Una Suprema Corte de Justicia sin Autoridad Moral para Juzgar a Nadie.

Todo como resultado de la elección de personajes del partidarismo político como jueces del más alto tribunal del país.

La elección de una Suprema Corte de Justicia  comprometida con el partidarismo político daña toda la  judicatura nacional, ya que es el más alto tribunal  el que diseña y escoge a los que están en la escala inferior del sistema de justicia, como jueces de paz, de primera instancia y de apelación, entre otros.

El mensaje que envía su escogencia impacta a todos y cada uno de los actores de la judicatura nacional, constituyéndose en una amenaza para una buena administración de justicia.

El reto más importante para una Suprema Corte de Justicia, antes leonelista y ahora danilista, es el juicio de fondo del caso Odebrecht, porque están en juego no solo los mecanismos que establece la propia ley para garantizar el debido proceso y que no se produzca denegación de justicia, sino también la esencia del estado de derecho y de  la democracia.

Así es, porque lo que manda frente a los vínculos del presidente de la Suprema Corte de Justicia con uno de los imputados, el senador Tommy Galán, es la inhibición, a lo que se ha negado Luís Henry Molina, lo cual ha generado su recusación.

Pero el asunto se complica con la recusación de otros cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia, lo que deja al alto tribunal prácticamente inhabilitado para conocer el recurso interpuesto en tal sentido.

Esto así, porque el artículo 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que deben ser 12 los que deben acoger o rechazar la recusación en contra de cualquiera de esos magistrados, pero resulta que, si hay cinco en esa condición, entonces la SCJ debe recurrir a dos jueces de una instancia inferior, es decir, de las cortes de apelación, para poder evaluar y dar un veredicto de los recursos interpuestos por parte de los abogados de la defensa de los imputados.

Todo es sólo una consecuencia de la escogencia de jueces comprometidos con el partidarismo político, porque si fueran de carrera la historia fuera otra.

Pero habría que preguntarse ¿quién es el más afectado con semejante situación, pues la respuesta no puede ser otra que la sociedad, porque ello deja claro que en la República Dominicana no hay garantía de un juicio sobre la base de los principios que deben regir una justicia independiente y ajustada a un verdadero estado de derecho.

Sólo queda por el momento esperar los resultados de unas acciones politiqueras que dañan a toda la sociedad y como vía de consecuencia a una simulada democracia, en la que los logros reales, principalmente en el campo de la justicia, la educación y la salud, no son más que mediáticos, a nivel de retórica política y sus resultados son el disfrute de un sistema disfuncional y cadavérico.