Opinión
Una “salida del callejón” para quedarnos en el lodazal
Por Narciso Isa Conde
La dictadura mafiosa del PLD cerró la vía institucional y la ruta electoral democrática. Lo hizo en el 2008, en el 2012 y en el 2016.
Y tiene el propósito de hacerlo en el 2020, contando además con una oposición electoralista colmada de podredumbre y sin bagaje para confrontarse con este régimen perverso.
Las elecciones del 20-20, con el PLD controlando todos los poderes del Estado, incluido el electoral -amalgamado además con el poder permanente de la lumpen burguesía y del generalato delincuente- son una gran trampa, que solo los que privan en sublimes tontos o se comportan como social-pendejos (porque ni a socialdemócratas llegan), pueden presentarlas como una gran oportunidad para cambiar el rumbo del país, bautizando el año de su concreción como “el año del cambio”.
• Un atrevimiento indignante e inaceptable de AlPaís.
Ilusoria “oportunidad democrática”, que para ser provechosa –según el jefe político de Alianza País- amerita que Marcha Verde, potencial factor de negación del partidismo tradicional corrupto (oficialista y “opositor”), converja, sin reventar, con el llamado frente “opositor”, también plagado de la delincuencia política y empresarial que ha desgobernado el país en los últimos 50 años: PRSC, PQD, PRD-PRM, PUN…
Si Guillermo Moreno se siente bien junto a Quique Atún, Rogelio Genao, Hipólito Mejía, Wessin Chávez, Pacheco…yo le deseo que le vaya bien con toda esa basura política.
Pero no puedo callar ante el atrevimiento que significa proponer que Marcha Verde, la nueva esperanza de este pueblo, converja con esa parte del lodazal que estamos combatiendo.
Y que a la vez se promueva la ilusión de que esa suma que resta tanto –que de paso liquidaría al formidable movimiento verde- es capaz de sacar del gobierno a la mafia pelediana en unos comicios que ella misma está montando con toda la malicia y tramposería que le caracteriza.
• Ese giro duró muy poco.
Hace pocas semanas escuché a Guillermo Moreno decir que el PLD había cerrado todas las vías institucionales para su desplazamiento.
Esto parecía ser un loable esfuerzo por sintonizarse con una gran parte de esta sociedad, que en el combate contra la impunidad está arribando a la conclusión de que el fin de la misma es inseparable del fin de este sistema y del gobierno de turno, montado sobre esta institucionalidad y sus viciadas reglas de juego; algo a todas luces inalcanzable a través de unas elecciones corrompidas y pervertidas.
El reculón de Guillermo, sin embargo, no tardó en producirse.
Curiosamente se anuncia cuando marcha verde se apresta a debatir y a construir el programa por el fin de la impunidad, esto es, a reflexionar y trazar pautas sobre las transformaciones imprescindibles para romper el bloqueo institucional vigente.
Tiene un fuerte olor a intento de obstrucción de ese avance al tenor de un conciliábulo partidista de baja monta.
Coincide Guillermo y se sitúa así del lado de una oposición desacreditada, corrompida o asociada a los corruptos, la cual pretende utilizar a Marcha Verde como manto encubridor de sus inmundicias y como tabla de salvación; después de haber perdido toda credibilidad y luego de ver reducido al mínimo su poder convocatoria, como lo evidencian los hechos y las encuestas.
Alianza País, a través de su principal portavoz, se sumó al discurso conservador, abrazando de paso su principal portavoz el sueño egocéntrico, abundante en los escenarios de la politiquería tradicional, de ser al mismo tiempo el candidato presidencial de las corrompidas derechas opositoras y del pueblo verde, única garantía –según su peculiar parecer- de una “precisa direccionalidad política” de las luchas actuales.
En verdad Guillermo, al proponer esa “convergencia” y hacerlo de esa manera, se hizo un trajecito a su medida. La tentación de montarse sobre el brioso potro verde lo traicionó, precipitándose a resucitar su medular electoralismo y su apego al sistema en un contexto inapropiado.
• Marcha Verde, la política y los políticos.
Ese propósito requiere reducir a Marcha Verde a un movimiento de presión que sirva a los propósitos electoreros de una parte de un sistema de partidos desacreditado por sus propias culpas e innumerables fechorías.
