Editorial
Una decisión que aunque correcta procesalmente, daña aún más la imagen de la justicia.
La Suprema Corte de Justicia ha tomado una medida que marca dañinamente al sistema de justicia de la República Dominicana, por tratarse del caso Odebrecht, el proceso más importante en la historia de la corrupción administrativa del país.
No se puede negar que con la decisión se retoma un principio general del derecho que de todo condenado puede recurrir su caso ante un tribunal superior, lo cual no podía ocurrir en el caso Odebrecht porque todos fueron arrastrados hacia un juicio en una jurisdicción privilegiada por estar involucrado en el mismo un senador de la República.
Ahora el caso ha sido transferido hacia lo que se conoce como el juez natural, que es precisamente un tribunal de primera instancia ordinaria, lo cual implica que el presente proceso se alargue en el tiempo y surta un efecto social y político, sobre todo ahora que se desarrolla una contienda electoral para escoger las nuevas autoridades nacionales.
Lo otro es que el fallo al respecto se produce luego de una serie de criticas al Consejo Nacional de la Magistratura por haber escogido a un presidente de la Suprema que se le señala como miembro del Comité Central del partido de gobierno y que por demás se le vincula con unos de los imputados por haber sido en el 2016 su jefe de campaña.
Todo esto complica y profundiza el cuestionamiento a un sistema de justicia que está bastante desacreditado, no por capricho, sino por la conducta de la mayoría de los jueces del país, cuyas sentencias son generalmente cuestionadas por ser parcializadas o cuando menos por ser el resultado de la negligencia, la ineptitud o la complicidad.
La sociedad atraviesa por momentos muy difíciles, dado que no hay forma de que los actores de la vida política nacional reaccionen frente a los atropellos que se cometen en contra del estado de derecho, cuya falta de respuesta de la población es atribuida a que la gente luce cansada y enferma.
A pesar de que la decisión de la SCJ se ajusta al debido proceso consignado, no sólo en el derecho procesal dominicano, sino también en la Constitución de la República y en tratados internacionales, pero nadie puede negar que lo ocurrido había sido advertido por jueces con experiencia y por expertos en derecho penal.
Sin embargo, ahora cuesta esperar a que las cosas se hagan de forma diferente y en absoluto respeto a la normativa procesal y a principios universales del derecho a la defensa, lo cual no ha sido ponderado en el caso Odebrecht.
Desde el principio se ha hablado de que en el caso no están todos los que son ni son todos los que están, lo cual ha restado credibilidad al proceso de investigación desarrollado por el Ministerio Público, que dejó fuera de las indagatorias obras tan importantes como Punta Catalina, la cual recibe el calificativo de cuerpo del delito.
Sin lugar a dudas, que el gran perdedor con la decisión de la Suprema Corte de Justicia lo es el Ministerio Público y en consecuencia el Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana que es acusado de poner la justicia al servicio de la corrupción y la impunidad.
Desde hace años en el país ha habido un debate sobre las debilidades más perjudiciales de la sociedad dominicana y entre ellas está la improvisación, la falta de planificación estratégica.
La consecuencia de ese mal es lo que deja como resultado lo ocurrido este martes en la discoteca Jet Set, donde han fallecido unas 124 personas y hay docenas de heridos.
La razón de ser de esta tragedia tiene que ver con el hecho de que en el país no se fiscaliza nada y producto de esa irresponsabilidad del Estado podrían producirse muchas más desgracias como la ocurrida.
En todo el territorio nacional los techos de los edificios, ya sean residenciales o comerciales, están llenos de plantas eléctricas de alto cilindraje y tinacos con un peso que muchas veces no soporta la edificación.
Pero el Estado no reacciona frente esa irregularidad y se verá como en pocos días todo vuelve a lo que es normal dentro del desorden y es que nadie ni mencione lo ocurrido.
Son incontables los edificios que están amenazados de colapsar por esta causa, pero quienes tienen la misión de darle seguimiento a ese peligro sencillamente no lo hacen.
Ahora lo que viene es enterrar a los muertos y que todo lo anormal siga su curso y la gente prepararse para derramar lágrimas en el próximo evento de igual o peor magnitud.
Entonces, siendo así las cosas, la recomendación de este periódico es que este asunto se maneje desde una perspectiva política y no hay otra opción que el ciudadano se empodere para ver si son posibles los cambios que impidan que estas tragedias ocurran.
Pudiera parecer descabellado el planteamiento al respecto, pero para que por lo menos los riesgos sean menores, porque nunca se estará libre de acontecimientos desagradables como éstos, pero si se promueve una cultura de prevención, los resultados podrían ser totalmente diferentes.
Luchemos por una sociedad donde prevalezca la planificación estratégica, la regulación, la fiscalización y la prevención para evitar todo lo que puede ocurrir por una visión contraria por parte de los que manejan el Estado.
