Editorial
Una Confrontación en Todos los Escenarios
El presidente Danilo Medina y Leonel Fernández mantienen una confrontación política y podría decirse que hasta personal en todos los escenarios, cuyas diferencias amenazan con impactar el país en términos de políticas públicas y del liderazgo nacional.
La primera diferencia en los últimos días tiene que ver con la Ley de Partidos Políticos, cuyo proyecto se discute actualmente en el Congreso Nacional, la cual consiste en que el primero es partidario de las primarias simultáneas y abiertas y el segundo con que sean el mismo día, pero sólo con los padrones de las organizaciones partidarias.
Se trata de una diferencia de fondo, porque la aprobación de cualquiera de las propuestas implica que el escenario político nacional sería impactado positiva o negativamente, ya que las mismas están dirigidas no sólo para controlar el sistema de partidos, sino también a mejorar o manipular el nacimiento de un nuevo liderazgo nacional.
La posición danilista parece inscribirse en su propósito de cerrarse el paso al posible regreso a la presidencia de la República de quien fuera su íntimo amigo, compañero de proyectos a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández Reyna, quien lleva la de perder tanto en el Comité Político como en el Congreso Nacional, donde cuenta con mayoría el presidente de la República.
La medición de fuerzas a lo interno del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana ha sido recurrente en tan importante órgano, el cual tuvo una convocatoria el sábado pasado y se espera que se produzca otra para los próximos días a fin de definir los puntos que están consignados en la Ley de Partidos.
De antemano se adelanta un triunfo arrollador de Danilo Medina en virtud de que cuenta con mucho mayor apoyo en el Comité Político, ya que sus seguidores son mucho más que los de Leonel Fernández, dado que de 35 que componen la matrícula del CP, el ex-jefe de Estado sólo cuenta con el respaldo de 9.
Igual cosa podría decirse del Congreso Nacional, donde el presidente Medina cuenta con la mayoría de la matrícula, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, donde deberá decidirse la aprobación de la Ley de Partidos Políticos.
El otro escenario donde se observa un pugilato es en lo que respecta a la mediación entre la oposición y el gobierno de Venezuela, la cual tiene lugar en la República Dominicana, donde a instancia del presidente Medina se inicia un proceso de negociación en el que ha sido excluido Leonel Fernández, pese a que éste lleva mucho tiempo jugando ese rol.
La confrontación ha sido tan evidente en este escenario que cualquiera podría preguntarse por qué en las actuales negociaciones no está presente Fernández cuando siempre ha estado jugando un papel como mediador, conjuntamente con el ex-presidente español Rodríguez Zapatero y el panameño Omar Torrijos, pero ahora el control de las conversaciones al respecto la tiene el presidente Danilo Medina a través de la Cancillería de la República Dominicana.
La situación es tan tirante que habría que preguntarse que si hubiera alguna tolerancia por parte del Gobierno frente a Fernández pudo pedirse la presencia de éste, ya que la misma no resta sino que suma, pero al líder del PLD no le quedó más remedio que reunirse en la Fundación Global con la comisión que participa en el país en las negociaciones por parte del presidente Nicolás Maduro, quienes incluso, tal vez por darse cuenta de lo que pasa, le hizo una especie de reconocimiento al ex-jefe de Estado.
En este terreno también parece que Danilo Medina lleva la mejor parte, ya que se ha difundido mucho optimismo en torno a la posibilidad de una salida negociada a la crisis que vive Venezuela, lo cual fortalece el liderazgo del presidente de la República, no sólo en el ámbito nacional, sino a lo interno de su partido y en el terreno internacional.
Sin lugar a dudas, que Leonel Fernández ha tenido que pagar muy caro lo que muchos danilistas y el propio presidente consideran como la alta traición del líder Peledeísta a las que fueron las aspiraciones de Medina cuando éste quería convertirse en candidato presidencial.
Este cuadro envía el mensaje de que las diferencias son irreconciliables y que la posición del presidente en lo que respecta a la Ley de Partidos Políticos tiene mucho que ver con un proyecto a largo plazo que implica la desaparición del escenario nacional de Leonel Fernández, porque las primarias abiertas y simultáneas se podrían prestar para democratizar la partidocracia dominicana, pero también para corromperla desde la perspectiva de que las mismas pueden ser manipuladas, sobre todo porque el jefe de Estado tiene bajo su control todo el aparato estatal.
Lo malo de la confrontación entre Medina y Fernández es que todas y cada una de sus acciones impactan al universo de los dominicanos, porque se trata de políticas públicas que todo el mundo tendrá que respetar y quiérase o no se quiera cambian las reglas del juego en el sistema político prevaleciente en el país y en su modelo de gobierno, sustentado en lo que se conoce como democracia representativa.
Quién podía imaginarse que estos dos hombres procedentes de los estratos más humildes de la República Dominicana tendrían el poder para manipular la sociedad y manejarla a su antojo, lo cual refleja el bajo nivel de desarrollo institucional del país, cuya deficiencia le ha costado históricamente muy caro a todos los dominicanos.
