Opinión
Una digresión inoportuna
Por Melvin Mañón
Y una advertencia en primera línea al lector. Este artículo debe leerse como complemento a una publicación anterior a la firma de Felipe Ciprián titulada: “Las mesnadas de Leonel atacan”. Debo consignar además que, ese artículo de Felipe, trajo hasta mí, una pieza de información, un eslabón contextual que durante mucho tiempo había buscado sin encontrar. Me refiero a la herencia legada a los dominicanos por Juan Bosch. Adicionalmente, aunque en menor medida, recomiendo al lector, repasar otro artículo, esta vez de mi autoría titulad “De lo que estamos hablando”. Finalmente, pido excusas por entrar a este tema, en cierto modo en desmedro de otros de mayor urgencia y actualidad.
Tengo sabido, escrito y publicado tanto en artículos como libros que don Juan Bosch era un hombre austero en lo personal, serio en su conducta, pulcro en el manejo de los recursos, exigente en el comportamiento propio y ajeno, apegado a una ética por todos conocida, educador y maestro por vocación tanto como por necesidad. Como todos los dominicanos que saben algo de la historia de su país, he sabido que cuando fue presidente, después tampoco, don Juan no robó, no mató, no abusó. También tengo sabido que don Juan fue un excelente narrador y más de una vez he leído todos sus cuentos y disfrutado sus ensayos y de todos estos ángulos de Juan Bosch he dicho, compartido, escrito y educado también.
Pero había otro Juan Bosch soberbio, intolerante, caprichoso si se me permite usar la palabra, cuya existencia se me asomaba ocasionalmente sin que hubiera yo podido armar el rompecabezas poniendo esas piezas en el contexto apropiado. De hecho, ese acercamiento a la personalidad de don Juan y por ende a su legado me vino original y reiteradamente por vía del coronel Caamaño en Cuba y posteriormente a través de oficiales constitucionalistas y uno que otro dirigente de izquierda o intelectual independiente. Tres Caamañ Francisco Alberto, que no necesita presentación; Claudio, que tampoco la necesita y Álvaro, quien fuera escolta de Francis durante toda la contienda de abril, dieron ante mí testimonio de inconformidad y disgusto profundo con Juan Bosch y tres veces estuve yo en desacuerdo con ellos. Ahora ya no lo estoy, en gran medida, gracias a los trabajos de Felipe Ciprián, algunos de cuyos párrafos cito íntegros a continuación:
“La llegada del PLD al gobierno no fue, para nada, el resultado de su heroísmo, sino un regalo obligado de Joaquín Balaguer en 1996 para detener a Fernando Álvarez Bogaert, que como candidato a la Vicepresidencia de la República sería el seguro Presidente con la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez, que medio país sabía que estaba en “artículo de muerte” y aun así era el favorito para ganar las elecciones presidenciales postulado por el PRD.
Viví la rebelión del país entero contra los efectos perversos de la receta del FMI aplicada por Salvador Jorge Blanco en abril de 1984 donde más de 300 personas fueron asesinadas por tropas militares y de la Policía Nacional por orden directa y expresa del gobernante, 5,000 quedaron heridas de bala y 18,000 fueron llevadas a la cárcel.
En el cementerio, en los hospitales y en la cárcel se juntaron principalmente personas humildes de los barrios, militantes de izquierda, algunos perredeístas, reformistas que desafiaban al gobierno del PRD que les arrebató el poder, pero no peledeístas. Ese no era su estilo. Era un partido –definido así por el mismo líder Juan Bosch- de “gente seria” que no participaba en “pobladas”, que no invadía terrenos para que los campesinos sin tierra pudieran trabajar y que no se manifestaba en las calles.
El PLD aplicó tan bien esa directriz que cuando se vinculó, finalmente, al movimiento obrero, dividió la Central General de Trabajadores (CGT) que lideraba Francisco Antonio Santos y creó la CGT-Mayoritaria (morada) de Nélsida Marmolejos. En el caso de la zona rural, el vigoroso Movimiento Campesino Independiente (MCI) que tanto esfuerzo nos costó forjar y echar a luchar, fue ocupado por su cúpula, diezmado y finalmente destruido por el PLD para aplastar cualquier lucha reivindicativa en el campo.
