Opinión
Una “salida del callejón” para quedarnos en el lodazal
Por Narciso Isa Conde
La dictadura mafiosa del PLD cerró la vía institucional y la ruta electoral democrática. Lo hizo en el 2008, en el 2012 y en el 2016.
Y tiene el propósito de hacerlo en el 2020, contando además con una oposición electoralista colmada de podredumbre y sin bagaje para confrontarse con este régimen perverso.
Las elecciones del 20-20, con el PLD controlando todos los poderes del Estado, incluido el electoral -amalgamado además con el poder permanente de la lumpen burguesía y del generalato delincuente- son una gran trampa, que solo los que privan en sublimes tontos o se comportan como social-pendejos (porque ni a socialdemócratas llegan), pueden presentarlas como una gran oportunidad para cambiar el rumbo del país, bautizando el año de su concreción como “el año del cambio”.
• Un atrevimiento indignante e inaceptable de AlPaís.
Ilusoria “oportunidad democrática”, que para ser provechosa –según el jefe político de Alianza País- amerita que Marcha Verde, potencial factor de negación del partidismo tradicional corrupto (oficialista y “opositor”), converja, sin reventar, con el llamado frente “opositor”, también plagado de la delincuencia política y empresarial que ha desgobernado el país en los últimos 50 años: PRSC, PQD, PRD-PRM, PUN…
Si Guillermo Moreno se siente bien junto a Quique Atún, Rogelio Genao, Hipólito Mejía, Wessin Chávez, Pacheco…yo le deseo que le vaya bien con toda esa basura política.
Pero no puedo callar ante el atrevimiento que significa proponer que Marcha Verde, la nueva esperanza de este pueblo, converja con esa parte del lodazal que estamos combatiendo.
Y que a la vez se promueva la ilusión de que esa suma que resta tanto –que de paso liquidaría al formidable movimiento verde- es capaz de sacar del gobierno a la mafia pelediana en unos comicios que ella misma está montando con toda la malicia y tramposería que le caracteriza.
• Ese giro duró muy poco.
Hace pocas semanas escuché a Guillermo Moreno decir que el PLD había cerrado todas las vías institucionales para su desplazamiento.
Esto parecía ser un loable esfuerzo por sintonizarse con una gran parte de esta sociedad, que en el combate contra la impunidad está arribando a la conclusión de que el fin de la misma es inseparable del fin de este sistema y del gobierno de turno, montado sobre esta institucionalidad y sus viciadas reglas de juego; algo a todas luces inalcanzable a través de unas elecciones corrompidas y pervertidas.
El reculón de Guillermo, sin embargo, no tardó en producirse.
Curiosamente se anuncia cuando marcha verde se apresta a debatir y a construir el programa por el fin de la impunidad, esto es, a reflexionar y trazar pautas sobre las transformaciones imprescindibles para romper el bloqueo institucional vigente.
Tiene un fuerte olor a intento de obstrucción de ese avance al tenor de un conciliábulo partidista de baja monta.
Coincide Guillermo y se sitúa así del lado de una oposición desacreditada, corrompida o asociada a los corruptos, la cual pretende utilizar a Marcha Verde como manto encubridor de sus inmundicias y como tabla de salvación; después de haber perdido toda credibilidad y luego de ver reducido al mínimo su poder convocatoria, como lo evidencian los hechos y las encuestas.
Alianza País, a través de su principal portavoz, se sumó al discurso conservador, abrazando de paso su principal portavoz el sueño egocéntrico, abundante en los escenarios de la politiquería tradicional, de ser al mismo tiempo el candidato presidencial de las corrompidas derechas opositoras y del pueblo verde, única garantía –según su peculiar parecer- de una “precisa direccionalidad política” de las luchas actuales.
En verdad Guillermo, al proponer esa “convergencia” y hacerlo de esa manera, se hizo un trajecito a su medida. La tentación de montarse sobre el brioso potro verde lo traicionó, precipitándose a resucitar su medular electoralismo y su apego al sistema en un contexto inapropiado.
• Marcha Verde, la política y los políticos.