Esa pretensión la promueven también los voceros e ideólogos del PRM en compañía del abanico opositor, procurando salvarse de una decadencia inexorable.
No falta aquello de jugar el papel de los caballitos de Troya.
Y no se trata de “negar la política” en general ni “el papel de los partidos” desde Marcha Verde, pero sí de rechazar la política perversa asumida por décadas, a esos partidos sinvergüenzas (en especial a sus cúpulas) y a las instituciones que controlan o usan para recibir privilegios y negociar lo que no es suyo. Su desplome favorece la democracia real.
En este país hay poca cosa más política que luchar contra una impunidad y una corrupción que son sistémicas, estructurales, pervertidoras de todas las políticas e instituciones públicas.
Marcha Verde-MV tiende a ser un movimiento social politizado, o político-social y multi-cultural; diverso, no partidista, con corrientes políticas en su interior, independiente y alternativo a los pestilentes partidos tradicionales…y lo acertado es desarrollar y consolidar esa tendencia y dotarla de un fuerte contenido transformador al compás de la radicalización del pueblo maltratado, abusado, oprimido y reprimido. Algo que poco a poco se está produciendo.
Y MV tiene fuerza y mística para derrotar tanto a los que la quieren matar con odios como a los que pretenden hacer lo mismo con besos envenenados.
• La vía democrática del cambio.
La vía democrática del cambio, de las necesarias transformaciones estructurales, del fin de la impunidad, del fin del sistema de corrupción impune, del fin del gobierno y la dictadura morada, es extra-institucional.
No es electoral en primera instancia ni este marco institucional, no son las elecciones del 2020.
Primero hay que desplazar este gobierno y hacer colapsar estas instituciones podridas por la vía de la democracia de calle y la creación de un poder paralelo; de un poder constituyente capaz de echar abajo el poder constituido y construir una nueva institucionalidad sobre nuevas bases constitucionales.
La democracia de calle se ejerce al calor de movilizaciones multitudinarias y paralizaciones contundentes que posibiliten crear una crisis de gobernabilidad, producir la ruptura necesaria e iniciar una transición bajo un gobierno provisional de corta duración, comprometido con el fin de la impunidad y la convocatoria de una Asamblea Constituyente Popular y Soberana; que redefina nuestro proyecto de Nación y sociedad en los contenidos de una Constitución que reemplace la del 2010, la cual ha servido de plataforma a esta dictadura mafiosa.
Es a ese gobierno provisional, transitorio, que le correspondería convocar nuevas elecciones, apoyadas en la nueva Constitución y un sistema electoral realmente democrático.
Por José Cabral
Por doquier se escucha la misma queja de que la sociedad dominicana ha desarrollado una cultura del engaño y el fraude.
Este problema tiene necesariamente que generar mucha preocupación y angustia, porque lo que ocurre nadie se atreve a negar que es una amenaza latente en contra de todos y cada uno de los dominicanos.
El país está atrapado por los cuatro puntos cardinales, cuyas consecuencias impactan a los de abajo, los del medio y los de arriba social y económicamente hablando.
Y esto hay que traerlo a colación porque si vamos a los tribunales en busca de justicia es el mismo escenario de la negación de derechos y justificación y estimulación de lo mal hecho.
No importa el circulo en que uno se mueva, el lenguaje es el mismo, la justificación de lo injustificable.
Es una cultura que no es fácil de erradicar, ya que los principales promotores del robo, el fraude e incluso de los asesinatos porque estimulan la vía de hecho, son los tribunales penales.
Son escenarios con un nivel de solemnidad que engañan al más inteligente y bonito, como el debate presidencial, cuyos participantes y aspirantes a dirigir el país, quienes debían estar presos en vez de aparecer por televisión para justificar sus aspiraciones, son los mejores exponentes de la «decencia nacional».
Es “cogío# que estamos, no parece haber escapatorias porque esas conductas los primeros en legitimarlas y justificarlas son los propios ciudadanos, los votantes, los perjudicados con unas acciones que dañan toda la nación.
La verdad que no se ve clara la salida a esta situación que genera una gran incertidumbre, ya que es muy poco lo que sirve.
