Latinoamericanas
Urgen desplegar tropas para pacificar a Haití
AGENCIA AFP
El gobierno haitiano prolongó ayer por un mes el estado de emergencia en la capital, Puerto Príncipe, horas antes de que Estados Unidos pidiera una “respuesta global” a la violencia pandillera que azota al país caribeño e instara al primer ministro a una transición “urgente”.
La crisis en Haití “tiene proporciones humanitarias que requieren una respuesta global” como la que la comunidad internacional aplica en Ucrania o Gaza, afirmó este jueves el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols.
“Acelerar el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad es crucial” para ayudar al país, añadió.
Varias bandas criminales controlan la mayor parte de la capital y las carreteras hacia el resto del país, donde mantienen un pulso violento contra el gobierno del primer ministro Ariel Henry, cuya dimisión exigen.
El gobernante, en el poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, debía dimitir en febrero; pero selló un acuerdo con la oposición hasta que hubiera nuevas elecciones.
Su futuro parece ahora en el aire, en un país donde no se han celebrado elecciones desde 2016, y con las poderosas pandillas en contra.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, habló este jueves con Henry para pedirle una transición política “urgente” hacia un “gobierno más amplio e inclusivo”, según Nichols. El primer ministro no ha logrado regresar a Haití desde su viaje a Kenia, la semana pasada, para acordar el despliegue de una misión policial internacional respaldada por la ONU. Se encuentra en Puerto Rico desde el martes.
Ese día no pudo aterrizar en el aeropuerto de la capital haitiana por motivos de seguridad, y la vecina República Dominicana le negó la entrada a su avión.
Puerto paralizado
A la espera de conocer el futuro de Henry, las pandillas presionan a su manera, lideradas por el expolicía Jimmy “Barbecue” Chérizier, quien amenazó con una “guerra civil” si el primer ministro no renuncia.
Desde la semana pasada esos grupos armados han atacado numerosos lugares estratégicos como las comisarías, el aeropuerto internacional o varias cárceles, de las que se fugaron miles de presos.
El operador privado del puerto de la capital, el mayor del país, anunció este jueves la suspensión de sus actividades por los “recientes disturbios”.
La Caribbean Port Services (CPS) se vio obligada a tomar esa decisión, a raíz de los “actos malintencionados de sabotaje y vandalismo sufridos”, indicó en un comunicado.
El miércoles por la noche, las pandillas incendiaron un nuevo cuartel de policía en la capital, esta vez en Bas-Peu-de-Chose, un barrio sometido con frecuencia a los grupos armados, indicó a la AFP Lionel Lazarre, coordinador general del sindicato de policías haitianos Synapoha.
Los agentes tuvieron tiempo de abandonar el edificio antes del ataque, precisó este oficial.
“Cerca de colapsar”
Con la inseguridad permanente, el sistema de salud haitiano está “cerca de colapsar”, alertó este jueves la ONU en un comunicado.
“Muchas instalaciones sanitarias están cerradas o han tenido que reducir drásticamente sus operaciones debido a una preocupante escasez de medicamentos y a la ausencia de personal médico”, indicó la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH).
Además de medicamentos, faltan equipos médicos, sangre y camas para tratar a los pacientes con heridas de bala, añadió el organismo.
Con las oficinas de la administración pública y las escuelas cerradas, muchos residentes intentan huir de la violencia con sus pocas pertenencias bajo el brazo, mientras que otros se aventuran a salir sólo para comprar lo esencial.
“Abandonado”
En este contexto, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Haití (RNDDH) ha denunciado la inacción del gobierno haitiano.
“Hoy, los hechos son claros: las autoridades gubernamentales han dimitido”, escribió la asociación en un informe fechado el miércoles.
“El pueblo haitiano ha sido abandonado a su suerte”, añadió, lamentando la ausencia de policías en las calles.
El Consejo de Seguridad de la ONU acordó en octubre el envío de una misión internacional de seguridad dirigida por Kenia, que prometió contribuir con 1.000 agentes. Pero su despliegue se ha visto retrasado por el sistema judicial keniano y por una flagrante falta de financiación.
