Editorial
Una Sociedad Sumergida en el Peor de los Peligros
En la sociedad dominicana todos los caminos parecen conducirla al peor de los peligros, cuya realidad aparece hasta en los escenarios sin ninguna trascendencia, pero también en cuestiones vitales para la convivencia social y moral.
Cada día el dominicano se levanta con la ocurrencia de crímenes por razones delincuenciales, pero también por motivos sin ningún valor, poco entendible, a menos que no se recurra a la crisis ético-moral y socio-económicas que se traga la nación ante la mirada indiferente de aquellos que tienen la misión de manejar el Estado para que la gente no se coma entre si.
Es un drama que va desde la delincuencia de poca monta, hasta la de cuello blanco, pasando por una crisis muy grande de los valares nacionales, sobre todo del sentido de la responsabilidad, donde quedar mal es una virtud, más que un defecto, un orgullo más que una vergüenza.
El cuadro luce tan feo y preocupante que el dominicano está definitivamente atrapado por un malestar que por donde quiera que la gente se mueve cae en un laberinto, cuya solución al problema sólo se observa en el campo de la percepción, la cual es proyectada a través de una retórica política adornada por la mentira y los sofismas.
En la práctica no se observa ninguna solución al problema y la mayoría de la gente no tiene una salida a la vista, entonces se apela al día a día, a la solución fácil, sin tener que trabajar, sin metodología, sin sacrificios y con la incertidumbre de qué será de la comida mañana, dónde encontrarla, porque no existe el trabajo que proviene del empleo.
Es como si nos encamináramos a comernos unos con otros, cuyo salvajismo en tiempos de civilización parece normal para los que viven de la retórica y la percepción, de la venta de unos sueños que no llevan a otra cosa que no sea a la disolución de la sociedad dominicana.
Hoy jueves 15 de junio las principales noticias de los diarios nacionales tienen que ver con el apresamiento en Puerto Rico con un cargamento de drogas de un coronel del Ejercito Nacional y la denuncia de que los colmados y otros establecimientos del país venden alimentos a la población, vencidos, adulterados y falsificados.
Esta última información es sumamente grave, ya que se trata de un referente de lo que pasa en los lugares donde compra alimentos la gente pobre, los colmados, donde se venden quesos hechos en callejones, sin ninguna higiene, como lo demanda el Ministerio de Salud Pública y otras instancias del Estado.
La denuncia explica que en la actualidad en la República Dominicana operan alrededor de 700 lugares donde se fabrican quesos que no tienen ninguna autorización oficial, que además no cuentan con plantas pasteurizadoras para su elaboración, lo cual podría poner en peligro la vida de los consumidores mediante cualquier bacteria que les puede provocar la muerte.
En la actualidad en la República Dominicana sólo hay cuatro o cinco empresas autorizadas por el Estado para producir este producto, lo cual nos proporciona una idea de hasta dónde estamos arropados por la informalidad y la ilegalidad, lo que pone en peligro la salud de todos.
Pero este no es un caso aislado, no lo crea así, arropa toda la sociedad, porque se trata de un problema integral, pasa tanto abajo como arriba de la pirámide social, porque éste es el resultado de un Estado que no está en capacidad de regular y fiscalizar nada, donde no importa cómo se haga el dinero, así sea cortándole la cabeza a su vecino, lo cual es premiado como una gran hazaña y el protagonista de semejante inconducta termina con el recibimiento de un gran reconocimiento como un ciudadano distinguido.
El problema de la sociedad dominicana es tan grave que si saltamos del campo de los alimentos a la medicinas, nos encontramos con el mismo o un cuadro peor, pero no se entiende cómo la gente no ha entrado en pánico colectivo que tenga su clímax con una explosión social.
Es como si no hubiera una salida a la vista, porque la vía para la solución de los problemas es el empoderamiento ciudadano para refundar el Estado, pero habría que preguntarse si la sociedad dominicana está en capacidad de entenderlo, porque de alguna manera la misma también luce gravemente enferma y cansada, sin la capacidad de dar la respuesta que el problema demanda.
De cualquier manera, no se pueden perder las esperanzas y el poquito de gente que entiende el fenómeno debe trabajar para solucionar el problema antes de que sea demasiado tarde.
La credibilidad de los senadores y diputados, que conforman el Congreso Nacional, el primer poder del Estado. se encarga de poner en tela de juicio la existencia real e institucional del Estado dominicano.
El asunto de las candidaturas independientes plantea un problema jurídico y de la existencia legal del Estado dominicano, que debe ser un motivo para que todos los sectores que conforman la vida nacional reaccionan ante unos intentos que ponen en peligro la débil democracia nacional.
La contradicción es tan grande de los partidos políticos, que no están en capacidad de darse cuenta, de captar la idea, de que lo que ocurre con la Constitución y los derechos fundamentales, son la guía de cualquier democracia de los nuevos tiempos.
La partidocracia no logra entender que el neo-constitucionalismo es un fenómeno jurídico que arropa a todo el planeta y que no hay fuerza alguna que pueda impedir su avance y empoderamiento en el mundo.
Los partidos políticos deben entender que los tiempos de las cavernas ya pasaron y que muchas de las cosas malas que hoy ocurren son el resultado de sus propias acciones, ya que la ley que le otorga el poder de interpretación de las normas al TC fue aprobado por el Congreso Nacional y que la misma no es una imposición de nadie, sino del peso del proceso de la constitucionalización del derecho.
Además, no se entiende cuál es la lógica para cogerle miedo a las candidaturas independientes porque alegadamente podrían arruinar a los partidos políticos, pero si de lo que se trata es de que predomine la razón, entonces no hay por qué tenerle miedo a una vía de derecho y que es parte del juego democrático.
