho más tolerante y considerada con la inmigración que los republicanos.
Pero la diferencia que puedan existir entre unos y otros este martes cinco de noviembre se definieron en favor de quien tiene el peor comportamiento, lo cual también impidió por segunda ocasión que una mujer ocupe la presidencia de los Estados Unidos, no se sabe si para esa decisión pesó mucho optar por una inmigrante de familia que proviene de naciones que no son vistas con buenos ojos por el estadounidense tradicional y el cual regularmente está impactado por un problema racial que tiene su historia en esa nación.
La cuestión es que triunfó la apuesta antiinmigrante, ultraconservadora y, sin lugar a dudas, menos democrática.
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El Gobierno de Luis Abinader no deja de incurrir en errores que sirven de espejo para medir su incapacidad para manejar el Estado.
Todos los días el Gobierno de Luis Abinader da muestra de que no está en capacidad del manejo del Estado, cuyos errores son totalmente infantiles y propios de personas que no tienen la menor idea de su metida de patas.
Las torpezas del Gobierno legitiman las críticas de una oposición desacreditada por sus acciones al margen de la ética y de la moral, la cual está conformada, principalmente, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández.
La última metida de patas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de su líder Abinader ha sido anunciar una nueva Constitución de la República, pero al propio tiempo toma medidas que lesionan derechos fundamentales contenidos en la carta magna y los tratados y convenciones internacionales.
De esa manera, el presidente Abinader y el PRM les otorgan toda la legitimidad del mundo a aquellos que han tenido el control del Estado y han hecho lo mismo, porque cómo se explica que no entiendan que lo dispuesto por el Ministerio de Administración Pública (MAP) que obliga a los empleados del Estado a presentar sus contratos de agua y de energía eléctrica lesiona el derecho a la intimidad de las personas.
El asunto tiene mayor gravedad, no sólo porque revela la ignorancia y la doble moral de los perremeístas y su Gobierno, sino también porque si las autoridades se respetaran ni mencionaran los servicios de agua y de energía eléctrica, dado lo deficiente de los mismos.
Hay una famosa expresión que dice que se debe saber nadar y guardar bien la ropa, lo cual no parece que sea aplicable en lo respecta a los funcionarios del gobierno, cuya torpeza no les permite comportarse con prudencia y sensatez.
Es decir, que en el preciso momento en que se habla de que el país tiene una ley sustantiva que es más acorde con el estado de derecho, los perremeistas someten a los empleados públicos a una medida inconstitucional y que va en contra de los derechos consignados en el bloque de constitucionalidad del país, lo cual pone en peligro un derecho tan sagrado como el de la intimidad, el honor personal, que está en primer orden en los derechos interamericanos e internacionales.
La medida en cuestión violenta el artículo 44 de la ley de leyes, lo que representa un contrasentido que amenaza de todos los derechos de los ciudadanos y ciudadanas del país.
Todo el mundo sabe que “las prestadoras de servicios públicos tienen los mecanismos para que los usuarios cumplan con sus obligaciones, sin que ello implique que esas informaciones privadas lleguen a ser de dominio de otras instancias más que de ellas.
Sin embargo, en el presente caso se debe destacar que en lo respecta al agua potable el Gobierno tampoco cumple con la sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe que por un asunto de derechos humanos se produzcan cortes del servicio por falta de pago.
En esa línea de violaciones el gobierno de Luis Abinader procede al corte del agua potable en desacato de lo decidido por el TC a través de los órganos que manejan el preciado líquido como la Corporación de Acuerdo de Alcantarillado de Santiago (CORASAN), entre otras.
La realidad es que el Gobierno, tal y como lo dice la oposición, no cumple con ofrecer un mejor servicio que satisfagan las necesidades del interés colectivo y respondan a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria establecidos en la Constitución.
Como que no luce racional que las autoridades tengan un doble discurso, primero de fortalecimiento de la Constitución y segundo de violación de los derechos fundamentales como la dignidad humana, la privacidad de las familias y tire por el suelo el derecho al honor, al buen nombre e imagen.
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Endeudamiento externo tiene que llevar al país a verse en espejo de naciones como Grecia, Argentina y Puerto Rico.
Por Elba García
La economía dominicana ha sido impactada por un proceso de conversión de exportadora a importadora, cuyos únicos renglones con mucha fortaleza, tal vez su tabla de salvación, son el turismo y las remesas, producto de la emigración de dominicanos hacia países mediana y altamente desarrollados.
