Opinión
Urge recuperar la racionalidad
Por Juan Bolívar Díaz
Ante el país más pobre en términos económicos y sociales y el más atrasado en la institucionalidad democrática del continente, los dominicanos nos comportamos con la mayor prepotencia, como si fuéramos la Suiza caribeña, a pesar de nuestras carencias que en los mismos órdenes están muy por encima del promedio americano. Como si quisiéramos compensar y ocultar nuestras debilidades.
El anti haitianismo alcanza dimensiones tan altas que nos mostramos incapaces de adoptar posiciones racionales ni siquiera cuando están en juego intereses vitales, como unas relaciones comerciales con un desbalance a nuestro favor sin parangón en el mundo contemporáneo. El Ministro de Industria y Comercio dijo que el año pasado la balanza comercial formal con Haití fue de 1,400 millones de dólares exportados contra 10 millones de importaciones, desproporción difícil de igualar en el mundo. Es probable que en el intercambio comercial informal a través de los mercados fronterizos, el desbalance no sea tan pronunciado, pero sigue siendo de mucho a poco a favor de los productores y exportadores dominicanos, con estimados de otros tres o cuatrocientos millones de dólares.
Como el avestruz nos empeñamos en ocultar la cabeza en la arena para no ver ni interpretar los signos del vecino, a quien subestimamos hasta el grado de creer que no tienen capacidad para reaccionar ante nuestra prepotencia, a nombre de una soberanía que las relaciones internacionales han reducido no sólo en materia de derechos humanos, sino también de comercio, medio ambiente, derechos de autor y muchos otros ámbitos.
No hay dudas que la última decisión del gobierno haitiano que impide el ingreso de 23 renglones industriales dominicanos a través de la frontera terrestre, estableciendo que tendrán que llegar por aire o mar, obedece a intereses políticos y económicos, y a una contraofensiva por nuestro manejo migratorio, favorecida por la prepotencia con que se ejecutó el reciente paro de los transportistas dominicanos, como si nos hicieran un favor al permitirnos venderles nuestros productos.
Es una decisión basada en intereses políticos, a semanas de una elección presidencial tan indefinida que Estados Unidos ha pedido que no sea postergada. El anti dominicanismo se ha utilizado políticamente en Haití para enfrentar al “enemigo externo”, como el anti haitianismo aquí.
El respaldo que han dado los empresarios haitianos a la limitación al transporte de las mercancías implica también que hay intereses económicos de por medio. Se ha dado cuenta hasta de soborno al propio presidente Martelly. Pudieran estar abriendo espacio a negocios propios, más de importación que de producción, o ambos a la vez. Aunque en lo inmediato puedan ocasionar perjuicios a sus consumidores. Los más pobres terminarán pagando la ambición empresarial y política.
Pero en cualquier caso, el meta mensaje de los haitianos es que ellos también pueden ejercer soberanía, aunque lesionen principios del comercio internacional. Y están diciéndonos que ambos pueblos pueden perder si predomina la confrontación.
Los acontecimientos aconsejan que recuperemos la racionalidad en las relaciones binacionales, que nunca abandonemos la conversación y nos convenzamos de que es la única forma de afrontar las diferencias y conflictos, por más complicados que parezcan. Los presidentes de Colombia y Venezuela acaban de dar ejemplo de concertación, apenas un mes después de disposiciones migratorias y una dura confrontación verbal.
El mercado haitiano es vital para la producción nacional, industrial y agropecuaria, lo que implica miles de empleos de dominicanos. La racionalidad obliga a negociaciones para reservarlo, sobre todo cuando Haití está mejorando su infraestructura portuaria y aeronáutica, lo que le abriría posibilidades de diversificar sus proveedores. Ojalá que no perdamos la mayor ventaja que tenemos frente a la pobreza haitiana para quedarnos solo con la carga migratoria, que siempre será difícil, como en todas las fronteras del mundo.
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La CPI podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma.
De acuerdo con el Estatuto de Roma podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte Penal Internacional:
- a)El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;
- b)Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque esta investigando o enjuiciando o lo ha hecho antes; o
- c)Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.
El Fiscal podrá pedir a la Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 del Estatuto de Roma y las víctimas
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La admisibilidad de una causa o la competencia de la CPI sólo podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a su inicio.
