Santo Domingo, RD.-El caso de mayor cantidad de tiempo que ha captado el sistema de salud con resultado positivo al virus entre una y otra prueba es un paciente que permaneció 272 días con esa condición.Nacionales
El Covid-19 ha permanecido por más 90 días en unas 343 personas del país.
Santo Domingo, RD.-El caso de mayor cantidad de tiempo que ha captado el sistema de salud con resultado positivo al virus entre una y otra prueba es un paciente que permaneció 272 días con esa condición.En abril pasado, llamó la atención del país y ocupó las primeras planas de los periódicos, el caso del italiano Claudio Pascualini, quien fue el primer caso importado del virus del Covid-19 registrado en República Dominicana, quien recibió el alta médica, luego de permanecer 54 días dando positivo al virus en las pruebas PCR que se le realizaban.
“El señor Pascualini ha sido el paciente que más pruebas se le ha realizado de PCR en la República Dominicana dando todas positivas, pero hoy nos sentimos regocijados porque se encuentra de alta médica, lo importante es que se encuentra bien, nos sentimos contentos con la recuperación que ha tenido y le deseamos larga vida”, dijo el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien en ese entonces era el ministro de Salud Pública.
Además de Pascualini, quien abandonó el hospital el 22 de abril pasado, una dominicana, Elena Trinidad Lamarche, de 65 años, que también había dado positivo del Covid-19, estuvo ingresada en el Hospital Militar Doctor Ramón de Lara por unos 42 días.
En otro orden, el director Nacional de Epidemiología señaló que aunque una persona que haya tenido COVID mantiene anticuerpos del virus por algún tiempo, las mismas podrán ser vacunadas sin ningún inconveniente cuando el país disponga de vacunas.
El doctor Skewes dijo que la vacuna no está contraindicada en esos casos y que por el contrario la persona tendrá mayor inmunidad contra el virus.
En noviembre pasado, el doctor Skewes reveló a Listín Diario que el Ministerio de Salud Pública (MSP) tenía registrado a nivel nacional 343 personas que tienen dos pruebas positivas del Covid-19 dentro de un período de más de 90 días, que representan el 0.26 por ciento de los casos, por lo que califican para investigaciones donde se comprobará finalmente si hubo una reinfección del coronavirus o no.
Dijo que todos esos casos tienen que agotar un procedimiento que requiere de tiempo, donde se revisará el cuadro clínico de cada persona y el MSP tendrán que confirmar si esas pruebas aún están en los laboratorios donde se la realizaron los afectados, ya que por ley el laboratorio clínico debe de guardar las mismas por un tiempo determinado.
Otro aspecto que es importante considerar es que los porcentajes de positividad de las muestras de Covid procesadas en las últimas cuatro semanas siguen evidenciando incremento. Ayer ese indicador se estableció en 20.92%, es decir, que de cada 100 pruebas que se realizan casi 21 resultan positivas al virus.
Según el boletín 301 de la dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, la positividad de las muestras procesadas en las últimas 24 horas se ubicó en 22.81% al diagnosticarse 1,104 casos positivos en 9,083 muestras procesadas en laboratorios públicos y privado
En el país el total de pruebas procesadas acumuladas es de 932,589 desde el inicio de la pandemia, de las cuales 187,487 se registran como positivos.
Ayer el país notificó el registro de 44,535 casos de personas que permanecen con el virus activo. Los recuperados de la enfermedad suman 140,524 y los descartados 745,102.
En el país se ha registrado un rebrote de la pandemia, obligando a prolongar el estado de emergencia, toque de queda y extremar los protocolos sanitarios.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.