El manejo de la economía en el país no ha estado al margen de lo que representa una cultura de falta de planificación que proviene desde los tiempos de la colonia, cuyo nivel de endeudamiento supera las líneas de peligro para cualquier nación.
Un buen ejemplo del manejo dislocado de una economía es Argentina, la cual entró a niveles de devaluación e impago que llevó a que ambos términos se convirtieran en sinónimos, tanto fue así que una cosa no se concebía sin la otra y viceversa.
En los comienzos del año 2000 la economía argentina se convirtió en un verdadero drama, cuyas supuestas soluciones siempre han sido un salto al vacío, lo que ha implicado que los recursos de los bancos estén expuestos al sector público y la opción buscada era imprimir dinero inorgánico a través de su Banco Central, lo cual convirtió en ingobernable el régimen de convertibilidad en vigor en ese momento.
Pero hasta el momento la economía de este país ha sido una bomba de tiempo que no ha habido magos políticos que encuentren la fórmula de su saneamiento, cuyo sendero también llevan otras naciones del mundo, incluida la República Dominicana.
El otro caso donde el caos de la economía tenia a esa nación al borde del colapso total fue Grecia, en razón de que la troika liderada por las autoridades del continente europeo declaró un impago que era prácticamente imposible para que un país de la zona escogiera esa vía y si bien se buscó resolver el asunto con una serie de recortes, pero esa medida no bastaba para darle una salida a la deuda de este país.
Entonces, la crisis de estos dos países Argentina y Grecia ha dejado las lecciones de que la deuda y el dinero no son lo mismo, pero que si se deja que el problema se agrave se corre el riesgo de ser impactado por una recesión, la cual trae consigo la disminución de la demanda de crédito privado, debilitamiento de los balances de los bancos y un gobierno que se financia cada vez más con la utilización de éstos porque están bajo su control, lo cual convierte el futuro de la deuda y del sistema bancario en prácticamente uno solo.
Esta situación está apoyada por una evidencia empírica, ya que desafortunadamente este problema compartido, desde luego, no soluciona nada, más bien lo que hace es amplificar y expandir muchas veces el asunto, dado que los bancos y la deuda están más entrelazados y puede advertirse que lo mismo ocurre con el futuro de la moneda, lo cual genera el espectro de la inestabilidad monetaria con su amenaza endémica para el sustento -con frecuencia, de los más vulnerables, cuya lección es no retrasar, sino reestructurar de manera más oportuna antes de que el agujero se vuelva demasiado profundo.
En este mismo contexto está Puerto Rico, pero en el Caribe y con el soporte de alguna manera de los Estados Unidos, lo cual le permite abrir nuevos caminos, pero sin estar exentos de grandes problemas y con desventajas frente a las posibilidades de los que cuentan con una moneda propia, ya que está totalmente dolarizado y pertenece al Segundo Distrito del Sistema de la Reserva Federal, cuyos bancos están protegidos por un seguro de depósitos de E.U., pero donde por igual sus autoridades han declarado que no se pueden pagar todas las deudas de la isla en razón de que las mismas absorben todos los ingresos públicos.
El endeudamiento del Gobierno de Luis Abinader comienza a dejar profundas preocupaciones en esta materia en los diferentes sectores que conforman la vida nacional, sobre todo en los principales de la economía nacional, porque la agresividad mostrada en este aspecto conduce a la nación a un cuadro parecido a lo que ocurre en las tres naciones citadas en este trabajo periodístico..
Luis Abinader en el 2023 rompió récord de endeudamiento público durante un año al tomar prestado US$9,249 millones dólares, unos RD$527 mil 193 millones, según evaluaciones de los partidos de la oposición.
Este monto de US$2,649 millones corresponden a préstamos con organismos crediticios internacionales y US$6,600 millones a la colocación de bonos soberanos.
Algunos sectores indican que las futuras generaciones tendrán que pagar los gastos corrientes de la presente administración, cuya deuda ya alcanza niveles de mucha preocupación.
«En la Cámara de Diputados se aprobaron préstamos por US$2, 649 millones, aparte de esto se ejecutó para este presupuesto la colocación de bonos por RD$ 363 mil millones, que son el equivalente a US$6,600 millones».
En el orden de los endeudamientos las AFP dicen que la gestión Abinader les ha tomado préstamos RD$3.1 billones, cuyo endeudamiento público no sólo alcanza lo nacional, sino también lo externo.
El cuadro de la deuda compromete las futuras generaciones, ya que pagarán todos los compromisos internacionales que irracionalmente asume el país, sin que ese dinero represente la construcción de obras que impacten a los niños que nacen en la actualidad.
