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Editorial

Una Confrontación en Todos los Escenarios

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El presidente Danilo Medina y Leonel Fernández mantienen una confrontación política y podría decirse que hasta personal en todos los escenarios, cuyas diferencias amenazan con impactar el país en términos de políticas públicas y del liderazgo nacional.

La primera diferencia en los últimos días tiene que ver con la Ley de Partidos Políticos, cuyo proyecto se discute actualmente en el Congreso Nacional, la cual consiste en que el primero es partidario de las primarias simultáneas y abiertas y el segundo con que sean el mismo día, pero sólo con los padrones de las organizaciones partidarias.

Se trata de una diferencia de fondo, porque la aprobación de cualquiera de las propuestas implica que el escenario político nacional sería impactado positiva o negativamente, ya que las mismas están dirigidas no sólo para controlar el sistema de partidos, sino también a mejorar o manipular el nacimiento de un nuevo liderazgo nacional.

La posición danilista parece inscribirse en su propósito de cerrarse el paso al posible regreso a la presidencia de la República de quien fuera su íntimo amigo, compañero de proyectos a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández Reyna, quien lleva la de perder tanto en el Comité Político como en el Congreso Nacional, donde cuenta con mayoría el presidente de la República.

La medición de fuerzas a lo interno del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana ha sido recurrente en tan importante órgano, el cual tuvo una convocatoria el sábado pasado y se espera que se produzca otra para los próximos días a fin de definir los puntos que están consignados en la Ley de Partidos.

De antemano se adelanta un triunfo arrollador de Danilo Medina en virtud de que cuenta con mucho mayor apoyo en el Comité Político, ya que sus seguidores son mucho más que los de Leonel Fernández, dado que  de 35 que componen la matrícula del CP, el ex-jefe de Estado sólo cuenta con el respaldo de 9.

Igual cosa podría decirse del Congreso Nacional, donde el presidente Medina cuenta con la mayoría de la matrícula, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, donde deberá decidirse la aprobación de la Ley de Partidos Políticos.

El otro escenario donde se observa un pugilato es en lo que respecta a la mediación entre la oposición y el gobierno de Venezuela, la cual tiene lugar en la República Dominicana, donde a instancia del presidente Medina se inicia un proceso de negociación en el que ha sido excluido Leonel Fernández, pese a que éste lleva mucho tiempo jugando ese rol.

La confrontación ha sido tan evidente en este escenario que cualquiera podría preguntarse por qué en las actuales negociaciones no está presente Fernández cuando siempre ha estado jugando un papel como mediador, conjuntamente con el ex-presidente español Rodríguez Zapatero y el panameño Omar Torrijos, pero ahora el control de las conversaciones al respecto la tiene el presidente Danilo Medina a través de la Cancillería de la República Dominicana.

La situación es tan tirante que habría que preguntarse que si hubiera alguna tolerancia por parte del Gobierno frente a Fernández pudo pedirse la presencia de éste, ya que la misma no resta sino que suma, pero al líder del PLD  no le quedó más remedio que reunirse en la Fundación Global con la comisión que participa en el país en las negociaciones por parte del presidente Nicolás Maduro, quienes incluso, tal vez por darse cuenta de lo que pasa, le hizo una especie de reconocimiento al ex-jefe de Estado.

En este terreno también parece que Danilo Medina lleva la mejor parte, ya que se ha difundido mucho optimismo en torno a la posibilidad de una salida negociada a la crisis que vive Venezuela, lo cual fortalece el liderazgo del presidente de la República, no sólo en el ámbito nacional, sino a lo interno de su partido y en el terreno internacional.

Sin lugar a dudas, que Leonel Fernández ha tenido que pagar muy caro lo que muchos danilistas y el propio presidente consideran como la alta traición del líder Peledeísta a las que fueron las aspiraciones de Medina cuando éste quería convertirse en candidato presidencial.

Este cuadro envía el mensaje de que las diferencias son irreconciliables y que la posición del presidente en lo que respecta a la Ley de Partidos Políticos tiene mucho que ver con un proyecto a largo plazo que implica la desaparición del escenario nacional de Leonel Fernández, porque las primarias abiertas y simultáneas se podrían prestar para democratizar la partidocracia dominicana, pero también para corromperla desde la perspectiva de que las mismas pueden ser manipuladas, sobre todo porque el jefe de Estado tiene bajo su control todo el aparato estatal.

Lo malo de la confrontación entre Medina y Fernández es que todas y cada una de sus acciones impactan al universo de los dominicanos, porque se trata de políticas públicas que todo el mundo tendrá que respetar y quiérase o no se quiera cambian las reglas del juego en el sistema político prevaleciente en el país y en su modelo de gobierno, sustentado en lo que se conoce como democracia representativa.

Quién podía imaginarse que estos dos hombres procedentes de los estratos más humildes de la República Dominicana tendrían el poder para manipular la sociedad y manejarla a su antojo, lo cual refleja el bajo nivel de desarrollo institucional del país, cuya deficiencia le ha costado históricamente muy caro a todos los dominicanos.