Haga una reflexión y escoja el escenario que le parezca y comprobará que cualquiera se llena de pesimismo si es que usted ama el aspecto humano de la vida, de lo contrario tal vez no se alarme.
Por Isaías Ramos
El 14 de enero de este año, nuestra nación fue víctima de una de las peores ignominias que puede sufrir nuestra frágil democracia: la ruptura de nuestra Carta Magna. Con la promulgación de la Ley 1-24, que pretende instaurar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se busca intimidar a la población y consolidar una tiranía que creíamos superada hace más de seis décadas.
Esta ley desafía abiertamente la Constitución que nos rige. Según el artículo 261, el sistema de inteligencia debe estar subordinado a instituciones independientes, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, asegurando así su supervisión y alineación con el interés nacional. No obstante, el artículo 8 de la Ley 1-24 coloca la DNI directamente bajo el presidente, otorgándole un poder ilimitado que es tanto peligroso como inestable.
La historia nos ofrece lecciones claras sobre los peligros de un poder sin restricciones. Tácito, el historiador romano, advirtió: «El poder nunca es estable cuando es ilimitado». Este poder concentrado en una sola figura no solo va en contra de nuestras leyes fundamentales, sino que es una receta para el abuso y la corrupción.
Esta ley se levanta como un monstruo de múltiples cabezas que, de no ser detenido, destruirá los cimientos de esta débil democracia, llevándose consigo nuestra libertad y nuestros derechos más preciados: nuestra dignidad.
La implementación de esta ley podría llevarnos por un camino oscuro, similar al sufrido por ciudadanos en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde los servicios de inteligencia se han utilizado como herramientas para reprimir la disidencia y mantener a los líderes autoritarios en el poder.
La historia reciente de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida arbitrariamente, y de algunos dirigentes de la líder opositora María Corina Machado en un país bajo un régimen con leyes similares, nos sirve como un presagio sombrío de lo que podría suceder aquí. Sus experiencias de miedo, represión y violencia son un claro recordatorio de lo que está en juego.
Es imperativo que reconsideremos esta legislación y evaluemos sus impactos potenciales no solo en nuestra seguridad, sino en nuestra libertad.
El Frente Cívico y Social (FCS) comprende profundamente estas consecuencias y, por eso, instamos a la población a tomar una postura firme. Si esta ley no es derogada o modificada para alinearse con nuestros principios constitucionales antes de las elecciones del 19 de mayo, llamamos a la ciudadanía a abstenerse de votar o emitir un voto nulo. Esta acción de desobediencia civil no es solo un derecho, sino un deber cívico.
El sistema actual nos desmoraliza, nos lleva a vivir en un estado de desestabilización y crisis, causando miedo y terror que nos quitan el poder de razonar y pensar en lo verdaderamente importante.
De continuar indiferentes ante este enorme desafío, visualizamos un futuro donde el miedo y la represión se convertirán en la norma, y donde las libertades que tanto costaron conquistar serán solo un recuerdo lejano. Frente a este escenario, debemos recordar que aún tenemos la oportunidad de redirigir el rumbo de nuestra nación.
Defender nuestra libertad es ahora. No podemos permitir que las sombras de un pasado autoritario oscurezcan nuestro presente y nuestro futuro. Alcémonos con valor y compromiso, preparados para actuar y proteger lo que más valoramos. Solo así podremos superar las adversidades y fortalecer los pilares de nuestra democracia.
En el FCS estamos muy claros de que el futuro está en nuestras manos, y el momento de actuar es ahora. No esperemos más para defender nuestro sistema democrático y asegurar un mañana más prometedor y justo para todos. ¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 77 del Estatuto de Roma faculta a la CPI para imponer la condena de cadena perpetua, pero solo en aquellos casos en que se justifique debido a la extrema gravedad del crimen y las circunstancias individuales del condenado.
De otra manera, la pena máxima para los delitos del Estatuto de Roma es de 30 años de prisión. Algunas constituciones prohíben la cadena perpetua o el término de 30 años de prisión por considerar que estas penas no prevén una oportunidad para la rehabilitación, o que no son proporcionales con la naturaleza del crimen.
