Editorial
Una Suprema Corte de Justicia sin Autoridad Moral para Juzgar a Nadie.
La Suprema Corte de Justicia fue el resultado de un proceso que dejó muchos traumas en la sociedad dominicana.
Todo como resultado de la elección de personajes del partidarismo político como jueces del más alto tribunal del país.
La elección de una Suprema Corte de Justicia comprometida con el partidarismo político daña toda la judicatura nacional, ya que es el más alto tribunal el que diseña y escoge a los que están en la escala inferior del sistema de justicia, como jueces de paz, de primera instancia y de apelación, entre otros.
El mensaje que envía su escogencia impacta a todos y cada uno de los actores de la judicatura nacional, constituyéndose en una amenaza para una buena administración de justicia.
El reto más importante para una Suprema Corte de Justicia, antes leonelista y ahora danilista, es el juicio de fondo del caso Odebrecht, porque están en juego no solo los mecanismos que establece la propia ley para garantizar el debido proceso y que no se produzca denegación de justicia, sino también la esencia del estado de derecho y de la democracia.
Así es, porque lo que manda frente a los vínculos del presidente de la Suprema Corte de Justicia con uno de los imputados, el senador Tommy Galán, es la inhibición, a lo que se ha negado Luís Henry Molina, lo cual ha generado su recusación.
Pero el asunto se complica con la recusación de otros cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia, lo que deja al alto tribunal prácticamente inhabilitado para conocer el recurso interpuesto en tal sentido.
Esto así, porque el artículo 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que deben ser 12 los que deben acoger o rechazar la recusación en contra de cualquiera de esos magistrados, pero resulta que, si hay cinco en esa condición, entonces la SCJ debe recurrir a dos jueces de una instancia inferior, es decir, de las cortes de apelación, para poder evaluar y dar un veredicto de los recursos interpuestos por parte de los abogados de la defensa de los imputados.
Todo es sólo una consecuencia de la escogencia de jueces comprometidos con el partidarismo político, porque si fueran de carrera la historia fuera otra.
Pero habría que preguntarse ¿quién es el más afectado con semejante situación, pues la respuesta no puede ser otra que la sociedad, porque ello deja claro que en la República Dominicana no hay garantía de un juicio sobre la base de los principios que deben regir una justicia independiente y ajustada a un verdadero estado de derecho.
Sólo queda por el momento esperar los resultados de unas acciones politiqueras que dañan a toda la sociedad y como vía de consecuencia a una simulada democracia, en la que los logros reales, principalmente en el campo de la justicia, la educación y la salud, no son más que mediáticos, a nivel de retórica política y sus resultados son el disfrute de un sistema disfuncional y cadavérico.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, que no forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.