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Opinión

Una “salida del callejón” para quedarnos en el lodazal

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Por Narciso Isa Conde

La dictadura mafiosa del PLD cerró la vía institucional y la ruta electoral democrática. Lo hizo en el 2008, en el 2012 y en el 2016.

Y tiene el propósito de hacerlo en el 2020, contando además con una oposición electoralista colmada de podredumbre y sin bagaje para confrontarse con este régimen perverso.

Las elecciones del 20-20, con el PLD controlando todos los poderes del Estado, incluido el electoral -amalgamado además con el poder permanente de la lumpen burguesía y del generalato delincuente- son una gran trampa, que solo los que privan en sublimes tontos o se comportan como social-pendejos (porque ni a socialdemócratas llegan), pueden presentarlas como una gran oportunidad para cambiar el rumbo del país, bautizando el año de su concreción como “el año del cambio”.

• Un atrevimiento indignante e inaceptable de AlPaís.
Ilusoria “oportunidad democrática”, que para ser provechosa –según el jefe político de Alianza País- amerita que Marcha Verde, potencial factor de negación del partidismo tradicional corrupto (oficialista y “opositor”), converja, sin reventar, con el llamado frente “opositor”, también plagado de la delincuencia política y empresarial que ha desgobernado el país en los últimos 50 años: PRSC, PQD, PRD-PRM, PUN…

Si Guillermo Moreno se siente bien junto a Quique Atún, Rogelio Genao, Hipólito Mejía, Wessin Chávez, Pacheco…yo le deseo que le vaya bien con toda esa basura política.

Pero no puedo callar ante el atrevimiento que significa proponer que Marcha Verde, la nueva esperanza de este pueblo, converja con esa parte del lodazal que estamos combatiendo.

Y que a la vez se promueva la ilusión de que esa suma que resta tanto –que de paso liquidaría al formidable movimiento verde- es capaz de sacar del gobierno a la mafia pelediana en unos comicios que ella misma está montando con toda la malicia y tramposería que le caracteriza.

• Ese giro duró muy poco.

Hace pocas semanas escuché a Guillermo Moreno decir que el PLD había cerrado todas las vías institucionales para su desplazamiento.

Esto parecía ser un loable esfuerzo por sintonizarse con una gran parte de esta sociedad, que en el combate contra la impunidad está arribando a la conclusión de que el fin de la misma es inseparable del fin de este sistema y del gobierno de turno, montado sobre esta institucionalidad y sus viciadas reglas de juego; algo a todas luces inalcanzable a través de unas elecciones corrompidas y pervertidas.

El reculón de Guillermo, sin embargo, no tardó en producirse.

Curiosamente se anuncia cuando marcha verde se apresta a debatir y a construir el programa por el fin de la impunidad, esto es, a reflexionar y trazar pautas sobre las transformaciones imprescindibles para romper el bloqueo institucional vigente.

Tiene un fuerte olor a intento de obstrucción de ese avance al tenor de un conciliábulo partidista de baja monta.

Coincide Guillermo y se sitúa así del lado de una oposición desacreditada, corrompida o asociada a los corruptos, la cual pretende utilizar a Marcha Verde como manto encubridor de sus inmundicias y como tabla de salvación; después de haber perdido toda credibilidad y luego de ver reducido al mínimo su poder convocatoria, como lo evidencian los hechos y las encuestas.

Alianza País, a través de su principal portavoz, se sumó al discurso conservador, abrazando de paso su principal portavoz el sueño egocéntrico, abundante en los escenarios de la politiquería tradicional, de ser al mismo tiempo el candidato presidencial de las corrompidas derechas opositoras y del pueblo verde, única garantía –según su peculiar parecer- de una “precisa direccionalidad política” de las luchas actuales.

En verdad Guillermo, al proponer esa “convergencia” y hacerlo de esa manera, se hizo un trajecito a su medida. La tentación de montarse sobre el brioso potro verde lo traicionó, precipitándose a resucitar su medular electoralismo y su apego al sistema en un contexto inapropiado.

• Marcha Verde, la política y los políticos.

