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Editorial

Una Nueva Ofensiva Neoliberal.

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Hay una expresión muy popular que reza que el Gobierno con sus acciones ha dejado que se le vea el refajo, el cual se aplica en los actuales momentos por las pretensiones de desarrollar planes de privatización de las empresas públicas.

La primera ofensiva a este respecto se produjo durante uno de los gobiernos del doctor Leonel Fernández, la cual ha dejado traumas insuperables en el seno de la sociedad dominicana.

Estos planes de los políticos que están al servicio del sector privado es antes que nada vender la idea de que el Estado no está en capacidad de manejar idoneamente ninguna empresa, lo cual resulta un contrasentido.

Si el Estado tiene la capacidad para manejar la complejidad que implica la multiplicidad de intereses que convergen en la sociedad, entonces se supone que también la tiene para administrar eficientemente una empresa de su pertenencia.

La cuestión estriba en que el Estado carece en el país de la capacidad o del nivel de institucionalidad para manejar correctamente su patrimonio y lo mismo podría decirse incluso de su presupuesto, el cual sirve más a la corrupción que a la salud, a la educación y otros servicios fundamentales para la sociedad.

De igual modo, los que tienen el control del Estado son expertos en hacer componendas con el sector privado para que se les entregue todo el patrimonio público a cambio de nada.

Los ejemplos al respecto sobran, como son el Aeropuerto Internacional del Cibao, el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), entre otros, los cuales han sido entregados al sector privado a cambio de prácticamente nada, pese que una buena parte de los recursos económicos invertidos provienen del contribuyente, pero cuyos frutos van a los bolsillos del empresariado.

Esta visión del manejo de las riquezas públicas ha sido una razón más que suficiente para que se produzca una alianza público-privada para depredar la propiedad estatal mediante unas maniobras realmente indignantes.

Lo que ocurre en el actual Gobierno no ha sido menor del cuadro descripto con el soporte legal de la Ley 47-20 de alianzas público-privadas, la cual es un mecanismo en el marco del ordenamiento jurídico nacional para convertir el patrimonio público en privado en detrimento del pueblo dominicano.

Las pretensiones del Gobierno del PRM y de Luis Abinader no debe sorprender a nadie en virtud de que el presidente proviene del sector privado y en consecuencia se impone el criterio que hemos expresado anteriormente de que los intereses pesan más que las aparentes buenas intenciones.

Las privatizaciones que promueve el Gobierno no se detienen en la venta de las empresas generadoras de energía, sino también del agua potable e incluso de la tierra, cuyos planes llevan a las autoridades nacionales a contradecir el mismo compromiso asumido con la firma del acuerdo planteado a través del Consejo Económico y Social (CES), mediante el cual se estableció que el Estado mantendría el monopolio del control energético nacional.

Aumenta oposición a venta de EGEHID

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Editorial

Sentencia del Tribunal Constitucional crea clima importante en democracia dominicana.

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Lo primero que debe establecerse es que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes representa un paso vital para convertir la democracia nacional en más participativa.

Esta decisión del TC, quiérase o no, permite que el ciudadano se empodere y si lo hace correctamente podría detener la debacle que han impuesto en la sociedad dominicana los partidos políticos, cuya principal misión es promover anti-valores.

 Ante los argumentos de la partidocracia, habría necesariamente que preguntarse y si ellos están tan bien como dicen, por qué tanto miedo con las candidaturas independientes, sobre todo si se entiende que si esta figura jurídica no es aprovechada por ahí podría ser que no venga nada nuevo y que en segundo lugar pueda servir para traer algo peor de lo que tenemos.

Entonces, si es verdad que se trabaja en favor de la sociedad, se impone que no se exhiba tanto miedo, porque si consideran que hacen lo correcto, pues no deben preocuparse.

Es un verdadero contrasentido muchas de las cosas que se dicen, porque si fuera algo que verdaderamente reviste tanto peligro, lo que procede es desmontar su importancia con argumentos con lógicos y despojados de todo mal razonamiento.

En una sociedad cimentada en antivalores no es fácil lograr cambios importantes, pero si la herramienta existe podría venir la reformación integral del Estado dominicano.

Las candidaturas independientes son una tabla de salvación nacional de una sociedad en la que ya no cabe más corrupción, contaminada de los pies hasta la cabeza y lo contrario.

Ahora falta que el ciudadano, vale decir la mayoría de ellos, se despoje de ese fanatismo que tradicionalmente lo ha cegado en favor del partidarismo, a fin de asumir con la toda la responsabilidad posible esta nueva figura que podría cambiar totalmente el escenario político nacional.

 Hace falta que todos nos armemos de coraje y vayamos al Congreso Nacional a defender en las vistas públicas que habrán de anunciarse sobre las candidaturas independientes, ya que no hacerlo sería apostar al fracaso de la sociedad dominicana.

Que se entienda que la pelea está echada y que nadie detendrá las aspiraciones de los amplios sectores de la vida nacional de tener un país mejor,  ya no soportan más corrupción y la negación de derechos, principios y valores constitucionales.