Ese propósito requiere reducir a Marcha Verde a un movimiento de presión que sirva a los propósitos electoreros de una parte de un sistema de partidos desacreditado por sus propias culpas e innumerables fechorías.
Esa pretensión la promueven también los voceros e ideólogos del PRM en compañía del abanico opositor, procurando salvarse de una decadencia inexorable.
No falta aquello de jugar el papel de los caballitos de Troya.
Y no se trata de “negar la política” en general ni “el papel de los partidos” desde Marcha Verde, pero sí de rechazar la política perversa asumida por décadas, a esos partidos sinvergüenzas (en especial a sus cúpulas) y a las instituciones que controlan o usan para recibir privilegios y negociar lo que no es suyo. Su desplome favorece la democracia real.
En este país hay poca cosa más política que luchar contra una impunidad y una corrupción que son sistémicas, estructurales, pervertidoras de todas las políticas e instituciones públicas.
Marcha Verde-MV tiende a ser un movimiento social politizado, o político-social y multi-cultural; diverso, no partidista, con corrientes políticas en su interior, independiente y alternativo a los pestilentes partidos tradicionales…y lo acertado es desarrollar y consolidar esa tendencia y dotarla de un fuerte contenido transformador al compás de la radicalización del pueblo maltratado, abusado, oprimido y reprimido. Algo que poco a poco se está produciendo.
Y MV tiene fuerza y mística para derrotar tanto a los que la quieren matar con odios como a los que pretenden hacer lo mismo con besos envenenados.
• La vía democrática del cambio.
La vía democrática del cambio, de las necesarias transformaciones estructurales, del fin de la impunidad, del fin del sistema de corrupción impune, del fin del gobierno y la dictadura morada, es extra-institucional.
No es electoral en primera instancia ni este marco institucional, no son las elecciones del 2020.
Primero hay que desplazar este gobierno y hacer colapsar estas instituciones podridas por la vía de la democracia de calle y la creación de un poder paralelo; de un poder constituyente capaz de echar abajo el poder constituido y construir una nueva institucionalidad sobre nuevas bases constitucionales.
La democracia de calle se ejerce al calor de movilizaciones multitudinarias y paralizaciones contundentes que posibiliten crear una crisis de gobernabilidad, producir la ruptura necesaria e iniciar una transición bajo un gobierno provisional de corta duración, comprometido con el fin de la impunidad y la convocatoria de una Asamblea Constituyente Popular y Soberana; que redefina nuestro proyecto de Nación y sociedad en los contenidos de una Constitución que reemplace la del 2010, la cual ha servido de plataforma a esta dictadura mafiosa.
Es a ese gobierno provisional, transitorio, que le correspondería convocar nuevas elecciones, apoyadas en la nueva Constitución y un sistema electoral realmente democrático.
Por Rommel Santos Diaz
A fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.
La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.
De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto de Roma.
El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.
En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella.
La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.
Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra prevista en la constitución el asunto se complica, ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.
Dr. Isaías Ramos
Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.
Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.
Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.
Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.
Así llevamos demasiado tiempo.
La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.
Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.
Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
El mandato nunca faltó.
Después llegaron las advertencias.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.
Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.
Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.
No fueron hechos aislados.
Fueron advertencias acumuladas durante años.
Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.
Después de mejorar, nos estancamos.
Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:
¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?
No faltaron normas.
No faltaron pruebas.
No faltaron diagnósticos.
Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.
Y eso tiene un costo humano.
Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.
Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.
¿Quién responde por ellos?
¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?
En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.
Bienvenidas sean esas iniciativas.
Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:
¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?
Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.
Ahí la calle compite contra el aula.
Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.
Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.
Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.
Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.
Y debemos comprender algo esencial:
cada autoridad también educa.
Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.
Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.
Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.
No se trata de buscar culpables eternos.
Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.
Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.
Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.
Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.
Pero el tiempo no es infinito.
La pregunta que debemos responder como nación es ésta:
¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?
Por Oscar López Reyes
Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.
Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?
Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!
Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.
Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.
La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!
Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.
Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?
Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!
Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?
Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.
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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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13 de septiembre de 2026