En más de una ocasión, luego de la rebelión popular de 1984 y cuando la continuidad de las protestas desencadenaba paros generales, el propio Bosch -para justificar la ausencia del PLD al lado de las protestas- dijo que esos paros no eran generales, porque si bien la industria, el comercio, el transporte y la docencia se paralizaban, los “guardias y policías” estaban trabajando en la represión de la manifestación contra el FMI y el gobierno de Jorge Blanco.
Todo lo anterior está suficientemente documentado como para concluir que cuando se trataba de luchar contra las arbitrariedades, defender la libertad y reivindicar el derecho de la gente a una vida digna, los peledeístas se limitaban a hacerlo por su periódico “Vanguardia del Pueblo” y en reuniones internas, mientras a otros nos correspondía ir a batirnos en los caminos y campos del país para defender los derechos.
Pero todo cambió cuando llegaron al poder. El gobierno Leonel abandonó todo lo bueno de Bosch y copió y amplió lo malo de los gobiernos de Balaguer y su “anillo palaciego”.
El valor que les faltó para enfrentarse a Jorge Blanco-FMI en abril de 1984 y las jornadas subsiguientes, ahora les sobra para encubrir la corrupción y el desparpajo en el ejercicio de la política desde el partido que fundara Juan Bosch desde la más extrema honradez personal y humildad en su estilo de vida”.
Felipe Ciprián, quien vivió los hechos relatados mientras yo mismo estuve muchos de esos años en el exilio me ha permitido ensamblar esa crítica con la de los Caamaño. En su repudio, y quizás debiera decir su horror a la violencia, don Juan incurrió en otros errores al patrocinar e impulsar políticas que tuvieron un efecto desmovilizador. Como suele decirme Álvaro Caamañ “Nosotros moríamos por restaurar en el poder a un hombre que no quería ser Presidente”. Nunca fue exactamente así pero ayuda a entender y sobre todo a completar el rompecabezas. Como consignaba en un artículo anterior, ya citado más arriba, la campaña electoral de 1962 fue la época del “borrón y cuenta nueva” que le dio a Bosch los votos de los trujillistas y que al final, por una ventaja política transitoria, consagró la impunidad como práctica esencial de convivencia. Fue una solución que nunca ha sido bien analizada y cuyas consecuencias todavía lamentamos porque muchas de estas impunidades recientes arrancan de esa matriz. Muchas de las complicidades entretejidas por la impunidad que se alimenta del olvido en el cuerpo social, se alimentaron de este precedente reforzando el componente histórico.
El amor y el respeto a la paz no deberían ser confundidos con la resistencia pacífica. La lucha de Ghandi en la India siempre fue extremadamente violenta dentro del reclamo propio de rechazar la violencia. Esa aparente paradoja se explica por las agallas, el temple y el coraje que exige la resistencia pacífica; la violencia infinita a la que expone a quienes la sufren y la extraordinaria violencia de quienes la imponen, la practican y viven de ella.
Por José Cabral
Por doquier se escucha la misma queja de que la sociedad dominicana ha desarrollado una cultura del engaño y el fraude.
Este problema tiene necesariamente que generar mucha preocupación y angustia, porque lo que ocurre nadie se atreve a negar que es una amenaza latente en contra de todos y cada uno de los dominicanos.
El país está atrapado por los cuatro puntos cardinales, cuyas consecuencias impactan a los de abajo, los del medio y los de arriba social y económicamente hablando.
Y esto hay que traerlo a colación porque si vamos a los tribunales en busca de justicia es el mismo escenario de la negación de derechos y justificación y estimulación de lo mal hecho.
No importa el circulo en que uno se mueva, el lenguaje es el mismo, la justificación de lo injustificable.
Es una cultura que no es fácil de erradicar, ya que los principales promotores del robo, el fraude e incluso de los asesinatos porque estimulan la vía de hecho, son los tribunales penales.
Son escenarios con un nivel de solemnidad que engañan al más inteligente y bonito, como el debate presidencial, cuyos participantes y aspirantes a dirigir el país, quienes debían estar presos en vez de aparecer por televisión para justificar sus aspiraciones, son los mejores exponentes de la «decencia nacional».
Es “cogío# que estamos, no parece haber escapatorias porque esas conductas los primeros en legitimarlas y justificarlas son los propios ciudadanos, los votantes, los perjudicados con unas acciones que dañan toda la nación.
