Cinco de los conductores eran ciudadanos haitianos que no tenían licencia de conducir, mientras que el sexto, de nacionalidad dominicana, circulaba con el documento vencido desde hacía más de un año.

Santo Domingo, República Dominicana.– El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), retuvo seis vehículos durante una jornada de inspección realizada en Ciudad Juan Bosch, municipio Santo Domingo Este, por incumplimiento de las disposiciones legales que regulan la circulación y los servicios de transporte.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por las autoridades, cinco de los vehículos eran conducidos por ciudadanos haitianos que no portaban licencia de conducir, mientras que el sexto estaba bajo la responsabilidad de un dominicano cuyo permiso tenía más de un año de vencimiento.

Las intervenciones estuvieron dirigidas a verificar que los conductores contaran con la documentación correspondiente y cumplieran los requisitos establecidos en la legislación dominicana sobre tránsito y seguridad vial.

Multas podrían alcanzar los RD$50,000

El Intrant informó que las infracciones detectadas pueden dar lugar a sanciones económicas de entre RD$10,000 y RD$50,000, equivalentes a uno y cinco salarios mínimos de referencia, dependiendo de la falta cometida.

Los seis vehículos fueron trasladados a la sede central de la institución, donde permanecerán retenidos hasta que sus propietarios cumplan con los procedimientos administrativos establecidos.

Para gestionar la devolución, los responsables deberán presentar la matrícula o el acto de venta que demuestre la titularidad y acreditar el pago de las multas correspondientes.

En los casos relacionados con los conductores haitianos que carecían de licencia, la entidad indicó que los propietarios deberán presentarse acompañados de un conductor dominicano con licencia vigente, quien podrá retirar el vehículo.

Autoridades reforzarán la vigilancia del transporte

La jornada de inspección estuvo encabezada por la Dirección de Supervisión y Control de Sanciones del Intrant, bajo la responsabilidad de Cristian Muñoz, con el apoyo de agentes de la Digesett.

El organismo recordó que la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece obligaciones que deben cumplir todas las personas que conduzcan vehículos en territorio dominicano, sin distinción de nacionalidad.

Entre los requisitos fundamentales figura disponer de una licencia válida y vigente, además de cumplir con la documentación exigida para la circulación y, cuando corresponda, para ofrecer servicios de transporte.

Cumplimiento de la ley y seguridad vial

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de los esfuerzos encaminados a reducir las infracciones de tránsito, fortalecer los mecanismos de supervisión y promover una circulación más segura.

Asimismo, reiteraron que continuarán desarrollando operativos en diferentes localidades del territorio nacional para identificar irregularidades y aplicar las medidas previstas en la legislación vigente.

El Intrant exhortó a los propietarios de vehículos y conductores a mantener actualizados sus documentos y respetar las disposiciones legales, a fin de evitar sanciones y contribuir a la prevención de accidentes de tránsito.

Fuente: Diario Libre e informaciones del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), 23 de octubre de 2026.

El cierre de centros de salud, la caída de la ayuda internacional, la sequía y el aumento del costo de los suministros agravan una crisis que golpea con especial dureza a la población infantil

Mogadiscio, Somalia.– Somalia vuelve a aproximarse peligrosamente a un escenario de hambre extrema. Hospitales saturados, niños con desnutrición severa, familias desplazadas y comunidades que han perdido prácticamente todo forman parte de una crisis humanitaria que se profundiza mientras disminuyen los recursos internacionales destinados a contenerla.

Uno de los rostros de esta emergencia es Shukri Mahad Mohamed, un niño de cuatro años que pesa apenas 4.5 kilos y recibe tratamiento por desnutrición aguda grave en el Hospital Daynile de Mogadiscio. Su madre, Madina Osman Hassan, de 22 años, permanece junto a él mientras el menor es alimentado mediante una sonda nasogástrica.

El caso de Shukri forma parte de una realidad que afecta a cientos de miles de menores. Según datos citados por Naciones Unidas, más de 493,000 niños han recibido atención por desnutrición aguda grave en Somalia, una condición que los coloca en riesgo de muerte.

Durante el primer semestre de 2026, los ingresos de niños en centros de estabilización por desnutrición aguda grave aumentaron 32 % respecto al mismo período del año anterior. Al mismo tiempo, más de 200 centros de salud y nutrición han cerrado debido a los recortes de financiación internacional.