Sin embargo, los críticos de la oposición cuando tienen la oportunidad de volver a controlar el Estado repiten el mismo comportamiento en lo referente al endeudamiento público, sobre todo con el propósito de sostener la corrupción administrativa.
La deuda del sector público no financiero representa el 46.3% del PIB al 31 de agosto del 2024, pero el saldo de la deuda externa e interna del sector público no financiero (SPNF) totalizó US$57,596.0 millones, representando el 46.3% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado.
La deuda pública en República Dominicana en 2023 fue de 67.581 millones de euros73.094 millones de dólares, creció 3.239 millones desde 2022 cuando fue de 64.342 millones de euros 67.808 millones de dólares,.
Consultores en política fiscal y tributaria plantean que la deuda pública se ha multiplicado por 17 en los últimos 23 años, producto de la gran cantidad de préstamos, lo que ha llevado a que cada dominicano tenga que pagar per cápita seis mil novecientos noventa y tres dólares.
En una conferencia con el título de “Impacto de la Deuda Pública en la Formulación de la Política Presupuestaria”, en el marco de la conmemoración del Primer Congreso de Economía Dominicana organizado por la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), se afirmó que todos los años se debe tener la responsabilidad de definir y establecer cómo se van a asignar los recursos del Estado que se manejan a través del presupuesto nacional
La medición del crecimiento económico en el país en los últimos 23 años ha tenido muy poco impacto distributivo en la riqueza de los ingresos, pese a que todo el mundo destaca lo ocurrido en esta materia.
Otro elemento importante es que el crecimiento económico tiene muy poco impacto en las recaudaciones fiscales del Gobierno y que en los últimos veintitrés años el país ha tenido una presión tributaria de un trece por ciento fija.
De modo, que el crecimiento económico que tiene la República Dominicana no se refleja en mayores recaudaciones tributarias del Gobierno para fortalecer el producto interno bruto, lo que ha provocado recurrentes déficit fiscales que han obligado a endeudarnos para poder hacer frente a una proporción importante de las obligaciones
La deuda entre el 2000 y 2023 se ha multiplicado por 17 diecisiete en el país, como resultado de un crecimiento de ésta que advierte serios peligros para el país, ya que la política fiscal del Gobierno afecta el ciclo económico que lesiona la distribución de la riqueza y la cohesión social.
Desde marzo del presente año la deuda de la República Dominicana es de setenta y cuatro mil millones de dólares, cuyo crecimiento desde el 2020 ha sido realmente exponencial, la cual con relación al PIB ya resulta preocupante con implicaciones de sobreendeudamiento por el Covid 19.
La deuda per cápita pasó en el país de 522 dólares en el año 2000 a seis mil novecientos noventa y tres dólares por cada dominicano en 2023, cuyo crecimiento acelerado se ha traducido en una retranca para el Estado.
Las naciones que suelen pedir dinero prestado cuando lo recaudado a través de los impuestos no es suficiente para el financiamiento de proyectos o gastos del Estado terminan en un callejón sin salida con consecuentes crisis sociales y políticas.
Guatemala es el país de Centroamérica que menos ha recurrido a esta práctica, cuya deuda pública es la más baja de la región con 22.593 millones de dólares, lo que equivale a un aproximado del 30 % del Producto Interno Bruto (PIB), según cálculos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
Mientras que los países con la mayor deuda pública son El Salvador, con el 76 % de su PIB comprometido y Costa Rica con el 63 %, los cuales regularmente sirven de punto de referencia para las comparaciones que se hacen, por ejemplo, en la República Dominicana
La deuda de El Salvador ha sido considerada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su evaluación del Artículo IV 2023, como “elevada y se encuentra en una senda insostenible”, por lo que recomendó, en febrero de este año, “el desarrollo de un plan fiscal y de financiamiento completo y ambicioso, destinado a reconducirla a una senda sostenible y a facilitar el acceso al mercado internacional de capitales».
Por su parte, Costa Rica sostiene que “la orientación general de las políticas debe seguir centrada en hacer que la inflación regrese a la meta y que la deuda pública se mantenga en una firme trayectoria descendente”.
Las entidades financieras para medir si un nivel de deuda es correcto o excesivo es mediante la comparación de lo que se debe con el PIB de cada país, es decir, el monto de la misma con el valor de los bienes y servicios finales que produce.
Un ejemplo válido en este caso es si un país debe 80 millones de dólares y su PIB es de 100 millones, de lo producido, ya debe la mayor parte y su capacidad de riqueza queda reducida.