Nacionales
Una litis ha impedido la instalación de las cámaras de vigilancia en la UASD
Una litis ha impedido la instalación de las cámaras de vigilancia en la UASD
SANTO DOMINGO. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 tenía previsto instalar 178 cámaras de seguridad, para lo cual hace diez meses firmó un contrato que debió culminar en junio de este año con la entrega del proyecto.
Se trata de la expansión de la Red de Telecomunicación y Puntos de Cámaras de Vídeo Vigilancia para los sectores La Nueva Barquita, Ciudad Juan Bosch, la UASD y puntos de interés para el Sistema 9-1-1, para el que en julio de 2016 se anunció una licitación pública.
La falta de cámaras de seguridad en la academia fue recordada tras el asesinato del abogado y catedrático Yuniol Ramírez, quien según las investigaciones del Ministerio Público y la Policía Nacional, fue raptado el pasado miércoles en el recinto universitario alrededor de las 4:00 de la tarde por empleados de la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA). Ramírez tras ser reportado desaparecido, fue hallado muerto el jueves en el río Manoguayabo, con una herida de bala en la cabeza y amarrado con una cadena atada a dos bloques, acción que se atribuye a empleados de la OMSA.
El rector de la institución educativa, Iván Grullón, informó que luego del anuncio de la licitación hecho por el Sistema 9-1-1 se mantiene a la espera de que el sistema de cámaras sea instalado.
De acuerdo con el contrato de suministro de bienes No. 911-2016-80, por un monto de RD$85,595,131.46, (impuestos incluidos) la referida licitación pública fue ganada por la empresa Compusoluciones, JC, S.R.L., a nombre de Juan Miguel Ceballos Rodríguez.
Además de la empresa ganadora, en la recepción de propuestas y aperturas de sobres participaron las compañías Consorcio Protecta, Consorcio IQtek-Carso y Consorcio Pemica.
La propuesta económica de las tres empresas elegidas para evaluación fueron las siguientes: IQtek-Carso: RD$128,351,876.88; Pemica: RD$132,326,862.77 y Compusoluciones: RD$85,595,131.46.
El contrato destaca que después de analizadas las propuestas, el comité de compras y contrataciones del Sistema 9-1-1 como entidad contratante decidió, mediante acta No. 2016-183, de fecha 30 de noviembre de 2016, adjudicar al proveedor Compusoluciones, el contrato de suministro para la adquisición de los bienes del pliego de condiciones.
Por el monto citado, el proveedor se comprometió a vender, instalar, configurar y poner en marcha y la entidad contratante (Sistema 9-1-1), a su vez, se comprometió a comprar la expansión de la red de telecomunicación y puntos de cámaras de video vigilancia para los sectores mencionados.
El primer pago o anticipo correspondiente al 20% del monto total del contrato- RD$17,119,026- sería desembolsado a los 20 días hábiles, después de la suscripción del contrato. El 80% restante se acordó pagarlo con posterioridad a las entregas e instalaciones.
Luego de la firma del contrato, hecha el 8 de diciembre de 2016, el proyecto debía ser entregado a más tardar en cuatro meses contados a partir del pago del anticipo, es decir, en abril pasado, y el acuerdo tendría una duración de seis meses, contados a partir de la suscripción del mismo.
Sin embargo, posterior a la firma del contrato, el oferente Consorcio IQtek-Carso interpuso un recurso de impugnación contra la empresa Compusoluciones, ganadora de la licitación, alegando el incumplimiento de la oferta técnica establecida en el pliego de condiciones.
Se referían a la no presentación por parte de Compusoluciones de la instalación y configuración de 127 puntos de vídeo vigilancia y de la solución de fibra óptica GPON de acceso soterrado requerido en la licitación.
La resolución No. 911-2017-01, del 3 de enero, destaca que la evaluación de esta impugnación estuvo a cargo del Departamento Jurídico del Ministerio de la Presidencia, del cual es responsable Patricia Peña, quien, basada en la respuesta del Comité de Peritos Técnico, que certificó el cumplimiento de la propuesta de la empresa ganadora, rechazó la impugnación de IQtek-Carso, por considerarla mal fundada y carente de base.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.