Editorial
Una Solicitud Inapropiada
Un denominado grupo de intelectuales, como ellos mismos se identifican, ha hecho público un documento en el que pide la renuncia del presidente Danilo Medina, cuya solicitud es totalmente desacertada e irracional.
Lo primero es que nadie puede negar que la República Dominicana atraviesa por una situación institucional muy cuestionable, donde la corrupción campea por doquier e incluso la propia elección del presidente Medina en el año 2016 fue totalmente viciada, dado que se restableció la reelección sobre la base de la compra de voluntades y el voto de los legisladores.
Fue una elección presidencial revestida de mucha ilegitimidad, pero se impone preguntarse si el país está en condiciones materiales de convocar a elecciones nuevamente dentro de un año como proponen algunos de los llamados o supuestos intelectuales.
La respuesta al respecto es definitivamente no, lo cual coloca la propuesta de los llamados o supuestos intelectuales como un contrasentido, carente de prudencia, de sensatez y podría decirse hasta de delicadeza.
A caso estos llamados intelectuales no tuvieron la racionalidad para darse cuenta, que aunque ese documento no es vinculante con la Marcha Verde, el Gobierno y otros sectores de la vida nacional podrían colegir que el mismo proviene de este movimiento ciudadano, sobre todo porque algunos de los firmantes, en alguna circunstancia, han servido de voceros de éste.
Hay gente que cuando no la hacen a la entrada, la hacen a la salida, pero hay muchos otros que la dañan no importa en qué posición se encuentren.
Esto documento parece ser el resultado del síndrome del protagonismo y el vanguardismo que predomina en la mayoría de los grupos políticos y sociales de la República Dominicana.
Hemos hablado en muchas ocasiones sobre la doble moral y así como se da este fenómeno en el gobierno, en prácticamente la mayoría de los funcionarios de Danilo Medina, también en casi todos los firmantes de ese petición, porque los conocemos prácticamente a todos, algunos de los cuales, más que aparecer firmando un documento en tal sentido debían estar en tratamiento médico por adicción y otros debían acudir a algún seminario o entrenamiento para reasumir valores.
Con este crudo planteamiento sólo queremos reflejar la triste realidad que vive la sociedad dominicana, donde muchos de los que critican al que también lo está haciendo mal, no tienen otro propósito que ocupar la posición del que se quiere sacar del poder para hacer exactamente lo mismo o tal vez algo peor que los que administran actualmente la cosa pública.
Como parte del engaño a la ciudadanía del llamado grupo de intelectuales, habría que citar a individuos que nunca han leído ni la publicación de una revista de muñequitos, lo cual tampoco justifica el desorden que mantiene el Partido de la Liberación Dominicana en el control de la administración pública.
Si se viera un poco más respetuosamente a la gente, se debió publicar ese documento como ciudadanos para que tuviera un poco más de credibilidad, no como intelectuales, aunque en este país todo el mundo se autodefine como le viene en gana.
Sólo abogamos porque uno y otro se comporten con mucha transparencia hacia la sociedad dominicana, donde los antivalores permiten que cualquier persona sin ningún mérito se crea con la capacidad hasta para interferir en cuestiones muy delicadas como el control del Estado.
De manera, que nadie puede negar el desorden que prevalece en el Estado, pero también de una oposición plagada de debilidades, falta de seriedad, anti-democrática y que sólo persigue el poder para hacer algo igual o peor que lo que hace el gobierno de Danilo Medina o lo que hizo el expresidente Leonel Fernández o Hipólito Mejía.
Es definitivamente un contrasentido, un absurdo, una falta de realismo, la publicación del referido documento, el cual hace más daño que bien a la sociedad dominicana, donde predomina un estado de cosas que constituye un motivo de gran preocupación.
La simulación, la doble moral, la falta de seriedad no son debilidades sólo del Gobierno, sino también de la llamada oposición, de la cual forman parte los llamados intelectuales, lo cual recomienda que ambos sean barridos por la sensatez, la prudencia y el amor sincero por la patria.
La credibilidad de los senadores y diputados, que conforman el Congreso Nacional, el primer poder del Estado. se encarga de poner en tela de juicio la existencia real e institucional del Estado dominicano.
El asunto de las candidaturas independientes plantea un problema jurídico y de la existencia legal del Estado dominicano, que debe ser un motivo para que todos los sectores que conforman la vida nacional reaccionan ante unos intentos que ponen en peligro la débil democracia nacional.
La contradicción es tan grande de los partidos políticos, que no están en capacidad de darse cuenta, de captar la idea, de que lo que ocurre con la Constitución y los derechos fundamentales, son la guía de cualquier democracia de los nuevos tiempos.
La partidocracia no logra entender que el neo-constitucionalismo es un fenómeno jurídico que arropa a todo el planeta y que no hay fuerza alguna que pueda impedir su avance y empoderamiento en el mundo.
Los partidos políticos deben entender que los tiempos de las cavernas ya pasaron y que muchas de las cosas malas que hoy ocurren son el resultado de sus propias acciones, ya que la ley que le otorga el poder de interpretación de las normas al TC fue aprobado por el Congreso Nacional y que la misma no es una imposición de nadie, sino del peso del proceso de la constitucionalización del derecho.
Además, no se entiende cuál es la lógica para cogerle miedo a las candidaturas independientes porque alegadamente podrían arruinar a los partidos políticos, pero si de lo que se trata es de que predomine la razón, entonces no hay por qué tenerle miedo a una vía de derecho y que es parte del juego democrático.
