Opinión
Una “salida del callejón” para quedarnos en el lodazal
Por Narciso Isa Conde
La dictadura mafiosa del PLD cerró la vía institucional y la ruta electoral democrática. Lo hizo en el 2008, en el 2012 y en el 2016.
Y tiene el propósito de hacerlo en el 2020, contando además con una oposición electoralista colmada de podredumbre y sin bagaje para confrontarse con este régimen perverso.
Las elecciones del 20-20, con el PLD controlando todos los poderes del Estado, incluido el electoral -amalgamado además con el poder permanente de la lumpen burguesía y del generalato delincuente- son una gran trampa, que solo los que privan en sublimes tontos o se comportan como social-pendejos (porque ni a socialdemócratas llegan), pueden presentarlas como una gran oportunidad para cambiar el rumbo del país, bautizando el año de su concreción como “el año del cambio”.
• Un atrevimiento indignante e inaceptable de AlPaís.
Ilusoria “oportunidad democrática”, que para ser provechosa –según el jefe político de Alianza País- amerita que Marcha Verde, potencial factor de negación del partidismo tradicional corrupto (oficialista y “opositor”), converja, sin reventar, con el llamado frente “opositor”, también plagado de la delincuencia política y empresarial que ha desgobernado el país en los últimos 50 años: PRSC, PQD, PRD-PRM, PUN…
Si Guillermo Moreno se siente bien junto a Quique Atún, Rogelio Genao, Hipólito Mejía, Wessin Chávez, Pacheco…yo le deseo que le vaya bien con toda esa basura política.
Pero no puedo callar ante el atrevimiento que significa proponer que Marcha Verde, la nueva esperanza de este pueblo, converja con esa parte del lodazal que estamos combatiendo.
Y que a la vez se promueva la ilusión de que esa suma que resta tanto –que de paso liquidaría al formidable movimiento verde- es capaz de sacar del gobierno a la mafia pelediana en unos comicios que ella misma está montando con toda la malicia y tramposería que le caracteriza.
• Ese giro duró muy poco.
Hace pocas semanas escuché a Guillermo Moreno decir que el PLD había cerrado todas las vías institucionales para su desplazamiento.
Esto parecía ser un loable esfuerzo por sintonizarse con una gran parte de esta sociedad, que en el combate contra la impunidad está arribando a la conclusión de que el fin de la misma es inseparable del fin de este sistema y del gobierno de turno, montado sobre esta institucionalidad y sus viciadas reglas de juego; algo a todas luces inalcanzable a través de unas elecciones corrompidas y pervertidas.
El reculón de Guillermo, sin embargo, no tardó en producirse.
Curiosamente se anuncia cuando marcha verde se apresta a debatir y a construir el programa por el fin de la impunidad, esto es, a reflexionar y trazar pautas sobre las transformaciones imprescindibles para romper el bloqueo institucional vigente.
Tiene un fuerte olor a intento de obstrucción de ese avance al tenor de un conciliábulo partidista de baja monta.
Coincide Guillermo y se sitúa así del lado de una oposición desacreditada, corrompida o asociada a los corruptos, la cual pretende utilizar a Marcha Verde como manto encubridor de sus inmundicias y como tabla de salvación; después de haber perdido toda credibilidad y luego de ver reducido al mínimo su poder convocatoria, como lo evidencian los hechos y las encuestas.
Alianza País, a través de su principal portavoz, se sumó al discurso conservador, abrazando de paso su principal portavoz el sueño egocéntrico, abundante en los escenarios de la politiquería tradicional, de ser al mismo tiempo el candidato presidencial de las corrompidas derechas opositoras y del pueblo verde, única garantía –según su peculiar parecer- de una “precisa direccionalidad política” de las luchas actuales.
En verdad Guillermo, al proponer esa “convergencia” y hacerlo de esa manera, se hizo un trajecito a su medida. La tentación de montarse sobre el brioso potro verde lo traicionó, precipitándose a resucitar su medular electoralismo y su apego al sistema en un contexto inapropiado.
• Marcha Verde, la política y los políticos.
Ese propósito requiere reducir a Marcha Verde a un movimiento de presión que sirva a los propósitos electoreros de una parte de un sistema de partidos desacreditado por sus propias culpas e innumerables fechorías.
Esa pretensión la promueven también los voceros e ideólogos del PRM en compañía del abanico opositor, procurando salvarse de una decadencia inexorable.