Familias que entierran a sus hijos

En los campamentos de desplazados, la crisis se mide también en tumbas improvisadas.

Amina Abukar Tifu, de 26 años, llegó junto a su familia al asentamiento de Balow, en Burhakaba, después de abandonar su lugar de origen. Hace dos meses dio a luz estando anémicamente debilitada. Su bebé nació en condiciones precarias y murió poco después.

La familia lo enterró cerca de las chozas del campamento.

Amina relata que el hambre forma parte de la vida cotidiana y que tampoco cuentan con una vivienda adecuada para protegerse de las lluvias y el frío.

No es el único caso.

Otra residente del mismo campamento, Urtero Abdellahi, de 45 años, ha perdido a dos hijos a causa de la malnutrición. Uno tenía un año y el otro dos. Ahora intenta sacar adelante a otros siete menores, entre ellos un niño de cinco años que también presenta desnutrición grave.

El responsable del asentamiento, Abdi Adan, también perdió recientemente a un hijo de tres años.

“Nuestros hijos comen una vez al día”, relató al describir las condiciones en las que sobreviven las familias.

Seis millones padecen hambre aguda

Somalia tiene una población cercana a los 20 millones de habitantes y alrededor de seis millones, aproximadamente un tercio del país, padecen hambre aguda.

La capacidad de respuesta internacional resulta insuficiente: el Programa Mundial de Alimentos apenas puede asistir a una de cada diez personas que necesitan ayuda, debido principalmente a la falta de recursos.

Unicef advierte además que alrededor de 1.9 millones de niños se encuentran en riesgo de padecer desnutrición aguda.

En algunas zonas, solo el 5 % de los menores entre seis y 23 meses recibe la alimentación necesaria para desarrollarse adecuadamente.

La ayuda internacional se desploma

Uno de los factores que agrava la emergencia es la reducción drástica de los fondos destinados a Somalia.

Para 2026, Naciones Unidas había solicitado recursos equivalentes a unos US$852 millones, pero solo se había logrado financiar alrededor del 30.5 % de esa cantidad.

La diferencia resulta aún más dramática cuando se compara con 2022, año en que la cobertura del plan humanitario superó el 92 %.

La disminución de recursos ha obligado a cerrar establecimientos sanitarios y centros de nutrición, haciendo más difícil detectar tempranamente los casos de malnutrición.

Cuando algunos niños finalmente consiguen llegar a un hospital, lo hacen en condiciones mucho más graves.

Sequía, guerra y alimentos más caros

El hambre en Somalia no responde a una única causa.

A la reducción de la cooperación internacional se suman años de sequía, malas cosechas, desplazamientos internos, violencia armada e inestabilidad política.

El conflicto también encarece el traslado de alimentos y suministros médicos.

En Burhakaba, donde grupos vinculados a Al Shabab mantienen presencia en determinadas rutas, buena parte de la asistencia debe llegar por vía aérea.

Funcionarios de Unicef explican que transportar un kilo de ayuda desde Mogadiscio cuesta actualmente unos dos dólares y que los servicios aéreos se han encarecido alrededor de 40 % desde el año pasado.

En algunas comunidades rurales, el precio del agua se ha multiplicado por cuatro.

Un depósito de 200 litros que anteriormente costaba dos dólares puede alcanzar ahora los ocho.

Cientos de miles abandonan sus hogares

Las condiciones climáticas y la violencia han provocado también un enorme desplazamiento interno.

Solo durante 2026, unas 700,000 personas abandonaron sus lugares de residencia dentro de Somalia. De ellas, aproximadamente 500,000 lo hicieron directamente por la sequía, según datos del Consejo Noruego para los Refugiados.

Muchas terminan instalándose en campamentos improvisados construidos con ramas, telas y plásticos, donde el acceso a alimentos, agua potable y atención sanitaria sigue siendo limitado.

Ahora también preocupa el exceso de lluvia

Después de años marcados por la falta de agua, Somalia enfrenta una nueva amenaza: posibles inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño.

Las previsiones citadas por Naciones Unidas estiman que las lluvias podrían afectar hasta a tres millones de personas y provocar el desplazamiento de alrededor de dos millones.

La paradoja resulta especialmente dura para quienes abandonaron sus comunidades huyendo precisamente de la sequía y ahora podrían verse obligados a desplazarse nuevamente, esta vez por inundaciones.