Durante décadas, República Dominicana ha hablado con orgullo de sus ciudadanos residentes en el exterior.
Los llamamos diáspora. Reconocemos sus sacrificios. Celebramos sus éxitos.
Y cada mes observamos atentamente cuánto dinero enviaron al país.
Pero ha llegado el momento de preguntarnos si el reconocimiento que República Dominicana ofrece a sus dominicanos en el exterior está realmente a la altura de lo que ellos representan para la nación.
Los números hablan con claridad.
En 2025 ingresaron al país US$11,866.3 millones en remesas, mientras que entre enero y julio de 2026 ya se habían recibido US$7,316.4 millones. Estados Unidos continúa siendo, con enorme diferencia, el principal origen de esos recursos.
Pero La República entiende que medir a nuestros emigrantes exclusivamente por las remesas constituye una visión incompleta de la diáspora.
Detrás de esas cifras existen ciudadanos.
Existen familias.
Existen décadas de trabajo y sacrificio.
Muchos dominicanos tuvieron que construir su futuro lejos de su tierra sin abandonar nunca completamente el país que dejaron.
Han sostenido padres, hijos y hermanos. Han financiado viviendas, educación, alimentación y pequeños negocios. Han invertido sus ahorros en República Dominicana y han promovido nuestra cultura fuera de nuestras fronteras.
Nueva York constituye probablemente la expresión histórica más poderosa de ese fenómeno.
Allí los dominicanos han pasado de trabajadores inmigrantes a comerciantes, profesionales, empresarios, dirigentes comunitarios y representantes políticos.
Ahora esa comunidad está cambiando.
Investigaciones recientes muestran una reducción de la población dominicana residente dentro de la ciudad de Nueva York y sugieren un desplazamiento hacia otras zonas de Estados Unidos.
Eso significa que República Dominicana también deberá cambiar la manera en que piensa su diáspora.
No podemos continuar diseñando nuestra relación con el dominicano del exterior como si todos permanecieran concentrados en los mismos barrios de Nueva York.
El Estado dominicano necesita conocer dónde están sus ciudadanos, qué necesitan, cómo están evolucionando sus nuevas generaciones y de qué manera pueden participar más activamente en el desarrollo nacional.
También necesitamos construir una relación que vaya más allá de pedir inversión, promover turismo o celebrar el volumen de las remesas.
La segunda y tercera generación dominicana en Estados Unidos representa un patrimonio extraordinario.
Son jóvenes que pueden dominar dos idiomas, comprender dos culturas y desenvolverse profesionalmente dentro de una de las economías más importantes del mundo.
Mantenerlos vinculados a República Dominicana debe convertirse en una política de Estado.
Eso requiere programas educativos y culturales, oportunidades de inversión transparentes, fortalecimiento de los servicios consulares y mecanismos efectivos para incorporar conocimientos, emprendimientos y capacidades profesionales de la diáspora.
El dominicano residente en Nueva York no debe sentirse importante para su país únicamente cuando envía dinero.
Debe sentirse parte de él.
La República considera que nuestra diáspora constituye una extensión humana de la nación dominicana.
Reconocerla verdaderamente significa escucharla, proteger sus vínculos con el país y crear condiciones para que sus nuevas generaciones puedan seguir sintiendo que República Dominicana también les pertenece.
Porque los dominicanos que un día salieron buscando oportunidades no abandonaron necesariamente la patria.
En muchos casos, simplemente ampliaron sus fronteras.
El motoconcho forma parte de la cotidianidad dominicana. Está presente en los barrios, municipios, comunidades rurales, mercados, hospitales, centros educativos y alrededores de las principales estaciones y paradas del transporte colectivo.
Negar su importancia sería desconocer una realidad social y económica construida durante décadas.
Para miles de ciudadanos representa una fuente de ingresos. Para muchos otros constituye una alternativa rápida para trasladarse hacia lugares donde el transporte público resulta insuficiente o inexistente.
Por eso, criminalizar indiscriminadamente al motoconchista sería un error.
Pero igualmente irresponsable sería ignorar las consecuencias negativas asociadas a la falta de regulación y al incumplimiento de las normas de tránsito.
República Dominicana cerró 2025 con 3,846,694 motocicletas registradas, equivalentes al 57.9 % del parque vehicular nacional. La motocicleta dejó hace mucho tiempo de ser un elemento marginal del tránsito para convertirse en protagonista de la movilidad nacional.
Y precisamente por eso debe preocuparnos otra cifra: de las 2,992 personas fallecidas en siniestros viales durante 2025, más del 65 % eran motociclistas, según datos divulgados por el INTRANT.
No todos eran motoconchistas. Sería incorrecto afirmarlo. Pero la estadística demuestra que quienes se desplazan sobre dos ruedas constituyen uno de los grupos más vulnerables de nuestras vías.
Frente a esta realidad, el país necesita superar dos posiciones extremas: la persecución indiscriminada del motoconchista y la tolerancia absoluta frente al desorden.