El jueves, la ONG Médicos Sin Fronteras publicó un estudio sobre la mortalidad en Haití durante más de 10 años, que “revela niveles extremos de violencia sufridos por los residentes del barrio de chabolas de Cité Soleil en Puerto Príncipe”.
En esa zona, casi el 41% de las muertes están vinculadas a la violencia y la tasa bruta de mortalidad es de 0,63 fallecidos por cada 10.000 personas al día, señala el informe. Unos niveles similares a los registrados en 2017 en los campos de Raqa, la ciudad siria que fue bastión del grupo Estado Islámico.
La ONG anunció el miércoles que reforzaba su presencia en Puerto Príncipe para atender a un mayor número de heridos.
Agencias.-
Puerto Príncipe. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció un aumento de la ayuda humanitaria a Haití de 45 millones, pidió a otros países que aporten más y prometió trabajar durante la Asamblea General de Naciones Unidas para aumentar las contribuciones internacionales a la misión de seguridad.
“En este momento crítico, necesitamos más fondos. ¡Necesitamos más personal para apoyar y alcanzar los objetivos de esta misión”, dijo el secretario de Estado en una rueda de prensa celebrada durante su visita oficial a Puerto Príncipe.
Al cierre de su visita a la capital haitiana, Blinken también dijo que es “un paso crítico” el crear un consejo electoral para conseguir celebrar elecciones a finales de 2025.
“El éxito llama al éxito y los países están vigilando lo que pasa ahora en Haití. Están viendo lo que ha pasado en los últimos meses, al inicio de esta misión de apoyo de seguridad y si entrega resultados”, reflexionó Blinken.
EE.UU. ha contribuido a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMS), que desplegó desde junio a 380 policías kenianos, más de 300 millones de dólares.
Asimismo, Blinken adelantó que ha propuesto una reunión ministerial durante la Asamblea General de Naciones Unidas de este mes en Nueva York para conseguir nuevas aportaciones internacionales y asegurar la renovación del mandato del Consejo de Seguridad al despliegue, algo que debe suceder en octubre.
“Necesitamos más fondos y más personal para sostener la misión”, aseguró Blinken tras reunirse con el primer ministro haitiano, Garry Conille; el jefe del Consejo de Transición Presidencial, Eduard Leblanc Fils, y visitar la base en la que se están desplegados los policías kenianos desde junio.
Blinken pasó revista a ese contingente inicial, que acaba de recibir vehículos armados estadounidenses y ya patrulla las calles de Puerto Príncipe junto con la Policía Nacional haitiana.
El secretario de Estado recordó que a principios de año, ni el aeropuerto ni el único gran hospital de la capital operaban por la violencia y ahora las calles han recuperado el comercio y “los padres no tienen miedo de mandar a sus hijos al colegio”.
Blinken agradeció la contribución de Kenia, que ha comprometido un total de hasta 2.500 policías; de Canadá, que aporta financiación y de países como Jamaica y El Salvador, por su compromiso en personal. No obstante, la misión ha avanzado con retraso desde junio y ayer mismo fue declarado el estado de emergencia en todo el país.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken se reunió en Puerto Príncipe con las autoridades de transición de Haití.
El secretario de Estado de Estados Unidos confió en que el país pueda celebrar elecciones en 2025, con la mejora de la seguridad tras el inicio de la misión multinacional liderada por Kenia. “La seguridad es el cimiento de todo lo que debe suceder aquí, incluido un camino hacia las elecciones el año próximo, pero también para entregar servicios al pueblo haitiano”, indicó Blinken ante la prensa, junto al primer ministro de Haití, Garry Conille
Latinoamericanas
María Corina Machado asume responsabilidad por publicación de las actas electorales en Venezuela
Agencia EFE
Caracas, Venezuela.-La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, asumió este jueves la responsabilidad por la publicación de actas electorales que -asegura- prueban la «estruendosa derrota» del mandatario Nicolás Maduro, quien fue proclamado ganador de las presidenciales del 28 de julio.
«Asumo la responsabilidad de las actas porque son legales, legítimas y expresan la soberanía popular del pueblo venezolano», expresó Machado a través de X, minutos después de que el fiscal general, Tarek William Saab, reiterara que existe una orden de aprehensión contra el excandidato Edmundo González Urrutia por la difusión de estos documentos.
