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Editorial

Una Suprema Corte de Justicia sin Autoridad Moral para Juzgar a Nadie.

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La Suprema Corte de Justicia fue el resultado de un proceso que dejó muchos traumas en la sociedad dominicana.

Todo como resultado de la elección de personajes del partidarismo político como jueces del más alto tribunal del país.

La elección de una Suprema Corte de Justicia  comprometida con el partidarismo político daña toda la  judicatura nacional, ya que es el más alto tribunal  el que diseña y escoge a los que están en la escala inferior del sistema de justicia, como jueces de paz, de primera instancia y de apelación, entre otros.

El mensaje que envía su escogencia impacta a todos y cada uno de los actores de la judicatura nacional, constituyéndose en una amenaza para una buena administración de justicia.

El reto más importante para una Suprema Corte de Justicia, antes leonelista y ahora danilista, es el juicio de fondo del caso Odebrecht, porque están en juego no solo los mecanismos que establece la propia ley para garantizar el debido proceso y que no se produzca denegación de justicia, sino también la esencia del estado de derecho y de  la democracia.

Así es, porque lo que manda frente a los vínculos del presidente de la Suprema Corte de Justicia con uno de los imputados, el senador Tommy Galán, es la inhibición, a lo que se ha negado Luís Henry Molina, lo cual ha generado su recusación.

Pero el asunto se complica con la recusación de otros cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia, lo que deja al alto tribunal prácticamente inhabilitado para conocer el recurso interpuesto en tal sentido.

Esto así, porque el artículo 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que deben ser 12 los que deben acoger o rechazar la recusación en contra de cualquiera de esos magistrados, pero resulta que, si hay cinco en esa condición, entonces la SCJ debe recurrir a dos jueces de una instancia inferior, es decir, de las cortes de apelación, para poder evaluar y dar un veredicto de los recursos interpuestos por parte de los abogados de la defensa de los imputados.

Todo es sólo una consecuencia de la escogencia de jueces comprometidos con el partidarismo político, porque si fueran de carrera la historia fuera otra.

Pero habría que preguntarse ¿quién es el más afectado con semejante situación, pues la respuesta no puede ser otra que la sociedad, porque ello deja claro que en la República Dominicana no hay garantía de un juicio sobre la base de los principios que deben regir una justicia independiente y ajustada a un verdadero estado de derecho.

Sólo queda por el momento esperar los resultados de unas acciones politiqueras que dañan a toda la sociedad y como vía de consecuencia a una simulada democracia, en la que los logros reales, principalmente en el campo de la justicia, la educación y la salud, no son más que mediáticos, a nivel de retórica política y sus resultados son el disfrute de un sistema disfuncional y cadavérico.

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Editorial

Una crisis que se ve a simple vista.

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La República Dominicana es impactada por una profunda crisis ética y de vocación por el trabajo, lo cual pone en peligro los cimientos de la sociedad.

Es una combinación de una cosa y otra, porque si bien la gente no quiere trabajar, sino irse por lo más fácil, razón de ser de las famosas «botellas», muy comunes en el sector público, también en el país se ha desarrollado una gran devoción por el fraude.

Es ya prácticamente normal que el que logra establecer una relación de negocio con el Estado piensa antes que nada engañarlo, estafarlo como si nada fuera, porque esa conducta es parte del criterio que el dinero público no es de nadie.

Lo gracioso de este fenómeno es que el dominicano piensa que es legítimo y legal engañar al Estado, lo cual explica la gran cantidad de maestros que cobran salarios de lujos cuando viven en el extranjero.

Esta situación es encontrada en todas y cada una de las instituciones públicas, porque el dinero del presupuesto nacional no le duele a nadie.

Millones de pesos que se van por el camino equivocado de la corrupción, ya que tener a cientos o sino miles de personas que cobran sin hacer nada, lo que indica es que somos una sociedad descarrilada y parasitada.

Este es un problema que no es tan fácil de resolver porque tiene una serie de componentes profundamente culturales y el mismo constituye un grave problema para el crecimiento y el desarrollo nacional.

Ello así, porque no hay forma de poner a caminar a un país atrapado en medio de la vagancia, la falta de ética y con una gran vocación por el fraude y el engaño generado por los partidos políticos, que son los que controlan el Estado.

Lo ocurrido en el Ministerio de Educación también se produce en todos los ministerios y los órganos descentralizados del Estado.

Es una verdadera plaga que sólo puede ser erradicada mediante un duradero programa de restablecimiento de valores que debe partir de las propias entrañas del Estado.

