Editorial
Una decisión ajustada a la Ley, pero que pudo ser diferente.
El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional varió la prisión preventiva que pesaba sobre el ex-procurador general de la República, Jain Alain Rodríguez, principal imputado en el caso Medusa.
La decisión no deja de provocar una serie de reflexiones que no dejan dudas de que en el país existe toda una tradición de que estos casos se diluyen en el proceso como consecuencia de que aparte de los argumentos de ley que se puedan esgrimir, la dominicana es una sociedad de la componenda y de la corrupción generalizada.
Ahí es que estriban las dudas al respecto de los diferentes sectores que conforman la vida nacional, cuyo ejemplo más reciente tiene que ver con el caso Odebrecht y en el que los imputados se salieron con las suyas, pese a que en la mayoría de los países del hemisferio las consecuencias fueron otras.
Pero otro ejemplo por el que se ha promovido la justicia dominicana, tiene que ver con el caso de los Super Tucanos, entre otros, por lo que la variación de la medida de coerción de prisión preventiva a arresto domiciliario lleva al ciudadano dominicano a temer de que el final de este caso será parecido o igual al de Odebrecht.
Nadie puede negar que uno de los alegatos en los casos de corrupción que se han conocido en el país, es la supuesta deficiencia del Ministerio Publico, ya que tal vez no ahora, pero este órgano siempre se ha visto como un instrumento de promover la politiquería que arropa a la República Dominicana.
Todo el que vive en el país sabe que independientemente de que la variación de la medida de coerción pueda ser procedente vista desde el mandato de la ley, lo cierto es que esto aumenta la posibilidad de maniobra de los imputados por tratarse, si asumimos al pie de la letra lo dicho por el Ministerio Público, de una red mafiosa que se apropió de cantidades muy grandes de dinero del patrimonio público.
Y ciertamente hay que colegir que si ha habido intento de soborno de algunos testigos e incluso amenazas en contra de otros, entonces hay que suponer que estos excesos de los imputados ahora serán peores y probablemente algunos de ellos puedan ejecutarse.
Entonces, en el proceso debe quedar claro que los esfuerzos del Ministerio Público se han desvanecido como resultado de su incapacidad para evitar la variación de la prisión preventiva mediante la aportación de las pruebas que convencieran al juez de prologar esa medida de coerción.
El que tiene los pies en la tierra sabe muy bien que independientemente de lo dicho por el juez que varió la medida de coerción a Jain Alain, ahora él tiene la posibilidad para maniobrar en favor de su causa, porque tiene la oportunidad, al tener una menor supervisión, de recurrir a sus agallas para cometer cualquier acción, por ilegal que sea, sin importar las consecuencias, para hacer desaparecer cualquier prueba que pueda haber en su contra.
Los temores sobre el curso que podría tomar este caso son lo suficientemente legítimos, pese a que la decisión del juez de Atención Permanente del Distrito Nacional está fundamentada en el mandato de la ley, pero también en la deficiencia del Ministerio Público para impedir la variación de la medida de coerción, la cual se constituye en una ganancia de causa para el imputado.
Aunque ciertamente las elecciones de los Estados Unidos no constituyen un asunto de fondo, porque ya lo ha dicho este periódico, porque ambos candidatos representan prácticamente lo mismo en política exterior, aunque sí hay una cierta diferencia en asuntos internos como la inmigración.
Sin embargo, hay que ser realista y reconocer que no es lo mismo Trump que Harris, porque el primero tiene una posición ultraconservadora y de maltrato a los que provienen en los Estados Unidos de naciones pobres y subdesarrolladas.
Y eso visto desde los intereses de la región implica mucho, porque no hay quién se atreva a decir que la inmigración no ha sido una válvula de escape de la crisis eterna de las naciones del tercer mundo, máxime en sus economías que se manejan en medio de grandes déficits fiscales y deudas, cuya principal tabla de salvación es precisamente la remesa que procede de su gente en el exterior.
Entonces, a partir de cómo impactan las elecciones estos temas, tiene una importancia capital las elecciones que tuvieron lugar el pasado martes en los Estados Unidos y donde resultó elector Donald Trump.
Buscar eliminar la inmigración de la gente de Latinoamérica hacia los Estados Unidos representa una fórmula de agudizar sus crisis, incluida la política.
Pero además el hecho de que Trump haya sido el elegido en los comicios de la nación más poderosa del mundo indica que muchos antivalores serán asimilados por los políticos que están bajo su órbita, lo cual indica que la mala conducta y corrupción es una opción mucho más viable en Latinoamérica.
