Editorial
Una Confrontación en Todos los Escenarios
El presidente Danilo Medina y Leonel Fernández mantienen una confrontación política y podría decirse que hasta personal en todos los escenarios, cuyas diferencias amenazan con impactar el país en términos de políticas públicas y del liderazgo nacional.
La primera diferencia en los últimos días tiene que ver con la Ley de Partidos Políticos, cuyo proyecto se discute actualmente en el Congreso Nacional, la cual consiste en que el primero es partidario de las primarias simultáneas y abiertas y el segundo con que sean el mismo día, pero sólo con los padrones de las organizaciones partidarias.
Se trata de una diferencia de fondo, porque la aprobación de cualquiera de las propuestas implica que el escenario político nacional sería impactado positiva o negativamente, ya que las mismas están dirigidas no sólo para controlar el sistema de partidos, sino también a mejorar o manipular el nacimiento de un nuevo liderazgo nacional.
La posición danilista parece inscribirse en su propósito de cerrarse el paso al posible regreso a la presidencia de la República de quien fuera su íntimo amigo, compañero de proyectos a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández Reyna, quien lleva la de perder tanto en el Comité Político como en el Congreso Nacional, donde cuenta con mayoría el presidente de la República.
La medición de fuerzas a lo interno del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana ha sido recurrente en tan importante órgano, el cual tuvo una convocatoria el sábado pasado y se espera que se produzca otra para los próximos días a fin de definir los puntos que están consignados en la Ley de Partidos.
De antemano se adelanta un triunfo arrollador de Danilo Medina en virtud de que cuenta con mucho mayor apoyo en el Comité Político, ya que sus seguidores son mucho más que los de Leonel Fernández, dado que de 35 que componen la matrícula del CP, el ex-jefe de Estado sólo cuenta con el respaldo de 9.
Igual cosa podría decirse del Congreso Nacional, donde el presidente Medina cuenta con la mayoría de la matrícula, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, donde deberá decidirse la aprobación de la Ley de Partidos Políticos.
El otro escenario donde se observa un pugilato es en lo que respecta a la mediación entre la oposición y el gobierno de Venezuela, la cual tiene lugar en la República Dominicana, donde a instancia del presidente Medina se inicia un proceso de negociación en el que ha sido excluido Leonel Fernández, pese a que éste lleva mucho tiempo jugando ese rol.
La confrontación ha sido tan evidente en este escenario que cualquiera podría preguntarse por qué en las actuales negociaciones no está presente Fernández cuando siempre ha estado jugando un papel como mediador, conjuntamente con el ex-presidente español Rodríguez Zapatero y el panameño Omar Torrijos, pero ahora el control de las conversaciones al respecto la tiene el presidente Danilo Medina a través de la Cancillería de la República Dominicana.
La situación es tan tirante que habría que preguntarse que si hubiera alguna tolerancia por parte del Gobierno frente a Fernández pudo pedirse la presencia de éste, ya que la misma no resta sino que suma, pero al líder del PLD no le quedó más remedio que reunirse en la Fundación Global con la comisión que participa en el país en las negociaciones por parte del presidente Nicolás Maduro, quienes incluso, tal vez por darse cuenta de lo que pasa, le hizo una especie de reconocimiento al ex-jefe de Estado.
En este terreno también parece que Danilo Medina lleva la mejor parte, ya que se ha difundido mucho optimismo en torno a la posibilidad de una salida negociada a la crisis que vive Venezuela, lo cual fortalece el liderazgo del presidente de la República, no sólo en el ámbito nacional, sino a lo interno de su partido y en el terreno internacional.
Sin lugar a dudas, que Leonel Fernández ha tenido que pagar muy caro lo que muchos danilistas y el propio presidente consideran como la alta traición del líder Peledeísta a las que fueron las aspiraciones de Medina cuando éste quería convertirse en candidato presidencial.
Este cuadro envía el mensaje de que las diferencias son irreconciliables y que la posición del presidente en lo que respecta a la Ley de Partidos Políticos tiene mucho que ver con un proyecto a largo plazo que implica la desaparición del escenario nacional de Leonel Fernández, porque las primarias abiertas y simultáneas se podrían prestar para democratizar la partidocracia dominicana, pero también para corromperla desde la perspectiva de que las mismas pueden ser manipuladas, sobre todo porque el jefe de Estado tiene bajo su control todo el aparato estatal.
Lo malo de la confrontación entre Medina y Fernández es que todas y cada una de sus acciones impactan al universo de los dominicanos, porque se trata de políticas públicas que todo el mundo tendrá que respetar y quiérase o no se quiera cambian las reglas del juego en el sistema político prevaleciente en el país y en su modelo de gobierno, sustentado en lo que se conoce como democracia representativa.
Quién podía imaginarse que estos dos hombres procedentes de los estratos más humildes de la República Dominicana tendrían el poder para manipular la sociedad y manejarla a su antojo, lo cual refleja el bajo nivel de desarrollo institucional del país, cuya deficiencia le ha costado históricamente muy caro a todos los dominicanos.