No falta aquello de jugar el papel de los caballitos de Troya.
Y no se trata de “negar la política” en general ni “el papel de los partidos” desde Marcha Verde, pero sí de rechazar la política perversa asumida por décadas, a esos partidos sinvergüenzas (en especial a sus cúpulas) y a las instituciones que controlan o usan para recibir privilegios y negociar lo que no es suyo. Su desplome favorece la democracia real.
En este país hay poca cosa más política que luchar contra una impunidad y una corrupción que son sistémicas, estructurales, pervertidoras de todas las políticas e instituciones públicas.
Marcha Verde-MV tiende a ser un movimiento social politizado, o político-social y multi-cultural; diverso, no partidista, con corrientes políticas en su interior, independiente y alternativo a los pestilentes partidos tradicionales…y lo acertado es desarrollar y consolidar esa tendencia y dotarla de un fuerte contenido transformador al compás de la radicalización del pueblo maltratado, abusado, oprimido y reprimido. Algo que poco a poco se está produciendo.
Y MV tiene fuerza y mística para derrotar tanto a los que la quieren matar con odios como a los que pretenden hacer lo mismo con besos envenenados.
• La vía democrática del cambio.
La vía democrática del cambio, de las necesarias transformaciones estructurales, del fin de la impunidad, del fin del sistema de corrupción impune, del fin del gobierno y la dictadura morada, es extra-institucional.
No es electoral en primera instancia ni este marco institucional, no son las elecciones del 2020.
Primero hay que desplazar este gobierno y hacer colapsar estas instituciones podridas por la vía de la democracia de calle y la creación de un poder paralelo; de un poder constituyente capaz de echar abajo el poder constituido y construir una nueva institucionalidad sobre nuevas bases constitucionales.
La democracia de calle se ejerce al calor de movilizaciones multitudinarias y paralizaciones contundentes que posibiliten crear una crisis de gobernabilidad, producir la ruptura necesaria e iniciar una transición bajo un gobierno provisional de corta duración, comprometido con el fin de la impunidad y la convocatoria de una Asamblea Constituyente Popular y Soberana; que redefina nuestro proyecto de Nación y sociedad en los contenidos de una Constitución que reemplace la del 2010, la cual ha servido de plataforma a esta dictadura mafiosa.
Es a ese gobierno provisional, transitorio, que le correspondería convocar nuevas elecciones, apoyadas en la nueva Constitución y un sistema electoral realmente democrático.
Por José Cabral
Siempre he dicho y he reiterado, pero que no se trata de ningún descubrimiento, que el sistema está concebido para responder a los intereses de los partidos políticos.
Los diputados y senadores provienen de ese entorno, el presidente de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el que se escogen los jueces, explica el desempeño de cada uno de estos poderes públicos
La conformación del CNM implica que todo el sistema, incluido el de justicia, obedece a los intereses que se expresan en este órgano.
De manera, que, frente a la confrontación del derecho con la política, el primero siempre tiene todas las de ganar cualquier batalla, máxime cuando se trata de aquella que se desarrolla en el campo legal.
Todo este cuadro permite establecer que resulta prácticamente difícil, por no decir imposible, que el derecho pueda salir triunfante frente a la política.
Sin ninguna duda, que ahí descansa la gran debilidad del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 2010.
Es hermoso en los textos el proceso de constitucionalización, pero el mismo resulta decepcionante en la práctica y cuando se choca con la realidad.
Nadie, absolutamente nadie, puede negar que una herramienta vital para cualquier democracia es una buena administración de justicia, pero en una nación donde la partidocracia es la dueña del sistema esto se vuelve prácticamente difícil, por no decir imposible.
El problema descansa en un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyo órgano tiene la sagrada misión de escoger los jueces del sistema de justicia nacional, lo que quiere decir que cuando se presenta un conflicto entre el derecho y la política éstos se inclinen por emitir sentencias en favor de la partidocracia.
Los hechos hablan por sí solos y el que no lo crea que revise la mayoría de las decisiones que conllevan sentencias que impactan los intereses de los partidos para que se puedan valorar los resultados.
Sin no se cambia la conformación del CNM es muy difícil que el proceso de constitucionalización del derecho y que tiene como base el respeto de los derechos fundamentales pueda cristalizarse en una sociedad como la dominicana, donde la política está presente predominantemente en todos los escenarios.
