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Medida ilegal que no es justificable con la no ejecución presupuestaria ni por la mala calidad del gasto en Educación.
Por Elba García
El cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) es un logro de los sectores organizados de la sociedad dominicana y muy especialmente de la Marcha Verde, cuya conquista involucró a gente de la clase media y baja que consideraban una gran necesidad mejorar el presupuesto del Ministerio de Educación.
Este mismo diario en su momento advirtió que la lucha por el cuatro por ciento tenía sus cosas buenas y malas, ya que los precarios niveles de fiscalización del Estado y el clientelismo crearían grandes distorsiones con el logro de ese propósito e iban a provocar que el que tuviera el control de ese órgano se vería mucho más tentado por la gran cantidad de dinero que circularía por esa institución.
El tiempo se ha encargado de darnos la razón, aunque siempre promovimos el 4 por ciento, porque en estos momentos los recursos que recibe Educación, han servido para lo mismo que ha sido utilizado el presupuesto nacional, cuyo propósito principal es enriquecer a personas físicas y jurídicas que se aprovechan del trafico de influencia y de la corrupción administrativa que campea por doquier en el Estado.
Los escándalos van y vienen y todo el que llega al Ministerio de Educación, de buenas a primeras, se convierte en aspirante presidencial, porque tiene bajo su control tanto dinero que llega a creerse cuando menos un príncipe o un jeque árabe.
En los últimos años son muchos los que han querido convertirse en candidatos presidenciales luego de pasar por el Minerd, como por ejemplo Carlos Amarante Baret, Andrés Navarro, entre otros, quienes nadie puede negar que entraron pobres a ese ministerio y salieron ricos.
El último que se vio contagiado con el afán de acumular fortuna en Educación fue Roberto Fulcar, quien se consideró intocable en ese puesto por los vínculos establecido con el presidente Luis Abinader.
Después de todos estos dolores de cabeza con el cuatro por ciento, al presidente Luis Abinader se le ocurre someter un presupuesto complementario que despojaría a Educación de cuatro mil millones de pesos para ser distribuidos entre otros órganos del Estado, incluido el Poder Ejecutivo, ya que una partida de esa suma está destinada a una cuenta que maneja discresionalmente el mandatario.
Estos errores del Gobierno generan criticas legitimas de aquellos que también han sido beneficiarios de la forma alegre como se maneja el dinero del cuatro por ciento, como por ejemplo el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Ese error de Abinader se convierte en caldo de cultivo para una serie de personajes que han pasado por el Estado y lo menos que han tenido es pudor y honestidad en el manejo del patrimonio público, pero que además nunca vigilaron desde sus funciones públicas para que se cumpliera con el 4 por ciento.
Lo que mucha gente no entiende es que desde la aprobación del 4 por ciento tras una larga lucha en ese sentido de la sociedad dominicana, nunca se ha cumplido con ese mandato y que lo aplicado desde el año 2013 hasta ahora no supera el 3.8, lo cual indica que en lo respecta a este logro también los políticos han sabido engañar al pueblo dominicano.
Ahora el Gobierno da una explicación que aunque parece lógica, la cual consiste en que Educación no ejecutaría alrededor de unos ocho mil millones de pesos de lo asignado y que lo que ha buscado con el presupuesto complementario es transferir a otros órganos del Estado ese dinero, pero entonces las autoridades caen en lo ha sido una norma en su gestión, que no es otra cosa que violar la legislación sobre la materia, la Ley 66-97 y el artículo 63, literal 10, de la Constitución de la República, porque la propia Carta Magna prohíbe que haya alguna transferencia de fondos desde esta instancia a otras de la administración pública.
Una cosa que no se entiende es por qué el presidente en vez de querer desviar parte de los fondos del 4 por ciento, que es una asignación por ley, no busca mejorar la calidad del gasto en el Ministerio de Educación, aunque no se puede negar que ello es algo aparentemente quimérico en virtud de que el problema del Estado es integral y que no se soluciona sólo con buenas intenciones, si es que existieran.
Muy difícilmente los amplios sectores de la vida nacional van a apoyar al Gobierno en semejante contrasentido, ya que si bien es cierto que el 4 por ciento ha servido de poco para mejorar la educación dominicana, lo cierto es que no hay nada que justifique que ese logro desaparezca cuando lo que se exige es que las autoridades fiscalicen y supervisen mejor el dinero que se maneja por ese concepto en Educación.
El Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se la pasan cometiendo errores que luego quieren enmendar, pero que en realidad los mismos son tan graves que en vez de proyectar la idea de que las autoridades escuchan y toman en cuenta la reacción de la gente, las medidas revelan un nivel de improvisación que da miedo, porque demuestran que no saben cómo debe manejarse el Estado.
Ya hay quienes atribuyen la intención del Ejecutivo con desviar cuatro mil millones del cuatro por ciento a otros órganos del Estado, incluida una partida de cuatrocientos millones a la cuenta que maneja discrecionalmente el presidente de la República, a las pretensiones reeleccionistas de Luis Abinader, lo cual no deja de tener asidero.
El proyecto de ley de presupuesto complementario modifica el Presupuesto General del Estado para el año 2022, que contempla una reducción de alrededor de 4 mil millones de pesos a las partidas del Ministerio de Educación.
La iniciativa fue depositada en la Cámara de Diputados el pasado mes de agosto y en la actualidad es conocida por una comisión especial, pero son pocos los que consideran que este plan no se ejecute si es a partir del comportamiento que ha tenido el Congreso Nacional en la presente gestión, cuyos senadores y diputados ha sido realmente, como siempre se ha dicho, un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, el gran dique de contención para que se convierta en un hecho el contrasentido del Gobierno es, principalmente, el empoderamiento ciudadano y el papel que juegan ahora en la gobernanza las redes sociales.
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Simbolismos que envuelven muerte de chofer de camion recolector de basura entrañan que el Estado no es viable y fallido.
Por José Cabral
La incursión violenta para quitarle la vida a un ciudadano en el entorno del Palacio de Justicia de Santiago revela el poco respeto que tiene el Estado dominicano frente a la ciudadanía.
La mala reputación de fiscales, policías y jueces, cuyos protagonistas no merecen la más mínima confianza para combatir problemas como la delincuencia y la violencia social generalizada que impacta a la sociedad dominicana, queda al descubierto con el presente caso.
Uno de los escenarios en el que se observa un total irrespeto por la autoridad es el tránsito, pero ello es el resultado de que la Policía más que a imponer la ley se ha dedicado a cobrar un peaje a todo aquel que viola norma sobre la materia.
Pero peor ocurre con los fiscalizadores de tránsito, los cuales son parte del Ministerio Público, quienes llegan al colmo de obstaculizar muchas veces hasta la presentación de una querella por parte de familiares de quien ha sido una víctima mortal de un accidente entre vehículos de motor, no sólo por negligencia e incapacidad, sino por intervenir algún soborno.
No deja espacio para las dudas de que el tránsito vehicular es el que acumula una mayor cantidad de tensiones y conflictos sociales, porque ciudadanos de diferentes procedencias, cuyas formaciones son muy disímiles e impactados por problemas familiares, de negocios y de otros tipos, van diariamente a las calles del país y si no hay una autoridad con la competencia y la responsabilidad necesarias entonces viene la violencia y la muerte.
En este contexto se inscribe el ataque violento en contra del chofer del camión recolector de basura de Santiago, pero el caso tiene otras aristas que revelan hasta dónde el Estado dominicano ha perdido totalmente su credibilidad, ya que el hecho se produce dentro del perímetro del Palacio de Justicia de Santiago, donde ejercen sus funciones los principales actores del sistema de aplicación la ley.
El acontecimiento trágico es propio de las naciones con una gran debilidad institucional, ya que difícilmente se produzca en un país donde el Estado juega mínimamente su papel, porque el que se inclina por este tipo de acciones ilegales cuando llega frente a los símbolos de la justicia o del poder público contiene sus impulsos porque de lo contrario tiene que acogerse a su fuerte régimen de consecuencias.
Sin embargo, en el caso de la República Dominicana hay una serie de escenarios que son una antesala de la violencia y la muerte, entre los que se pueden mencionar, el tránsito, pero además los préstamos informales, los cuales generalmente están avalados por un título auténtico falso o que no llena las formalidades de ley, pero que muchas veces terminan en una vía de ejecución al margen de la norma sobre la materia.
Otro escenario, aunque son muchos más, son las viviendas que se crean a través de las Leyes 5038 y la 108-05, cuyos condóminos viven lo que muy bien se puede llamar como un verdadero drama, en los que extraños toman el control de los mismos y se apropian del dinero que proviene de las reparaciones menores y mayores, así como del mantenimiento, quienes se apoyan en la violencia y el no respeto de derechos fundamentales como es el de la propiedad inmobiliaria.
