Editorial
Una Fecha Para Recordar
Hoy se cumple el cuarenta y ocho aniversario de la Revolución de Abril del año 1965, en la que quedó sembrada para siempre la valentía y la dignidad del pueblo dominicano frente a fuerzas invasoras que causaron daños indelebles a la sociedad.
Cientos de dominicanos se inmolaron en defensa de la soberanía, la independencia y el derecho a la autodeterminación de la patria de Duarte, Luperón y Francisco Alberto Caamaño Deñó, quienes resistieron con decoro y gallardía las amenazas a las tierras que les vio nacer.
La intervención armada de los Estados Unidos era la segunda que se producía desde el imperio del norte en toda nuestra vida republicana, la primera de las cuales tuvo lugar en el año 1916, tras un proceso de endeudamiento que inició un malo dominicano llamada Buenaventura Báez y que le dio continuación Ulises Heroux (mejor conocido como Lilís).
Ambas intervenciones tuvieron de común que fueron provocadas por las mismas familias, aquellas que todavía están presentes en la vida pública nacional y cuya última estocada fue la quiebra de los bancos Intercontinental, Bancrédito y del Comercio.
Esos tres bancos cometieron una estafa en contra del Estado y de toda la sociedad dominicana que superó los doscientos mil millones de pesos, lo que creó el déficit cuasi-fiscal en el Banco Central y aumentó la deuda pública interna y externa y la deuda per capita del país.
Las familias Báez y Cabral, descendientes de Buenavenura Báez y del octavo-avo presidente dominicano, Marcos Cabral Figuereo, son, sin lugar a dudas, los responsables de la primera y la segunda intervención armada y de prácticamente todas las tragedias económicas y financieras que ha sufrido la patria.
De manera, que aquellos que se enfrentaron en el año 1965 esa intervención armada, encabezados por Francisco Alberto Caamaño Deñó y otros pro hombres, lo hicieron en contra de una oligarquía que es la responsable de la gran tragedia que hoy vive el país de pobreza y de miseria extrema.
Un día como hoy las presentes generaciones deben conocer quiénes son los responsables del gran deterioro de la sociedad dominicana, cuyo principal marco de referencia son los protagonistas de la vida política, económica y financiera nacional, que constituyen, sin lugar a dudas, verdaderos depredadores del patrimonio público.
Los jóvenes de hoy deben escudriñar lo suficiente para que hagan conciencia de los responsables de su gran tragedia que se caracteriza por la falta de empleos, corrupción generalizada, exclusión social, violencia, delincuencia, tráfico y consumo de drogas y otros males que hoy se tragan a la República Dominicana.
Hoy los dominicanos y dominicanas deben rendir tributo a hombres y mujeres que lo dieron todo a cambio de nada, porque amaban su patria y querían lo mejor para las futuras generaciones.
Loor a Francisco Alberto Caamaño Deñó, Manuel Aurelio Tavarez Justo, Gregorio Luperón y otros tantos héroes dominicanos que no deben olvidarse jamás de la conciencia nacional por su legado, por su amor a la patria y por darlo todo en la búsqueda de la felicidad del pueblo.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.