De tal forma, que hablar de una buena administración de justicia al margen de los intereses de los partidos políticos, resulta una quimera y que sólo una persona muy ingenua lo puede creer.
Por Isaías Ramos
Ninguna democracia muere el día en que se rompe la Constitución. Muere mucho antes: cuando quienes juraron defenderla comienzan a tratarla como un obstáculo y la ciudadanía empieza a acostumbrarse a ese irrespeto.
La Constitución no fue escrita para adornar discursos ni para ser invocada cuando conviene al poder. Fue concebida para limitar a quienes gobiernan, proteger a los ciudadanos y garantizar que ningún funcionario, partido, mayoría congresual o presidente coloque su voluntad por encima de la soberanía popular.
Por eso preocupa el rumbo de diversas actuaciones del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo.
En los últimos años se han aprobado normas luego anuladas, corregidas o seriamente cuestionadas por su compatibilidad constitucional. La Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia motivó la intervención del Tribunal Constitucional por objeciones relacionadas con derechos fundamentales. La Ley de Facturación Electrónica también requirió su actuación para corregir una disposición que afectaba la privacidad.
Más recientemente, el nuevo Código Penal ha dejado de ser únicamente una inquietud jurídica para provocar un rechazo creciente en amplios sectores de la sociedad. Juristas, periodistas, profesionales, organizaciones sociales y ciudadanos hemos advertido que varias disposiciones, por su amplitud, ambigüedad o desproporción, podrían amenazar la libertad de expresión, la denuncia pública, el ejercicio profesional y la protesta pacífica.
Cuando una legislación penal provoca temor entre quienes informan, denuncian o protestan, el problema deja de ser técnico: amenaza la convivencia democrática.
Pero el caso institucionalmente más delicado es la respuesta legislativa posterior a la sentencia TC/0788/24.
Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para todos los poderes públicos. Cuando una legislación posterior genera serios cuestionamientos sobre si respeta materialmente el criterio fijado por el máximo intérprete de la Constitución, no estamos ante un simple debate político. Está comprometida la supremacía constitucional, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.
La preocupación no gira solo alrededor de una sentencia ni de las candidaturas independientes. El problema es más profundo: ¿puede el poder político redefinir, limitar o neutralizar derechos protegidos por la Constitución?
La Constitución dominicana no creó una democracia para beneficio de los partidos. Creó un Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana, la soberanía popular, el pluralismo político, la separación de poderes y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
El derecho a expresarse no es una concesión del Gobierno.
El derecho a protestar pacíficamente no es un favor del Congreso.
El derecho a elegir y ser elegido no pertenece a los partidos.
Son derechos constitucionales que ningún poder temporal puede apropiarse, reducir ni administrar según su conveniencia.
No sabemos si quienes gobiernan desconocen el espíritu de la Constitución o si, conociéndolo, han decidido apartarse de él. Lo evidente es que demasiadas decisiones han obligado al Tribunal Constitucional y a la sociedad a recordar principios que debieron orientar desde el inicio a los poderes públicos.
No afirmamos que la República Dominicana sea hoy una dictadura. Pero sería irresponsable esperar a que el autoritarismo esté consumado para denunciar las decisiones que pueden abrirle camino.
Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Se erosionan lentamente cuando se relativiza la supremacía constitucional, se reducen los espacios de participación, aumentan las facultades del poder sin controles suficientes y los derechos fundamentales dejan de orientar la legislación.
Está en juego la República que dejaremos a nuestros hijos: una nación donde la Constitución gobierne al poder o un país donde el poder acomode la Constitución a sus intereses.
Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo.
El pueblo dominicano ha demostrado paciencia, madurez y vocación democrática. Ha recurrido a los tribunales, promovido el debate público y utilizado los mecanismos institucionales reconocidos por la Constitución.
Pero la paz social no puede sostenerse indefinidamente si los reclamos constitucionales no encuentran respuesta. Cuando las instituciones dejan de escuchar, aumenta la presión social. Esa realidad no debe celebrarse ni provocarse; debe prevenirse mediante el diálogo, la rectificación y el respeto a la Constitución.
Este no es un llamado a la confrontación. Es un llamado a la rectificación.
