Más Noticias
Detalles de cargos que pesan contra Hugo Beras y Jochi Gómez en el caso Intrant
Santo Domingo, R.D.-La jueza titular del SextoJuzgado de Instruccion del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, decidió que todos los imputados en el caso de corrupción del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant) deben pasar a la fase final del juicio, donde será determinada su culpabilidad o inocencia.
Dentro de los principales imputados está el exdirector del Intrant, Hugo Beras, y el empresario José (Jochi) Gómez Canaán, señalado por el Ministerio Público como eje central del esquema fraudulento por mantener vínculos societarios con la empresa Transcore Latam, beneficiada en 2023 supuestamente de manera irregular con un contrato de un valor superior a RD$1,300 millones.
El proceso de licitación tenía el objetivo de mejorar la red de semáforos de la provincia Santo Domingo. Sin embargo, fue suspendido ese mismo año por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) tras haber detectado “un entramado societario difuso”. Esto provocó que en octubre de 2024 el MP solicitara medida de coerción en contra de Beras, Gómez, funcionarios y otros involucrados.
Dentro de la lista de los ciudadanos que pasarán a juicio de fondo se encuentran Pedro Vinicio Padovani Báez, exsupervisor del centro de control de tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras.
Además, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Mientras que las compañías judicializadas son Aurix S.A.S., propiedad de Jochy Gómez; Transcore Latam S.R.L., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Con el dictamen de la magistrada Rivas, varias tipificaciones penales atribuidas por el MP a los imputados fueron suprimidas, ya que no contaban con la argumentación necesaria. Dentro de la lista de calificaciones jurídicas excluidas se encuentran el terrorismo y la falsedad de documentos privados.
El tribunal acogió la supuesta violación cometida en contra de los artículos 123 y 124 del Código Penal que hacen referencia a coalición de funcionarios. Por este tipo penal son señalados Hugo Beras, Fran Atilano, Samuel Baquero, Juan Francisco Álvarez, ya que, “en su calidad de funcionarios y empleados públicos”, dispusieron medidas contrarias a la antigua ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.
“De ahí la identificación que hace el tribunal del tipo penal de estafa, cuyo elemento objetivo es el empleo de maniobras fraudulentas para obtener fondos ajenos, en este caso los fondos del erario”, precisó la magistrada durante la audiencia.
Además, adicionó los tipos penales de desfalco y asociación de malhechores para los imputados Hugo Beras, Fran Atilano, Juan Francisco, Jochi Gómez, Carlos José Peguero y Pedro Padovani.
Contempla también el artículo 146 sobre falsedad cometida por el imputado Juan Francisco, con miras supuestamente de estafar al Estado. “Se emitieron certificaciones falsas, como la certificación de que se contaba con fondos que hizo supuestamente”, dijo la jueza.
En cuanto a las imputaciones de Pedro Padovani, José Peguero y Jochi Gómez, se les atribuye además en esta línea de investigación los tipos penales dictados en los artículos 150 y 151 del Código Penal, los cuales penalizan la falsedad de documento privado y el uso de documentos falsos.
El tribunal también admitió la Asociación de Malhechores y la Estafa para las empresas DKolor y Pago RD por “la manipulación que hubo en los montos y las deudas supuestamente generadas a través de las adendas”.
Asimismo, permitió que Jochi Gómez fuese juzgado por haber recibido, a través de la empresa Aurix de la que es propietario, un acuerdo irregular con el Ministerio de Defensa (MIDE) con el cual “tuvo acceso privilegiado a informaciones sensibles de carácter militar y de seguridad nacional”.
Además, el Tribunal acogió en contra de Gómez, Padovani y José Peguero la clasificación jurídica del sabotaje, contemplada en el artículo 11 de la Ley 5307 sobre delitos y delitos de alta tecnología, el cual indica que ese delito tiene el objetivo de “alterar, dañar, causar mal funcionamiento a sistemas electrónicos e informáticos”.
“En ese mismo orden de ideas se atribuye la violación al artículo 28 de la citada ley en cuanto a los crímenes y delitos contra la nación”, expresó la magistrada.
Jochi Gómez, Pedro Padovani, José Peguero y José Ángel Gómez también serán juzgados por supuesto robo de identidad, tipificado en el artículo 17 del conjunto de leyes penales.
Mientras que únicamente para Gómez estará la calificación jurídica de contrabando agravado.
Según establece el órgano persecutor, Gómez, con la asistencia de Beras, habría provocado durante la última semana de agosto de 2024 un sabotaje a la red de semáforos de la provincia Santo Domingo.
No obstante, la titular del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional explicó en la audiencia que en la narrativa del MP no existe “ningún elemento que dicha conducta estuviese dirigida a provocar muertes, lesiones físicas o psicológicas a personas, ni tampoco a generar estragos materiales en infraestructuras estratégicas”, por lo que declaró inadmisible la judicialización por terrorismo.
