Editorial
Una Legitima Calificación
El poder del narco
Desde hace muchos años que en la República Dominicana se usa regularmente la expresión de Estado colapsado, cuyo significado adquiere legitimidad en la medida en que se atan una serie de cabos que se ajustan al mismo.
El periódico Listín Diario acaba de publicar hoy dos informaciones muy importantes para el convencimiento de cualquier ciudadano de que ciertamente el Estado dominicano carece del más mínimo nivel de institucionalidad, de fiscalización y regulación de la vida de los dominicanos y de las dominicanas.
Dos instituciones públicas, el Ministerio de Salud Pública y el Seguro del Banco de Reservas, revelaron, respectivamente, que las universidades dominicanas gradúan entre los 2,500 y 3,000 nuevos médicos al año cuando el sistema sólo necesita alrededor de 500 y que de los dos millones de vehículos que circulan en las calles y avenidas de la nación sólo unos trescientos mil cuentan con seguros.
Son dos informaciones que dejan a cualquier persona con raciocinio a quedarse pasmado ante datos tan reveladores de que la República Dominicana está en medio de una gran crisis de autoridad y además proyecta los altos niveles de improvisación que caracterizan a la sociedad y al Estado dominicanos.
La verdad que resulta hasta un poco complicado imaginarse la gran frustración que ésto causa en alrededor de dos mil médicos que terminan una carrera universitaria y luego no tienen espacio para colocarse en el mercado laboral, creando una alta parasitación en jóvenes que a través de su profesión académica buscan salir del cuadro de pobreza en que han vivido.
Pero ni qué decir de una sociedad que en pleno siglo 21 tenga alrededor de un sesenta por ciento de vehículos en las calles y avenidas de su territorio circulando sin seguro, lo cual nos dice que nos movemos en medio de un cuadro más salvaje de lo que cualquiera se podía imaginar.
Es un panorama que habla muy mal de las autoridades, de los que tienen el control del Estado, y eso que todavía faltaría conocer las estadísticas sobre la cantidad de médicos graduados sin haberse dotados de la capacidad necesaria para ejercer esa delicada profesión, porque si el sistema está en crisis en lo que respecta a la cantidad de graduados que no tienen empleos, ya que no hay una correspondencia entre el mercado laboral y el número de egresados, mucho menos debe existir una supervisión eficiente del índice académico de las casas de altos estudios.
Este cuadro, repetimos una y mil veces, revela hasta dónde la crisis que padece la sociedad dominicana es integral y transversal, porque la deficiencia de cualquier órgano del Estado contamina a los demás, sobre todo por la interdependencia que se produce entre uno y otro.
Para comprobar la afirmación al respecto, sólo habría que hacer un ejercicio no muy profundo sobre la deficiencia que prevalece en todos y cada uno de los ministerios que conforman el Poder Ejecutivo, los tribunales del Poder Judicial y el nido de delincuentes y personajes de baja monta que constituyen el Poder Legislativo.
A partir de ahí se puede determinar si estamos frente a un Estado colapsado, no viable, y sólo concebido para promover a través de él lo mal hecho, la corrupción y los peores vicios que hoy caracterizan a la sociedad dominicana.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.