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Detalles de cargos que pesan contra Hugo Beras y Jochi Gómez en el caso Intrant

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Santo Domingo, R.D.-La jueza titular del SextoJuzgado de Instruccion del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, decidió que todos los imputados en el caso de corrupción del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant) deben pasar a la fase final del juicio, donde será determinada su culpabilidad o inocencia.

Dentro de los principales imputados está el exdirector del Intrant, Hugo Beras, y el empresario José (Jochi) Gómez Canaán, señalado por el Ministerio Público como eje central del esquema fraudulento por mantener vínculos societarios con la empresa Transcore Latam, beneficiada en 2023 supuestamente de manera irregular con un contrato de un valor superior a RD$1,300 millones.

El proceso de licitación tenía el objetivo de mejorar la red de semáforos de la provincia Santo Domingo. Sin embargo, fue suspendido ese mismo año por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) tras haber detectado “un entramado societario difuso”. Esto provocó que en octubre de 2024 el MP solicitara medida de coerción en contra de Beras, Gómez, funcionarios y otros involucrados.

Dentro de la lista de los ciudadanos que pasarán a juicio de fondo se encuentran Pedro Vinicio Padovani Báez, exsupervisor del centro de control de tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras.

Además, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.

Mientras que las compañías judicializadas son Aurix S.A.S., propiedad de Jochy Gómez; Transcore Latam S.R.L., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.

Con el dictamen de la magistrada Rivas, varias tipificaciones penales atribuidas por el MP a los imputados fueron suprimidas, ya que no contaban con la argumentación necesaria. Dentro de la lista de calificaciones jurídicas excluidas se encuentran el terrorismo y la falsedad de documentos privados.

El tribunal acogió la supuesta violación cometida en contra de los artículos 123 y 124 del Código Penal que hacen referencia a coalición de funcionarios. Por este tipo penal son señalados Hugo Beras, Fran Atilano, Samuel Baquero, Juan Francisco Álvarez, ya que, “en su calidad de funcionarios y empleados públicos”, dispusieron medidas contrarias a la antigua ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.

“De ahí la identificación que hace el tribunal del tipo penal de estafa, cuyo elemento objetivo es el empleo de maniobras fraudulentas para obtener fondos ajenos, en este caso los fondos del erario”, precisó la magistrada durante la audiencia.

Además, adicionó los tipos penales de desfalco y asociación de malhechores para los imputados Hugo Beras, Fran Atilano, Juan Francisco, Jochi Gómez, Carlos José Peguero y Pedro Padovani.

Contempla también el artículo 146 sobre falsedad cometida por el imputado Juan Francisco, con miras supuestamente de estafar al Estado. “Se emitieron certificaciones falsas, como la certificación de que se contaba con fondos que hizo supuestamente”, dijo la jueza.

En cuanto a las imputaciones de Pedro Padovani, José Peguero y Jochi Gómez, se les atribuye además en esta línea de investigación los tipos penales dictados en los artículos 150 y 151 del Código Penal, los cuales penalizan la falsedad de documento privado y el uso de documentos falsos.

El tribunal también admitió la Asociación de Malhechores y la Estafa para las empresas DKolor y Pago RD por  “la manipulación que hubo en los montos y las deudas supuestamente generadas a través de las adendas”.

Asimismo, permitió que Jochi Gómez fuese juzgado por haber recibido, a través de la empresa Aurix de la que es propietario, un acuerdo irregular con el Ministerio de Defensa (MIDE) con el cual “tuvo acceso privilegiado a informaciones sensibles de carácter militar y de seguridad nacional”.

Además, el Tribunal acogió en contra de Gómez, Padovani y José Peguero la clasificación jurídica del sabotaje, contemplada en el artículo 11 de la Ley 5307 sobre delitos y delitos de alta tecnología, el cual indica que ese delito tiene el objetivo de “alterar, dañar, causar mal funcionamiento a sistemas electrónicos e informáticos”.

“En ese mismo orden de ideas se atribuye la violación al artículo 28 de la citada ley en cuanto a los crímenes y delitos contra la nación”, expresó la magistrada.

Jochi Gómez, Pedro Padovani, José Peguero y José Ángel Gómez también serán juzgados por supuesto robo de identidad, tipificado en el artículo 17 del conjunto de leyes penales.

Mientras que únicamente para Gómez estará la calificación jurídica de contrabando agravado.

Según establece el órgano persecutor, Gómez, con la asistencia de Beras, habría provocado durante la última semana de agosto de 2024 un sabotaje a la red de semáforos de la provincia Santo Domingo.

