Editorial
Una decisión ajustada a la Ley, pero que pudo ser diferente.
El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional varió la prisión preventiva que pesaba sobre el ex-procurador general de la República, Jain Alain Rodríguez, principal imputado en el caso Medusa.
La decisión no deja de provocar una serie de reflexiones que no dejan dudas de que en el país existe toda una tradición de que estos casos se diluyen en el proceso como consecuencia de que aparte de los argumentos de ley que se puedan esgrimir, la dominicana es una sociedad de la componenda y de la corrupción generalizada.
Ahí es que estriban las dudas al respecto de los diferentes sectores que conforman la vida nacional, cuyo ejemplo más reciente tiene que ver con el caso Odebrecht y en el que los imputados se salieron con las suyas, pese a que en la mayoría de los países del hemisferio las consecuencias fueron otras.
Pero otro ejemplo por el que se ha promovido la justicia dominicana, tiene que ver con el caso de los Super Tucanos, entre otros, por lo que la variación de la medida de coerción de prisión preventiva a arresto domiciliario lleva al ciudadano dominicano a temer de que el final de este caso será parecido o igual al de Odebrecht.
Nadie puede negar que uno de los alegatos en los casos de corrupción que se han conocido en el país, es la supuesta deficiencia del Ministerio Publico, ya que tal vez no ahora, pero este órgano siempre se ha visto como un instrumento de promover la politiquería que arropa a la República Dominicana.
Todo el que vive en el país sabe que independientemente de que la variación de la medida de coerción pueda ser procedente vista desde el mandato de la ley, lo cierto es que esto aumenta la posibilidad de maniobra de los imputados por tratarse, si asumimos al pie de la letra lo dicho por el Ministerio Público, de una red mafiosa que se apropió de cantidades muy grandes de dinero del patrimonio público.
Y ciertamente hay que colegir que si ha habido intento de soborno de algunos testigos e incluso amenazas en contra de otros, entonces hay que suponer que estos excesos de los imputados ahora serán peores y probablemente algunos de ellos puedan ejecutarse.
Entonces, en el proceso debe quedar claro que los esfuerzos del Ministerio Público se han desvanecido como resultado de su incapacidad para evitar la variación de la prisión preventiva mediante la aportación de las pruebas que convencieran al juez de prologar esa medida de coerción.
El que tiene los pies en la tierra sabe muy bien que independientemente de lo dicho por el juez que varió la medida de coerción a Jain Alain, ahora él tiene la posibilidad para maniobrar en favor de su causa, porque tiene la oportunidad, al tener una menor supervisión, de recurrir a sus agallas para cometer cualquier acción, por ilegal que sea, sin importar las consecuencias, para hacer desaparecer cualquier prueba que pueda haber en su contra.
Los temores sobre el curso que podría tomar este caso son lo suficientemente legítimos, pese a que la decisión del juez de Atención Permanente del Distrito Nacional está fundamentada en el mandato de la ley, pero también en la deficiencia del Ministerio Público para impedir la variación de la medida de coerción, la cual se constituye en una ganancia de causa para el imputado.
La sentencia del Tribunal Constitucional permite que en el panorama político dominicano tenga vigencia la figura de las candidaturas independientes.
Esta decisión sí que impacta de una forma importante la democracia nacional, la cual está agonizante por la conducta de los actores del sistema de partidos tradicionales.
Quién le puede quitar el carácter de depredadora de la partidocracia, la cual se aprovecha de todo y lleva inexorablemente al país a otra Grecia, Argentina o Puerto Rico.
Los robos del patrimonio público no son moderados, lo que de ninguna manera es aceptable, dado que los políticos tradicionales no se conforman con cien millones de dinero del pueblo dominicano, sino que hacen hasta lo imposible para sustraer miles de millones.
Para ilustración al respecto, los ejemplos están a la orden del día, con el agravante de que los que hacen turno desde la oposición sólo persiguen apoyarse en la expresión muy popular que dice: “quítate tú, pa ponerme yo”.
Ahí están los ejemplos de Danilo que se peleó con Leonel por esa causa y ahora la de Abinader que reproduce en muchos aspectos la misma conducta de los dos primeros.
Si bien es cierto, que la crisis de valores de que adolece el país podría llevar al poder a cualquier degenerado que se proyecte como buena gente, lo cierto es que las candidaturas independientes es un mecanismo más democrático y participativo,
Es decir, que aun en el caso de que la figura de las candidaturas independientes conlleve riesgos, pero lo cierto es que es una vía más acorde con el proceso de democratización de la política, sobre todo en Latinoamérica, donde hay profundos antivalores que ponen en peligro la cultura cívica, moral y ética de estos pueblos.
De manera, que La República promueve un apoyo masivo, abierto y sin reservas a la decisión tomada por el Tribunal Constitucional, porque esa sentencia abre un camino importante hacia la democratización, la participación, el adecentamiento y el mejoramiento de los niveles de institucionalidad del Estado dominicano.
El reto está echado. Manos a la obra.
La educación es la puerta al desarrollo, cuya expresión no se trata de un cliché, sino de una realidad que debe ser digerida o comprendida por todas las naciones del planeta.
El fenómeno de una buena educación ha sido aprovechado al máximo por las naciones asiáticas, como Simgapur, Corea del Sur y Japón.
Estas naciones del continente asiático han tomado el toro por los cuernos en lo que respecta a invertir para su desarrollo y de esa manera impactar a todo el planeta.
