Editorial
Una Marca País: La Doble Moral.
La clase política dominicana si hay una cosa por la se caracteriza es precisamente por la doble moral.
Como es un país lleno de pobreza y donde la apariencia juega un papel muy importante para tener éxito, la política es una de la fuente más idónea para que el que viene del subsuelo económico y social busque su ascenso a través de los partidos.
No son pocos los que han logrado su sueño de ser multimillonarios insertándose en el tren de la administración pública y hacer todas las bellaquerías imaginables y no imaginables para acumular fortunas.
En la política uno se encuentra con personajes que piensan que los demás les creen su historia de poseer grandes fortunas que no hay forma como justificarlas.
La gran mayoría de los políticos viven de la simulación y el engaño y llegan al colmo de creerse sus propias mentiras.
Son tan audaces que luego de acumular grandes cantidades de dinero mediante el hurto de los recursos públicos entonces se convierten en luchadores en contra de la corrupción y muchos de ellos someten al Congreso Nacional proyectos de leyes para combatir el flagelo.
Otros se vuelven moralistas y éticos mediáticos, porque van a los medios de comunicación a pontificar y a criticar lo mal hecho.
El último de estos actos de doble moral lo hemos visto en el licenciado Felucho Jiménez, quien ha denunciado que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana sabía de las sobrevaluaciones de las obras que construía en el país la companía brasileña Odrebrech.
Felucho, quien ocupó el Ministerio de Turismo durante el gobierno de Leonel Fernández, fue acusado en aquel momento de intentar chantajear una companía norteamericana que quería hacer grandes inversiones en la República Dominicana, y aparentemente por eso fue apartado del cargo.
A partir de ese momento Felucho se convirtió en promotor de la pre-candidatura a lo interno del PLD del licenciado Danilo Medina y de esa manera tras el triunfo electoral de éste logra engancharse nuevamente en la administración pública como presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo.
Lo otro que se le enrostra a Felucho Jiménez es buscar la anulación de una carretera en la zona este del país por cuestiones personales, ya que quería que la obra tuviera otro trazado para que beneficiara unas propiedades suyas.
Lo cierto es que Felucho ha buscado hacer ahora una denuncia en contra del Partido de la Liberación Dominicana no sabemos si por tener algún otro disgusto con sus compañeros, pero nadie pone en duda lo dicho por éste, ya que el PLD ha pasado a ser luego de llegar al poder una corporación económica donde predominan los intereses de grupos.
Pero Felucho ha apelado de una forma muy inteligente a criticar a su partido sobre la base de un hecho que nadie pone en duda y de paso ha esgrimido la misma arma de prácticamente todos los políticos dominicanos como es la doble moral.
Como el fenómeno de la doble moral ya abarca a toda la clase política, no importa que se esté en la oposición o en el gobierno, Felucho la ha esgrimido para denunciar lo que todo el mundo sabe, pero que por venir de él ha creado un remolino político.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.