Nacionales
Muerte de cinco hombres en Santiago tuvo ver con una supuesta venta de fusil de alto calibre.
Santiago, R.D.-Medidas de coerción se espera para los 11 miembros de la Policía Nacional vinculados a la muerte de cinco personas en el sector de la Barranquita en Santiago, el pasado 11 de septiembre.
El abogado Juan Carlos Báez Peralta, representante legal de siete de los policías, denunció que la fiscalía ha violentado el principio de presunción de inocencia al divulgar las identidades de sus clientes antes de que un juez determine el grado de responsabilidad.
Báez Peralta explicó que las órdenes de arresto fueron ejecutadas el pasado martes en horas de la noche por disposición del magistrado Wilson Camacho y que, hasta el momento, el Ministerio Público no ha depositado la solicitud de medida de coerción.
El jurista indicó que, junto a su colega José Gregorio Vázquez, representa a siete de los 11 agentes implicados en el caso. Señaló que la acusación preliminar contra sus clientes se fundamenta en los artículos 295 y 304 del Código Penal, que tipifican el homicidio voluntario.
No obstante, Báez Peralta aseguró que los policías no actuaron de manera fortuita, como quiere hacer ver el Ministerio Público, sino que se encontraban en el lugar tras una investigación que detectó la presunta negociación de un fusil de alto calibre.
“Eso fue lo que dio lugar a que los agentes de Santo Domingo, conjuntamente con varios de Santiago, se trasladaran a la zona. No fue algo casual ni improvisado”, puntualizó.
Los apresados fueron identificados como Álvaro Paredes Paniagua (mayor), José Gómez Rodríguez (capitán), Domingo de los Santos Vargas (segundo teniente), Yohandy Encarnación (cabo), Geyser Francisco Álvarez Rodríguez (cabo) y Adrían Miguel Villalona Pineda (raso), todos adscritos al Departamento de Investigación de Delitos Complejos de la Policía Nacional.
También fueron detenidos Hansel M. Cuevas Carrasco (mayor), Sócrates Fidel Féliz Féliz (sargento mayor), Hairo Mateo Morillo (sargento), César Augusto Martínez Trinidad (cabo) y José Octavio Jiménez Peña (raso), de la Subdirección Regional de Investigación Cibao Central de la Policía Nacional, en Santiago de los Caballeros.
Los policías son vinculados con las muertes de Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly o Charli Chasc), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, cuyo deceso se produjo mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Doctor Cabral y Báez, de Santiago.
El abogado manifestó que de los 11 agentes involucrados se encuentra el cabo Yohandy Encarnación, quien supuestamente resultó herido de bala en el brazo izquierdo y que se encuentra detenido en la carcelita del Palacio de Justicia de esta ciudad.
Los procesados fueron arrestados en medio de las investigaciones que, por disposición de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, realizan el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la fiscal titular de Santiago Quirsa Abreu.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.