Sería difícil argumentar que los largos periodos de prisión son desproporcionados respecto a la mayoría de los crímenes de la competencia de la CPI, particularmente cuando la cadena perpetua debe ser justificada por la ̈extrema gravedad del crimen ̈. Tal condena solo se impondrá a aquellos que tengan el más alto nivel de responsabilidad en la comisión de los mas graves crímenes, tales como el genocidio.
Adicionalmente, el Estatuto de Roma prevé la posibilidad de la rehabilitación. Según el artículo 110, la Corte deberá revisar todas las condenas de prisión cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua para determinar si esta puede reducirse.
En el punto anterior la CPI considera estos aspectos como si la persona hubiese asistido a la Corte con la localización de cualquier bien objeto de una multa, decomiso u órdenes de reparación que pudiesen beneficiar a la víctima.
La CPI también podrá tomar en consideración ¨otros factores indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba, que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena¨
Por consiguiente una cadena perpetua podría reducirse a 25 años de prisión en algunos casos. Si la CPI decide no reducir la sentencia de la persona después de la primera revisión, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.
Durante las negociaciones sobre las penas de la CPI, muchos Estados estuvieron a favor de la aplicación de la pena de muerte en los casos extremos. El numero de Estados con pena de muerte es poco menor que el de aquellos que no tienen pena de muerte.
No existe la oportunidad para rehabilitación alguna cuando se impone la pena de muerte. Por ende la cadena perpetua con la posibilidad de reducirla a 25 años, es un compromiso razonable entre la pena de muerte y la prisión máxima de 30 años.
Los Estados deberán recordar que el artículo 80 del Estatuto de Roma expresamente establece que el Estatuto no afecta la aplicación por parte de los Estados de aquellas penas prescritas por su propio derecho interno , ni afecta la ley de aquellos Estados que no impongan las penas prescritas en el Estatuto de Roma.
Los Estados Partes no deben imponer las mismas penas por los mismos delitos en su jurisdicción, ni deberán aplicar las condenas de prisión a no ser que voluntariamente lo quieran hacer. En este caso, los Estados podrán también especificar las condiciones bajo las cuales aceptarían a las personas condenadas, inclusive la condición de no aplicar la cadena perpetua.
Por consiguiente, los Estados Partes que cuenten con las disposiciones constitucionales que prohíban la imposición de la cadena perpetua solo necesitaran permitir la excepción de entregar a la persona a la CPI, pese a que tal persona pueda ser condenada a cadena perpetua.
Los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán entregar a la persona acusada a la CPI cuando ésta así lo solicite, aún si existe la posibilidad de que dicha persona sea condenada a cadena perpetua.
En el caso de muchos Estados, la potestad de la CPI para imponer la cadena perpetua no necesitará la aplicación de medidas legislativas particulares. Sin embargo, en algunos Estados la constitución explícitamente prohíbe la extradición de una persona a un Estado donde se aplica esta pena , o que declara la cadena perpetua como un castigo cruel. Estos Estados cuentan con dos opciones:
- a)Establecer claramente, en la norma que implemente el Estatuto, la distinción entre la extradición de una persona a otro Estado y la entrega de una persona a la Corte Penal Internacional.
Algunos Estados podrán realizar esta distinción en su legislación, lo cual les permitiría entregar personas a la CPI aunque existan una restricción a la ¨extradicion¨de personas a tribunales que impongan la pena de cadena perpetua. Esto les permitiría mantenerla prohibición de extraditar una persona a un tribunal extranjero, sin interferir con la habilidad de cooperar plenamente con la CPI.
- b)La reforma a la Constitución podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio. Podría especificarse que la cadena perpetua impuesta por la CPI de conformidad con el Estatuto de Roma para algunos de los crímenes allí enumerados no viola la Constitución.
Debería también mencionarse que el Estado puede entregar a la persona acusada a la CPI a pesar de que exista la posibilidad de la cadena perpetua. La enmienda constitucional podría también mencionar que la CPI puede reducir la condena después de 25 años, existiendo así la posibilidad de la rehabilitación.
Finalmente, la ventaja de una reforma constitucional que elimina cualquier posibilidad de un conflicto normativo, garantiza que los tribunales nacionales dicten sus fallos de conformidad con sus obligaciones legales establecidas en el Estatuto de Roma.