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Organo de la ONU advierte la llegada de la peor crisis humana en Haití
Efe
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió que Haití vive ‘la peor crisis humana de los últimos años’ y la infancia la sufre con rudeza: crece la malnutrición en los niños, muchos de los cuales dependen de una ayuda cuya llegada está en vilo por la violencia que desatan pandillas armadas en las zonas más vulnerables.
‘Nos preocupa bastante la situación humana en Haití, que no es nueva’, pero que ‘se sigue deteriorando’ rápidamente e impacta con fuerza a los niños y las mujeres, dijo a Efe Laurent Duvillier, jefe regional de Comunicaciones de Unicef.
La situación en Haití, el país más pobre de América, era compleja ya antes de la pandemia, que ha venido a agudizar ‘aún más las necesidades humanitarias de las personas, que perdieron sus trabajos, y de niños que perdieron acceso a las cantinas escolares, a los alimentos’, explicó el portavoz.
‘15.000 personas se encuentran hoy en día desplazadas forzadas debido a la violencia de las pandillas en las calles de Puerto Príncipe. Y esta cifra sigue aumentando cada día’, indicó Duvillier.
La violencia no había cesado pese al estado de sitio declarado el pasado miércoles, horas después del asesinato del presidente haitiano, Jovanel Moise, a manos de un comando armado.
El jueves ‘seguían enfrentamientos en algunas calles del barrio de Martissant’ en la capital haitiana, una de las zonas en la que Unicef entrega ayuda humanitaria, relató Duvillier.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia se dijo ‘alarmado por la terrible situación humana de los niños y sus familias en Haití’, donde el 46 % de la población está en situación de inseguridad alimentaria según las cifras oficiales.
Solo durante los primeros tres meses de este año, el número de ingresos de niños y niñas con desnutrición aguda grave en los centros de salud ha aumentado un 26 % en comparación con el 2020, indicó el organismo de la ONU.
‘Vemos que están aumentando los casos de malnutrición severa y aguda y de niños que necesitan alimentos terapéuticos para sobrevivir, y esto se debe a varios factores, primero al agua, y segundo la lactancia materna’, señaló el portavoz oficial.
Uno de cada tres niños y niñas en Haití necesita ayuda humanitaria debido a la violencia y la pandemia, pero la inseguridad causada por las pandillas dificulta la distribución de artículos esenciales como vacunas, jeringuillas, medicinas y alimentos terapéuticos.
El de Haití ‘es un contexto extremadamente volátil, que cambia rápidamente. Un día una calle puede ser segura y la podemos utilizar para llegar, por ejemplo a un albergue y entregar ayuda humanitaria, pero al otro día la misma calle ya no es segura y hay enfrentamiento armado, con balas’, dijo Duvillier.
Los equipos de Unicef están constantemente monitoreando la situación y evaluando cuáles son las rutas alternativas que se pueden utilizar para llegar a las comunidades más afectadas, pero alcanzarlas es todo un desafío, agregó.
‘Por eso pedimos que se pare la violencia armada y pedimos que se garanticen corredores seguros para las organizaciones humanitarias, para que podamos brindar asistencia a los que realmente lo necesitan’, explicó el portavoz de Unicef.
Unicef indicó que la escalada de violencia tiene lugar en medio del alza gradual de casos de la covid en Haití, donde hasta finales de junio se habían contabilizado más de 18.500 casos y 425 muertes.
Los principales hospitales dedicados a la pandemia están saturados y sufren escasez de oxígeno. Algunos pacientes están muriendo porque la violencia de las pandillas armadas impide que las ambulancias lleguen a estos centros con oxígeno y tratamiento de emergencia.
‘Haití es el único país de las Américas que no ha recibido ni una sola dosis de vacuna anticovid. Es totalmente inaceptable y también es peligroso’, según el portavoz de Unicef.
El ente de la ONU ha instalado más de 920 frigoríficos solares en Haití para fortalecer la cadena de frío, principalmente en áreas remotas, lo que permitirá a ‘muchos centros de salud estar listos y preparados para cuando lleguen las vacunas’.
Estados Unidos enviará a Haití vacunas contra la covid-19 y un paquete de ayuda de cinco millones de dólares para ayudar a la Policía Nacional a combatir la violencia de las bandas, dijo el viernes en una rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.
EFE/ Giovanna Ferullo M.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.