No obstante, la titular del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional explicó en la audiencia que en la narrativa del MP no existe “ningún elemento que dicha conducta estuviese dirigida a provocar muertes, lesiones físicas o psicológicas a personas, ni tampoco a generar estragos materiales en infraestructuras estratégicas”, por lo que declaró inadmisible la judicialización por terrorismo.

«No basta con la realización de una acción que provoque un desorden en el tránsito. Tampoco precisa víctimas determinadas o indeterminadas que hayan sufrido afectaciones físicas o psicológicas”, reiteró.

La titular del tribunal utilizó el único hecho condenado como terrorismo en el país, registrado en 2014, para contrastar su decisión: el atentado realizado en el metro de Santo Domingo.

“Esa sentencia le permite al tribunal hacer un contraste, puesto que así se evidencia que en este proceso no se produjeron lesiones a personas, no se generaron graves daños a las infraestructuras ni se creó un estado de temor generalizado en la población”, concluyó Rivas.

El Tribunal eliminó la tipificación penal de contrabando en contra de Pedro Padovani y José Peguero, “en vista de que el Ministerio Público no desarrolló ninguna relatoría de hecho que describa cuál fue la acción que tuvieron estos imputados; en el tema del contrabando, no se establece ninguno de los verbos rectores en cuanto a producir, adquirir, recibir u ocultar”.

El tribunal aclaró que José Peguero es imputado, a pesar de los esfuerzos de su defensa para presentarlo como “prueba testimonial”.

“Carlos José Peguero, que el abogado se ofertó al imputado como testigo y el imputado no es testigo en el proceso”, indicó la magistrada.

La jueza decidió mantener el impedimento de salida del país a Jochi Gómez, ya que “el derecho al libre tránsito de este ciudadano amerita ser controlado por el tribunal. Hasta ahora a él se le han dado los permisos y eso permite una supervisión efectiva de sus movimientos”.

Además, aceptó imponer presentación periódica contra Mariano Agustín, Eduardo Mora y Darío Félix.

¿Cuáles son los señalamientos realizados por el MP?

Según una nota de prensa enviada a los medios de comunicación, el MP, representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, señala a Jochi Gómez como beneficiario de contratos fraudulentos con Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, las cuales eran responsables del control de sistemas semafóricos, videovigilancia y espionaje tecnológico, además del sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo.

Hugo Beras facilitó adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participó en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia.

Frank Warden manipuló licitaciones y decisiones del Comité de Compras para favorecer a empresas del esquema de corrupción.

Baquero Sepúlveda facilitó el control técnico de la red semafórica y falsificó certificaciones.

Juan Carbuccia emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria.

Padovani Báez supervisó el centro de control de tráfico y participó en licitaciones fraudulentas, lavado de activos y sabotaje de la red semafórica.

José Peguero movilizó fondos a través de Inprosol S.R.L.

Mariano Gustini y Mora Vázquez, representantes de PagoRD Xchange, actuaron como testaferros, ocultando la propiedad real de la empresa y desviando fondos hacia Gómez Canaán.

Darío Feliz operó como intermediario financiero en el desvío y lavado de fondos públicos.

Con relación a las personas jurídicas, la acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para contratos fraudulentos y control de la red semafórica. PagoRD Xchange S.R.L. se empleó para apropiación de ingresos públicos y adquisición de bienes de lujo.

Industria Soltex Dominicana S.R.L. participó en operaciones de lavado y contrabando. Dekolor S.R.L. encubrió, desvió y manipuló licencias.

Aurix S.A.S. se destinó al espionaje y sabotaje tecnológico.

Inprosol S.R.L. funcionó como vehículo financiero del esquema y OML Inversiones S.R.L. adquirió bienes inmuebles con fondos ilícitos.

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Lluvias dejan una mujer muerta en Santiago y una persona desaparecida en Puerto Plata

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La víctima fue arrastrada por una cañada en el sector Los Salados, mientras que las inundaciones afectaron aproximadamente 55 viviendas en distintas comunidades de Santiago.

SANTIAGO, RD. – Las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas en la región Norte de República Dominicana dejaron como saldo una mujer fallecida en Santiago y una persona desaparecida en Puerto Plata, además de inundaciones que afectaron decenas de viviendas.

La víctima mortal fue identificada como Dolka Martínez, de 57 años, cuyo cuerpo fue localizado la mañana de este lunes 16 de noviembre en las inmediaciones de la cañada de Vuelta Larga, en el sector Los Salados, de Santiago.