El Congreso debe legislar dentro de los límites constitucionales. El Poder Ejecutivo debe ejercer sus facultades constitucionales con el mismo compromiso que juró al asumir el cargo. Y todos los poderes públicos deben recordar que las decisiones del Tribunal Constitucional no son recomendaciones: forman parte del orden que están obligados a respetar.
Cumplir la Constitución no debilita al Estado. Lo fortalece.
Respetar los derechos fundamentales no genera desorden. Construye paz.
Abrir la democracia no amenaza la República. La hace más legítima y fuerte.
Desde el Foro Cívico y Social lo afirmamos con claridad: la Constitución no pertenece al Congreso, al Poder Ejecutivo ni a los partidos políticos.
La Constitución pertenece al pueblo dominicano.
Defenderla por las vías pacíficas, democráticas y constitucionales no es un acto de oposición. Es el deber moral, cívico y patriótico de toda generación que aspire a entregar a sus hijos una República más libre, justa y fiel al Estado social y democrático de derecho.
Una nación puede sobrevivir a una mala ley y corregir una mala decisión. Lo que no puede permitirse es acostumbrarse a que el poder deje de obedecer la Constitución.
Por Oscar López Reyes
(A la 18:00 hora local del miércoles 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos terremotos: el primero en la escala 7.2 (duró un minuto) y 39 segundos después otro de magnitud 7.5 (se extendió por tres minutos), concentrados especialmente en la Guaira y Caracas, con un salto -hasta el 12 de julio de 2026- de más de 50 mil desaparecidos, según la ONU; cerca de 5 mil fallecidos, 20 mil heridos y 20 mil damnificados).
(I)
¡Oh, Venezuela!
Patria inmensa.
¡Caramba!,
Hermanos en Bolívar,
¡qué dolor soberbio!
que oprime las fibras de mi alma,
En tristeza de gritos que escapan
de escombros retorcidos
por furia de un suelo rebelde.
El telúrico conmueve en miradas
de arquitecturas sin piedras ni ventanas,
y melancolías de niños vagando en penumbras,
Sin padres ni estancias.
Y pone a temblar en rememoración de amor
su épica solidaridad y sacrificio de dignidad infinita
en épocas pretéritas, que configura
una vastedad de grandeza histórica
y el patriotismo compartido.
¡Oh, Venezuela, SOS!
(II)
Cuando no haya más lágrimas que derramar,
rebosantes las porcelanas de mortandad,
esa “Tierra de Venecia” y esa “Tierra de Gracia”
dejará de llorar y se levantará en cumbre de cerros,
contemplando
marchas fúnebres y entierros colectivos,
echando la vista a la resurrección de Cristo.
(III)
Heridos que sollozan en ruinas y hospitales,
sobrevivirán en sonidos de esperanza y el susurro
que late desde los vientos que soplan
de mares y montañas, para otro comienzo
de sonrisas en barcas de adversidad.
(IV)
Los fallecidos descansarán en púrpura palmera
y ecosistemas naturales con flores coloreadas
con toques de bellezas íntimas
que evocan la fragancia
en la eternidad de jardines
con pétalos de atardeceres versátiles.
(V)
Y los muchos desaparecidos fertilizarán
los predios erosionados,
para floración de hojas, frutos y plantas aromáticas,
que germinarán emergentes criaturas en vientres
de primaveras de Luna menguante
y otoños de Luna creciente.
(VI)
En su inocencia, niños huérfanos seguirán jugando
en noches tranquilas, abrazados de madres sustitutas
y nutrientes saludables,
que brotarán renovadas energías
en llanuras, bosques y lagos estrellados,
acariciados por paisajes de jazmines
y saltos que gimen en la nostalgia de edificios desplomados.
(VII)
Sumergidos en cenizas de techos agrietados
por terrestres sacudidas bruscas,
pequeños, adultos y veteranos
alzarán vuelos con recuperados bríos,
como aquel ave mítica y pájaro de fuego.
Tendrán casas alfombradas con claveles
y rosadas cestas colgantes,
en calles sin pedruscos y con Sol,
parques con glorietas y toboganes,
escuelas y parroquias para el cambio.
(y VIII)
En brisas de trompetas, hembras y varones
abatidos en estado emocional resurgirán
de pedazos de paredes rotas,
para reconstruir territorios asolados,
en el renacer de paz y progreso,
y entonces entonar, a viva voz: ¡felicidad, felicidad!
………………………….
El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.