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Una litis ha impedido la instalación de las cámaras de vigilancia en la UASD
Una litis ha impedido la instalación de las cámaras de vigilancia en la UASD
SANTO DOMINGO. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 tenía previsto instalar 178 cámaras de seguridad, para lo cual hace diez meses firmó un contrato que debió culminar en junio de este año con la entrega del proyecto.
Se trata de la expansión de la Red de Telecomunicación y Puntos de Cámaras de Vídeo Vigilancia para los sectores La Nueva Barquita, Ciudad Juan Bosch, la UASD y puntos de interés para el Sistema 9-1-1, para el que en julio de 2016 se anunció una licitación pública.
La falta de cámaras de seguridad en la academia fue recordada tras el asesinato del abogado y catedrático Yuniol Ramírez, quien según las investigaciones del Ministerio Público y la Policía Nacional, fue raptado el pasado miércoles en el recinto universitario alrededor de las 4:00 de la tarde por empleados de la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA). Ramírez tras ser reportado desaparecido, fue hallado muerto el jueves en el río Manoguayabo, con una herida de bala en la cabeza y amarrado con una cadena atada a dos bloques, acción que se atribuye a empleados de la OMSA.
El rector de la institución educativa, Iván Grullón, informó que luego del anuncio de la licitación hecho por el Sistema 9-1-1 se mantiene a la espera de que el sistema de cámaras sea instalado.
De acuerdo con el contrato de suministro de bienes No. 911-2016-80, por un monto de RD$85,595,131.46, (impuestos incluidos) la referida licitación pública fue ganada por la empresa Compusoluciones, JC, S.R.L., a nombre de Juan Miguel Ceballos Rodríguez.
Además de la empresa ganadora, en la recepción de propuestas y aperturas de sobres participaron las compañías Consorcio Protecta, Consorcio IQtek-Carso y Consorcio Pemica.
La propuesta económica de las tres empresas elegidas para evaluación fueron las siguientes: IQtek-Carso: RD$128,351,876.88; Pemica: RD$132,326,862.77 y Compusoluciones: RD$85,595,131.46.
El contrato destaca que después de analizadas las propuestas, el comité de compras y contrataciones del Sistema 9-1-1 como entidad contratante decidió, mediante acta No. 2016-183, de fecha 30 de noviembre de 2016, adjudicar al proveedor Compusoluciones, el contrato de suministro para la adquisición de los bienes del pliego de condiciones.
Por el monto citado, el proveedor se comprometió a vender, instalar, configurar y poner en marcha y la entidad contratante (Sistema 9-1-1), a su vez, se comprometió a comprar la expansión de la red de telecomunicación y puntos de cámaras de video vigilancia para los sectores mencionados.
El primer pago o anticipo correspondiente al 20% del monto total del contrato- RD$17,119,026- sería desembolsado a los 20 días hábiles, después de la suscripción del contrato. El 80% restante se acordó pagarlo con posterioridad a las entregas e instalaciones.
Luego de la firma del contrato, hecha el 8 de diciembre de 2016, el proyecto debía ser entregado a más tardar en cuatro meses contados a partir del pago del anticipo, es decir, en abril pasado, y el acuerdo tendría una duración de seis meses, contados a partir de la suscripción del mismo.
Sin embargo, posterior a la firma del contrato, el oferente Consorcio IQtek-Carso interpuso un recurso de impugnación contra la empresa Compusoluciones, ganadora de la licitación, alegando el incumplimiento de la oferta técnica establecida en el pliego de condiciones.
Se referían a la no presentación por parte de Compusoluciones de la instalación y configuración de 127 puntos de vídeo vigilancia y de la solución de fibra óptica GPON de acceso soterrado requerido en la licitación.
La resolución No. 911-2017-01, del 3 de enero, destaca que la evaluación de esta impugnación estuvo a cargo del Departamento Jurídico del Ministerio de la Presidencia, del cual es responsable Patricia Peña, quien, basada en la respuesta del Comité de Peritos Técnico, que certificó el cumplimiento de la propuesta de la empresa ganadora, rechazó la impugnación de IQtek-Carso, por considerarla mal fundada y carente de base.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.