Opinión
Una estabilidad insostenible
Por Juan Bolívar Díaz
En circunstancias diferentes, tres reconocidos economistas aportaron datos esta semana que resaltan los graves riesgos a que se aboca la nación dominicana con un modelo de desarrollo absolutamente inequitativo que se sostiene sobre la base de un endeudamiento que está llegando a sus límites y con un nivel de pobreza que hace insostenible no sólo la estabilidad macro-económica, sino también la seguridad ciudadana y la paz social.
Miguel Ceara Hatton y Fabricio Gómez Mazara presentaron ponderados análisis socio-económicos durante un foro auspiciado por la coalición política Frente Amplio, en tanto que el veterano Carlos Despradel, conmemorando 50 años de su actividad como economista, comparecía en Uno+Uno para advertir sobre la necesidad de transformaciones de políticas económicas para evitar el colapso que amenaza el país.
Ceara Hatton resalta que entre el año 2000 y el 2012, los dominicanos y dominicanas bajo la línea de pobreza pasaron de 2.6 a 4 millones, impulsados en gran medida por la crisis financiera del 2003-04 originada en los fraudes bancarios, pero también cómo tasas de crecimiento económico anual entre 6 y 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) no se han traducido en crecimiento del empleo. Con una tasa de pobreza del 42.3 por ciento de la población, once puntos por encima del promedio latinoamericano, la República Dominicana no garantizará la estabilidad.
Ya lo habían advertido estudios del Consejo Nacional de la Empresa Privada y Ceara y Despradel lo ratifican: en esos 12 años se crearon apenas 272 mil empleos formales, de los que casi dos terceras partes fueron estatales, expresión contundente del clientelismo sostenido con un endeudamiento que este año alcanzará el 45 por ciento del PIB y obligará a destinar más del 40 por ciento de los ingresos fiscales para pagarlo.
El escaso potencial de los “no pobres” se expresa en el hecho de que el 78 por ciento de quienes cotizan a la seguridad social tienen ingresos menores de 20 mil pesos, y 68 por ciento menor de 15 mil pesos, cuando el costo promedio de la canasta familiar está en 26 mil 716 pesos, resalta Ceara.
Despradel plantea que al final del 2012 la deuda total del Estado alcanzaba los 25 mil millones de dólares, equivalentes a un millón de millones de pesos, y que al finalizar este 2013 ya estará sobre los 30 mil millones de dólares. Se aproxima el día en que se nos cerrará el crédito o habrá una moratoria. Las consecuencias serán otra crisis que elevará aún más el nivel de pobreza. Sólo una real austeridad y una reingeniería que incentive la inversión y la productividad privada, podrán contener el derrotero.
Gómez Mazara resalta que el Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo ha establecido en 686 mil 833 los jóvenes que ni trabajan ni estudian, lo que constituye una terrible amenaza a la seguridad y la paz social. Si sólo uno de cada diez de estos “ninis” se buscan la vida en actividades ilícitas, la inseguridad seguirá ascendiendo y la paz social estará cada vez más perturbada.
La irresponsabilidad de nuestras clases dirigentes queda al desnudo cuando Ceara resalta la tabla de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) indicativa de que este país ocupa el último escalón en inversión en educación entre los 21 de América Latina, en el período 2006-10, con una tasa de 2.40 del PIB y la posición 19 en inversión en salud con una tasa de 1.50 del PIB.
El desastre educativo determina que incluso una alta proporción de los jóvenes que alcanzan terminar el bachillerato, (y sólo la mitad lo inician) no tengan capacidad para un empleo productivo. En estos días se nos partió el alma cuando entre 15 estudiantes universitarios ninguno pudo apreciar aproximadamente las dimensiones de la mesa a la que estaban sentados. No dominaban la extensión de un metro.
Más allá de la cháchara nuestra de cada día, la realidad nos conduce a la inestabilidad económica y social. Y lo peor es que los sectores más influyentes parecen no darse cuenta.
Artículo publicado originalmente en el periódico Hoy.
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La CPI podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma.
De acuerdo con el Estatuto de Roma podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte Penal Internacional:
- a)El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;
- b)Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque esta investigando o enjuiciando o lo ha hecho antes; o
- c)Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.
El Fiscal podrá pedir a la Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 del Estatuto de Roma y las víctimas
.