«No basta con la realización de una acción que provoque un desorden en el tránsito. Tampoco precisa víctimas determinadas o indeterminadas que hayan sufrido afectaciones físicas o psicológicas”, reiteró.
La titular del tribunal utilizó el único hecho condenado como terrorismo en el país, registrado en 2014, para contrastar su decisión: el atentado realizado en el metro de Santo Domingo.
“Esa sentencia le permite al tribunal hacer un contraste, puesto que así se evidencia que en este proceso no se produjeron lesiones a personas, no se generaron graves daños a las infraestructuras ni se creó un estado de temor generalizado en la población”, concluyó Rivas.
El Tribunal eliminó la tipificación penal de contrabando en contra de Pedro Padovani y José Peguero, “en vista de que el Ministerio Público no desarrolló ninguna relatoría de hecho que describa cuál fue la acción que tuvieron estos imputados; en el tema del contrabando, no se establece ninguno de los verbos rectores en cuanto a producir, adquirir, recibir u ocultar”.
El tribunal aclaró que José Peguero es imputado, a pesar de los esfuerzos de su defensa para presentarlo como “prueba testimonial”.
“Carlos José Peguero, que el abogado se ofertó al imputado como testigo y el imputado no es testigo en el proceso”, indicó la magistrada.
La jueza decidió mantener el impedimento de salida del país a Jochi Gómez, ya que “el derecho al libre tránsito de este ciudadano amerita ser controlado por el tribunal. Hasta ahora a él se le han dado los permisos y eso permite una supervisión efectiva de sus movimientos”.
Además, aceptó imponer presentación periódica contra Mariano Agustín, Eduardo Mora y Darío Félix.
¿Cuáles son los señalamientos realizados por el MP?
Según una nota de prensa enviada a los medios de comunicación, el MP, representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, señala a Jochi Gómez como beneficiario de contratos fraudulentos con Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, las cuales eran responsables del control de sistemas semafóricos, videovigilancia y espionaje tecnológico, además del sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Hugo Beras facilitó adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participó en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia.
Frank Warden manipuló licitaciones y decisiones del Comité de Compras para favorecer a empresas del esquema de corrupción.
Baquero Sepúlveda facilitó el control técnico de la red semafórica y falsificó certificaciones.
Juan Carbuccia emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria.
Padovani Báez supervisó el centro de control de tráfico y participó en licitaciones fraudulentas, lavado de activos y sabotaje de la red semafórica.
José Peguero movilizó fondos a través de Inprosol S.R.L.
Mariano Gustini y Mora Vázquez, representantes de PagoRD Xchange, actuaron como testaferros, ocultando la propiedad real de la empresa y desviando fondos hacia Gómez Canaán.
Darío Feliz operó como intermediario financiero en el desvío y lavado de fondos públicos.
Con relación a las personas jurídicas, la acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para contratos fraudulentos y control de la red semafórica. PagoRD Xchange S.R.L. se empleó para apropiación de ingresos públicos y adquisición de bienes de lujo.
Industria Soltex Dominicana S.R.L. participó en operaciones de lavado y contrabando. Dekolor S.R.L. encubrió, desvió y manipuló licencias.
Aurix S.A.S. se destinó al espionaje y sabotaje tecnológico.
Inprosol S.R.L. funcionó como vehículo financiero del esquema y OML Inversiones S.R.L. adquirió bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Más Noticias
Subida de pasajes confronta a grupo choferes, ya que unos lo toleran u otros lo rechazan.
Santo Domingo, R.D.–La Central Nacional de Trabajadores (CNTT) anunció que a partir del lunes aplicará aumentos de pasajes en 47 rutas urbanas, suburbanas e inteurbanas de diferentes zonas de la República Dominicana.
El presidente de la entidad, Juan Marte, dijo que el incremento será de entre RD$5, RD$10 y RD$25, según la distancia y el tipo de servicio en rutas del Cibao, el Gran Santo Domingo, la región Este y otras provincias.
Aseguró que la decisión en este sentido fue adoptada debido al incremento paulatino de los costos operativos de los trabajadores del transporte y a no entrega por parte del Gobierno de los subsidios que ha prometido a los miembros de este sector. prometidos por el Gobierno.
Indicó que el sector ha absorbido durante más de nueve meses el alza en los precios de combustibles, lubricantes, neumáticos, repuestos y otros insumos, lo que ha reducido la rentabilidad de los operadores.
También criticó que el Gobierno mantenga congelados los precios de los combustibles, pese a la baja registrada en el mercado internacional del petróleo, situación que, afirmó, perjudica tanto a transportistas como a los usuarios.
La Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) rechazó este aumento de tarifas anunciado para el próximo lunes. Su vicepresidente ejecutivo, Tony Marte, afirmó que el alza carece de justificación, debido a los subsidios al gasoil y GLP, y aseguró que las rutas afiliadas a la entidad no respaldan la medida.
