Editorial
Candidatos de la APD, no sólo con el diagnóstico, sino también con la receta.
En la década de los 90 desapareció la política ideológica en la República Dominicana para entrar en lo que se conoce como la política clientelar.
Este fenómeno se produjo con la muerte física del profesor Juan Bosch, lo cual constituye una verdadera tragedia para la democracia dominicana.
La política, una ciencia hermosa, ha terminado en la politiquería, en la que el ciudadano no tiene control de sus propias decisiones, porque todo depende del dinero que se ofrece.
La política ideológica, que se llevó consigo la programática, es decir, como lo que importa es el cuánto hay para mí, entonces parecería que de nada sirve apoyarse en una forma diferente a como se hace política en la actualidad.
Sin embargo, a pesar de los embates del neoliberalismo hay que tomar muy en serio recuperar la política, sino la ideológica, por lo menos la programática para cambiar el destino hacia donde se dirige la nación.
Por esta razón tiene un gran valor el hecho de que los candidatos de la Alianza por la Democracia (APD), se apoyen en propuestas programáticas, lo cual la hace ver como una especie rara en el escenario político-electoral.
La APD lleva candidaturas conjuntamente con el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y un conjunto de organizaciones minoritarias a alcaldes, vicealcaldes, regidores y a diputados en diferentes demarcaciones del territorio nacional.
Pero la verdad es que ojalá que sus aliados se preocupen por presentar propuestas para en caso de salir electos darle solución a la gran problemática nacional, ya que en la política vernácula sólo se esgrimen enunciados generales, no cuestiones puntuales.
Además, en el proceso electoral de cara al 2020 no vasta con hablar de cosas que se harían, sino de cómo se harían.
Es decir, no es sólo dar el diagnostico, sino también la receta de cómo se solucionarían los grandes problemas nacionales.
Y por lo menos así lo hacen los candidatos de la APD, como por ejemplo los aspirantes a regidores por el municipio de Santiago, así como su candidato a diputado por la Circunscripción 2 de la provincia del mismo nombre.
Ello habla muy bien de la APD, cuyo máximo dirigente, Max Puig, ha sido un abanderado de la lucha por llevar la ética a la política, porque así fue formado durante su militancia en el Partido de la Liberación Dominicana (PLED) cuando esta organización pensaba en la gente y le dolía el país.
De manera, que resulta reconfortante el hecho de que la APD decida que sus candidatos presenten un programa de ejecución de salir triunfante en las elecciones del 2020.
Parece ser un buen augurio.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.