La verdad que no se ve clara la salida a esta situación que genera una gran incertidumbre, ya que es muy poco lo que sirve.
Haga una reflexión y escoja el escenario que le parezca y comprobará que cualquiera se llena de pesimismo si es que usted ama el aspecto humano de la vida, de lo contrario tal vez no se alarme.
Por Isaías Ramos
El 14 de enero de este año, nuestra nación fue víctima de una de las peores ignominias que puede sufrir nuestra frágil democracia: la ruptura de nuestra Carta Magna. Con la promulgación de la Ley 1-24, que pretende instaurar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se busca intimidar a la población y consolidar una tiranía que creíamos superada hace más de seis décadas.
Esta ley desafía abiertamente la Constitución que nos rige. Según el artículo 261, el sistema de inteligencia debe estar subordinado a instituciones independientes, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, asegurando así su supervisión y alineación con el interés nacional. No obstante, el artículo 8 de la Ley 1-24 coloca la DNI directamente bajo el presidente, otorgándole un poder ilimitado que es tanto peligroso como inestable.
La historia nos ofrece lecciones claras sobre los peligros de un poder sin restricciones. Tácito, el historiador romano, advirtió: «El poder nunca es estable cuando es ilimitado». Este poder concentrado en una sola figura no solo va en contra de nuestras leyes fundamentales, sino que es una receta para el abuso y la corrupción.
Esta ley se levanta como un monstruo de múltiples cabezas que, de no ser detenido, destruirá los cimientos de esta débil democracia, llevándose consigo nuestra libertad y nuestros derechos más preciados: nuestra dignidad.
La implementación de esta ley podría llevarnos por un camino oscuro, similar al sufrido por ciudadanos en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde los servicios de inteligencia se han utilizado como herramientas para reprimir la disidencia y mantener a los líderes autoritarios en el poder.
La historia reciente de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida arbitrariamente, y de algunos dirigentes de la líder opositora María Corina Machado en un país bajo un régimen con leyes similares, nos sirve como un presagio sombrío de lo que podría suceder aquí. Sus experiencias de miedo, represión y violencia son un claro recordatorio de lo que está en juego.
Es imperativo que reconsideremos esta legislación y evaluemos sus impactos potenciales no solo en nuestra seguridad, sino en nuestra libertad.
El Frente Cívico y Social (FCS) comprende profundamente estas consecuencias y, por eso, instamos a la población a tomar una postura firme. Si esta ley no es derogada o modificada para alinearse con nuestros principios constitucionales antes de las elecciones del 19 de mayo, llamamos a la ciudadanía a abstenerse de votar o emitir un voto nulo. Esta acción de desobediencia civil no es solo un derecho, sino un deber cívico.
El sistema actual nos desmoraliza, nos lleva a vivir en un estado de desestabilización y crisis, causando miedo y terror que nos quitan el poder de razonar y pensar en lo verdaderamente importante.
De continuar indiferentes ante este enorme desafío, visualizamos un futuro donde el miedo y la represión se convertirán en la norma, y donde las libertades que tanto costaron conquistar serán solo un recuerdo lejano. Frente a este escenario, debemos recordar que aún tenemos la oportunidad de redirigir el rumbo de nuestra nación.
Defender nuestra libertad es ahora. No podemos permitir que las sombras de un pasado autoritario oscurezcan nuestro presente y nuestro futuro. Alcémonos con valor y compromiso, preparados para actuar y proteger lo que más valoramos. Solo así podremos superar las adversidades y fortalecer los pilares de nuestra democracia.
En el FCS estamos muy claros de que el futuro está en nuestras manos, y el momento de actuar es ahora. No esperemos más para defender nuestro sistema democrático y asegurar un mañana más prometedor y justo para todos. ¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 77 del Estatuto de Roma faculta a la CPI para imponer la condena de cadena perpetua, pero solo en aquellos casos en que se justifique debido a la extrema gravedad del crimen y las circunstancias individuales del condenado.
De otra manera, la pena máxima para los delitos del Estatuto de Roma es de 30 años de prisión. Algunas constituciones prohíben la cadena perpetua o el término de 30 años de prisión por considerar que estas penas no prevén una oportunidad para la rehabilitación, o que no son proporcionales con la naturaleza del crimen.