La admisibilidad de una causa o la competencia de la CPI sólo podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a su inicio.
En circunstancias excepcionales la Corte Penal Internacional podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17 del Estatuto de Roma.
Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la CPI será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82 del Estatuto de Roma.
Hasta antes de que la Corte Penal Internacional se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para:
- a)Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionadas en el párrafo 6 del articulo 18 del Estatuto de Roma;
- b)Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y
- c)Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58 del Estatuto de la Corte.
La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la CPI, antes de ella.
Si la CPI hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad con dicho artículo.
Finalmente, el Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 del Estatuto de Roma suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.
Rommelsantosdiaz@gmailcom
Por Nelson Encarnación
Son muchos los dominicanos que no se reponen del shock que les provocaron las diversas manipulaciones y mentiras vertidas por el expresidente Danilo Medina durante su comparecencia de la semana pasada en un importante medio radial de nuestro país.
Cuando se anunció días antes que el líder del Partido de la Liberación Dominicana aparecería en un medio público, hubo la apreciación generalizada de que aprovecharía el alcance de este para al menos desvestir su alma y bajar al terreno de la humildad para pedir algún tipo de perdón—aun fuese en voz baja—por las muchas culpas que necesitan urgentemente su expiación.
Sin embargo, es evidente que Danilo está convencido de que todas sus actuaciones en el Gobierno estuvieron ajustadas a la decencia más absoluta, cuando la realidad apunta precisamente en otra dirección.
Para él, los expedientes que involucran a familiares y entorno político más estrecho, son simples majaderías urdidas para molestarle, o una manifestación de la llamada judicialización de la política o politización de la justicia, mediante la cual han sido quitados del camino potenciales competidores de la corriente predominante.
Con ese convencimiento resulta improbable que el expresidente se humanice y entienda que admitir los errores hace grandes a las personas, y que, por el contrario, encerrarse en una convicción pueril las reduce.
Hay más de una evidencia que Danilo fue advertido por cercanos acerca del comportamiento depredador de algunos de sus íntimos, pero obvió tomar las medidas aconsejables, para dejar campo abierto a la continuación de los desmanes, muchos de los cuales se han reflejado en los casos que actualmente se ventilan en justicia, y que él los atribuye a “persecución política”.
En el campo de la lucha propiamente política, Medina trata de convencernos de que su laborantismo encaminado a propiciar el escenario para una segunda reelección en 2020 es un espejismo o un invento de sus adversarios.
Eso de que no tenía votos para modificar la Constitución es un ardid y una expresión fehaciente de su condición de simulador, pues todos vivimos aquel trance que mantuvo en vilo a la nación hasta que la administración Trump—en una intromisión inaceptable, eso sí—le apeó del carro reeleccionista que pudo haberse descarrilado hacia una situación de manejo muy complejo.
Danilo podrá decir lo que quiera, pero la historia no se puede borrar.
Por Narciso Isa Conde
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.
La que debe ser emplazada NO ES MIRIAM, es Yeni Berenice, acompañada de Camacho, el del PEPCA y ahora ascendido, ambos con fuertes vínculos con la Embajada, FBI, DEA…Leonel, Abinader…Ahora la PGR cae bajo control absoluto de esa tríada, vía los ascensos de Berenice y Camacho.
Miriam German ha sido víctima de su entorno, de un acorralamiento programado en medio de una gran soledad y de su propio institucionalismo (excesivo respeto a la separación de funciones dentro de la PGR). Además, la amenaza del cártel del Cibao y del tal J, fue manipulada para amarrarla más. Hicieron un gran bulto desde la DNCD y dejaron todo igual: el cartel sigue impune. Abinader, Cabrera-DNCD y la DEA dirigieron esa operación.
Berenice y el PEPCA han bloqueado muchos expedientes, incluso los presentados por nosotros. El caso de ANTENA LATINA es emblemático y yo lo entregué personalmente, y muchas veces demandé respuesta y nada. A esos encargados de investigar y perseguir los delitos, se le entregaron numerosas denuncias del Archivo Abierto de Marcha Verde y no hicieron nada: siguen abundando las vacas sagradas oligárquicas y transnacionales denunciadas; y estas abundan junto a la impunidad del leonelismo, de políticos ladrones y generales asesinos.
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.