Lo que debe prevalecer en el ánimo nacional es darle vigencia al Estado Social Democrático y de Derecho, a los fines de que prevalezcan los deseos sanos y de verdaderos cambios  del pueblo dominicano por una sociedad mejor.

 

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Editorial

Un momento estelar del Ministerio Público.

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El periódico La República ha vivido de cerca la desgracia que ocurre con la falta de credibilidad del Ministerio Público, principalmente en Santiago, aunque el fenómeno es general, es decir, a nivel de todo el territorio nacional.

El problema de este órgano del Estado, persecutor del crimen y el delito, es más complejo y profundo de lo que cualquiera pueda pensar.

Este periódico lo ha vivido en carne propia, lo cual ha provocado que haya presentado ante el Tribunal Superior Administrativo varios recursos de amparos de cumplimiento tras ser víctimas de no menos de diez ataques de delincuentes que se mueven en diferentes escenarios y cuya respuesta del órgano ha  sido su falta por acción o omisión.

Y  este diario reitera que está consciente de que por la violación de derechos fundamentales del Ministerio Publico el país está frente a un asunto de una dimensión que podría lesionar y comprometer seriamente la responsabilidad civil y penal del Estado, principalmente frente al derecho internacional.

Se puede proclamar a todo pulmón que, si bien la judicatura no está libre de culpas, lo cierto es que lo del Ministerio Público representa una crisis de magnitudes muy peligrosas para el Estado y la sociedad.

En virtud de este escenario la escogencia de un nuevo procurador general de la República es una oportunidad para desviar el camino tomado por un órgano tan importante como el Ministerio Público, pero en el que nadie cree.

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el propio presidente de la República tienen ahora la oportunidad de iniciar un proceso de saneamiento de este órgano del Estado con la escogencia de una figura como Melton Ray Guevara que viene de una gran labor en el proceso de constitucionalización que vive el país.

En opinión de este periódico es la mejor opción de todas, no sólo por su formación en derecho constitucional, principal dolencia del Ministerio Público, sino porque, sin lugar a dudas, es una persona metódica y disciplinada en el desempeño de funciones públicas.

Es una oportunidad que no debe desperdiciarse para enderezar un órgano como el Ministerio Público que tiene como función perseguir el crimen y el delito y su principal debilidad consiste en que su personal camina al margen del respeto de los derechos fundamentales.

Si se escoge a una persona como Ray Guevara  como procurador general de la Republica es muy probable que su gestión trascienda históricamente y que los resultados sean el fortalecimiento de la persecución penal y una notable mejoría en lo que respecta al respeto de los derechos fundamentales que debe garantizar el Estado.

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Editorial

Las candidaturas independientes: un callo en los zapatos de la partidocracia.

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Desde hace ya algunos meses que el Tribunal Constitucional emitió la sentencia sobre las candidaturas independientes, cuya decisión ha puesto en primer plano esta figura jurídica que hace la democracia nacional más participativa.

Las candidaturas independientes existen en el país desde hace muchas décadas, pero en realidad no ha surtido el efecto esperado y las mismas no han servido de nada para hacer la democracia más participativa y democrática.

Sin embargo, la sentencia del TC ha encendido la chispa para que muchas cosas nuevas y buenas puedan provenir a través de las candidaturas independientes, aunque naturalmente podría ser todo lo contrario, ya que todo va a depender de quiénes se acojan a esta figura para contribuir con el cambio que necesita el país.

Esta decisión de la alta corte pone a la República Dominicana en primer plano en lo que respecta romper con el monopolio electoral que tienen los partidos políticos en el país.

Naturalmente, esta trascendental decisión del TC jugará un papel de primer orden en la democracia nacional en la medida en que la misma sea acogida por el ciudadano que tiene preocupación por el curso que lleva el país.

Es un reto de trascendencia histórica y los buenos y malos resultados que salgan de la sentencia en referencia dependen de cómo el ciudadano asuma el asunto.

Por esa razón es, podría decirse vital, que las organizaciones sociales se incorporen al debate de las candidaturas independientes y que no dejen solos en el escenario a los que se oponen a ellas como los partidos políticos que son la fuente de la gran desgracia nacional.

La confrontación entre los que se oponen y los que defienden las candidaturas independientes está planteada en el escenario y la misma se inicia con la convocatoria de la Junta Central Electoral a los partidos políticos y  la misma debe ser extensiva a toda persona física y jurídica que también tenga una opinión sobre el tema.

Es posible que si hay una buena canalización del debate sobre las candidaturas independientes mediante el mismo se pueda demostrar  qué beneficiosas son para el sistema electoral dominicano y en consecuencia para la democracia, ya que nadie debe poner en dudas la crisis de credibilidad de la partidocracia, cuyo alto nivel de abstención en las elecciones nacionales ha dejado como resultado una cierta falta de legitimidad de las autoridades que hoy conducen los destinos nacionales.

Que nadie tenga dudas de que la gente está cansada de las travesuras cometidas por la partidocracia, la cual sólo sabe promover lo mal hecho y que sus actores se apropien del patrimonio nacional, cuya conducta podría implicar la desaparición de la nación.

¡La pelea está echada.

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