Ese propósito requiere reducir a Marcha Verde a un movimiento de presión que sirva a los propósitos electoreros de una parte de un sistema de partidos desacreditado por sus propias culpas e innumerables fechorías.

Esa pretensión la promueven también los voceros e ideólogos del PRM en compañía del abanico opositor, procurando salvarse de una decadencia inexorable.

No falta aquello de jugar el papel de los caballitos de Troya.

Y no se trata de “negar la política” en general ni “el papel de los partidos” desde Marcha Verde, pero sí de rechazar la política perversa asumida por décadas, a esos partidos sinvergüenzas (en especial a sus cúpulas) y a las instituciones que controlan o usan para recibir privilegios y negociar lo que no es suyo. Su desplome favorece la democracia real.

En este país hay poca cosa más política que luchar contra una impunidad y una corrupción que son sistémicas, estructurales, pervertidoras de todas las políticas e instituciones públicas.

Marcha Verde-MV tiende a ser un movimiento social politizado, o político-social y multi-cultural; diverso, no partidista, con corrientes políticas en su interior, independiente y alternativo a los pestilentes partidos tradicionales…y lo acertado es desarrollar y consolidar esa tendencia y dotarla de un fuerte contenido transformador al compás de la radicalización del pueblo maltratado, abusado, oprimido y reprimido. Algo que poco a poco se está produciendo.

Y MV tiene fuerza y mística para derrotar tanto a los que la quieren matar con odios como a los que pretenden hacer lo mismo con besos envenenados.
• La vía democrática del cambio.

La vía democrática del cambio, de las necesarias transformaciones estructurales, del fin de la impunidad, del fin del sistema de corrupción impune, del fin del gobierno y la dictadura morada, es extra-institucional.

No es electoral en primera instancia ni este marco institucional, no son las elecciones del 2020.

Primero hay que desplazar este gobierno y hacer colapsar estas instituciones podridas por la vía de la democracia de calle y la creación de un poder paralelo; de un poder constituyente capaz de echar abajo el poder constituido y construir una nueva institucionalidad sobre nuevas bases constitucionales.

La democracia de calle se ejerce al calor de movilizaciones multitudinarias y paralizaciones contundentes que posibiliten crear una crisis de gobernabilidad, producir la ruptura necesaria e iniciar una transición bajo un gobierno provisional de corta duración, comprometido con el fin de la impunidad y la convocatoria de una Asamblea Constituyente Popular y Soberana; que redefina nuestro proyecto de Nación y sociedad en los contenidos de una Constitución que reemplace la del 2010, la cual ha servido de plataforma a esta dictadura mafiosa.

Es a ese gobierno provisional, transitorio, que le correspondería convocar nuevas elecciones, apoyadas en la nueva Constitución y un sistema electoral realmente democrático.

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Opinión

Tres mitos de la Suprema: consenso, apoliticidad e imparcialidad

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La selección de la Suprema Corte refleja acuerdos políticos más que imparcialidad, cuestionando el mito de apoliticidad y consenso democrático.

  • El texto sostiene que la unanimidad en el CNM responde a pactos políticos, no convicciones coincidentes.
  • Se menciona a Justiniano Montero Montero como juez de carrera con posibles lealtades tácitas.
  • La SCJ y el Tribunal Constitucional son descritos como claves para proteger élites políticas.

Por Narciso Isa Conde

Escuchando tantos elogios al consenso unánime, a la apoliticidad e imparcialidad en el proceso de la selección y conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), les plantee a algunos amigos expertos en el tema que me parecía que ese consenso tiene mucho de pacto entre dos fuerzas políticas: una con mayoría precaria y la otra con una cuota significativa.

Les señalé que ser juez de carrera no es necesariamente ser apolítico o apartidista, y que no es verdad que esta ocasión este gobierno no trataría de asegurar su impunidad, para lo cual la SCJ es una entidad judicial clave.

 Dicho esto, les sugerí ir a más profundidad en estas valoraciones, sobre todo después de lo acontecido con los cambios realizados en otras de las altas cortes.