Pero la lista de las razones de la violencia social que todavía no ha detonado totalmente es muy amplia, porque en lo que respecta a este fenómeno hay que incluir las instituciones sin fines de lucro, cuyo lugar protagónico lo tienen las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales han captado grandes recursos económicos, pero que también están impactadas por la ilegalidad y en consecuencia por la violencia.
La muerte del chofer del camión recolector de basura permite medir la credibilidad del Estado y en el que el ciudadano no está seguro en ninguno de sus entornos y cuya situación justifica la visión de que el dominicano es uno totalmente colapsado, no viable.
La lectura dada a ese hecho que tiene una enorme cantidad de simbolismos e interpretaciones que no distancian al Estado dominicano del haitiano, donde las bandas armadas son las que tienen el control de las calles y no sienten ningun tipo de respeto por las entidades públicas, sobre todo de las que tienen la responsabilidad de imponer el orden y el respeto a la ley como la Policia Nacional, el Ministerio Público y el sistema de justicia.
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Irresponsabilidades fiscal, policial y judicial son causas determinantes de la violencia social que azota a la sociedad dominicana.
Por Elba García
La ola de violencia social tiene que ver con la irresponsabilidad por omisión de los órganos que tienen la misión de combatirla, los cuales no hacen caso a situaciones en las que se puede advertir que terminarían en una desgracia. La ola de violencia por conflictos sociales, que son manejados irresponsablemente por el Ministerio Público, la Policía Nacional y los tribunales del sistema de justicia, cuyo desenlace en Santiago ha dejado como resultado un chofer de un camión recolector de basura muerto, tiene como estímulo la dejadez, la negligencia y la incapacidad de fiscales, policías y jueces
Desde hace algún tiempo se observa un aumento preocupante de los actos de violencia por conflictos sociales, entre cuyos resultados está la muerte del chofer de un camión recolector de basura, identificado como Deivi Carlos Abreu Quezada, de 40 años de edad, quien recibió heridas punsantes de arma blanca propinadas por un grupo de motoristas que lo alcanzaron dentro del Palacio de Justicia de Santiago.
Los conflictos sociales, muchos de los cuales tienen que ver con problemas de tránsito y los que se producen en el entorno de los condominios, ya que este tipo de vivienda comunitaria son una fuente permanente de tensiones y de graves violaciones a la ley.
La muerte de Abreu Quezada es sólo una muestra de la increpación social que genera la violencia que regularmente termina con confrontaciones trágicas, pero que los órganos que deben afrontar la situación se hacen de la vista gorda.
El caso del chofer del vehículo recolector de basura, que intentó pedir ayuda en un cuartel de la Policía Nacional y nadie le hizo caso, por lo que se vio obligado a seguir su marcha mientras sus asesinos lo perseguían hasta herirlo para perder la vida.
Otros conflictos que podrían terminar con la via de hecho, hacer justicia con sus propias manos por la defiencia del sistema legal y generar muertes son aquellos que se producen en los condominios de viviendas y comerciales, sobre todo porque la fiscalía maneja estos asuntos desde una perspectiva que nunca se ve el carácter criminal y penal de los casos.
El problema de la violencia toma mayor impulso cuando la autoridad competente no cumple con su rol y los que se inclinan por este tipo de conducta no reciben una respuesta que detenga sus acciones que lesionan la paz y armonía sociales.
En los actuales momentos los conflictos que provienen del tránsito vehicular, los condominios. y muchos otros de diferntes variedad, que son los que revisten mayor peligro, dado que los mismos son vistos y manejados incorrectamente por los fiscales, la Policía Nacional y los tribunsales competentes.
Sin bien en las calles del país hay una serie de conductores desaprensivos y violentos, lo mismo puede decirse de los lugares donde operan los complejos habitacionales que se rigen por las leyes 5038 y 108-05, cuyos residentes son estafados mediante los gastos menores y mayores, así como con el dinero que se paga por concepto de mantenimiento.
Sin embargo, la ilegalidad también tiene el alcance de personas que se atribuyen una calidad que no tienen, pero que se insertan en este tipo de complejo habitacional y asumen roles que no les corresponden, lo que motiva conflictos que podrían terminar en una desgracia con pérdidas de vidas humanas, todo ello frente la indiferencia y el mal manejo de los fiscales ordinarios y especializados del sistema.
El hecho de la muerte del chofer del camión recolector de basura parece constituir un llamado a las autoridades para que asumen su papel para parar una ola de violencia que tiene perfiles muy preocupantes en razón de que provienen de conflictos sociales que pueden ser resueltos con una intervención más responsable e idónea de los órganos creados por el Estado para ese propósito.
