Editorial
Una Suprema Corte de Justicia sin Autoridad Moral para Juzgar a Nadie.
La Suprema Corte de Justicia fue el resultado de un proceso que dejó muchos traumas en la sociedad dominicana.
Todo como resultado de la elección de personajes del partidarismo político como jueces del más alto tribunal del país.
La elección de una Suprema Corte de Justicia comprometida con el partidarismo político daña toda la judicatura nacional, ya que es el más alto tribunal el que diseña y escoge a los que están en la escala inferior del sistema de justicia, como jueces de paz, de primera instancia y de apelación, entre otros.
El mensaje que envía su escogencia impacta a todos y cada uno de los actores de la judicatura nacional, constituyéndose en una amenaza para una buena administración de justicia.
El reto más importante para una Suprema Corte de Justicia, antes leonelista y ahora danilista, es el juicio de fondo del caso Odebrecht, porque están en juego no solo los mecanismos que establece la propia ley para garantizar el debido proceso y que no se produzca denegación de justicia, sino también la esencia del estado de derecho y de la democracia.
Así es, porque lo que manda frente a los vínculos del presidente de la Suprema Corte de Justicia con uno de los imputados, el senador Tommy Galán, es la inhibición, a lo que se ha negado Luís Henry Molina, lo cual ha generado su recusación.
Pero el asunto se complica con la recusación de otros cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia, lo que deja al alto tribunal prácticamente inhabilitado para conocer el recurso interpuesto en tal sentido.
Esto así, porque el artículo 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que deben ser 12 los que deben acoger o rechazar la recusación en contra de cualquiera de esos magistrados, pero resulta que, si hay cinco en esa condición, entonces la SCJ debe recurrir a dos jueces de una instancia inferior, es decir, de las cortes de apelación, para poder evaluar y dar un veredicto de los recursos interpuestos por parte de los abogados de la defensa de los imputados.
Todo es sólo una consecuencia de la escogencia de jueces comprometidos con el partidarismo político, porque si fueran de carrera la historia fuera otra.
Pero habría que preguntarse ¿quién es el más afectado con semejante situación, pues la respuesta no puede ser otra que la sociedad, porque ello deja claro que en la República Dominicana no hay garantía de un juicio sobre la base de los principios que deben regir una justicia independiente y ajustada a un verdadero estado de derecho.
Sólo queda por el momento esperar los resultados de unas acciones politiqueras que dañan a toda la sociedad y como vía de consecuencia a una simulada democracia, en la que los logros reales, principalmente en el campo de la justicia, la educación y la salud, no son más que mediáticos, a nivel de retórica política y sus resultados son el disfrute de un sistema disfuncional y cadavérico.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.