Aunque el título de este editorial no busca sobreponer los huracanes a otro fenómeno natural como son los terremotos, pero el mismo sólo persigue darle la trascendencia que tiene el problema de la falta de prevención que caracteriza al país.
Sin lugar a dudas que lo ocurrido en Venezuela debe servir de voz de alarma para el país, máxime que los terremotos están asociados a una falla tectónica que también abarca a la República Dominicana.
La cuestión es que cada vez que hay un evento de esta naturaleza resurgen las advertencias sobre el peligro que amenaza a la República Dominicana, cuya deficiencia es parte de un todo que no hay forma de superar por razones profundamente culturales.
Pero es que en esta materia como en ninguna otra el país no ha desarrollado políticas públicas dirigidas a construir una cultura de prevención que por lo menos evite que cualquier tragedia como resultado de un fenómeno natural como los terremotos se pueda llevar de paro medio país.
Hace décadas que se repiten las mismas advertencias y alertas e incluso se han creado leyes para disminuir el impacto de un terremoto de alta potencia como el de más de siete grados ocurrido en Venezuela, pero las mismas, como prácticamente todas las del sistema jurídico nacional, son letra muerta.
De manera, que con el discurrir de los años las construcciones a troche y moche han seguido su curso como si ese comportamiento no tuviera ninguna importancia y sólo se esperan los daños como resultado de un terremoto de alta magnitud como se espera en algún momento en el territorio nacional.
Un buen ejemplo del descuido o negligencia de las autoridades edilicias y del gobierno central son las torres construidos en urbanizaciones como “La Trinitaria de Santiago”, pese a que ya los expertos han advertido de que las mismas se levantan sin tomar en cuenta en su diseño el tipo de suelo que hay en la zona.
Ya ha habido hechos que deben servir de escarmiento a las autoridades para que pare la imprudencia de construir sin miramiento, como fue el desplome de la construcción de un hotel en la calle Del Sol de Santiago por la misma causa del tipo de suelo, pero lo ocurrido sirvió de poco.
El problema está nuevamente sobre el tapete por la gran tragedia que se ha producido en Venezuela, pero la preocupación durará muy poco tiempo, ya que al cabo de los días ya se retorna a la normalidad acostumbrada y se olvidan las construcciones que amenazan la vida de mucha gente por tratarse de una imprudencia que no valora la advertencia de los expertos en la materia.
Sólo falta que la verdad, que ojalá Dios no quiera que así sea, le dé en la cara muy duro a las autoridades nacionales que no hacen el menor esfuerzo para evitarle un gran dolor de cabeza a la sociedad dominicana.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso porque el que tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica o que no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora y que deja en una situación difícil la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también que atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.
La no ejecución de las leyes y la violación de las mismas son, sin lugar a dudas, el principal perfil de un Estado no viable, como ocurre en los países del tercer mundo, incluida la República Dominicana.
En el país se activa la acción del Estado después de ocurrida la tragedia, tanto a nivel público como privado, cuyos buenos ejemplos al respecto son la tragedia del Jet Set y los feminicidios, entre otros delitos y crimines que no tienen un régimen de consecuencia.
Todo como resultado de una cultura que tiene una explicación histórica que ha sido concretada con la expresión popular de que el dominicano le ponga candidato a la casa después que le roban.
Por esta razón el fenómeno se repite permanentemente sin que se produzca la capacidad y la fuerza institucional de ponerle coto a la impunidad que abraza a toda la sociedad dominicana.
El asunto se complica porque quien debe velar por la aplicación de la ley es el primero que la viola, es decir, que el Estado en vez de promover el valor del cumplimiento del orden legal es el primero que no lo respeta.
Esta realidad no es exclusiva para la aplicación de las leyes adjetivas, las llamadas organicas y ordinarias, sino que tampoco se respeta la Constitución de la República, la cual es violada regularmente hasta por propio presidente de la República.
De manera, que se trata de una cultura, de un problema integral que erosiona la credibilidad de la democracia, lo que la lleva a perder su legitimidad, cuyos funcionarios electos carecen del nivel de aprobación que valida el sistema.
Por esta razón no hay nada que funcione, porque todo el que va al poder piensa que llegó ahí para toda la vida y se preocupa muy poco porque las leyes se ejecutan como mandan sus textos.
La cuestión es que el partido del sistema que llega al poder se incorpora a una cadena de complicidad que necesariamente tiene que fortalecer para evitar su enjuiciamiento por la comisión de graves violaciones a la ley, lo cual involucra a los tres poderes del Estado, como ocurre en la actualidad.
Ahí está la razón de que en las encuestas de medición electoral esté prácticamente empatado el ninguno en aceptación popular con el partido oficial, lo que está explicada en que en el país prevalece a nivel político el clientelismo y el que tiene el control del Estado puede manejar los recursos públicos para promover ese antivalor que daña tanto a la democracia, lo cual, naturalmente, es transitorio y circunstancial.
La impunidad es lo que provoca que la autoridad no tenga mucho interés en la ejecución de la ley, lo que estimula fenómenos como los feminicidios y la relación sentimental entre hombres mayores y mujeres adolescentes o niñas menores de 16 años, cuyo impacto social es demoledor para cualquier sociedad que busque su desarrollo humano.