Opinión
Una oportunidad para Colombia
Por Juan Bolívar Díaz
El tiempo ha demostrado que la guerrilla no tiene posibilidad alguna de ganar la guerra. Tampoco puede ya encontrar solidaridad ni apoyo internacional significativo.
En este continente latinoamericano de tantas ignominias y violencia institucionalizada, no hay un país que merezca más una oportunidad para la paz como Colombia. No es que la guerra comenzó con el asesinato de Gaitán que generó la indignación del Bogotazo con su devastación y tres mil muertos en 1948, como se pretende. No, la guerra data del origen mismo de la gran nación y se extendió como un fantasma inextinguible a lo largo del millón 142 mil kilómetros cuadrados de montañas, selvas, llanos y acuíferos donde cabe 24 veces la República Dominicana, a través de los dos últimos siglos, como cuenta Gabriel García Márquez en sus memorias Vivir para Contarla.
No fueron los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ni los del Ejército Revolucionario del Pueblo, ni el Ejército Popular de Liberación los que iniciaron la guerra. Tampoco el Ejército de Liberación Nacional, el Frente Unido de Acción Revolucionaria ni el Movimiento 19 de Abril (M-19). Todas esas y otras nomenclaturas de tendencias soviéticas, chinas, cubanas o de orientación nacionalista fueron reacciones a dos siglos de violencia institucionalizada, a la guerra de los mil días, a la masacre de las bananeras de 1928, al asesinato de Eliezer Gaitán en 1948, al exterminio y el despojo oligárquico, del ejército, de grupos paramilitares, de la dominación bipartidista de liberales y conservadores, de la corrupción sin tregua ni límites y del asesinato selectivo que se llevó a una decena de candidatos presidenciales a cientos de dirigentes políticos y a miles de militantes de partidos y grupos que se aferraron al juego de la legalidad.
No se puede hablar superficialmente de devolver la paz a una nación que nunca la ha tenido, donde la violencia es endémica. De lo que debería escribirse es de construir la paz para los 48 millones de colombianos que viven en su país y otros dos millones dispersos por el mundo, especialmente para los millones de desplazados, exiliados internos, para los despojados de la tierra y los herederos de la violencia.
Si larga ha sido esta ignominiosa cadena de genocidios, persistente también ha sido la búsqueda de la paz, una y otra vez fallida en las últimas cuatro décadas. Ningún observador honrado puede ignorar lo ocurrido con el M-19 que, tras el acuerdo de paz y desmovilización al caer los ochenta, se constituyó en Unión Patriótica, recibió el asesinato con su candidato presidencial Carlos Pizarro en 1990, cuando era un fuerte candidato a la presidencia. La misma suerte corrieron más de cinco mil exguerrilleros y militantes que se acogieron a la ley, exterminados selectivamente por los organismos de seguridad del Estado, los paramilitares y los sicarios de toda laya.
No hay dudas que la terrible suerte corrida por el desmovilizado M-19, el mismo que ocupó la embajada dominicana el 27 de febrero de 1980, con siete de sus diez miembros de su directorio nacional asesinados, ha dificultado en extremo todos los intentos de paz posteriores, especialmente con las FARC, la mayor organización guerrillera latinoamericana de todos los tiempos, que llegó a integrar entre 12 y 15 mil combatientes y dominó territorios más grandes que el dominicano. Manuel Marulanda Vélez, el legendario Tirofijo, prefirió extinguirse en su territorio liberado a dejarse matar en campaña electoral con un tiro en la frente como Carlos Pizarro, Jaime Pardo o Bernardo Jaramillo.
Tampoco hay dudas que la FARC se institucionalizó en la violencia de todo género, llegando al paroxismo del secuestro indiscriminado (se le cuentan hasta 27 mil), del asesinato atroz y la crueldad de las ergástulas, que no perdonó ni siquiera a mujeres que enarbolaban la paz y denunciaban la corrupción y la violencia institucionalizada como Ingrid Betancurt y Piedad Córdova, humilladas hasta lo inverosímil. Perdieron hasta la capacidad para interpretar el clamor internacional por la liberación de sus rehenes.
Ahora que llevan dos años de esfuerzos constructivos de paz, que han encontrado un interlocutor tan firme y decidido como el presidente Juan Santos, la sobreviviente jefatura de la FARC no puede encontrar el menor justificativo para el secuestro del general Rubén Darío Alzate y varios acompañantes que no estaban en combate. El tiempo ha demostrado que la guerrilla no tiene posibilidad alguna de ganar la guerra. Tampoco puede ya encontrar solidaridad ni apoyo internacional significativo. Pero por encima de todo, y ahora que hasta los familiares de las víctimas lo claman y se muestran dispuestos a perdonar, Colombia merece una nueva oportunidad para la paz. –
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.