De manera, con las elecciones recién concluidas en la nación mas poderosa del mundo también estaba echada la suerte de los países latinoamericanos.
Ahora no queda duda de la preferencia del ciudadano estadounidense , cuya validación de una conducta supuestamente reprochable por el sistema norteamericano ha sido confirmada, lo que mucho gente no quería y en consecuencia la misma puede ser reproducida por todo aquel actor político que no cree en otra cosa que en eso, sobre todo en las naciones que están bajo su influencia.
Sin embargo, hay que decir que la decisión tomada por el votante en las pasadas elecciones es legitima en atención a sus derechos ciudadanos, pero la misma deja un mal sabor para el que propugna y aboga por verdaderos cambios.
De manera, que nadie ponga en tela de juicio la cuestión, que el voto en favor de Trump tiene un impacto en la vida y el futuro de las familias de los inmigrantes que viven en los Estados Unidos y de los países de donde son originarios, porque el triunfo de este político podría implicar dañar la vida de los que venden sus fuerzas de trabajo en la unión americana y de la necesaria institucionalidad de las naciones de donde provienen.
El Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no pegan una, actúan como si no tuvieran la menor idea de lo que quieren y de sus metas.
Buscan combatir la corrupción, pero al propio tiempo la promueven, cuyo mejor ejemplo de ese comportamiento es que ahora andan de las manos de los corruptos que hace poco fueron acusados de incurrir en este flagelo.
Porque la verdad es que Abinader y el PRM no tienen ninguna diferencia con el PLD, la Fuerza del Pueblo y otras crápulas de la política vernácula.
Puede asegurarse que la diferencia sólo tiene que ver con el nombre de los actores, tal vez el color de la piel u otros detalles de poca trascendencia, porque en el fondo tienen el mismo comportamiento ante el patrimonio público.
Aunque de alguna manera se cuidan de no exhibir su doble moral, pero su conducta los traiciona, como ocurre ahora que hablan de derechos constitucionales, pero los violan cuando entienden que deben hacerlo.
Hace prácticamente horas que en un acto solemne proclaman una nueva Constitución, pero luego viene la violación de los derechos más sagrados del ser humano, el de la intimidad, el honor y el buen nombre.
La desfachatez es tan grande que a los pocos días repiten los mismos errores, aunque con una poderosa razón para incurrir en los mismos, como es la torpeza, lo cual, incluso, va en contra de lo que proclaman, porque es que no saben diferenciar una cosa de otra.
Lo grave de todo esto es que Luis Abinader y el PRM con su comportamiento legitiman a una oposición que no tiene derecho hablar, porque es igual que los que hoy ocupan el gobierno.
De manera, que los que buscan llegar al poder a través de sus críticas al Gobierno sólo tienen como consigna “quítate tú pa ponerme yo y nada más, pero lo propio hacen los que ahora están arriba y que luego se ven abajo.
El presidente Luis Abinader ha hecho un gobierno dependiente casi totalmente del endeudamiento público, cuya falta de planificación estratégica lo convierte en una víctima de esta peligrosa vía.
Su desenfrenada política de endeudamiento es una forma de irse por lo más fácil, siempre a partir de los ejemplos de países de la zona que también se apoyan en una opción que si no hay calidad del gasto sumerge la nación en una situación insostenible.
De acuerdo a economistas nacionales que se manejan al margen del partidarismo político, consideran que ya el país tiene comprometido de sus ingresos alrededor de un 72 o 74 por ciento.
Es decir, es una situación de coger más préstamos para cumplir con los ya asumidos, lo cual crea un circulo vicioso en la economía que conlleva grandes sacrificios para los dominicanos.
Ahora mismo el país se encamina a un endeudamiento público, tanto interno como externo, realmente insostenible, pero el peligro no para porque el Poder Ejecutivo sigue con un reforzamiento irracional de esa vía.
El Congreso Nacional no para de aprobar préstamos, lo cual ya ha preocupado hasta a los propios legisladores oficialistas, cuyo último en pronunciarse fue Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
Evidentemente que no se miden las consecuencias de un endeudamiento público insostenible, máxime sin una reforma fiscal integral y que sea más progresiva que regresiva.
Parece que el Gobierno ha armado su propia trampa, la cual no luce que pueda ser superada, porque la escogencia de la vía más fácil del endeudamiento que procurar aumentar la producción nacional y en consecuencia mejorar los niveles de las exportaciones el país se inclina por lo más peligroso.
El dominicano es bueno que entienda que así como resultada de peligroso un gobierno corrupto, igual ocurre cuando el mismo también es incapaz, porque es un riesgo doble, porque si bien una cosa es mala la otra todavía es peor.
Ojos pelaos.