Análisis Noticiosos
Sentencia en Ecuador devuelve a siekopai la propiedad de su tierra ancestral
La justicia ecuatoriana reconoce a esta comunidad amazónica la titularidad de 42.360 hectáreas en Pë’këya, un territorio que contiene sus lugares sagrados más importantes
Madrid.-Los siekopai podrán por fin regresar a su “hogar ancestral”, a Pë’këya, una tierra en Ecuador, en la frontera con Perú, donde este pueblo amazónico vivió durante siglos hasta que fue expulsado en 1941 por la guerra entre los dos países. Según una sentencia emitida el pasado viernes, y a la que ha tenido acceso este periódico, el Estado ecuatoriano les concede la titularidad de un pedazo de esta selva, un total de 42.360 hectáreas, también conocida como Lagartococha. La decisión judicial, tomada en segunda instancia —la primera les reconoció solo la cesión del espacio—, es “histórica” porque Ecuador reconoce por primera vez a los pobladores originarios el derecho a la “posesión de un territorio declarado área protegida”, lo que puede servir de precedente a otras comunidades indígenas que intentan recuperar el control de su tierra, explica en conversación telefónica con este diario Justino Piaguage, jefe de la Nación Siekopai.
La recuperación de Lagartococha era la “clave”, según Piaguage, para evitar la desaparición de un pueblo que lleva más de 80 años batallando por regresar a casa y que estaba abocado a la “desaparición”. “Este pedazo de tierra es el que nos va a permitir seguir existiendo como pueblo milenario, como un pueblo que hemos demostrado que somos amazónicos, con una cultura diferente, una sabiduría diferente y una lengua diferente, el paikoka”, explica el jefe de los siekopai.
La conexión de este pueblo con su tierra y su pasado es intrínseca a su esencia y a su razón de ser. “Muchos creen que queremos volver por bonito, no es así. Ahí estuvo mi abuelo, tomando yagé [ayahuasca], ahí está el ombligo de mis abuelos, por eso seguimos sintiendo y queremos regresar. No es un problema de tierras, es un tema de espíritu, de no sufrir más”, afirmó Maruja Payaguage ante los tres jueces de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos (Ecuador) que han tenido que dirimir si otorgaban a los siekopai la propiedad de Lagartococha, según recoge la sentencia que este lunes Piaguage ha compartido en una asamblea con su pueblo. El texto reconoce en varios puntos este sufrimiento que menciona Payaguage y que experimentaron otros “abuelos siekopai”, por no poder retornar con garantías a su territorio. “Cesario Piaguage Payaguage, a sus 112 años, deseaba poder morir allá, poder cumplir con su ciclo ritual. Como él, se manifestó que otros muchos abuelos fallecieron sin poder estar en paz espiritualmente”, señala el documento. “Cesario murió el pasado 5 de abril sin ver cumplido su sueño”, recuerda Piaguage.
La Corte ecuatoriana pone también en valor, a la hora de restituir su tierra a los siekopai, el testimonio de “niños, adolescentes y mujeres respecto de cómo el conocimiento sobre el nombre, ubicación y uso de plantas, prácticas de pesca o cacería, orfebrería e incluso prácticas rituales relativas al paso a la adultez, la gestación o la crianza y la explicación de su origen como nación solo es posible conocerlas y vivenciarlas en la zona de Pë’këya”.
Una larga batalla
Esta lucha, según Piaguage, la comenzó su abuelo Cecilio Piaguage cuando concluyó la guerra peruano-ecuatoriana, en 1942. “Después del conflicto, que separó a familias siekopai entre Ecuador y Perú, quería regresar a su territorio, y empezó a buscar la forma de reunificar a su gente, pero nunca lo logró por el hostigamiento”.
La propia sentencia reconoce esta persecución: “Este pueblo amazónico tuvo que salir de Pë’këya por causas ajenas a su voluntad derivadas de la guerra entre Ecuador y Perú de 1941 y por otras condiciones de despojo y a la que ha intentado volver desde entonces de forma permanente pese a las amenazas, hostigamientos y obstáculos que han existido, derivados de la militarización de la frontera y la posterior creación de la Reserva Faunística de Cuyabeno”.
Para recuperar la tierra, era necesario demostrar que eran la nación originaria, lo que en una cultura de tradición oral les dejaba apenas sin recursos. Sin embargo, varios documentos jesuitas, entre ellos un manuscrito anónimo de 1753, permitió demostrar que los siekopai llevaban siglos viviendo en Lagartococha. El texto, conservado en la Biblioteca Pública de Nueva York, contenía unas 1.200 palabras en paikoka. “La tradición oral de los siekopai es muy precisa, pero en este documento la intelección [entre la palabra en paikoka y en español] es casi total”, afirmó el pasado mayo en entrevista telefónica con este diario la investigadora y antropóloga argentina María Susana Cipolletti, que ha participado en el proceso judicial como testigo.
También para que “exista el derecho a la restitución” es indispensable que “el pueblo indígena mantenga el contacto o la relación con estos territorios ancestrales de una u otra manera”, según los jueces ecuatorianos. Esta condición, de acuerdo con la sentencia, está acreditada: “Queda demostrado que la Nacionalidad Siekopai es propietaria ancestral del territorio de Pë’këya, con la cual ha mantenido relación histórica, espiritual, cultural y material que ha sido esencial en la creación y desarrollo de su identidad cultural y cosmovisión y que es indispensable para su supervivencia física y cultural”.
“Por fin siento una paz interna, por haber exigido el respeto de los derechos de los siekopai y haber garantizado este espacio territorial para la actual y las futuras generaciones”, celebra Piaguage. El resultado le permitirá a su pueblo, según está convencido, “evitar la extinción”.
elpais.com
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.