Editorial
Una Solicitud Inapropiada
Un denominado grupo de intelectuales, como ellos mismos se identifican, ha hecho público un documento en el que pide la renuncia del presidente Danilo Medina, cuya solicitud es totalmente desacertada e irracional.
Lo primero es que nadie puede negar que la República Dominicana atraviesa por una situación institucional muy cuestionable, donde la corrupción campea por doquier e incluso la propia elección del presidente Medina en el año 2016 fue totalmente viciada, dado que se restableció la reelección sobre la base de la compra de voluntades y el voto de los legisladores.
Fue una elección presidencial revestida de mucha ilegitimidad, pero se impone preguntarse si el país está en condiciones materiales de convocar a elecciones nuevamente dentro de un año como proponen algunos de los llamados o supuestos intelectuales.
La respuesta al respecto es definitivamente no, lo cual coloca la propuesta de los llamados o supuestos intelectuales como un contrasentido, carente de prudencia, de sensatez y podría decirse hasta de delicadeza.
A caso estos llamados intelectuales no tuvieron la racionalidad para darse cuenta, que aunque ese documento no es vinculante con la Marcha Verde, el Gobierno y otros sectores de la vida nacional podrían colegir que el mismo proviene de este movimiento ciudadano, sobre todo porque algunos de los firmantes, en alguna circunstancia, han servido de voceros de éste.
Hay gente que cuando no la hacen a la entrada, la hacen a la salida, pero hay muchos otros que la dañan no importa en qué posición se encuentren.
Esto documento parece ser el resultado del síndrome del protagonismo y el vanguardismo que predomina en la mayoría de los grupos políticos y sociales de la República Dominicana.
Hemos hablado en muchas ocasiones sobre la doble moral y así como se da este fenómeno en el gobierno, en prácticamente la mayoría de los funcionarios de Danilo Medina, también en casi todos los firmantes de ese petición, porque los conocemos prácticamente a todos, algunos de los cuales, más que aparecer firmando un documento en tal sentido debían estar en tratamiento médico por adicción y otros debían acudir a algún seminario o entrenamiento para reasumir valores.
Con este crudo planteamiento sólo queremos reflejar la triste realidad que vive la sociedad dominicana, donde muchos de los que critican al que también lo está haciendo mal, no tienen otro propósito que ocupar la posición del que se quiere sacar del poder para hacer exactamente lo mismo o tal vez algo peor que los que administran actualmente la cosa pública.
Como parte del engaño a la ciudadanía del llamado grupo de intelectuales, habría que citar a individuos que nunca han leído ni la publicación de una revista de muñequitos, lo cual tampoco justifica el desorden que mantiene el Partido de la Liberación Dominicana en el control de la administración pública.
Si se viera un poco más respetuosamente a la gente, se debió publicar ese documento como ciudadanos para que tuviera un poco más de credibilidad, no como intelectuales, aunque en este país todo el mundo se autodefine como le viene en gana.
Sólo abogamos porque uno y otro se comporten con mucha transparencia hacia la sociedad dominicana, donde los antivalores permiten que cualquier persona sin ningún mérito se crea con la capacidad hasta para interferir en cuestiones muy delicadas como el control del Estado.
De manera, que nadie puede negar el desorden que prevalece en el Estado, pero también de una oposición plagada de debilidades, falta de seriedad, anti-democrática y que sólo persigue el poder para hacer algo igual o peor que lo que hace el gobierno de Danilo Medina o lo que hizo el expresidente Leonel Fernández o Hipólito Mejía.
Es definitivamente un contrasentido, un absurdo, una falta de realismo, la publicación del referido documento, el cual hace más daño que bien a la sociedad dominicana, donde predomina un estado de cosas que constituye un motivo de gran preocupación.
La simulación, la doble moral, la falta de seriedad no son debilidades sólo del Gobierno, sino también de la llamada oposición, de la cual forman parte los llamados intelectuales, lo cual recomienda que ambos sean barridos por la sensatez, la prudencia y el amor sincero por la patria.
Lo primero que debe establecerse es que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes representa un paso vital para convertir la democracia nacional en más participativa.
Esta decisión del TC, quiérase o no, permite que el ciudadano se empodere y si lo hace correctamente podría detener la debacle que han impuesto en la sociedad dominicana los partidos políticos, cuya principal misión es promover anti-valores.
Ante los argumentos de la partidocracia, habría necesariamente que preguntarse y si ellos están tan bien como dicen, por qué tanto miedo con las candidaturas independientes, sobre todo si se entiende que si esta figura jurídica no es aprovechada por ahí podría ser que no venga nada nuevo y que en segundo lugar pueda servir para traer algo peor de lo que tenemos.
Entonces, si es verdad que se trabaja en favor de la sociedad, se impone que no se exhiba tanto miedo, porque si consideran que hacen lo correcto, pues no deben preocuparse.
Es un verdadero contrasentido muchas de las cosas que se dicen, porque si fuera algo que verdaderamente reviste tanto peligro, lo que procede es desmontar su importancia con argumentos con lógicos y despojados de todo mal razonamiento.
En una sociedad cimentada en antivalores no es fácil lograr cambios importantes, pero si la herramienta existe podría venir la reformación integral del Estado dominicano.
Las candidaturas independientes son una tabla de salvación nacional de una sociedad en la que ya no cabe más corrupción, contaminada de los pies hasta la cabeza y lo contrario.
Ahora falta que el ciudadano, vale decir la mayoría de ellos, se despoje de ese fanatismo que tradicionalmente lo ha cegado en favor del partidarismo, a fin de asumir con la toda la responsabilidad posible esta nueva figura que podría cambiar totalmente el escenario político nacional.