En circunstancias excepcionales la Corte Penal Internacional podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17 del Estatuto de Roma.
Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la CPI será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82 del Estatuto de Roma.
Hasta antes de que la Corte Penal Internacional se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para:
- a)Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionadas en el párrafo 6 del articulo 18 del Estatuto de Roma;
- b)Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y
- c)Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58 del Estatuto de la Corte.
La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la CPI, antes de ella.
Si la CPI hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad con dicho artículo.
Finalmente, el Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 del Estatuto de Roma suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.
Rommelsantosdiaz@gmailcom
Por Nelson Encarnación
Son muchos los dominicanos que no se reponen del shock que les provocaron las diversas manipulaciones y mentiras vertidas por el expresidente Danilo Medina durante su comparecencia de la semana pasada en un importante medio radial de nuestro país.
Cuando se anunció días antes que el líder del Partido de la Liberación Dominicana aparecería en un medio público, hubo la apreciación generalizada de que aprovecharía el alcance de este para al menos desvestir su alma y bajar al terreno de la humildad para pedir algún tipo de perdón—aun fuese en voz baja—por las muchas culpas que necesitan urgentemente su expiación.
Sin embargo, es evidente que Danilo está convencido de que todas sus actuaciones en el Gobierno estuvieron ajustadas a la decencia más absoluta, cuando la realidad apunta precisamente en otra dirección.
Para él, los expedientes que involucran a familiares y entorno político más estrecho, son simples majaderías urdidas para molestarle, o una manifestación de la llamada judicialización de la política o politización de la justicia, mediante la cual han sido quitados del camino potenciales competidores de la corriente predominante.
Con ese convencimiento resulta improbable que el expresidente se humanice y entienda que admitir los errores hace grandes a las personas, y que, por el contrario, encerrarse en una convicción pueril las reduce.
Hay más de una evidencia que Danilo fue advertido por cercanos acerca del comportamiento depredador de algunos de sus íntimos, pero obvió tomar las medidas aconsejables, para dejar campo abierto a la continuación de los desmanes, muchos de los cuales se han reflejado en los casos que actualmente se ventilan en justicia, y que él los atribuye a “persecución política”.
En el campo de la lucha propiamente política, Medina trata de convencernos de que su laborantismo encaminado a propiciar el escenario para una segunda reelección en 2020 es un espejismo o un invento de sus adversarios.
Eso de que no tenía votos para modificar la Constitución es un ardid y una expresión fehaciente de su condición de simulador, pues todos vivimos aquel trance que mantuvo en vilo a la nación hasta que la administración Trump—en una intromisión inaceptable, eso sí—le apeó del carro reeleccionista que pudo haberse descarrilado hacia una situación de manejo muy complejo.
Danilo podrá decir lo que quiera, pero la historia no se puede borrar.
Por Narciso Isa Conde
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.
La que debe ser emplazada NO ES MIRIAM, es Yeni Berenice, acompañada de Camacho, el del PEPCA y ahora ascendido, ambos con fuertes vínculos con la Embajada, FBI, DEA…Leonel, Abinader…Ahora la PGR cae bajo control absoluto de esa tríada, vía los ascensos de Berenice y Camacho.
Miriam German ha sido víctima de su entorno, de un acorralamiento programado en medio de una gran soledad y de su propio institucionalismo (excesivo respeto a la separación de funciones dentro de la PGR). Además, la amenaza del cártel del Cibao y del tal J, fue manipulada para amarrarla más. Hicieron un gran bulto desde la DNCD y dejaron todo igual: el cartel sigue impune. Abinader, Cabrera-DNCD y la DEA dirigieron esa operación.
Berenice y el PEPCA han bloqueado muchos expedientes, incluso los presentados por nosotros. El caso de ANTENA LATINA es emblemático y yo lo entregué personalmente, y muchas veces demandé respuesta y nada. A esos encargados de investigar y perseguir los delitos, se le entregaron numerosas denuncias del Archivo Abierto de Marcha Verde y no hicieron nada: siguen abundando las vacas sagradas oligárquicas y transnacionales denunciadas; y estas abundan junto a la impunidad del leonelismo, de políticos ladrones y generales asesinos.
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.