De acuerdo con las informaciones disponibles, la mujer fue arrastrada por la corriente de agua y posteriormente encontrada sin vida cerca del lugar donde ocurrió el incidente.

Martínez residía en la calle 14 del referido sector, donde las lluvias provocaron crecidas repentinas de cañadas y acumulaciones de agua en zonas habitadas.

Autoridades realizan levantamiento del cadáver

Tras el hallazgo, al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional, representantes del Ministerio Público, miembros de la unidad de Homicidios y personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Las autoridades realizaron los procedimientos correspondientes para el levantamiento del cuerpo y las diligencias necesarias para documentar las circunstancias del fallecimiento.

El hecho se produjo en medio de las condiciones de inestabilidad atmosférica que han afectado varias localidades del Cibao, generando preocupación entre los residentes de comunidades cercanas a ríos, arroyos y cañadas.

Unas 55 viviendas resultaron afectadas en Santiago

Las precipitaciones también ocasionaron inundaciones temporales en aproximadamente 55 viviendas de distintos sectores de Santiago.

En Pinar del Río, perteneciente al distrito municipal Santiago Oeste, el desbordamiento de una cañada provocó la entrada de agua a unas 12 viviendas.

Mientras tanto, en Los Salados, Cambollita y otras comunidades cercanas se reportaron inundaciones momentáneas que afectaron alrededor de 43 hogares.

Estos incidentes ponen de manifiesto los riesgos que enfrentan las familias residentes en zonas vulnerables durante períodos de lluvias intensas, particularmente cuando se producen aumentos repentinos en el caudal de las cañadas.

Buscan a persona arrastrada por río en Puerto Plata

En otro incidente relacionado con las precipitaciones, una persona permanece desaparecida luego de ser arrastrada por las fuertes corrientes del río Bajabonico, en la provincia Puerto Plata.

Según las informaciones preliminares, el hecho ocurrió en las inmediaciones del badén situado en el cruce de Bajabonico Arriba, cuando la persona intentaba atravesar el afluente a bordo de una motocicleta.

La fuerza de la corriente habría impedido que lograra cruzar, provocando que fuera arrastrada por las aguas.

Hasta el momento del reporte, no se había confirmado la identidad de la persona desaparecida ni se habían ofrecido detalles adicionales sobre su localización.

Persisten riesgos por crecidas e inundaciones

Las lluvias de los últimos días han incrementado los riesgos de desbordamientos, inundaciones repentinas y accidentes en pasos vulnerables de distintas comunidades del Norte.

Ante estas condiciones, resulta fundamental evitar cruzar ríos, cañadas y badenes cuando presentan corrientes fuertes, así como mantenerse atentos a los boletines de los organismos de emergencia.

La muerte de Dolka Martínez y la desaparición de otra persona en Puerto Plata reflejan las consecuencias de las intensas precipitaciones que afectan la región, mientras persiste la preocupación por la seguridad de las familias que residen en áreas expuestas a inundaciones.

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Cabo de la Policía Nacional muere a tiros durante presunto asalto en Verón, Punta Cana

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El agente de 35 años fue trasladado sin signos vitales a un centro hospitalario. Las autoridades todavía no han esclarecido las circunstancias del crimen ni identificado a los responsables.

LA ALTAGRACIA, RD. – Un cabo de la Policía Nacional perdió la vida tras recibir varios disparos durante un presunto intento de atraco ocurrido la madrugada de este lunes 16 de noviembre, en el sector Villa La Fe, del distrito municipal Verón, Punta Cana, provincia La Altagracia.

La víctima fue identificada como Belén Wilkin, de 35 años, quien fue trasladado al Hospital General de Verón por unidades de la institución policial, aproximadamente a las 12:30 de la madrugada.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el agente llegó al establecimiento de salud sin signos vitales y presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Las primeras versiones señalan que el hecho habría ocurrido durante un supuesto asalto en el que desconocidos intentaron despojar al policía de sus pertenencias. Sin embargo, esta hipótesis todavía no ha sido confirmada oficialmente por los organismos responsables de la investigación.

Agente conservaba sus documentos y pertenencias

Según los datos disponibles, al momento de ser llevado al centro médico, el cabo tenía consigo una cartera que contenía sus documentos personales, incluyendo su cédula de identidad y el carné que lo acreditaba como miembro de la Policía Nacional.