También el presidente de la Federación Regional de Trabajadores del Transporte (Fettranreno), Gervasio de la Rosa, rechazó el incremento al considerar que la población no está en condiciones de asumir nuevos costos.
Informó que las 32 rutas que dirige en la región Norte mantendrán sus tarifas actuales, pese al aumento de los costos de operación.
De la Rosa señaló que su organización mantiene conversaciones con las autoridades para buscar soluciones que permitan aliviar los gastos del sector sin trasladar la carga económica a los pasajeros, y pidió reforzar el control sobre los precios de combustibles, repuestos y productos de la canasta básica.
LA VEGA, República Dominicana. –Yeni berenice Reynoso, procuradora general de la República, propuso la creación de un «Pacto de Estado por la Convivencia» y a la construcción de «un nuevo contrato social» orientados a enfrentar las causas estructurales de la violencia y la criminalidad en el país.
La magistrada presentó la propuesta cuando dictaba la conferencia “Anatomía de la Violencia y la Criminalidad en la República Dominicana: Radiografía para una Transformación Necesaria”, en la Cooperativa Vega Real, donde abogó por una respuesta integral, sostenida y articulada de los distintos sectores de la sociedad.
Sostuvo que la República Dominicana necesita un nuevo acuerdo social sustentado en valores, respeto, empatía y oportunidades para los sectores más vulnerables.
“Estoy planteando que en República Dominicana firmemos un nuevo contrato social afianzado en respeto, en principios, en valores, en escucha con empatía y en oportunidades para quienes menos tienen”, expresó.
La Procuradora General reconoció que el país ha logrado avances en la reducción y control de la criminalidad, pero dijo que se requiere ir más allá de las medidas punitivas para atender las causas de fondo del problema.
En ese sentido, destacó la importancia de fortalecer la educación, la familia, la participación comunitaria, la institucionalidad democrática y una transformación cultural que promueva la paz, la legalidad y el respeto ciudadano.
Indicó que este pacto debe involucrar al Estado, las familias, las escuelas, las iglesias, el sector privado, las organizaciones comunitarias y la sociedad civil, con el objetivo de fomentar una cultura de convivencia y ampliar las oportunidades, especialmente para los sectores más vulnerables.
El evento fue organizado por la Cooperativa Vega Real y reunió a autoridades nacionales, provinciales y municipales, dirigentes cooperativistas, líderes comunitarios y representantes de la sociedad civil.
Durante la actividad, Reynoso fue declarada Visitante Distinguida de la ciudad de La Vega por el Ayuntamiento Municipal y el Concejo de Regidores, distinción entregada por la alcaldesa Amparo Custodio.
Además, la Cooperativa Vega Real le otorgó un reconocimiento por su compromiso con la justicia, la transparencia institucional y el fortalecimiento del Estado de derecho.
El presidente ejecutivo de la entidad, Yanio Concepción, valoró la iniciativa presentada y reafirmó el compromiso de la cooperativa de impulsar espacios de reflexión para fortalecer la seguridad ciudadana y la cultura de paz.
En el acto estuvieron presentes el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao; la gobernadora provincial, Luisa Jiménez; el coronel Ramón Dicló; entre otras autoridades civiles y militares.
La jornada concluyó con el compromiso de “convertir la reflexión en acción y la acción en resultados”, con miras a construir una República Dominicana más segura, justa y solidaria.
Santo Domingo, R.D.-Estados Unidos reconoció este viernes a traves de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATIS) al Gobierno de la República Dominicana por su labor en la disrupcion y desmantalamiento de organizaciones criminales transncionales, en especial por los resultados operacionales alcanzados durante los meses de abril y mayo de este año. La Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (Jiatfs, por sus siglas en inglés)
En una comunicación dirigida al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Cabrera Ulloa, el director de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur, contralmirante Jeffrey K. Randall, destacó que esos resultados son fruto de la integración de inteligencia conjunta, la cooperación regional y una postura proactiva frente a las amenazas transnacionales, refiere una nota de prensa.
«Le felicitamos por todas las operaciones autónomas y el aporte de inteligencia mediante alertas, movimientos críticos, que derivaron en resultados positivos operacionales; igualmente congratulamos el desempeño superior al 90 % a su plataforma de patrullaje aéreo, marítimo y terrestre», expresó el alto oficial estadounidense.
- Randall afirmó que la coordinación entre la DNCD, la Armada, la Fuerza Aérea y las agencias de inteligencia del Estado constituye un ejemplo de integración interinstitucional e interagencial esencial para la seguridad hemisférica.
De su lado, Cabrera Ulloa agradeció, en nombre del Gobierno dominicano, el reconocimiento del contralmirante Randall y aseguró que la República Dominicana mantiene su compromiso de fortalecer los lazos de cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional.