Los dominicanos, podría decirse, han nacido con el ADN de la corrupción administrativa, si se hace un estudio minucioso del fenómeno no sólo desde el nacimiento de la República, sino incluso desde cuando era una colonia de España.
La corrupción como plaga no sólo ha distorsionado el devenir histórico de la República Dominicana, sino su pasado y su presente, la cual ha sido el principal instrumento de movilidad social, entre cuyos protagonistas está el sector privado.
El empresariado nacional se ha asociado a personas que ocupan posiciones públicas para promover el lavado de activos, el contrabando y otras acciones al margen de la ley, para cuyo propósito ha contado con una total impunidad.
Podría decirse que todo el tejido social dominicano está contaminado con esta plaga que destruyó el pasado y crea grandes dificultades al presente y al futuro de la nación, sin que existan los mecanismos de conciencia social y ética del ciudadano para evitar la continuación del flagelo.
Son denuncias por doquier, pero lo más grave del asunto es que el país no tiene las herramientas para contrarrestar un fenómeno muy peligroso para una buena parte de las riquezas nacionales vayan a obras de bien social y que propicien la fortaleza económica del país.
La cuestión es que en el país ya nadie se quiere robar cien o doscientos millones de pesos, sino miles, lo cual es comprobable con todos los casos en que están envueltos pasados funcionarios del Gobierno de Danilo Medina, cuyos montos son realmente impresionantes.
La pregunta que se impone es si será posible recuperar esas fortunas robadas, las cuales podrían servir para mejorar el sistema sanitario nacional y otros muchos servicios públicos que adolecen de grandes deficiencias.
La fiesta que se ha hecho con el patrimonio publico es de un alcance realmente peligroso para la propia estabilidad económica, política y social del país, porque la corrupción ha estado soportada en una política fiscal cuestionable y un endeudamiento externo que amenaza la salud de la nación.
Sin embargo, lo positivo del actual proceso es que el ciudadano ha hecho mucha conciencia de su presión para enderezar el camino equivocado que ha escogido la República Dominicana y además habría que agregar que el propio hecho de que los que tienen la misión de manejar el patrimonio publico escuchen los reclamos al respecto constituye un elemento esperanzador.
Porque la verdad es que el país ha sufrido un cambio en cuanto a la forma de la participación de la población en la fiscalización de los que tienen el control del Estado, lo cual ha hecho que muchas medidas equivocadas sean corregidas o anuladas.
Pero nadie puede negar que el país atraviesa por una situación muy difícil por los ataques que sufre de los depredadores del patrimonio nacional y que son los que mantienen viva la plaga de que se habla y ahí se agregan los efectos demoledores del coronavirus.
A Dios que reparta suerte!