Hace falta que todos nos armemos de coraje y vayamos al Congreso Nacional a defender en las vistas públicas que habrán de anunciarse sobre las candidaturas independientes, ya que no hacerlo sería apostar al fracaso de la sociedad dominicana.
Que se entienda que la pelea está echada y que nadie detendrá las aspiraciones de los amplios sectores de la vida nacional de tener un país mejor, ya no soportan más corrupción y la negación de derechos, principios y valores constitucionales.
Lo que debe prevalecer en el ánimo nacional es darle vigencia al Estado Social Democrático y de Derecho, a los fines de que prevalezcan los deseos sanos y de verdaderos cambios del pueblo dominicano por una sociedad mejor.
El periódico La República ha vivido de cerca la desgracia que ocurre con la falta de credibilidad del Ministerio Público, principalmente en Santiago, aunque el fenómeno es general, es decir, a nivel de todo el territorio nacional.
El problema de este órgano del Estado, persecutor del crimen y el delito, es más complejo y profundo de lo que cualquiera pueda pensar.
Este periódico lo ha vivido en carne propia, lo cual ha provocado que haya presentado ante el Tribunal Superior Administrativo varios recursos de amparos de cumplimiento tras ser víctimas de no menos de diez ataques de delincuentes que se mueven en diferentes escenarios y cuya respuesta del órgano ha sido su falta por acción o omisión.
Y este diario reitera que está consciente de que por la violación de derechos fundamentales del Ministerio Publico el país está frente a un asunto de una dimensión que podría lesionar y comprometer seriamente la responsabilidad civil y penal del Estado, principalmente frente al derecho internacional.
Se puede proclamar a todo pulmón que, si bien la judicatura no está libre de culpas, lo cierto es que lo del Ministerio Público representa una crisis de magnitudes muy peligrosas para el Estado y la sociedad.
En virtud de este escenario la escogencia de un nuevo procurador general de la República es una oportunidad para desviar el camino tomado por un órgano tan importante como el Ministerio Público, pero en el que nadie cree.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el propio presidente de la República tienen ahora la oportunidad de iniciar un proceso de saneamiento de este órgano del Estado con la escogencia de una figura como Melton Ray Guevara que viene de una gran labor en el proceso de constitucionalización que vive el país.
En opinión de este periódico es la mejor opción de todas, no sólo por su formación en derecho constitucional, principal dolencia del Ministerio Público, sino porque, sin lugar a dudas, es una persona metódica y disciplinada en el desempeño de funciones públicas.
Es una oportunidad que no debe desperdiciarse para enderezar un órgano como el Ministerio Público que tiene como función perseguir el crimen y el delito y su principal debilidad consiste en que su personal camina al margen del respeto de los derechos fundamentales.
Si se escoge a una persona como Ray Guevara como procurador general de la Republica es muy probable que su gestión trascienda históricamente y que los resultados sean el fortalecimiento de la persecución penal y una notable mejoría en lo que respecta al respeto de los derechos fundamentales que debe garantizar el Estado.
Desde hace ya algunos meses que el Tribunal Constitucional emitió la sentencia sobre las candidaturas independientes, cuya decisión ha puesto en primer plano esta figura jurídica que hace la democracia nacional más participativa.
Las candidaturas independientes existen en el país desde hace muchas décadas, pero en realidad no ha surtido el efecto esperado y las mismas no han servido de nada para hacer la democracia más participativa y democrática.
Sin embargo, la sentencia del TC ha encendido la chispa para que muchas cosas nuevas y buenas puedan provenir a través de las candidaturas independientes, aunque naturalmente podría ser todo lo contrario, ya que todo va a depender de quiénes se acojan a esta figura para contribuir con el cambio que necesita el país.
Esta decisión de la alta corte pone a la República Dominicana en primer plano en lo que respecta romper con el monopolio electoral que tienen los partidos políticos en el país.
Naturalmente, esta trascendental decisión del TC jugará un papel de primer orden en la democracia nacional en la medida en que la misma sea acogida por el ciudadano que tiene preocupación por el curso que lleva el país.
Es un reto de trascendencia histórica y los buenos y malos resultados que salgan de la sentencia en referencia dependen de cómo el ciudadano asuma el asunto.
Por esa razón es, podría decirse vital, que las organizaciones sociales se incorporen al debate de las candidaturas independientes y que no dejen solos en el escenario a los que se oponen a ellas como los partidos políticos que son la fuente de la gran desgracia nacional.
La confrontación entre los que se oponen y los que defienden las candidaturas independientes está planteada en el escenario y la misma se inicia con la convocatoria de la Junta Central Electoral a los partidos políticos y la misma debe ser extensiva a toda persona física y jurídica que también tenga una opinión sobre el tema.
Es posible que si hay una buena canalización del debate sobre las candidaturas independientes mediante el mismo se pueda demostrar qué beneficiosas son para el sistema electoral dominicano y en consecuencia para la democracia, ya que nadie debe poner en dudas la crisis de credibilidad de la partidocracia, cuyo alto nivel de abstención en las elecciones nacionales ha dejado como resultado una cierta falta de legitimidad de las autoridades que hoy conducen los destinos nacionales.
Que nadie tenga dudas de que la gente está cansada de las travesuras cometidas por la partidocracia, la cual sólo sabe promover lo mal hecho y que sus actores se apropien del patrimonio nacional, cuya conducta podría implicar la desaparición de la nación.
¡La pelea está echada.