 

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Editorial

Por ignorancia o por intereses contrapuestos Abinader irrespeta la Constitución.

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Sin que tenga la necesidad, aunque la justificación podría estar explicada en un problema de ignorancia, intereses o de miedo, el gobierno de Luis Abinader, tal vez el peor en lo que respecta a irrespetar el orden constitucional establecido, no se detiene en su imitación de lo que ocurre en los Estados Unidos.

Este periódico ha dicho y ahora por igual lo repite que la constitucionalización del derecho conlleva una gran confrontación con una partidocracia que ha demostrado históricamente que no cree en la ley ordinaria y orgánica, pero mucho menos en la carta magna.

El respeto de la Constitución es parte de una retórica que forma parte de una formalidad que en la realidad no tiene ningún valor, lo cual implica un alto riesgo para la democracia nacional.

El comportamiento del gobierno del PRM y Luis Abinader no difiere en prácticamente nada con los demás que conforman la llamada partidocracia, pero éste por la poca formación que lo caracteriza para conducir el Estado incurre en peores errores que los que le precedieron.

Desde el punto de vista de la jurisprudencia nacional e internacional el actual gobierno ha llegado a extremos que pueden crear serios escollos jurídicos, políticos y sociales al país, porque ponen en cuestionamiento todo el sistema legal, la seguridad jurídica y la justicia constitucional y convencional, la cual se fundamenta en los derechos fundamentales.

La audacia parece ser cada día más peligrosa, porque Abinader y su gente lucen no tener presente que la República Dominicana es el único país del mundo donde se produjo una revuelta armada para exigir el respeto a la constitucionalidad con el derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch en 1963.

Sin embargo, Abinader no para de cometer torpezas que violentan de forma vulgar la Constitución y todo el derecho internacional, en algunos casos por razones de geopolítica y otras veces por responder a los intereses de la desgraciada partidocracia.

El presidente actúa sobre la base de los parámetros que impone la administración de Donald Trump, que es experto en violar la Constitución de los Estados Unidos y todo el derecho internacional.

Y definitivamente Abinader ha decidido acompañar a Trump en sus andanzas en contra del orden legal internacional y de lo que dispone el derecho interno, cuyos mejores ejemplos, entre muchos otros, está el decreto que promulga la Ley 13-26 que persigue eliminar las candidaturas independientes, pese a que las mismas ya son el resultado de una interpretación del órgano facultado para ello como lo es el Tribunal Constitucional, cuya corte sentó una jurisprudencia al respecto que debe ser respetada por todos los poderes públicos, incluido el Ejecutivo, que preside el presidente de la República.

Pero el jefe de Estado dominicano no tiene la menor idea de nada y en consecuencia ahora incurre, tal vez por miedo a las travesuras de Trump, a firmar un memorando de entendimiento para recibir indocumentados deportados a terceros países por disposición de los Estados Unidos, el cual debió conocerse en el Congreso Nacional.

La  vocación anti-constitucional de Abinader es de tal magnitud que aun con el control del Congreso Nacional, cuyos diputados y senadores aprobarían el referido acuerdo, aunque vulnera la Constitución,  él no ve necesario acudir a ellos por lo ocurrido anteriormente con la carta magna y que esa conducta no ha recibido la respuesta que se produciría en cualquier pueblo con un menor nivel de contaminación y enfermedad que el dominicano.

Sólo falta esperar cuál será el próximo paso en términos de violación constitucional de un gobierno que no siente ningún respeto por el orden legal, la justicia constitucional y el derecho internacional, lo que podría implicar una grave amenaza para la democracia nacional.

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Editorial

No hay peor ceguera que el que no quiere ver.

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La democracia dominicana tras la desaparición de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina ha sido una falsa, una mentira que se apoya en unos supuestos avances del Estado Social Democrático de Derecho.

Precisamente en esa falsa descansa la verdad sobre el derrocamiento del gobierno que presidió el profesor Juan Bosch en el 1963, cuya revuelta armada derivada de la acción ilegal tuvo como razón de ser el retorno a la constitucionalidad.

Pero la experiencia sirvió de poco, porque la violación de lo consignado en la ley de leyes sigue siendo el pan de cada día, lo que provoca que los derechos fundamentales no sean más que una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.

Lo que ocurre en el país desde hace décadas era para que ya hubiera habido varias revoluciones armadas por irrespetar la ley sustantiva de la nación, pero todo parece indicar que la sensibilidad del ciudadano con estos temas ha sido doblegada para siempre.

La reciente promulgación de la Ley 13-26 debió ser un motivo más que suficiente para que el ciudadano se lanzara a las calles pacíficamente para exigir el respeto a la constitución de la República, violada descaradamente por el presidente Luis Abinader y su Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuyos diputados y senadores se han ganado la calificación de ser los más conservadores de la historia política del país.