 El disco duro de la sociología política dominicana nos habla del mito de la neutralidad técnica frente a la cruda política del poder y la búsqueda de impunidad, y posibilita llegar a estas consideraciones:

·         La carrera judicial no es un búnker como para afirmar que, porque el magistrado Justiniano Montero Montero provenga de la base de la judicatura, eso lo despoja de vínculos, simpatías, lealtades tácitas o de la prudencia necesaria para sobrevivir décadas dentro del sistema. Más cuando es tradición que para ascender en la escalera judicial dominicana se requiere navegar aguas donde la denominadas clase política y la oligarquía capitalista siempre tiene antenas y capacidad de veto.

·          Cuando fuerzas mayoritarias con cuentas de corrupción pendientes (como las del PRM y sus empresarios) y minorías con peso institucional (como la representación de FP desde una impunidad protegida) llegan a un voto unánime en el CNM, no se debe a una voluntad democrática colectiva o a un consenso por convicciones coincidentes. Ni en ese caso, ni en casos parecidos.

·         Por lo general, ese resultado responde a un pacto de coexistencia pacífica: se reparten espacios o se validan perfiles donde los actores políticos principales aseguran que no habrá sorpresas radicales ni persecuciones judiciales desbocadas contra los círculos de poder salientes o vigentes.

·         En la República Dominicana, el control o la influencia sobre las altas cortes cumple una función sistémica histórica de protección a los integrantes del poder constituido y a las elites capitalistas.

·         Ningún liderazgo político con fuerza real entrega el poder o diseña transiciones obviando el control de la Suprema Corte de Justicia (máxima instancia de apelación penal y casación) y del Tribunal Constitucional.

·         La experiencia con los cambios en otras altas cortes del país ha demostrado que los repartos de cuotas, presentados como consensos, terminan funcionando como un engranaje de equilibrio de determinadas debilidades: «tú no me tocas los flancos vulnerables de mi gestión, yo no dinamito los tuyos».

·         El sistema judicial se convierte así en un fiel de la balanza que modera los conflictos entre élites partidarias y empresariales, pero que no rompe el statu quo estructural de la llamada clase política tradicional y de toda la clase dominante-gobernante.

Entonces, surgió la necesidad de responder a esta pregunta fuñona:

¿Acaso tiene Abinader el control absoluto de la SCJ?

 Lo cierto es que más que un control absoluto de “títeres” o «marionetas» (que afectaría la imagen benévola de supuesta independencia institucional y la fantasía de la separación de poderes, tan cara para los organismos multilaterales, instancias internacionales, la diplomacia simuladora y las apariencias), lo que se construyó fue un control por entendimientos mutuamente convenientes, con un diseño de perfiles moderados:

Se evitan así perfiles y situaciones confrontativas o disidencias y disidentes reales que puedan activar investigaciones incómodas.

En su lugar se colocan figuras que garantizan una «paz social y corporativa» adecuada al sistema de dominación, administrando la justicia con un mando conservador que frene o disuelva cualquier intento de depuración profunda o propósito de romper con la inercia de impunidad sistémica.

La verdad es que detrás del ropaje técnico y la unanimidad formal se esconde una arquitectura de negociación política donde las cúpulas partidarias y empresariales aseguran su retaguardia institucional.

Nada de consenso democrático, apoliticismo o imparcialidad.

Acuerdos por conveniencia de las partes, casi nunca con equilibrio absoluto o paridad en el poder de decisión.

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Opinión

Descalifican libros y ganadores con IA (6 de 10)

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Por Oscar López Reyes

Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.

Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.

La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.

¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?

Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.

También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.

Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.

El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.

La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.

¿Cuáles son las respuestas?

Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.

Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.

Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.

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Referencias bibliográficas:

1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/

2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.

3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.

5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.

6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.

8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.

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Opinión

La Constitución como medida del poder

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Por Isaías Ramos

 Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.

El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.

El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.

Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.

La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.

Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.

En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.

El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.

El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.

Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.

Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.

Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.

El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.

Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.

Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.

En 2044 celebraremos dos La Constitución como medida del poder

siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.

El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.

¡El 2044 comienza hoy!

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