Editorial
Una Confrontación en Todos los Escenarios
El presidente Danilo Medina y Leonel Fernández mantienen una confrontación política y podría decirse que hasta personal en todos los escenarios, cuyas diferencias amenazan con impactar el país en términos de políticas públicas y del liderazgo nacional.
La primera diferencia en los últimos días tiene que ver con la Ley de Partidos Políticos, cuyo proyecto se discute actualmente en el Congreso Nacional, la cual consiste en que el primero es partidario de las primarias simultáneas y abiertas y el segundo con que sean el mismo día, pero sólo con los padrones de las organizaciones partidarias.
Se trata de una diferencia de fondo, porque la aprobación de cualquiera de las propuestas implica que el escenario político nacional sería impactado positiva o negativamente, ya que las mismas están dirigidas no sólo para controlar el sistema de partidos, sino también a mejorar o manipular el nacimiento de un nuevo liderazgo nacional.
La posición danilista parece inscribirse en su propósito de cerrarse el paso al posible regreso a la presidencia de la República de quien fuera su íntimo amigo, compañero de proyectos a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández Reyna, quien lleva la de perder tanto en el Comité Político como en el Congreso Nacional, donde cuenta con mayoría el presidente de la República.
La medición de fuerzas a lo interno del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana ha sido recurrente en tan importante órgano, el cual tuvo una convocatoria el sábado pasado y se espera que se produzca otra para los próximos días a fin de definir los puntos que están consignados en la Ley de Partidos.
De antemano se adelanta un triunfo arrollador de Danilo Medina en virtud de que cuenta con mucho mayor apoyo en el Comité Político, ya que sus seguidores son mucho más que los de Leonel Fernández, dado que de 35 que componen la matrícula del CP, el ex-jefe de Estado sólo cuenta con el respaldo de 9.
Igual cosa podría decirse del Congreso Nacional, donde el presidente Medina cuenta con la mayoría de la matrícula, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, donde deberá decidirse la aprobación de la Ley de Partidos Políticos.
El otro escenario donde se observa un pugilato es en lo que respecta a la mediación entre la oposición y el gobierno de Venezuela, la cual tiene lugar en la República Dominicana, donde a instancia del presidente Medina se inicia un proceso de negociación en el que ha sido excluido Leonel Fernández, pese a que éste lleva mucho tiempo jugando ese rol.
La confrontación ha sido tan evidente en este escenario que cualquiera podría preguntarse por qué en las actuales negociaciones no está presente Fernández cuando siempre ha estado jugando un papel como mediador, conjuntamente con el ex-presidente español Rodríguez Zapatero y el panameño Omar Torrijos, pero ahora el control de las conversaciones al respecto la tiene el presidente Danilo Medina a través de la Cancillería de la República Dominicana.
La situación es tan tirante que habría que preguntarse que si hubiera alguna tolerancia por parte del Gobierno frente a Fernández pudo pedirse la presencia de éste, ya que la misma no resta sino que suma, pero al líder del PLD no le quedó más remedio que reunirse en la Fundación Global con la comisión que participa en el país en las negociaciones por parte del presidente Nicolás Maduro, quienes incluso, tal vez por darse cuenta de lo que pasa, le hizo una especie de reconocimiento al ex-jefe de Estado.
En este terreno también parece que Danilo Medina lleva la mejor parte, ya que se ha difundido mucho optimismo en torno a la posibilidad de una salida negociada a la crisis que vive Venezuela, lo cual fortalece el liderazgo del presidente de la República, no sólo en el ámbito nacional, sino a lo interno de su partido y en el terreno internacional.
Sin lugar a dudas, que Leonel Fernández ha tenido que pagar muy caro lo que muchos danilistas y el propio presidente consideran como la alta traición del líder Peledeísta a las que fueron las aspiraciones de Medina cuando éste quería convertirse en candidato presidencial.
Este cuadro envía el mensaje de que las diferencias son irreconciliables y que la posición del presidente en lo que respecta a la Ley de Partidos Políticos tiene mucho que ver con un proyecto a largo plazo que implica la desaparición del escenario nacional de Leonel Fernández, porque las primarias abiertas y simultáneas se podrían prestar para democratizar la partidocracia dominicana, pero también para corromperla desde la perspectiva de que las mismas pueden ser manipuladas, sobre todo porque el jefe de Estado tiene bajo su control todo el aparato estatal.
