Opinión
Unas primarias pervertidas y un CONEP que las bendice
Por Narciso Isa Conde
La realidad es más tozuda que el poderoso coro -que desde la JCE, el CONEP, la Comisión Electoral del PLD, facciones de la partidocracia corrompida y ciertas jerarquías eclesiales- falsifica o remplaza lo acontecido en las elecciones primarias por una fantasía convenientemente ajustada a sus espurios intereses.
La verdad comprobada es que, a pesar de ese concierto de mentiras, la competencia pre-electoral del pasado 6 de octubre, resultó corrompida en alto grado por quienes la ganaron y por quienes la perdieron.
En esa competencia inter-mafias político-empresariales, a los vencidos por las vagabunderías de la asociación delictiva estatal-privada dominante dentro del partido morado, les ha resultado imposible ocultar su pasado reciente abarrotado de fechorías y solo le queda desplegar una simulación propia de victimas sin credibilidad.
Las maromas de Leonel Fernández y su “leonelismo”, podrían incluso basarse o no en verdades o medias verdades “templarias”; pero ciertamente no lucen confiables en labios de quienes desde el 1996 se lanzaron al fango de la corruptela, el neoliberalismo, las trampas y los abusos de poder.
A una oposición conservadora y de parecida calaña histórica, menos necesitada de tantas malas artes en sus pugnas y un patrón de votantes mucho más reducido, no le fue necesario llegar a esos extremos; aunque ciertamente las primarias del PLD muestran lo que le espera a la pugna Abinader-Gonzalo de cara al 20-20.
Esto así, porque en esa competencia facinerosa que se anuncia para el año próximo, ese tipo de oposición electoralista tendrá que asumir como propia mucha basura agregada y colocarse en tesitura parecida a la del oficialismo, dada que esa es la dinámica inexorable de un sistema y un escenario electoral podrido.
En realidad los hechos acaecidos y las sucias reglas de juegos aceptadas previamente por el leonelismo y el perremeismo (objetadas con energía solo después de palo dado en el curso del pataleo), indican que lo peor es lo que falta de cara a los comicios del 2020, más aun con el aliento que le ha dado el CONEP a toda esta degradación política.
- CONEP Y ENTIDADES DEL PODER PERMANENTE OCULTAN LO INOCULTABLE.
La complicidad de los híper-millonarios que controlan el CONEP está siendo develada por su afán de sustituir está realidad con sus alabanzas a la JCE y a las referidas primarias:
-Compra de votos y cédulas.
-Sobornos de todo tipo y montón de, precandidatos en procura de impunidad.
-Uso de dinero acumulado en las pasadas fiestas de la corrupción, negociaciones con narcos, repartos ron, pica-pollos y hasta de punto de drogas.
-Uso de los presupuestos y recursos materiales de alcaldías, congreso y gobierno.
-Inversiones empresariales espurias.
-Traslado compulsivo de votantes.
Cierto que lo mucho en la corrupción del Partido de la Liberación Dominicana-PLD y del gobierno que encabeza sobresalieron y arroparon hasta la saturación. Pero el tema es propio de gran parte del sistema de partidos y sus facciones.
En el seno del PLD se potenció la degradación porque en su seno se produjo un fuerte choque entre dos facciones graduadas “suma cum laude” en delitos de Estado y trampas: una, la leonelista, bajo el mando del ex-presidente Leonel Fernández), empleando lo que se robó durante sus tres anteriores gobiernos corruptos y neoliberales; y la otra, la danilista, liderada por el propio Presidente Danilo Medina), de igual calaña, ahora con más poder estatal, disponiendo del dinero atracado durante su gestión de Estado, junto a las ventajas que da poder volcar impunemente el aparato estatal y sus recursos frescos contra su adversario interno.
En el seno de PRM, Luis Abinader -nuevo pupilo de la política gringa, comprometido con las agresiones a Venezuela- se impuso por amplio margen a otro conservador, el veterano ex-presidente Hipólito Mejía, dentro de una competencia aburrida y caracterizada por una baja concurrencia.
Los resultados, por tanto ameritan, ser tratados sin contemplaciones en los siguientes términos, si no se opta por encubrir lo acontecido:
-La primera facción del PLD postuló a Fernández y la segunda al Ministro de Obras Públicas y comunicaciones Gonzalo Castillo, quien se impuso con un 1% de ventaja, en una competencia caracterizada por los fraudes a cargo de ambas partes.
-A la facción del Presidente Medina le favoreció finalmente su control del sistema electoral, de sus mecanismos de conteo, propagandización, fiscalización, reglas de juego y arbitraje de las votaciones; y su previa gravitación en la confección de las leyes de partidos y electoral; previa captura de las demás instituciones con cartas en ese y otros asuntos: Ministerio Público, Poder Judicial, Altas Cortes, Poder Ejecutivo y Gobierno Central.
