Editorial
Una Legitima Calificación
El poder del narco
Desde hace muchos años que en la República Dominicana se usa regularmente la expresión de Estado colapsado, cuyo significado adquiere legitimidad en la medida en que se atan una serie de cabos que se ajustan al mismo.
El periódico Listín Diario acaba de publicar hoy dos informaciones muy importantes para el convencimiento de cualquier ciudadano de que ciertamente el Estado dominicano carece del más mínimo nivel de institucionalidad, de fiscalización y regulación de la vida de los dominicanos y de las dominicanas.
Dos instituciones públicas, el Ministerio de Salud Pública y el Seguro del Banco de Reservas, revelaron, respectivamente, que las universidades dominicanas gradúan entre los 2,500 y 3,000 nuevos médicos al año cuando el sistema sólo necesita alrededor de 500 y que de los dos millones de vehículos que circulan en las calles y avenidas de la nación sólo unos trescientos mil cuentan con seguros.
Son dos informaciones que dejan a cualquier persona con raciocinio a quedarse pasmado ante datos tan reveladores de que la República Dominicana está en medio de una gran crisis de autoridad y además proyecta los altos niveles de improvisación que caracterizan a la sociedad y al Estado dominicanos.
La verdad que resulta hasta un poco complicado imaginarse la gran frustración que ésto causa en alrededor de dos mil médicos que terminan una carrera universitaria y luego no tienen espacio para colocarse en el mercado laboral, creando una alta parasitación en jóvenes que a través de su profesión académica buscan salir del cuadro de pobreza en que han vivido.
Pero ni qué decir de una sociedad que en pleno siglo 21 tenga alrededor de un sesenta por ciento de vehículos en las calles y avenidas de su territorio circulando sin seguro, lo cual nos dice que nos movemos en medio de un cuadro más salvaje de lo que cualquiera se podía imaginar.
Es un panorama que habla muy mal de las autoridades, de los que tienen el control del Estado, y eso que todavía faltaría conocer las estadísticas sobre la cantidad de médicos graduados sin haberse dotados de la capacidad necesaria para ejercer esa delicada profesión, porque si el sistema está en crisis en lo que respecta a la cantidad de graduados que no tienen empleos, ya que no hay una correspondencia entre el mercado laboral y el número de egresados, mucho menos debe existir una supervisión eficiente del índice académico de las casas de altos estudios.
Este cuadro, repetimos una y mil veces, revela hasta dónde la crisis que padece la sociedad dominicana es integral y transversal, porque la deficiencia de cualquier órgano del Estado contamina a los demás, sobre todo por la interdependencia que se produce entre uno y otro.
Para comprobar la afirmación al respecto, sólo habría que hacer un ejercicio no muy profundo sobre la deficiencia que prevalece en todos y cada uno de los ministerios que conforman el Poder Ejecutivo, los tribunales del Poder Judicial y el nido de delincuentes y personajes de baja monta que constituyen el Poder Legislativo.
A partir de ahí se puede determinar si estamos frente a un Estado colapsado, no viable, y sólo concebido para promover a través de él lo mal hecho, la corrupción y los peores vicios que hoy caracterizan a la sociedad dominicana.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, que no forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.