Lo malo de la confrontación entre Medina y Fernández es que todas y cada una de sus acciones impactan al universo de los dominicanos, porque se trata de políticas públicas que todo el mundo tendrá que respetar y quiérase o no se quiera cambian las reglas del juego en el sistema político prevaleciente en el país y en su modelo de gobierno, sustentado en lo que se conoce como democracia representativa.
Quién podía imaginarse que estos dos hombres procedentes de los estratos más humildes de la República Dominicana tendrían el poder para manipular la sociedad y manejarla a su antojo, lo cual refleja el bajo nivel de desarrollo institucional del país, cuya deficiencia le ha costado históricamente muy caro a todos los dominicanos.
Dice una famosa expresión que no hay peor diligencia que aquella que no se hace, lo cual muy bien puede ser aplicado a un país como la República Dominicana, donde se observa un acomodamiento con la inversión de valores y lo mal hecho.
Es tan grave el problema que el dinero es la regla del juego que prevalece y las cosas son buenas o males a partir de qué tanto se puede dar, es decir, que mediante esa regla, pero no de cualquier mercado, sino de aquel que no importa cómo se haya conseguido lo monetario o bienes materiales, sino que lo que importa es qué se tiene materialemte hablando.
Y esto, naturalmente, impacta el escenario en el que se mueve el que quiere ascender al control del Estado y del patrimonio público, porque la gente mide el éxito del individuo a partir de lo que tiene, no importa que para adquirirlo le haya cortado la cabeza a su vecino.
Además, una sociedad donde la promoción social y económica esté soportada en fenómeno como el amiguismo, no en el mérito, las cosas prácticamente se vuelven inmanejables, exactamente lo ocurre en la sociedad dominicana.
El amiguismo permite que cualquier persona entre a cualquier circulo de poder para depredar el patrimonio público e incurrir en cualquier travesura que debe pagar el ciudadano que cumple con sus obligaciones en procura de la consecución de una mejor sociedad.
Ese fenómeno del amiguismo es una puerta abierta para que cualquier inescrupuloso o incapaz entre a controlar instituciones públicas que a la postre crea grandes daños al Estado y a toda la sociedad, porque ése, generalmente, no mide consecuencias, dado que no tiene la capacidad o la formacion para discernir el daño que pueee causar..
De manera, que la incapacidad para dirigir el Estado, la falta de ética y de moral para ocupar una función estatal representa una grave amenaza para todos y cada uno de los ciudadanos de cualquier sociedad que tenga como objetivo superar su estado de pobreza, lo que impacta negativamente los enunciados de los derechos fundamentales consignados constitucionalmente.
La contradicción entre los textos legales y la realidad crea grandes escollos para que las naciones, sobre todo las del tercer mundo, puedan trascender a un estado de justicia social y económica propias de los nuevos tiempos.
Sin embargo, todo descansa en qué medida los niveles de institucionalidad, cuyas principales expresiones son el respeto del principio de legalidad y de la conciencia de los ciudadanos para empoderarse y hacer de la nación una nueva y con perspectiva diferente de vida, en la que pase a un segundo plano la incapacidad, la improvisación y el no apego a lo ético-moral
La credibilidad de los senadores y diputados, que conforman el Congreso Nacional, el primer poder del Estado. se encarga de poner en tela de juicio la existencia real e institucional del Estado dominicano.
El asunto de las candidaturas independientes plantea un problema jurídico y de la existencia legal del Estado dominicano, que debe ser un motivo para que todos los sectores que conforman la vida nacional reaccionan ante unos intentos que ponen en peligro la débil democracia nacional.
La contradicción es tan grande de los partidos políticos, que no están en capacidad de darse cuenta, de captar la idea, de que lo que ocurre con la Constitución y los derechos fundamentales, son la guía de cualquier democracia de los nuevos tiempos.
La partidocracia no logra entender que el neo-constitucionalismo es un fenómeno jurídico que arropa a todo el planeta y que no hay fuerza alguna que pueda impedir su avance y empoderamiento en el mundo.
Los partidos políticos deben entender que los tiempos de las cavernas ya pasaron y que muchas de las cosas malas que hoy ocurren son el resultado de sus propias acciones, ya que la ley que le otorga el poder de interpretación de las normas al TC fue aprobado por el Congreso Nacional y que la misma no es una imposición de nadie, sino del peso del proceso de la constitucionalización del derecho.