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La colegiación profesional otro fiasco nacional como parte de todo el desastre que afecta a la sociedad dominicana.
Por Elba García
Los colegios profesionales, que nacen en el mundo desde años muy remotos, se han convertido en otro gran fracaso en la República Dominicana, tal vez porque son el resultado de una cultura anárquica, caracterizada por la improvisación y el poco respeto por la institucionalidad.
Frente a este cuadro, el cual está explicado por un asunto profundamente cultural, puede decirse que esta figura jurídica representa un gran fracaso para los profesionales académicos que cifraron sus esperanzas en que los colegios serian una vía de solución de sus grandes problemas de seguridad social y ético-moral.
Pero en realidad los mismos son parte de un sueño que parece que no se concreta, ya que por lo que se ve no hay uno solo de los colegios profesionales que opere en función de la ley que lo crea, sobre todo por ser entes mediante los cuales el Estado se desplaza para que los profesionales del sector de que se trate se auto-regulen y al propio sean un soporte de la precaria institucionalidad que caracteriza al país.
Los colegios profesionales que proyectan mayor fortaleza en el país no es verdad que así sea, ya que los mismos son controlados por grupos que operan a lo interno de ellos, a los fines de satisfacer intereses particulares y no de la profesión que representan.
Los colegios profesionales, los cuales tuvieron un mayor proceso de constitución en la década de los ochenta, pese a que su nacimiento data de los 40 e incluso de la tiranía trujillista, son una expresión de lo que de manera integral constituyen los países que cuentan con un Estado no viable.
Entre los surgidos en el año 1983 están el Colegio de Abogados y el de periodistas, aunque éste último se desnaturalizó y en los actuales momentos no pasa de ser una asociación creada mediante una ley especial que está más en el contexto del derecho privado que del público, cuyo nivel de regulación es prácticamente nulo, aunque igual ocurre con los que tienen la facultad de hacerlo.
Hay otros colegios como el de Ingenieros y Agrimensores (CODIA) que data de la que se podría definirse como la tercera etapa de la creación de este tipo de organización en el país, pero prácticamente ninguno de ellos ha podido cumplir con el rol ético que está llamado a jugar este modelo de entidad que cuenta con poder público para regular la profesión.
Este tipo de institución ha corrido la misma suerte de aquellas impactadas por el fenómeno como el grupismo que se ha apropiado de ellas para desnaturalizarlas y no dejarlas cumplir con su rol, muchas veces por la politización que impacta negativamente a toda la sociedad dominicana.
E incluso el propio legislador ha cometido serios errores al momento de aprobar las leyes para la creación de cada uno de los colegios profesionales, ya que, por ejemplo, el de médico parece ser un hibrido de una organización gremial y las particularidades que tienen este tipo entidad, que rompe con los principios de igualdad y de razonabilidad que han sido muy trabajado en el proceso de constitucionalización del derecho en el país tras la entrada en el 2010 del neo-constitucionalismo.
Hay otros colegios que en las leyes que los crean el legislador se preocupó de establecer literalmente que no tienen carácter gremial, lo cual impacta de forma positiva el principio de igualdad y de razonabilidad, pese a que de ninguna manera se cumple con el mandato de la ley, máxime en lo que respecta al rol ético de este tipo de modelo institucional.
La cuestión es que el aspecto más importante de los colegios profesionales, como es el ético, porque impacta positivamente a la sociedad, es muy poco el aporte de esta figura jurídica, la cual debe velar de que los egresados universitarios exhiban una conducta acorde con ese valor en el ejercicio de la profesión para beneficio de la sociedad.
Los colegios profesionales son parte de un problema nacional que está muy ligado a la cultura nacional, la cual parte de la improvisación y el poco respeto de la ley y de la conducta ética de todos los ciudadanos para conformar una mejor sociedad.
Uno de los mejores ejemplos en este campo es el Colegio Dominicano de Notarios, cuyos miembros, que son oficiales con fe pública, con el aval del Estado, porque son nombrados por la Suprema Corte de Justicia, emiten una serie de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de la Ley 140-15, Orgánica de la entidad, pero se conocen muy pocas las sanciones impuestas en contra de los que distorsionan sus funciones y ponen en peligro la seguridad jurídica.
Igual ocurre con los abogados, los médicos, los ingenieros y muchos otros profesionales colegiados, pero que todo es parte de un fenómeno general que explica la esencia de una sociedad no viable y carente de un régimen de consecuencia.