Los senadores y diputados deben sacarse de su cabeza de que el sistema democrático debe descansar solamente en los partidos políticos, sino que debe ser en los ciudadanos, porque si bien se apoyan en el artículo 216 de la Constitución, el cual no les otorga exclusividad para participar en la lucha por el control del Estado, sino que también deben detenerse a interpretar el mandato del artículo 22 de la misma carta magna.
Los diputados y senadores, que se supone que deben estar bien asesorados por ser el primer poder del Estado, pero su ignorancia no puede ser una condena para que la sociedad viva bajo su irracionalidad y audacia antidemocrática.
En el terreno que sea necesario hay que rechazar las pretensiones de unos diputados y senadores recalcitrantes y enemigos de los avances que necesita la sociedad dominicana para entrar en un estadio de progreso material e intelectual para que pase de un tercer a un segundo o primer mundo.
Si los partidos políticos entienden que son portadores de la razón y la verdad, entonces por qué tener miedo a enfrentarse con ventajas, porque las tienen, por lo menos económica, a través de una vía que es un gran aval para construir una democracia más participativa y con mayor legitimidad y eficiencia.
Como muy bien establece el reportaje que sirve de base a este editorial, el negocio legal e ilegal de hacer dinero con la deportación de haitianos erosiona mucho la credibilidad del Estado dominicano en el manejo del problema.
Lo grave del asunto es que no sólo se trata del tráfico humano de personas que únicamente persiguen trabajar en tierras extranjeras para mejorar las condiciones de vida de sus familias, sino que tiene perfiles asociados al bajo mundo, como el tráfico de drogas, la prostitución y el contrabando de una gran variedad.
Es, puede decirse, una vía para que los corruptos produzcan grandes cantidades de dinero de forma fácil, sin muchos esfuerzos, ya que los canales al respecto están totalmente abiertos desde hace una gran cantidad de años.
Este cuadro, que está reforzado con la designación en los consulados dominicanos en Haití de personas de confianza de los gobernantes de turno, también cobran de forma ilegal cantidades respetables por diligencias fuera de los canales instituciones e incluso por el otorgamiento de visas que son vendidas a razón de 500 dólares cada una, cuyo dinero termina en el bolsillo del funcionario, no del fisco nacional.
Todo este entramado de corrupción, que tiene una vinculación innegable con otros igual de dañino para el pais, es el cuadro que termina proyectándose a través de la frontera, convirtiéndose en un problema dramáticamente humano, amén de los componentes degradantes que lo caracterizan.
Y no se trata de quitarle legitimidad a los derechos de cualquier nación de controlar y de establecer políticas, muchas veces rígidas, para controlar la migración ilegal, sino de un problema que trasciende lo legal para entrar en un mundo profundo de la ilegalidad, de violación vulgar de la ley sobre la materia.
La migración haitiana, a pesar de ser una piedra en los zapatos de una sociedad como la dominicana, la cual no está lejos en términos de institucionalidad de la haitiana, no parece dejar de ser un problema que podría poner en peligro la estabilidad de ambas naciones.
Habría que preguntarse si el Estado dominicano está en la capacidad de manejar con una visión diferente el problema de la migración haitiana en un país donde el dinero es el lenguaje que se habla en todos los escenarios y cuando esa mercancía está presente donde quiera y se entrega a cambio de cualquier cosa por tenerla.
Visto desde la realidad nacional, la deportación de haitianos o la implementación de una política migratoria que se corresponda con los planes y los intereses más sanos de la sociedad, parece algo quimérico, por no decir imposible.
El cáncer de la corrupción se come prácticamente la sociedad dominicana, así como la haitiana es abatida por la pobreza y las bandas que hoy están presentes en todos los escenarios de la vida de la hermana nación.
Este periodo confiesa que está pesimista con la aplicación de una política de deportación que no se corresponda con el interés nacional, ya que se trata como de pedir peras al olmo
Hay quienes piensan que la violación de la Constitución y de la ley es parte del juego democrático, sin darse cuenta que ese detalle es un instrumento de atraso y de los tiempos de la caverna.
Lo preocupante del fenómeno es que un órgano como la Junta Central Electoral sea parte de ese juego sucio y que se constituye en una grave amenaza en contra del progreso y el crecimiento nacionales.
La Junta Central Electoral debe entender que su focalización no pueden ser los partidos políticos, sino los ciudadanos, que son los que conforman el pueblo dominicano y en los que descansa la soberanía nacional.
Apoyándose en los ciudadanos este órgano no está supuesto a hacertar el chantaje de los partidos políticos, que como dijo este periódico ensu reportaje de esta semana, no creen en el respeto a la ley y la transparencia.
La falsa democracia nacional se fundamenta en el fraude, la corrupción y la distorsión de las mejores prácticas del sistema representativo.
El hecho de que la JCE se sume a esa forma de democracia la hace inmerecedora de la confianza que demanda el sistema electoral del país.
Naturalmente, no se puede ver el asunto al margen de fenómeno general, cuya regla del juego consiste en hacer lo mal hecho, fuera del régimen legal, para ser merecedor de jugar un papel de primer orden en la corrompida democracia dominicana.
La JCE debe definir su compromiso con esa partidocracia totalmente corrompida de una sociedad que demanda mejor suerte, un comportamiento diferente de los actores de la vida política nacional.
Talvez es mucho pedir en un sistema en el que todo se fundamenta en la búsqueda de beneficios personales, tráficos de influencia y la componenda entre los actores de una partidocracia que por el camino que va echará todo a perder.