Nacionales
Una litis ha impedido la instalación de las cámaras de vigilancia en la UASD
Una litis ha impedido la instalación de las cámaras de vigilancia en la UASD
SANTO DOMINGO. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 tenía previsto instalar 178 cámaras de seguridad, para lo cual hace diez meses firmó un contrato que debió culminar en junio de este año con la entrega del proyecto.
Se trata de la expansión de la Red de Telecomunicación y Puntos de Cámaras de Vídeo Vigilancia para los sectores La Nueva Barquita, Ciudad Juan Bosch, la UASD y puntos de interés para el Sistema 9-1-1, para el que en julio de 2016 se anunció una licitación pública.
La falta de cámaras de seguridad en la academia fue recordada tras el asesinato del abogado y catedrático Yuniol Ramírez, quien según las investigaciones del Ministerio Público y la Policía Nacional, fue raptado el pasado miércoles en el recinto universitario alrededor de las 4:00 de la tarde por empleados de la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA). Ramírez tras ser reportado desaparecido, fue hallado muerto el jueves en el río Manoguayabo, con una herida de bala en la cabeza y amarrado con una cadena atada a dos bloques, acción que se atribuye a empleados de la OMSA.
El rector de la institución educativa, Iván Grullón, informó que luego del anuncio de la licitación hecho por el Sistema 9-1-1 se mantiene a la espera de que el sistema de cámaras sea instalado.
De acuerdo con el contrato de suministro de bienes No. 911-2016-80, por un monto de RD$85,595,131.46, (impuestos incluidos) la referida licitación pública fue ganada por la empresa Compusoluciones, JC, S.R.L., a nombre de Juan Miguel Ceballos Rodríguez.
Además de la empresa ganadora, en la recepción de propuestas y aperturas de sobres participaron las compañías Consorcio Protecta, Consorcio IQtek-Carso y Consorcio Pemica.
La propuesta económica de las tres empresas elegidas para evaluación fueron las siguientes: IQtek-Carso: RD$128,351,876.88; Pemica: RD$132,326,862.77 y Compusoluciones: RD$85,595,131.46.
El contrato destaca que después de analizadas las propuestas, el comité de compras y contrataciones del Sistema 9-1-1 como entidad contratante decidió, mediante acta No. 2016-183, de fecha 30 de noviembre de 2016, adjudicar al proveedor Compusoluciones, el contrato de suministro para la adquisición de los bienes del pliego de condiciones.
Por el monto citado, el proveedor se comprometió a vender, instalar, configurar y poner en marcha y la entidad contratante (Sistema 9-1-1), a su vez, se comprometió a comprar la expansión de la red de telecomunicación y puntos de cámaras de video vigilancia para los sectores mencionados.
El primer pago o anticipo correspondiente al 20% del monto total del contrato- RD$17,119,026- sería desembolsado a los 20 días hábiles, después de la suscripción del contrato. El 80% restante se acordó pagarlo con posterioridad a las entregas e instalaciones.
Luego de la firma del contrato, hecha el 8 de diciembre de 2016, el proyecto debía ser entregado a más tardar en cuatro meses contados a partir del pago del anticipo, es decir, en abril pasado, y el acuerdo tendría una duración de seis meses, contados a partir de la suscripción del mismo.
Sin embargo, posterior a la firma del contrato, el oferente Consorcio IQtek-Carso interpuso un recurso de impugnación contra la empresa Compusoluciones, ganadora de la licitación, alegando el incumplimiento de la oferta técnica establecida en el pliego de condiciones.
Se referían a la no presentación por parte de Compusoluciones de la instalación y configuración de 127 puntos de vídeo vigilancia y de la solución de fibra óptica GPON de acceso soterrado requerido en la licitación.
La resolución No. 911-2017-01, del 3 de enero, destaca que la evaluación de esta impugnación estuvo a cargo del Departamento Jurídico del Ministerio de la Presidencia, del cual es responsable Patricia Peña, quien, basada en la respuesta del Comité de Peritos Técnico, que certificó el cumplimiento de la propuesta de la empresa ganadora, rechazó la impugnación de IQtek-Carso, por considerarla mal fundada y carente de base.
diariolibre.com
Nacionales
La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.