Opinión
Una Revolución Cultural para Liberar Nuestra Nación
Por Isaías Ramos
En esta época del año, cuando las luces navideñas iluminan nuestros hogares y el calor de la familia nos reconforta, es inevitable reflexionar sobre lo que hemos sido, lo que somos y lo que podríamos llegar a ser como nación. La Navidad nos recuerda los valores que deberían guiarnos siempre: la solidaridad, la honestidad, la fe y el amor al prójimo. Sin embargo, también nos obliga a mirar el lado oscuro de nuestra realidad: esos males que nos atan a una perpetua miseria moral, espiritual y económica.
No podemos ignorar que, durante décadas, hemos sido testigos de un país gobernado por una clase política y económica que, con pocas excepciones, ha puesto sus intereses por encima de los de la nación. Este sistema, sostenido por la corrupción, la avaricia y el desprecio por el bien común, ha asfixiado nuestras posibilidades de desarrollo. No se puede construir una nación cuando quienes deberían liderarla han olvidado los principios más básicos de ética y responsabilidad.
La pobreza moral de quienes ostentan el poder ha traído consigo pobreza económica y espiritual. Nos han dividido, enfrentado y hecho creer que es imposible vivir de otra manera. Pero esto no puede seguir así.
Si queremos transformar este país, debemos desprendernos de los males que nos han hundido en el estancamiento:
- La corrupción estructural: Vivimos en un sistema político donde robar parece ser más la norma que la excepció Cada recurso que se pierde por corrupción es una escuela que no se construye, un hospital que no se equipa, un empleo que no se genera.
- El egoísmo de las élites económicas: Nuestro modelo económico permite que la riqueza se concentre en pocas manos, mientras la mayoría apenas sobrevive. No podemos tolerar un país donde la desigualdad sea una regla aceptada.
- La indiferencia ciudadana: Hemos permitido que este sistema nos anestesie, haciéndonos creer que la resignación es nuestra única opció Pero el cambio no puede venir de arriba si no lo exigimos desde abajo.
Estos son los grilletes que debemos romper si queremos construir una sociedad más justa y digna.
La transformación que necesitamos no es solo económica o política, sino cultural. Es una revolución que debe comenzar en el alma misma de nuestra nación, en nuestra manera de pensar y actuar. Esta revolución debe guiarnos hacia una ética colectiva que recupere los valores que alguna vez nos dieron orgullo como pueblo.
La revolución cultural que el Frente Cívico y Social propone se fundamenta en tres pilares esenciales:
- La honestidad como centro de nuestra vida pública y privada: Ningún país puede prosperar si la corrupción sigue siendo tolerada. Necesitamos líderes que no solo prometan, sino que vivan los principios de transparencia y servicio.
- La solidaridad como nuestra mayor fortaleza: Solo saldremos adelante si entendemos que el progreso de uno es el progreso de todos. Es hora de cerrar las brechas que nos dividen y de trabajar juntos como una sola nación.
- La educación en valores como prioridad nacional: No podemos esperar un cambio si no educamos a las nuevas generaciones para que sean ciudadanos íntegros, responsables y comprometidos con el bien común.
Esta revolución cultural no es una opción; es una necesidad histórica. No podemos seguir permitiendo que una clase gobernante —cómoda en sus privilegios y desconectada de la realidad del pueblo— defina nuestro destino. Tampoco podemos seguir siendo cómplices con nuestro silencio, apatía e indiferencia.
Es hora de mirar a esas élites políticas y económicas que han lucrado con el dolor y el esfuerzo de la mayoría, y decirles: ¡basta! Basta de perpetuar un sistema que alimenta la desigualdad, el clientelismo y el abuso de poder. Basta de vender el futuro de nuestra nación a cambio de beneficios inmediatos para unos pocos.
Pero esta revolución no es solo contra ellos; también es contra nosotros mismos: contra nuestras propias excusas, contra nuestra resignación y contra nuestra falta de acción. Porque un país no cambia solo con críticas; cambia con compromiso, participación y valentía.
La Navidad nos invita a creer en lo imposible y a soñar con un renacer. Ese espíritu debe guiarnos más allá de estas fechas, para encender una llama que ilumine todo el año. Esa llama es la revolución cultural: un cambio profundo en cómo pensamos, sentimos y actuamos como sociedad.
Es hora de rescatar la ética como nuestra brújula. De construir un país donde el poder no sea un privilegio, sino una responsabilidad; donde la riqueza no sea una acumulación egoísta, sino una herramienta para generar oportunidades; donde la política no sea un juego de intereses, sino un servicio a la nación.
Este país no está condenado a la miseria ni al fracaso. Está condenado únicamente a aquello que permitamos. Pero también está lleno de posibilidades, sueños y talentos esperando ser liberados.
Esta Navidad, más allá de los regalos y las cenas, desde el FCS les invitamos a hacer un pacto: construir juntos el país que merecemos. Liberémonos de las cadenas de la corrupción, la desigualdad y el egoísmo. Y empecemos, cada uno de nosotros, a ser el cambio que queremos ver.
Que esta Navidad sea el inicio de un renacer. Porque no hay mayor regalo que dejar a las próximas generaciones un país libre, justo y digno. ¡El cambio es posible!
¡Despierta, RD!
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.