Sin embargo, el gran obstáculo en esta materia consiste que son los mismos que se suponen que deben librar al país de esos males los que lo promueven, lo que lo estimulan y que cada día le dan vida.

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Editorial

El impacto del triunfo de Donald Trump.

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Aunque ciertamente las elecciones de los Estados Unidos no constituyen un asunto de fondo, porque ya lo ha dicho este periódico, porque ambos candidatos representan prácticamente lo mismo en política exterior, aunque sí hay una cierta diferencia en asuntos internos como la inmigración.

Sin embargo, hay que ser realista y reconocer que no es lo mismo Trump que Harris, porque el primero tiene una posición ultraconservadora y de maltrato a los que provienen en los Estados Unidos de naciones pobres y subdesarrolladas.

Y eso visto desde los intereses de la región implica mucho, porque no hay quién se atreva a decir que la inmigración no ha sido una válvula de escape de la crisis eterna de las naciones del tercer mundo, máxime en sus economías que se manejan en medio de grandes déficits fiscales y deudas, cuya principal tabla de salvación es precisamente la remesa que procede de su gente en el exterior.

Entonces, a partir de cómo impactan las elecciones estos temas, tiene una importancia capital las elecciones que tuvieron lugar el pasado martes en los Estados Unidos y donde resultó elector Donald Trump.

Buscar eliminar la inmigración de la gente de Latinoamérica hacia los Estados Unidos representa una fórmula de agudizar sus crisis, incluida la política.

Pero además el hecho de que Trump haya sido el elegido en los comicios de la nación más poderosa del mundo indica que muchos antivalores serán asimilados por los políticos que están bajo su órbita, lo cual indica que  la mala conducta y corrupción es una opción mucho más viable en Latinoamérica.

De manera, con las elecciones recién concluidas en la nación mas poderosa del mundo también estaba echada  la suerte de los países latinoamericanos.

Ahora no queda duda de la preferencia del ciudadano estadounidense , cuya validación de una conducta supuestamente reprochable por el sistema norteamericano ha sido confirmada, lo que mucho gente no quería y en consecuencia la misma puede ser reproducida por todo aquel actor político que no cree en otra cosa que en eso, sobre todo en las naciones que están bajo su influencia.

Sin embargo, hay que decir que la decisión tomada por el votante en las pasadas elecciones es legitima en atención a sus derechos ciudadanos, pero la misma deja un mal sabor para el que propugna y aboga por verdaderos cambios.

De manera, que nadie ponga en tela de juicio la cuestión, que el voto en favor de Trump  tiene un impacto en la vida y el futuro de las familias de los inmigrantes que viven en los Estados Unidos y de los países de donde son originarios, porque el triunfo de este político podría implicar dañar la vida de los que venden sus fuerzas de trabajo en la unión americana y de la necesaria institucionalidad de las naciones de donde provienen.

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Editorial

El dilema de la violación y la defensa de la Constitución de la República.

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El Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no pegan una, actúan como si no tuvieran la menor idea de lo que quieren y de sus metas.

Buscan combatir la corrupción, pero al propio tiempo la promueven, cuyo mejor ejemplo de ese comportamiento es que ahora andan de las manos de los corruptos que hace poco fueron acusados de incurrir en este flagelo.

Porque la verdad es que Abinader y el PRM no tienen ninguna diferencia con el PLD, la Fuerza del Pueblo y otras crápulas de la política vernácula.

Puede asegurarse que la diferencia sólo tiene que ver con el nombre de los actores, tal vez el color de la piel u otros detalles de poca trascendencia, porque en el fondo tienen el mismo comportamiento ante el patrimonio público.

Aunque de alguna manera se cuidan de no exhibir su doble moral, pero su conducta los traiciona, como ocurre ahora que hablan de derechos constitucionales, pero los violan cuando entienden que deben hacerlo.

Hace prácticamente horas que en un acto solemne proclaman una nueva Constitución, pero luego viene la violación  de los derechos más sagrados del ser humano, el de la intimidad, el honor y el buen nombre.

La desfachatez es tan grande que a los pocos días repiten los mismos errores, aunque con una poderosa razón para incurrir en los mismos, como es la torpeza,  lo cual, incluso, va en contra de lo que proclaman, porque es que no saben diferenciar una cosa de otra.

Lo grave de todo esto es que Luis Abinader y el PRM con su comportamiento legitiman a una oposición que no tiene derecho hablar, porque es igual  que los que hoy ocupan el gobierno.

De manera, que los que buscan llegar al poder a través de sus críticas al Gobierno sólo tienen como consigna “quítate tú pa ponerme yo y nada más, pero lo propio hacen los que ahora están arriba y que luego se ven abajo.

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