Una Planificada Impunidad.

Por José Cabral

La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia se declaró incompetente para conocer la solicitud del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, para reabrir  el expediente  presentado en contra del senador y hombre de extrema confianza del expresidente Leonel Fernández, Félix Bautista.

El caso de Bautista es el más escandaloso de las últimas décadas, quien pasó de ser un simple sastre e ingeniero graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo luego de la falsificación de una tesis, a un poderoso hombre de negocios que maneja miles de millones de dólares.

A propósito de la decisión de Domínguez Brito, abogados vinculados al gobierno corrupto de Fernández, como el doctor Mario Vinicio Castillo, mejor conocido como Vincho, han denunciado que el trasfondo de la petición para que se procese a Bautista es enjuiciar al exmandatario.

Decía Vincho que enjuiciar a Bautista es hacerlo en contra de Leonel, es decir, es como procesar al exmandatario, lo que avala lo que mucha gente supone que ambos son socios o que el senador es una especie de testaferro del líder del Partido de la Liberación Dominicana.

Y todo parece ser así, si partimos del hecho de que muchas de las obras en el país y en Haití sólo pudieron llegar a Bautista si eran diligenciadas por el propio  Leonel, quien en algún momento se verá compelido a dar una explicación al pueblo dominicano.

La impunidad que ha logrado hasta ahora Félix Bautista está íntimamente asociada a todo un plan de Leonel, el cual comenzó con la decisión de llevar a su socio como candidato a senador por San Juan de la Maguana para cuyo propósito se hizo una alta inversión económica de recursos provenientes del Estado.

La premeditada impunidad continuó con la conformación de las llamadas altas cortes, principalmente la Suprema  Corte de Justicia, cuyo presidente Mariano Germán fungió de abogado del hombre que el rumor público señala como el  que posee la más grande fortuna de los ex-funcionarios leonelistas, sobre la base de la sobrevaluación de obras públicas.

De modo, que los tentáculos de Leonel en la Suprema Corte de Justicia hace prácticamente difícil, por no decir imposible, el enjuiciamiento de su consorte Félix Bautista, pero aún así amplios sectores de la vida nacional esperan que el presidente del alto tribunal se inhiba de conocer cualquier proceso en contra del legislador por conflictos de intereses.

En lo que respecta al presidente Danilo Medina,éste no ha dicho esta boca es mía tras pedir algunos días para conocer con más detalles los casos de Bautista y las escandalosas pensiones en la Supeintendencia de Bancos.

Cualquiera diría que es Danilo quien está atrapado en las largas redes de corrupción de Leonel, pero realmente se trata de una trampa en contra de la República Dominicana, cuyos ciudadanos están obligados a pagar los platos rotos de los corruptos a través de   las llamadas reformas fiscales, promovidas por el Fondo Monetario Internacional, la cual protege a los que van al  Estado a llevarse en sus bolsillos los recursos que debían invertirse en salud, educación y en el aumento de la producción y la productividad en la República Dominicana.

Con mucha razón dice Félix Bautista que él duerme tranquilo, porque se trata de una planificada impunidad manejada a través de la senaduría de San Juan de la Maguana, la cual está dotada de inmunidad, y los tentáculos  del  gobierno de Leonel  en la Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Congreso Nacional.

A la hora que esta realidad se refleje en el  pleno de la Suprema Corte de Justicia, a cuya instancia ha sido remitida la solicitud del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, quien hoy no hubiera estado en esa posición si el presidente Medina hubiera detectado sus intenciones, las cuales parecen estar motivadas por razones que van mucho más allá del deseo de hacer justicia, quedará  definitivamente develada la planificada impunidad de los allegados al expresidente Leonel Fernández e incluso se comprenderá mejor la declaración del presidente Medina en los Estados Unidos en la que dejaba lo suficientemente claro que él no perseguirá a nadie y al propio tiempo prácticamente  remitió los casos de corrupción a los tribunales competentes, cuyo control  lo tiene el alto tribunal, manejado por los que cometieron el delito.