Por todo esto es ilusorio hablar de transparencia en cualesquiera de las variantes de conteo (manual o automático), como en la puesta en práctica de cualquier mecanismo de fiscalización revisión y auditoría, porque todo fue contaminado. Y se quedó así.
Corrupción e impunidad, nueva vez, evidenciaron que se han tornado sistémicas y endémicas; conformando todo un gran mecanismo o sistema, del cual forman parte el conjunto de partidos que han dominado en este país la institucionalidad establecida durante más de medio siglo.
- .PERSPECTIVAS OMINOSAS HACIA EL 2020.
Engañan incluso quienes reconocen el fraude para no confrontar e insisten en que dentro de esta institucionalidad, con la actual Junta Central Electoral-JCE de Castaños, vigente el Gobierno de Danilo-PLD y este sistema de corrupción e impunidad imperantes, será posible corregir los fraudes y la podredumbre desplegados en estas primarias.
Vivimos solo el prólogo de lo que viene. El 20-20 pinta para peor porque el partido-Estado, la corporación mafiosa, con Leonel o sin él dentro, se apresta a de repetir en grande lo acontecido, por imperiosa necesidad. Y para que no sea así habría que desplazar ese poder desde las calles, porque las elecciones y el Estado pudrieron.
Y si eventualmente dentro de ese cuadro sistémico-institucional se diera una derrota electoral de un PLD dividido, la contrapartida opositora, encabezada por el Partido Revolucionario Moderno-PRM, sería de esencia parecida.
- BALANCE Y CONSECUENCIAS PUNTUALES.
El balance y las consecuencias de ese de ese prologo traumático puede resumirse de esta manera:
–Un mayor descredito del sistema, de sus votaciones, su JCE y sus instituciones.
-Una mayor desconfianza en el sistema de partidos.
-Una votación, con una gran parte lograda a base de clientelismo, sobornos y múltiples modalidades de corrupción y perversión política.
-Una concurrencia precaria en relación con los padrones electorales empleados: alrededor de un 27% en las primarias cerradas del PRM y de menos aun en las primarias abiertas del PLD.
-Un proceso despreciado por el 75% de los votantes inscritos.
-Una pre-campaña pervertida por las facciones en pugna hasta niveles indignantes: más de 3 mil millones de pesos gastados del dinero de los /as contribuyente, buena parte robado al Estado, invertido en unas primarias corrompidas y fraudulentas
-Numerosas pre-candidaturas en busca de impunidad.
-Prostitución de la competencia entre el danilismo y el leonelismo.
-Total ausencia de un arbitraje imparcial y descalificación de la JCE.
-Tolerancia de las violaciones a las leyes y reglamentos, y extensión de la impunidad al escenario electoral.
-Acentuación de la tendencia mafiosa del danilismo y del conservadurismo corrupto del leonelismo, articulado al neofascismo vinchista.
-Un PLD brutalmente dividido.
-Un PRM disminuido, aunque con posibilidades de sacar provecho de la división (orgánica o no) del PLD y del deseo de mucha gente de salir de los 20 años del nefasto reinado peledeista.
-Un proceso electoral cada vez más intervenido y pendiente de las decisiones del Departamento de Estado-USA.
-Una profundización de la tendencia a la marginalidad y debilitamiento extremo de las opciones que no se subordinen a los polos hegemónico (PLD y PRM) bajo tutela de EEUU, sus Trump y Pompeo. Una llamada de Pompeo obligó al Presidente Medina a desistir de su re-postulación.
-Serias dudas sobre la idoneidad del voto automático por las evidencias de fraudes sofisticados.
-Una tendencia más pronunciada a la desaceleración de la economía camino al desplome.
-Anuncio de calamidades mas graves para el 20-20 y tendencia a la repetición en grande de las prácticas fraudulentas y las fechorías electorales.
-Reforzamiento de la convicción en amplios sectores de que no hay vía institucional para ponerle fin al sistema de corrupción e impunidad. Se ha fortalecido la idea de el remiendo de lo podrido es una gran estafa. De que solo la rebeldía a lo Ecuador, Haití y Honduras podría crear lo nuevo y distinto.
-Mayor pertinencia, por tanto, del ejercicio de la democracia de calle para producir los cambios constitucionales e institucionales y las transformaciones estructurales que abrirían las compuertas para superar este lodazal.
- COLOFÓN:
Esas consecuencias y esas perspectivas podrían determinar en lo adelante mejores condiciones para crear, desde el pueblo movilizado, poder constituyente transformador; y para situar en la agenda nacional la propuesta de Proceso Constituyente, la quiebra de un poder constituido altamente desacreditado y la transición hacia una democracia real vía una Asamblea Constituyente Popular y Soberana, que permitan crear una nueva institucionalidad y organizar elecciones sobre bases democráticas y mecanismos invulnerables a diversos fraudes.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.