Los senadores y diputados deben sacarse de su cabeza de que el sistema democrático debe descansar solamente en los partidos políticos, sino que debe ser en los ciudadanos, porque si bien se apoyan en el artículo 216 de la Constitución, el cual no les otorga exclusividad para participar en la lucha por el control del Estado, sino que también deben detenerse a interpretar el mandato del artículo 22 de la misma carta magna.
Los diputados y senadores, que se supone que deben estar bien asesorados por ser el primer poder del Estado, pero su ignorancia no puede ser una condena para que la sociedad viva bajo su irracionalidad y audacia antidemocrática.
En el terreno que sea necesario hay que rechazar las pretensiones de unos diputados y senadores recalcitrantes y enemigos de los avances que necesita la sociedad dominicana para entrar en un estadio de progreso material e intelectual para que pase de un tercer a un segundo o primer mundo.
Si los partidos políticos entienden que son portadores de la razón y la verdad, entonces por qué tener miedo a enfrentarse con ventajas, porque las tienen, por lo menos económica, a través de una vía que es un gran aval para construir una democracia más participativa y con mayor legitimidad y eficiencia.
Como muy bien establece el reportaje que sirve de base a este editorial, el negocio legal e ilegal de hacer dinero con la deportación de haitianos erosiona mucho la credibilidad del Estado dominicano en el manejo del problema.
Lo grave del asunto es que no sólo se trata del tráfico humano de personas que únicamente persiguen trabajar en tierras extranjeras para mejorar las condiciones de vida de sus familias, sino que tiene perfiles asociados al bajo mundo, como el tráfico de drogas, la prostitución y el contrabando de una gran variedad.
Es, puede decirse, una vía para que los corruptos produzcan grandes cantidades de dinero de forma fácil, sin muchos esfuerzos, ya que los canales al respecto están totalmente abiertos desde hace una gran cantidad de años.
Este cuadro, que está reforzado con la designación en los consulados dominicanos en Haití de personas de confianza de los gobernantes de turno, también cobran de forma ilegal cantidades respetables por diligencias fuera de los canales instituciones e incluso por el otorgamiento de visas que son vendidas a razón de 500 dólares cada una, cuyo dinero termina en el bolsillo del funcionario, no del fisco nacional.
Todo este entramado de corrupción, que tiene una vinculación innegable con otros igual de dañino para el pais, es el cuadro que termina proyectándose a través de la frontera, convirtiéndose en un problema dramáticamente humano, amén de los componentes degradantes que lo caracterizan.
Y no se trata de quitarle legitimidad a los derechos de cualquier nación de controlar y de establecer políticas, muchas veces rígidas, para controlar la migración ilegal, sino de un problema que trasciende lo legal para entrar en un mundo profundo de la ilegalidad, de violación vulgar de la ley sobre la materia.
La migración haitiana, a pesar de ser una piedra en los zapatos de una sociedad como la dominicana, la cual no está lejos en términos de institucionalidad de la haitiana, no parece dejar de ser un problema que podría poner en peligro la estabilidad de ambas naciones.
Habría que preguntarse si el Estado dominicano está en la capacidad de manejar con una visión diferente el problema de la migración haitiana en un país donde el dinero es el lenguaje que se habla en todos los escenarios y cuando esa mercancía está presente donde quiera y se entrega a cambio de cualquier cosa por tenerla.
Visto desde la realidad nacional, la deportación de haitianos o la implementación de una política migratoria que se corresponda con los planes y los intereses más sanos de la sociedad, parece algo quimérico, por no decir imposible.
El cáncer de la corrupción se come prácticamente la sociedad dominicana, así como la haitiana es abatida por la pobreza y las bandas que hoy están presentes en todos los escenarios de la vida de la hermana nación.
Este periodo confiesa que está pesimista con la aplicación de una política de deportación que no se corresponda con el interés nacional, ya que se trata como de pedir peras al olmo
Hay quienes piensan que la violación de la Constitución y de la ley es parte del juego democrático, sin darse cuenta que ese detalle es un instrumento de atraso y de los tiempos de la caverna.
Lo preocupante del fenómeno es que un órgano como la Junta Central Electoral sea parte de ese juego sucio y que se constituye en una grave amenaza en contra del progreso y el crecimiento nacionales.
La Junta Central Electoral debe entender que su focalización no pueden ser los partidos políticos, sino los ciudadanos, que son los que conforman el pueblo dominicano y en los que descansa la soberanía nacional.
Apoyándose en los ciudadanos este órgano no está supuesto a hacertar el chantaje de los partidos políticos, que como dijo este periódico ensu reportaje de esta semana, no creen en el respeto a la ley y la transparencia.
La falsa democracia nacional se fundamenta en el fraude, la corrupción y la distorsión de las mejores prácticas del sistema representativo.
El hecho de que la JCE se sume a esa forma de democracia la hace inmerecedora de la confianza que demanda el sistema electoral del país.
Naturalmente, no se puede ver el asunto al margen de fenómeno general, cuya regla del juego consiste en hacer lo mal hecho, fuera del régimen legal, para ser merecedor de jugar un papel de primer orden en la corrompida democracia dominicana.
La JCE debe definir su compromiso con esa partidocracia totalmente corrompida de una sociedad que demanda mejor suerte, un comportamiento diferente de los actores de la vida política nacional.
Talvez es mucho pedir en un sistema en el que todo se fundamenta en la búsqueda de beneficios personales, tráficos de influencia y la componenda entre los actores de una partidocracia que por el camino que va echará todo a perder.