Lo peor de todo lo que ocurre es que cada día los funcionarios públicos y los propios actores de la partidocracia hablan de la constitución como si fuera un documento respetable y sagrado.

La cuestión es que los que mantienen esa actitud no se dan cuenta que provocan lo peor, porque su miopía política indica que les conviene más continuar con  la simulación de que la dominicana es una sociedad democrática, porque lo que podría venir puede ser mucho peor.

Ya este periódico lo había advertido que la torpeza de Abinader no llega más allá de una imitación vulgar de lo que ocurre en los Estados Unidos, donde Donald Trump no emite una orden ejecutiva que no choque con la carta magna.

Pero la mejor resignación no puede ser otra que decir que no se le puede pedir peras al olmo, ya que la incapacidad de las actuales autoridades no deja otra opción que tolerar su torpeza y su falta de formación para dirigir el Estado dominicano.

Pero a los dominicanos tener mucho cuidado con esa tolerancia con el que no tiene la capacidad para dirigir el Estado, porque el país podría entrar en una crisis que lo coloque en el mismo sitial de una nación como la vecina Haití, donde nada es creíble y donde el Estado colapsó para siempre, sin posibilidades reales de recuperación.

Ojo pelao.

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Editorial

Un régimen de apariencia democrática, pero que no respeta el ordenamiento juridico.

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El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), como en los mejores tiempos del que es su base de sustentación, el PRD, no tiene ningún reparo en violar, no sólo la ley ordinaria y orgánica, sino la Constitución de la República.

El PRM es tal vez el mejor ejemplo de la doble moral que enarbolan los partidos políticos, con el agravante de que también es ignorante de lo que implica la conducción del Estado, cuya incapacidad ha sumergido a la sociedad dominicana en los tiempos de la caverna.

En la práctica esta organización política es la negación de la eficiencia, la planificación estratégica y otras virtudes que deben adornar a cualquier político que busque dirigir la nación desde una perspectiva de progreso, crecimiento y desarrollo humano.

El PRM es una muestra muy elocuente de esa cultura de improvisación que arrastra el dominicano desde los tiempos de la colonia, todo como resultado de  la herencia dejada por la religión católica apostólica y romana, a diferencia de las naciones que se inclinaron por el  protestantismo de Martin Lutero de 1517 como una forma de darle una connotación politica a una confrontación contra España, cuya razón de ser era económica y social, ya que en ese momento era la dueña de las riquezas en América.

La administración del PRM, que cumplirá ocho años, se suma a la gran desgracia nacional que tiene su explicación en acontecimiento tan nobles como la guerra restauradora, cuyos buenos resultados en vez de aprovecharse en favor de una nación pobre y golpeado por los imperios, fue utilizada para apartar, perseguir y matar a sus héroes.

Esa conducta que distorsiona los mejores intereses nacionales ahora es replicada por el PRM, cuyos dirigentes son una especie de fiel representación del tigueraje nacional, que se caracteriza por no tener escrúpulo para actuar en una u otra dirección.

Pero el problema es mucho más complejo que el que proyecta y simboliza el PRM, porque el escenario está lleno de estos antivalores de la política, tanto es así que hay otros del mismo carácter tan o más dañino que éste, lo que ha generalizado el criterio de que se trata de un sistema que representa un partido único, cuya sola diferencia es el  color que usan  y los nombres de sus principales actores, aunque proceden de la misma manera cuanto se trata de la implementación de políticas públicas, las cuales tienen como sustento la corrupción administrativa y la incapacidad para manejar el patrimonio nacional.

El desastre que representa el PRM por mucho que se quiera pregonar algún progreso en términos gubernamentales, no pasa de una mentira que nadie cree después de los ocho años de Abinader, cuya deuda social acumulada, asi  como el endeudamiento  externa e interna y el aumento desproporcionado del gasto público y una política exterior más conservadora y negadora del derecho internacional.

Por lo que se ve, el retroceso generado por el PRM en el país podría implicar que para superar su pésima gestión la nación tendrá que pasarse décadas, si es que en el camino surge una propuesta que realmente ame a la República Dominicana y piense en la dignidad del pueblo.

De lo que sí se puede estar seguro es que el PRM parece que dejará la sociedad dominicana en una situación que para superarla son muchos los sacrificios que habrá que hacer, sobre todo porque sus acciones en violación del derecho constitucional tienen una grave repercusión en la seguridad jurídica, lo que incluso podría reducir una de las fuentes de alimentación de la economía nacional como es la inversión extranjera directa, así como el turismo y la remesa nacional.

Ya es poco lo que se puede esperar de un país en el que el presidente de la República encabeza las ilegalidades cometidas en contra de jurisprudencias del Tribunal Constitucional (TC), cuyas acciones antijurídicas colocan al Estado a la zaga de las demás naciones de la comunidad internacional, donde el derecho comparado es un referente importante para medir la calidad de sus democracias.

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