Editorial
Una Solicitud Inapropiada
Un denominado grupo de intelectuales, como ellos mismos se identifican, ha hecho público un documento en el que pide la renuncia del presidente Danilo Medina, cuya solicitud es totalmente desacertada e irracional.
Lo primero es que nadie puede negar que la República Dominicana atraviesa por una situación institucional muy cuestionable, donde la corrupción campea por doquier e incluso la propia elección del presidente Medina en el año 2016 fue totalmente viciada, dado que se restableció la reelección sobre la base de la compra de voluntades y el voto de los legisladores.
Fue una elección presidencial revestida de mucha ilegitimidad, pero se impone preguntarse si el país está en condiciones materiales de convocar a elecciones nuevamente dentro de un año como proponen algunos de los llamados o supuestos intelectuales.
La respuesta al respecto es definitivamente no, lo cual coloca la propuesta de los llamados o supuestos intelectuales como un contrasentido, carente de prudencia, de sensatez y podría decirse hasta de delicadeza.
A caso estos llamados intelectuales no tuvieron la racionalidad para darse cuenta, que aunque ese documento no es vinculante con la Marcha Verde, el Gobierno y otros sectores de la vida nacional podrían colegir que el mismo proviene de este movimiento ciudadano, sobre todo porque algunos de los firmantes, en alguna circunstancia, han servido de voceros de éste.
Hay gente que cuando no la hacen a la entrada, la hacen a la salida, pero hay muchos otros que la dañan no importa en qué posición se encuentren.
Esto documento parece ser el resultado del síndrome del protagonismo y el vanguardismo que predomina en la mayoría de los grupos políticos y sociales de la República Dominicana.
Hemos hablado en muchas ocasiones sobre la doble moral y así como se da este fenómeno en el gobierno, en prácticamente la mayoría de los funcionarios de Danilo Medina, también en casi todos los firmantes de ese petición, porque los conocemos prácticamente a todos, algunos de los cuales, más que aparecer firmando un documento en tal sentido debían estar en tratamiento médico por adicción y otros debían acudir a algún seminario o entrenamiento para reasumir valores.
Con este crudo planteamiento sólo queremos reflejar la triste realidad que vive la sociedad dominicana, donde muchos de los que critican al que también lo está haciendo mal, no tienen otro propósito que ocupar la posición del que se quiere sacar del poder para hacer exactamente lo mismo o tal vez algo peor que los que administran actualmente la cosa pública.
Como parte del engaño a la ciudadanía del llamado grupo de intelectuales, habría que citar a individuos que nunca han leído ni la publicación de una revista de muñequitos, lo cual tampoco justifica el desorden que mantiene el Partido de la Liberación Dominicana en el control de la administración pública.
Si se viera un poco más respetuosamente a la gente, se debió publicar ese documento como ciudadanos para que tuviera un poco más de credibilidad, no como intelectuales, aunque en este país todo el mundo se autodefine como le viene en gana.
Sólo abogamos porque uno y otro se comporten con mucha transparencia hacia la sociedad dominicana, donde los antivalores permiten que cualquier persona sin ningún mérito se crea con la capacidad hasta para interferir en cuestiones muy delicadas como el control del Estado.
De manera, que nadie puede negar el desorden que prevalece en el Estado, pero también de una oposición plagada de debilidades, falta de seriedad, anti-democrática y que sólo persigue el poder para hacer algo igual o peor que lo que hace el gobierno de Danilo Medina o lo que hizo el expresidente Leonel Fernández o Hipólito Mejía.
Es definitivamente un contrasentido, un absurdo, una falta de realismo, la publicación del referido documento, el cual hace más daño que bien a la sociedad dominicana, donde predomina un estado de cosas que constituye un motivo de gran preocupación.
La simulación, la doble moral, la falta de seriedad no son debilidades sólo del Gobierno, sino también de la llamada oposición, de la cual forman parte los llamados intelectuales, lo cual recomienda que ambos sean barridos por la sensatez, la prudencia y el amor sincero por la patria.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.