Sin pretender quitarle importancia al derecho, valor y principio de igualdad, porque se supone que todos somos iguales ante la ley, pero la transferencia de los liderazgos políticos en el país es motivo de una gran preocupación.
En los actuales momentos la democracia nacional está en crisis y cualquiera sin un ápice de buenas intenciones puede convertirse en un líder nacional, porque esas son de las cosas que ocurren cuando un país llega al fondo en lo que respecta a los valores.
La República Dominicana atraviesa por ese trance, ya que hay una famosa expresión que dice que una gota de agua cae tanto en el mismo lugar hasta que hace un hoyo.
Exactamente eso ha ocurrido en el país, dado que ha sido tanta la corrupción y las acciones antijurídicas y anti morales, así como anti éticas que ya la gente parece haberse cansado.
Es de tal magnitud el problema que los funcionarios públicos que provienen de la partidocracia no se conforman con sustraer (50) cincuenta ó (100,000,000.00) cien millones de pesos, sino miles, cuyos mejores ejemplos son encontrados en los casos que están a punto de caer en prescripción extintiva porque ya van a cumplir 4 años de haberse iniciado.
Pero no es solo ese el problema, sino que la partidocracia ahora quiere perpetuar ese mal con dejar como herencia la administración del patrimonio público a sus esposas, hijos y nietos, principales beneficiarios de la sustracción del dinero del Estado.
Los herederos de la partidocracia ya están muy activos en la vida nacional y sólo esperan que sus padres y madres envejezcan para entonces ellos tomar las riendas del Estado para que continúe la fiesta de la que no participa el pueblo dominicano.
El fin de esa interminable parranda solo se llegará si la ciudadanía toma el toro por los cuernos e incluso impide que en el campo de la política partidista las cosas se manejen como si se tratara de una herencia proveniente de la determinación de herederos establecida para cuando el de cujus ha dejado bienes que sus legítimos herederos son sus hijos y nietos.
La partidocracia busca prolongar sus ilegales acciones hasta los más lejanos de sus herederos, mientras el pueblo dominicano no tiene derecho a la salud, la educación y una vivienda digna.
El momento parece haber llegado para decir basta ya y plantear una nueva regla del juego con la entrada de una forma diferente la figura de las candidaturas independientes, la cual parece representar una amenaza para que sobreviva el Estado Social Democrático y de Derecho, dado que algunos de los representantes de la partidocracia ya pretenden atentar hasta en contra de la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Lo primero que debe establecerse es que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes representa un paso vital para convertir la democracia nacional en más participativa.
Esta decisión del TC, quiérase o no, permite que el ciudadano se empodere y si lo hace correctamente podría detener la debacle que han impuesto en la sociedad dominicana los partidos políticos, cuya principal misión es promover anti-valores.
Ante los argumentos de la partidocracia, habría necesariamente que preguntarse y si ellos están tan bien como dicen, por qué tanto miedo con las candidaturas independientes, sobre todo si se entiende que si esta figura jurídica no es aprovechada por ahí podría ser que no venga nada nuevo y que en segundo lugar pueda servir para traer algo peor de lo que tenemos.
Entonces, si es verdad que se trabaja en favor de la sociedad, se impone que no se exhiba tanto miedo, porque si consideran que hacen lo correcto, pues no deben preocuparse.
Es un verdadero contrasentido muchas de las cosas que se dicen, porque si fuera algo que verdaderamente reviste tanto peligro, lo que procede es desmontar su importancia con argumentos con lógicos y despojados de todo mal razonamiento.
En una sociedad cimentada en antivalores no es fácil lograr cambios importantes, pero si la herramienta existe podría venir la reformación integral del Estado dominicano.
Las candidaturas independientes son una tabla de salvación nacional de una sociedad en la que ya no cabe más corrupción, contaminada de los pies hasta la cabeza y lo contrario.
Ahora falta que el ciudadano, vale decir la mayoría de ellos, se despoje de ese fanatismo que tradicionalmente lo ha cegado en favor del partidarismo, a fin de asumir con la toda la responsabilidad posible esta nueva figura que podría cambiar totalmente el escenario político nacional.
Hace falta que todos nos armemos de coraje y vayamos al Congreso Nacional a defender en las vistas públicas que habrán de anunciarse sobre las candidaturas independientes, ya que no hacerlo sería apostar al fracaso de la sociedad dominicana.
Que se entienda que la pelea está echada y que nadie detendrá las aspiraciones de los amplios sectores de la vida nacional de tener un país mejor, ya no soportan más corrupción y la negación de derechos, principios y valores constitucionales.
Lo que debe prevalecer en el ánimo nacional es darle vigencia al Estado Social Democrático y de Derecho, a los fines de que prevalezcan los deseos sanos y de verdaderos cambios del pueblo dominicano por una sociedad mejor.