Ni prohibición ni anarquía. Regulación.
Todo conductor dedicado al transporte de pasajeros debe estar identificado, poseer la licencia correspondiente, utilizar una motocicleta debidamente registrada y cumplir rigurosamente las normas de seguridad vial.
El casco protector debe ser obligatorio tanto para quien conduce como para quien utiliza el servicio. Las paradas tienen que estar organizadas y ubicadas de manera que no obstaculicen calles, aceras ni entradas de establecimientos. Y las autoridades deben establecer mecanismos que permitan identificar con facilidad al conductor que presta el servicio.
La formalización también beneficia al motoconchista.
Un trabajador registrado y capacitado adquiere legitimidad frente al ciudadano. Deja de ser visto como parte de una actividad desorganizada para convertirse en prestador reconocido de un servicio de transporte.
Los operativos realizados durante 2026 muestran que las autoridades han comenzado a avanzar en esa dirección. En junio fueron intervenidas 488 paradas en distintos puntos del país dentro del proceso nacional de regularización, mientras la emisión de nuevas licencias categoría 1 para motocicletas aumentó 107.5 % entre marzo y junio.
Es un avance, pero la solución no puede depender exclusivamente de fiscalizaciones temporales.
Hace falta una política permanente.
El Estado debe combinar autoridad con educación, organización con oportunidades de formalización y fiscalización con prevención.
También corresponde responsabilidad a los propios motoconchistas. Quien transporta pasajeros no solamente conduce una motocicleta: lleva consigo una vida humana. Respetar un semáforo, utilizar casco, evitar una maniobra peligrosa o reducir la velocidad puede marcar la diferencia entre terminar un viaje o terminar una vida.
Y existe igualmente una responsabilidad ciudadana. El pasajero debe comenzar a exigir seguridad. No debería aceptar como normal abordar una motocicleta sin casco o viajar con alguien que conduce de manera temeraria.
El motoconchismo ofrece beneficios evidentes: genera ingresos, facilita la movilidad, conecta comunidades y complementa el transporte colectivo. Pero también produce desafíos que no pueden seguir posponiéndose: accidentalidad, informalidad, desorden vial y dificultades de identificación y control.
La solución sensata no consiste en acabar con una actividad de la que dependen numerosas familias.
Consiste en dignificarla.
República Dominicana necesita un motoconcho organizado, seguro y profesional. Un servicio donde trabajar no signifique arriesgar la vida y donde llegar rápido nunca sea más importante que llegar vivo.
La República Dominicana tiene razones para valorar cualquier avance que permita ampliar las oportunidades de trabajo. Pero las estadísticas laborales también obligan a observar una realidad que no debe ser normalizada: durante el primer trimestre de 2026, el 54.1 % de los ocupados se encontraba en la informalidad, frente a un 45.9 % de ocupación formal.
El dato merece atención precisamente porque la economía ha comenzado a recuperar dinamismo. En junio, la actividad económica creció 6.4 % interanual y el primer semestre acumuló una expansión de 4.5 %, según el Banco Central.
El país necesita crecimiento, inversión y empresas capaces de competir. Pero necesita igualmente que el progreso económico pueda sentirse en la estabilidad de los hogares.
Un trabajador no deja de ser productivo porque sea informal, ni un pequeño comerciante debe ser visto automáticamente como alguien que pretende incumplir la ley. En muchos casos, la informalidad es consecuencia de barreras económicas, administrativas y estructurales que el Estado tiene la obligación de comprender y reducir.
Por eso, formalizar no puede significar simplemente aumentar controles. Debe significar abrir puertas.
Las micro y pequeñas empresas necesitan procesos sencillos, financiamiento accesible, capacitación y condiciones que les permitan asumir gradualmente sus responsabilidades. Los trabajadores independientes necesitan mecanismos de protección compatibles con la realidad de sus ingresos. Y los jóvenes necesitan una ruta clara hacia su primer empleo formal.
También corresponde al sector empresarial asumir su responsabilidad. La competitividad no puede construirse sobre la precariedad permanente de la fuerza laboral. Una economía moderna necesita productividad, innovación y capital humano, pero también relaciones laborales capaces de ofrecer seguridad y perspectivas de progreso.
El crecimiento económico debe convertirse en una herramienta para ampliar oportunidades y no solamente en una estadística macroeconómica favorable.
Reducir significativamente la informalidad laboral debe ser una prioridad nacional que trascienda gobiernos y coyunturas. Para conseguirlo será necesario coordinar políticas laborales, tributarias, educativas, productivas y de protección social.
La República considera que el país debe avanzar hacia una nueva etapa en la que la pregunta no sea solamente cuántos empleos se crean, sino qué calidad tienen esos empleos y cuánto contribuyen al bienestar de quienes los desempeñan.
Porque detrás de cada porcentaje existe una persona, una familia y una expectativa de futuro.
El desarrollo será verdaderamente exitoso cuando crecimiento, productividad, oportunidades y dignidad laboral avancen en una misma dirección.