Además, no se entiende cuál es la lógica para cogerle miedo a las candidaturas independientes porque alegadamente podrían arruinar a los partidos políticos, pero si de lo que se trata es de que predomine la razón, entonces no hay por qué tenerle miedo a una vía de derecho y que es parte del juego democrático.
Los senadores y diputados deben sacarse de su cabeza de que el sistema democrático debe descansar solamente en los partidos políticos, sino que debe ser en los ciudadanos, porque si bien se apoyan en el artículo 216 de la Constitución, el cual no les otorga exclusividad para participar en la lucha por el control del Estado, sino que también deben detenerse a interpretar el mandato del artículo 22 de la misma carta magna.
Los diputados y senadores, que se supone que deben estar bien asesorados por ser el primer poder del Estado, pero su ignorancia no puede ser una condena para que la sociedad viva bajo su irracionalidad y audacia antidemocrática.
En el terreno que sea necesario hay que rechazar las pretensiones de unos diputados y senadores recalcitrantes y enemigos de los avances que necesita la sociedad dominicana para entrar en un estadio de progreso material e intelectual para que pase de un tercer a un segundo o primer mundo.
Si los partidos políticos entienden que son portadores de la razón y la verdad, entonces por qué tener miedo a enfrentarse con ventajas, porque las tienen, por lo menos económica, a través de una vía que es un gran aval para construir una democracia más participativa y con mayor legitimidad y eficiencia.
Como muy bien establece el reportaje que sirve de base a este editorial, el negocio legal e ilegal de hacer dinero con la deportación de haitianos erosiona mucho la credibilidad del Estado dominicano en el manejo del problema.
Lo grave del asunto es que no sólo se trata del tráfico humano de personas que únicamente persiguen trabajar en tierras extranjeras para mejorar las condiciones de vida de sus familias, sino que tiene perfiles asociados al bajo mundo, como el tráfico de drogas, la prostitución y el contrabando de una gran variedad.
Es, puede decirse, una vía para que los corruptos produzcan grandes cantidades de dinero de forma fácil, sin muchos esfuerzos, ya que los canales al respecto están totalmente abiertos desde hace una gran cantidad de años.
Este cuadro, que está reforzado con la designación en los consulados dominicanos en Haití de personas de confianza de los gobernantes de turno, también cobran de forma ilegal cantidades respetables por diligencias fuera de los canales instituciones e incluso por el otorgamiento de visas que son vendidas a razón de 500 dólares cada una, cuyo dinero termina en el bolsillo del funcionario, no del fisco nacional.
Todo este entramado de corrupción, que tiene una vinculación innegable con otros igual de dañino para el pais, es el cuadro que termina proyectándose a través de la frontera, convirtiéndose en un problema dramáticamente humano, amén de los componentes degradantes que lo caracterizan.
Y no se trata de quitarle legitimidad a los derechos de cualquier nación de controlar y de establecer políticas, muchas veces rígidas, para controlar la migración ilegal, sino de un problema que trasciende lo legal para entrar en un mundo profundo de la ilegalidad, de violación vulgar de la ley sobre la materia.
La migración haitiana, a pesar de ser una piedra en los zapatos de una sociedad como la dominicana, la cual no está lejos en términos de institucionalidad de la haitiana, no parece dejar de ser un problema que podría poner en peligro la estabilidad de ambas naciones.
Habría que preguntarse si el Estado dominicano está en la capacidad de manejar con una visión diferente el problema de la migración haitiana en un país donde el dinero es el lenguaje que se habla en todos los escenarios y cuando esa mercancía está presente donde quiera y se entrega a cambio de cualquier cosa por tenerla.
Visto desde la realidad nacional, la deportación de haitianos o la implementación de una política migratoria que se corresponda con los planes y los intereses más sanos de la sociedad, parece algo quimérico, por no decir imposible.
El cáncer de la corrupción se come prácticamente la sociedad dominicana, así como la haitiana es abatida por la pobreza y las bandas que hoy están presentes en todos los escenarios de la vida de la hermana nación.
Este periodo confiesa que está pesimista con la aplicación de una política de deportación que no se corresponda con el interés nacional, ya que se trata como de pedir peras al olmo