También conservaba su teléfono celular y la suma de RD$2,200 en efectivo, elementos que deberán ser considerados por los investigadores para establecer las circunstancias en que se produjo el ataque.

Hasta el momento, no se ha informado si el agente se encontraba de servicio o fuera de sus funciones cuando fue atacado.

Autoridades aún no identifican a los responsables

Las autoridades competentes no han ofrecido información detallada sobre la forma en que ocurrió el crimen, el número de personas involucradas ni los posibles motivos del ataque.

Tampoco se ha comunicado oficialmente la identificación o detención de sospechosos relacionados con la muerte del miembro de la institución del orden.

Se espera que las investigaciones permitan esclarecer lo sucedido y determinar si efectivamente se trató de un intento de robo o si existieron otras circunstancias que provocaron el ataque armado.

El caso permanece pendiente de esclarecimiento, mientras se aguardan los resultados de las diligencias investigativas y un pronunciamiento oficial que permita establecer las responsabilidades correspondientes.

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Policía Nacional refuerza sus filas con 2,376 nuevos agentes graduados

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La promoción 149 incluye 1,120 mujeres y forma parte del proceso de transformación institucional que busca fortalecer la seguridad ciudadana en República Dominicana.

SANTO DOMINGO, RD. – La Policía Nacional incorporó a 2,376 nuevos agentes, quienes concluyeron su preparación académica y práctica como integrantes de la promoción 149 del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), denominada María Concepción Bona y Hernández.

La ceremonia de graduación, celebrada el domingo 15 de noviembre, contó con la participación del presidente de la República, Luis Abinader, quien encabezó la juramentación y entrega de diplomas a los nuevos miembros de la institución del orden.

Durante el acto, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, destacó que 1,120 de los graduados son mujeres, lo que representa aproximadamente el 47 % de la promoción y constituye, según expresó, un avance en la participación femenina dentro de la institución policial.

La funcionaria explicó que los nuevos agentes recibieron varios meses de preparación académica, complementados con tres meses de prácticas supervisadas en distintas dependencias policiales del territorio nacional.

Este período permitió que los participantes adquirieran experiencia en labores de prevención, vigilancia y contacto directo con las comunidades, como parte de su preparación para enfrentar las responsabilidades del servicio policial.

Más de 14 mil policías incorporados desde 2021

El rector del Instituto Policial de Educación Superior, Juan Hilario Guzmán, informó que desde 2021 hasta noviembre de 2026 se han integrado a la Policía Nacional un total de 14,648 agentes, de los cuales 10,794 son hombres y 3,854 mujeres.

El funcionario afirmó que estas incorporaciones responden a los esfuerzos de profesionalización de la institución y al objetivo de disponer de personal mejor capacitado para atender las necesidades de seguridad de la población.

Asimismo, exhortó a los graduados a desempeñar sus responsabilidades con honestidad, prudencia, disciplina y respeto a los derechos de los ciudadanos.

Avanza implementación del nuevo modelo policial

Durante su intervención, Faride Raful también presentó algunos resultados del proceso de transformación policial iniciado en 2021.

De acuerdo con la ministra, la proporción de agentes destinados al servicio policial pasó del 12 % al 35 %, como parte de las medidas adoptadas para fortalecer la presencia operativa de la institución.

Igualmente, explicó que el nuevo modelo de servicio policial comenzó a extenderse hacia la provincia La Altagracia y otras localidades de la región Este, con la participación de 990 agentes que han recibido entrenamiento y equipamiento.

La funcionaria señaló que estas acciones buscan mejorar la capacidad de respuesta ante los hechos delictivos y fortalecer las relaciones entre los miembros de la Policía Nacional y las comunidades.

Gobierno destaca indicadores de seguridad

En materia de criminalidad, la ministra de Interior y Policía sostuvo que República Dominicana mantiene una tasa de homicidios inferior a ocho casos por cada 100,000 habitantes, indicador que calificó como el más bajo desde que se dispone de registros comparables.

Raful manifestó que los nuevos policías deberán contribuir a consolidar los avances institucionales mediante actuaciones responsables, el cumplimiento de la ley y el respeto a la dignidad humana.

La incorporación de esta promoción representa un aumento significativo del personal disponible para las labores de seguridad pública, aunque el fortalecimiento del servicio policial también dependerá de la supervisión, capacitación continua y adecuada distribución de los agentes.

Con esta nueva graduación, las autoridades buscan ampliar la presencia policial en el territorio nacional y avanzar hacia un modelo de seguridad ciudadana basado en la profesionalización, la prevención del delito y la confianza de la población.

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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