Sería difícil argumentar que los largos periodos de prisión son desproporcionados respecto a la mayoría de los crímenes de la competencia de la CPI, particularmente cuando la cadena perpetua debe ser justificada por la ̈extrema gravedad del crimen ̈. Tal condena solo se impondrá a aquellos que tengan el más alto nivel de responsabilidad en la comisión de los mas graves crímenes, tales como el genocidio.
Adicionalmente, el Estatuto de Roma prevé la posibilidad de la rehabilitación. Según el artículo 110, la Corte deberá revisar todas las condenas de prisión cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua para determinar si esta puede reducirse.
En el punto anterior la CPI considera estos aspectos como si la persona hubiese asistido a la Corte con la localización de cualquier bien objeto de una multa, decomiso u órdenes de reparación que pudiesen beneficiar a la víctima.
La CPI también podrá tomar en consideración ¨otros factores indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba, que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena¨
Por consiguiente una cadena perpetua podría reducirse a 25 años de prisión en algunos casos. Si la CPI decide no reducir la sentencia de la persona después de la primera revisión, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.
Durante las negociaciones sobre las penas de la CPI, muchos Estados estuvieron a favor de la aplicación de la pena de muerte en los casos extremos. El numero de Estados con pena de muerte es poco menor que el de aquellos que no tienen pena de muerte.
No existe la oportunidad para rehabilitación alguna cuando se impone la pena de muerte. Por ende la cadena perpetua con la posibilidad de reducirla a 25 años, es un compromiso razonable entre la pena de muerte y la prisión máxima de 30 años.
Los Estados deberán recordar que el artículo 80 del Estatuto de Roma expresamente establece que el Estatuto no afecta la aplicación por parte de los Estados de aquellas penas prescritas por su propio derecho interno , ni afecta la ley de aquellos Estados que no impongan las penas prescritas en el Estatuto de Roma.
Los Estados Partes no deben imponer las mismas penas por los mismos delitos en su jurisdicción, ni deberán aplicar las condenas de prisión a no ser que voluntariamente lo quieran hacer. En este caso, los Estados podrán también especificar las condiciones bajo las cuales aceptarían a las personas condenadas, inclusive la condición de no aplicar la cadena perpetua.
Por consiguiente, los Estados Partes que cuenten con las disposiciones constitucionales que prohíban la imposición de la cadena perpetua solo necesitaran permitir la excepción de entregar a la persona a la CPI, pese a que tal persona pueda ser condenada a cadena perpetua.
Los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán entregar a la persona acusada a la CPI cuando ésta así lo solicite, aún si existe la posibilidad de que dicha persona sea condenada a cadena perpetua.
En el caso de muchos Estados, la potestad de la CPI para imponer la cadena perpetua no necesitará la aplicación de medidas legislativas particulares. Sin embargo, en algunos Estados la constitución explícitamente prohíbe la extradición de una persona a un Estado donde se aplica esta pena , o que declara la cadena perpetua como un castigo cruel. Estos Estados cuentan con dos opciones:
- a)Establecer claramente, en la norma que implemente el Estatuto, la distinción entre la extradición de una persona a otro Estado y la entrega de una persona a la Corte Penal Internacional.
Algunos Estados podrán realizar esta distinción en su legislación, lo cual les permitiría entregar personas a la CPI aunque existan una restricción a la ¨extradicion¨de personas a tribunales que impongan la pena de cadena perpetua. Esto les permitiría mantenerla prohibición de extraditar una persona a un tribunal extranjero, sin interferir con la habilidad de cooperar plenamente con la CPI.
- b)La reforma a la Constitución podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio. Podría especificarse que la cadena perpetua impuesta por la CPI de conformidad con el Estatuto de Roma para algunos de los crímenes allí enumerados no viola la Constitución.
Debería también mencionarse que el Estado puede entregar a la persona acusada a la CPI a pesar de que exista la posibilidad de la cadena perpetua. La enmienda constitucional podría también mencionar que la CPI puede reducir la condena después de 25 años, existiendo así la posibilidad de la rehabilitación.
Finalmente, la ventaja de una reforma constitucional que elimina cualquier posibilidad de un conflicto normativo, garantiza que los tribunales nacionales dicten sus fallos de conformidad con sus obligaciones legales establecidas en el Estatuto de Roma.