Una crisis que puede volver a convertirse en hambruna

Somalia ya sufrió en 2011 la primera hambruna oficialmente declarada del siglo XXI.

Quince años después, organismos humanitarios vuelven a advertir que el peligro no ha desaparecido.

La combinación de desnutrición infantil, reducción de la financiación, cierre de centros sanitarios, desplazamientos, conflictos armados y fenómenos climáticos extremos mantiene al país en una situación de enorme fragilidad.

En los hospitales y campamentos, sin embargo, las grandes cifras terminan adquiriendo nombres concretos: niños como Shukri, madres como Amina y familias que se enfrentan cada día a una pregunta elemental: si habrá suficiente comida para llegar al día siguiente.

Informaciones tomada de Elpais.com

Por Elba García

La sociedad dominicana es amenazada por una descomposición social y ético moral que pone en peligro su integridad  en todos los aspectos, principalmente porque el Estado no está en capacidad de preconizar y promover valores, sino anti-valores.

La posibilidad de contrarrestar en mayor medida el fenómeno de la descomposición social y moral descansa, principalmente, en el Estado porque cuenta con las herramientas para imponer un régimen de consecuencia y de hacer la inversión económica requerida para crear las oportunidades de empleos y disminuir la desigualdad, lo cual ataca una de las razones que más genera, por ejemplo, la delincuencia, como lo es la exclusión social.

Sin embargo, frente a la incapacidad del Estado para diseñar políticas públicas que priorice la inversión social, el papel protagónico para enfrentar el fenómeno recae en las organizaciones que trabajan y conectan con la gente, sobre todo en las comunidades más carenciadas del país, donde tiene nacimiento la vocación delincuencial.

El trabajo, por ejemplo, de las iglesias, tanto católica como protestante, juega un papel decisivo en muchos jóvenes para no caer en las garras de las bandas o de la vocación de una conducta al margen de la ley, porque proporcionan fortaleza espiritual que sin dudas se convierte en un dique de contención para impedir que entre a sus vidas  una inclinación delincuencial.

Está más que demostrado que aquellas comunidades donde hay una mayor  integración a las  labores de las iglesias, sobresale una conducta apegada al respeto de la ley y de mejor convivencia social, donde ésta juega un papel  importante en la formación que se adquiere a través de estas instancias.

La iglesia católica acaba de comprobar en un estudio que la Sierra es uno de los lugares donde menos delincuencia se produce, pero todo el mundo sabe que esos pueblos tienen un fuerte apegamiento a valores cristianos desde los tiempos coloniales, pese a que los niveles de pobreza y analfabetismo son muy altos, aunque no tan críticos como los de otras zonas del territorio nacional.

Sin embargo, otra razón para que tal vez la delincuencia no haya impactado tanto a los pueblos de la Sierra se debe a las remesas que reciben del exterior, principalmente de los Estados Unidos, lo cual se convierte en una válvula de escape para que no se desarrollo la vocación delincuencial.

Pero la revelación al respecto confirma que se hace más que necesario que el trabajo de las iglesias vaya más allá de los templos y toque el corazón de aquellos jóvenes excluidos y golpeados por el desempleo y el hambre y que en consecuencia no escojan el camino equivocado.

La mejor dosis que pueden recibir los jóvenes desorientados y con el solo camino de la delincuencia, el tráfico y consumo de drogas es la espiritual, la cual necesariamente tiene que estar  revestida de un componente profundamente humano.

Esta sería una respuesta que siempre será necesaria y vital para el mejoramiento social, pero hará falta la refundación del Estado que para el restablecimiento de valores también cuente con la fuerza institucional pública y de ese modo incorporar otros elementos importantes como los medios de comunicación y el sistema educativo nacional, a fin de que el esfuerzo sea tan integral como el mal que nos aqueja.

Se impone una gran jornada nacional, pueblos por pueblos, para trabajar por una transformación total de aquel que ve la vida sólo desde la perspectiva del dinero, pero que ojalá se puedan incorporarse recursos a través del Estado para además crear empleos y mejorar las condiciones de vida de la gente.

Sólo de esa manera podría producirse  una verdadera transformación social y convertir a la República Dominicana en una sociedad más habitable y humana, donde la delincuencia y la degeneración sea un fenómeno aislado y no general como pasa actualmente.