La opositora se pronunció así después de que González Urrutia transmitiera al fiscal, por medio de su abogado, José Vicente Haro, que no era su responsabilidad «la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de las actas de escrutinio» que recibieron los «testigos en las mesas de votación», después de ser acusado de usurpar las funciones de las autoridades electorales por este hecho.
En el escrito que Haro entregó a Saab, en nombre de su representado, explica que no considera que se «han usurpado funciones» del Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que la entrega de actas a los testigos se contempla en el sistema venezolano «como una de sus garantías de confiabilidad».
En este sentido, Machado afirmó que «el proceso de defensa del voto, recolección, digitalización» de las actas «no sólo es un derecho constitucional», sino «una hazaña ciudadana épica, que hoy reconoce y admira el mundo entero».
Además, manifestó que los documentos, que -insistió- se recabaron a través de «más de un millón de voluntarios», permitieron que «en 24 horas» el «mundo entero» tuviera «las evidencias» de «la estruendosa derrota» de Nicolás Maduro, por lo que -reiteró- González Urrutia «es el presidente electo de Venezuela».
«Lo sabe Maduro, lo sabe el CNE, lo saben los jueces y lo saben los miembros de la Fuerza Armada Nacional. Los ciudadanos militares y los policías tienen un deber constitucional que deben cumplir», expresó Machado.
La líder opositora dijo que la «Fiscalía es un brazo de la persecución y el terrorismo de Estado en Venezuela», al tiempo que aseguró que «la designación y desempeño de su portavoz no sólo es ilegítima, es una vergüenza que la historia juzgará».
Saab subrayó que la Fiscalía, que llamó a comparecer tres veces al opositor, «ratifica la citación, con la orden de aprehensión en curso», para que González Urrutia sea «entrevistado».
Latinoamericanas
El fiscal general de Venezuela se reunirá con el abogado de Edmundo González Urrutia
Agencia Efe
Caracas.- El abogado del líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia, José Vicente Haro, informó este miércoles que será recibido por el fiscal general de la nación caribeña, Tarek William Saab, hoy mismo, como parte de la defensa del antichavista, señalado por seis delitos relacionados con su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio.
«Acabo de recibir una llamada de la secretaria de despacho del fiscal general de la república, en la que se me convoca a una reunión a las 17:00 (21:00 GMT) con el ciudadano fiscal general, la cual voy a atender», señaló Haro frente a la sede del Ministerio Público (MP, Fiscalía), en Caracas.
Horas antes, el abogado intentó entregar a la institución un documento en el que explica los motivos de la inasistencia de González Urrutia a las tres citaciones para comparecer ante el Ministerio Público por una investigación en su contra, pero no se lo recibieron, según denunció a la salida de la sede fiscal.
Haro, quien dijo que posteriormente recibió una llamada anunciándole la cita con el fiscal, indicó que en dicho encuentro tratará el contenido del documento, explicará los motivos por los cuales cree debe ser recibido por la institución y responderá a las «inquietudes» de Saab.
«No quisiera especular sobre lo que sería el objeto, el sentido y alcance de esa reunión con el fiscal (…) ya se hizo un llamado formal y espero que ello conduzca a la recepción de la comunicación y a una especie de diálogo, por lo menos, donde se pueda comprender las razones de apremio en las que se encuentra Edmundo González Urrutia», añadió.
En el escrito, según Haro, se hace un llamado a «no criminalizar» ni «judicializar» hechos políticos que, en cambio, «deben debatirse y discutirse en el terreno de la política y no» en el de «la persecución política».
Asimismo, se señala la disposición de González Urrutia a participar, junto con representantes de la coalición y del chavismo, en una «verificación autónoma», con «expertos independientes», de los resultados de los comicios, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) dan la victoria al mandatario Nicolás Maduro.
Haro denunció la violación del derecho a «la presunción de inocencia» del líder antichavista, a quien «se le han precalificado delitos» con base en una investigación que «se anunció hace poco», y de «las garantías constitucionales del debido proceso», al no indicar «el carácter con el cual» fue citado.
El MP señala al líder opositor sobre quien pesa una orden de captura de «usurpación de funciones», «forjamiento de documento público», «instigación a la desobediencia de leyes», «conspiración», «sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)».