Pero la pregunta que debe hacerse cualquier persona con un nivel óptimo de inteligencia y por qué a países como la República Dominicana se le hace tan difícil ocupar esos niveles de desarrollo cognitivo y de un mayor coeficiente de inteligencia.
Es común escuchar a cualquier joven decir en este lado del mundo que para tener dinero no se necesita estudiar, lo cual no obedece totalmente a la verdad, porque en cualquier lugar del universo donde se prioriza la educación, la tecnificación y la buena formación le sirve más que toda la riqueza material que se pueda tener, aunque generalmente la primera garantiza la segunda.
Debe entenderse que las naciones de economía informal, del día a día, de poco desarrollo industrial, el trabajo artesanal es lo que predomina y en consecuencia un país al margen del conocimiento no tiene otras formas que sobrevivir mediante el trabajo rustico y poco tecnificado.
Es decir, que para cualquier país del tercer mundo rebasar su pobreza y precariedades tendrá que insertarse en el mundo del conocimiento, de las ciencias y de las tecnologías, no importa que tantos plátanos y mangos exporte.
Si la República Dominicana quiere tener un desarrollo verdadero, no de palabras y de campañas publicitarias, debe, primero, mejorar la calidad de la inversión del 4 por ciento en educación y empeñarse en superar ese nivel, a fin de que al cabo de algunos años se pueda ver en el espejo de las naciones que hoy exhiben un desarrollo envidiable como Uruguay, Argentina y Chile o tal vez mejor decir como Singapur, Corea del Sur y Japón, entre muchos otros.
La educación, sin lugar a dudas, es la puerta hacia el desarrollo inclusivo, imitemos los ejemplos que tenemos a la vista, pero ello debe estar acompañado de planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo, sin lugar a dudas, la principal debilidad de los países pobres y subdesarrollados.
Nadie se atreve a negar el poder de los Tribunales Constitucionales en las democracias del siglo 21. Un buen ejemplo, entre muchos otros, es la sentencia TC/0767/24 que anula por inconstitucional la Ley 1-24, que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
En el campo internacional otro buen ejemplo de ese poder inmedible del constitucionalismo es lo que acaba de ocurrir en Rumania, donde el alto tribunal anuló la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en esa nación europea.
De manera, que ese poder extraordinario se repite regularmente en diferentes naciones del mundo, incluida la República Dominicana, donde el Tribunal Constitucional, como legislador negativo, acaba de dar un plazo de un año al Congreso Nacional para que corrija los errores procedimentales en la aprobación de la Ley 10-15 que modifica el Código Procesal Penal por éstos ser violatorios de la normativa procesal que establece sobre la materia la carta magna.
En realidad, se trata de un fenómeno mundial, dado que el constitucionalismo es prácticamente la guía de las nuevas democracias del mundo.
Todo ello demanda que el Tribunal Constitucional dominicano ponga en primer plano la revisión de las acciones de amparo que son sometidas a la alta corte.
Esperar años para fallar los recursos de revisión de acciones de amparo, incluidas las de cumplimiento y electoral, socaba la credibilidad del Tribunal Constitucional que está llamado a corregir las debilidades de que adolece el sistema de justicia, entre ellas la llamada mora judicial.
No hay una explicación lógica de que el Tribunal Constitucional se tarde hasta dos años para fallar una revisión de una acción de amparo cuando el articulo 102 de su propia Ley orgánica habla de 30 días, cuyas decisiones tardías cuando se producen ya no surten ningún efecto.
Cualquiera se podría preguntar si es que se trata de una manipulación o de un condicionamiento, máxime cuando la revisión de las acciones de amparo persigue corregir cualquier distorsión de los derechos fundamentales, no importa que provenga de los partidos políticos cuando se trata de asuntos electorales.
Sólo mediante esa interpretación se podría entender la tardanza del TC para solucionar un problema que está asociado a violaciones graves de un derecho fundamental como es, por ejemplo, el de elegir y ser elegible.
Es imperdonable que el Tribunal Constitucional someta al justiciable al mismo dolor de cabeza que proviene de la Suprema Corte de Justicia, cuyas sentencias son evacuadas cuando las partes ya han muerto.
Necesariamente hay que preguntarse por qué el TC no quiere poner en cintura a los partidos políticos, pese a que son los que más daños hacen con su conducta a la democracia.
Hay recursos de revisión de acciones de amparo que alcanzan hasta los dos años y todavía no hay una forma de que se produzca un fallo. Se impone resolver esa mora porque al final de cuentas esa falla socava la seguridad jurídica, el principio de legalidad, la credibilidad del Tribunal Constitucional y de todo el sistema de justicia nacional.
No hay lugar a dudas que la tardanza del Tribunal Constitucional para fallar los recursos de revisión de las acciones de amparo representa un desequilibrio en la alta corte que debe ser corregido a la mayor brevedad posible.
Se impone que el TC se ajuste al mandato de su ley orgánica, la 137-11, para que preserve su credibilidad, porque no se puede ser estricto para hacer cumplir la Constitución en algunos casos, pero no así para otros. Esa debilidad del TC es comprobable con la celeridad que muchas veces conoce la acción directa de inconstitucionalidad, pero relega a años las revisiones que tienen que ver con el amparo, sobre todo cuando se trata de asuntos electorales que involucran violaciones cometidas por los partidos políticos.