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Uruguay: se complica la venta de marihuana en farmacias
El senador José Mujica, que era presidente cuando el mercado de marihuana se legalizó en 2013, exigió a las autoridades que solucionen el problema y amenazó con “trancar” el Parlamento si eso no ocurre.
MONTEVIDEO. La venta de marihuana en las farmacias, pieza clave de la norma que legalizó el mercado de cannabis en Uruguay, se topó con una complicación: los bancos se niegan a trabajar con empresas que participen en la producción y comercialización de la droga.
Una de las 16 farmacias que vendía el cannabis desistió de hacerlo luego de que el Banco Santander le advirtió que no podía continuar operando con él. Otras farmacias ya fueron informadas que sus cuentas serán cerradas si no dejan de vender marihuana.
“Las decisiones de vinculación de clientes se toman localmente y dentro de la política vigente. En esta línea hemos decidido no participar en este rubro como no se participa en otros”, dijeron fuentes del Banco Santander según una comunicación enviada a The Associated Press por la empresa que maneja su comunicación en Uruguay.
También el estatal Banco República, el mayor del país, hizo saber a las farmacias que deberá cerrar las cuentas de las que venden marihuana.
Diego Olivera, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, explicó a la AP que se están reuniendo con cada una de las farmacias para conocer cuántas han recibido advertencias de parte de los bancos. “Estamos reconstruyendo la situación de cada una con entrevistas individuales. Es esperable que con el correr de los días todas vayan recibiendo algún tipo de notificación”.
El funcionario intentó bajar el dramatismo al asunto. “Sin duda en estos procesos de cambio de paradigma se van encontrando distintos momentos de dificultad. Estamos trabajando en alternativas”.
Olivera no quiso adelantar cuáles podrían ser las soluciones. “Esperamos minimizar el efecto negativo. Ésta es una actividad legal y ratificamos nuestro compromiso con la aplicación completa de la ley”.
El senador José Mujica, que era presidente cuando el mercado de marihuana se legalizó en 2013, exigió a las autoridades que solucionen el problema y amenazó con “trancar” el Parlamento si eso no ocurre.
Aunque existe una ley que habilitó y regularizó el mercado de dicha droga en Uruguay, el comercio de marihuana sigue siendo ilegal en la mayor parte del mundo, por lo que los bancos de los países donde está prohibido no pueden aceptar dinero proveniente de dicha actividad. Según explicó a la AP una autoridad del equipo económico del gobierno, cuyo nombre no puede ser revelado por no estar autorizado a realizar declaraciones, los bancos uruguayos podrían hacer peligrar sus vínculos y corresponsalías con la banca internacional si desconocen esa normativa.
Algunas tiendas de California que venden marihuana medicinal legalmente tienen un problema similar al de las farmacias uruguayas ya que no pueden acceder al sistema bancario debido a que ese negocio sigue siendo ilegal a nivel federal en Estados Unidos.
El abogado Pablo Durán, asesor legal del Centro de Farmacias del Uruguay, dijo a radio Carve que la problemática con los bancos es padecida por farmacias que trabajan “dentro del marco de la ley” y sostuvo que la venta de marihuana es una “actividad absolutamente reglada, lícita, regulada y controlada”.
En Uruguay es complicado que una empresa no tenga acceso al sistema financiero ya que los sueldos de los empleados deben depositarse en una cuenta bancaria por obligación legal, estando prohibido el pago en efectivo o en cheques.
La venta de marihuana en las farmacias comenzó el 19 de julio. Al comenzar había 4.959 clientes registrados pero el número subió a 12.460, según las últimas cifras divulgadas por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis.
El sistema comenzó a funcionar con solo 16 farmacias anotadas para vender marihuana en todo el país y apenas cuatro en Montevideo, una ciudad con casi millón y medio de habitantes. La farmacia que se borró del sistema era una de las cuatro de la capital.
Luego de registrarse en una oficina del correo cada usuario puede acceder a 40 gramos de la sustancia cada mes. Para registrarse hay que ser mayor de 18 años y ser ciudadano uruguayo o tener residencia legal en el país. El precio del gramo de marihuana fue fijado en el equivalente a 1,30 dólar.
Los compradores pueden concurrir a las farmacias sin necesidad de mencionar su nombre ni presentar documentos ya que la comprobación de que están inscritos en el registro del instituto estatal se realiza mediante un lector de huellas dactilares.
El Parlamento sancionó el 10 de diciembre de 2013 la ley que transformó a Uruguay en el primer país en regularizar todos los aspectos vinculados al consumo de marihuana. La ley también habilitó el cultivo personal de cannabis y la formación de clubes de cultivo, dos alternativas que tienen los mismos requisitos de inscripción.
Según el Instituto de Regulación y Control del Cannabis 6.996 personas cultivan hasta seis plantas de marihuana de modo legal en su domicilio y se han registrado 63 clubes.
Por LEONARDO HABERKORN, Associated Press
Internacionales
Dominicano enfrenta cargos en Estados Unidos por presunto fraude de más de US$166 mil en ayudas sociales
Rodolfo Armando Fernández Guzmán es señalado de utilizar la identidad de un ciudadano estadounidense para acceder a programas de alimentación, servicios médicos y asistencia de vivienda en Massachusetts.
MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS. – Las autoridades federales estadounidenses presentaron cargos contra el dominicano Rodolfo Armando Fernández Guzmán, acusado de apropiarse de la identidad de un ciudadano norteamericano para obtener presuntamente beneficios gubernamentales valorados en US$166,479.25.
De acuerdo con los documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el acusado habría utilizado información personal ajena para acceder a distintos programas de asistencia social destinados a familias y personas que cumplen determinados requisitos económicos.
Las investigaciones señalan que Fernández Guzmán obtuvo presuntamente beneficios de alimentación, cobertura médica y subsidios de vivienda mediante el uso fraudulento de una identidad estadounidense.
Más de 166 mil dólares en beneficios bajo investigación
Según la acusación federal, los recursos supuestamente obtenidos por el dominicano corresponden a tres programas de asistencia pública:
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US$22,402 del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), destinado a facilitar la adquisición de alimentos.
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US$98,481.25 en beneficios de MassHealth, el sistema de cobertura médica de Massachusetts.
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US$45,596 mediante el programa de asistencia habitacional conocido como Sección 8, que ayuda a familias de bajos ingresos con el pago de alquileres.
El monto total de los beneficios cuestionados asciende a US$166,479.25, según las cantidades detalladas por las autoridades federales.
También habría conseguido documentos oficiales con identidad ajena
La investigación establece que Fernández Guzmán presuntamente empleó los datos personales de la víctima para tramitar documentos de identificación en dos estados norteamericanos.
Entre los documentos mencionados figuran dos tarjetas estatales de identificación, un permiso provisional para conducir y tres licencias de conducir emitidas en Massachusetts y Arizona.
Las autoridades consideran que estas actuaciones formarían parte de un esquema de suplantación de identidad que permitió al acusado realizar diversos trámites utilizando información personal que no le pertenecía.
El expediente también recoge que Fernández Guzmán habría sido condenado anteriormente por dos delitos graves en Arizona y que las sentencias de prisión fueron registradas bajo la identidad del ciudadano afectado.
Este último señalamiento también forma parte de las alegaciones presentadas por las autoridades y deberá ser valorado conforme a las pruebas correspondientes.
Caso forma parte de ofensiva federal contra fraudes sociales
El proceso contra el dominicano está incluido en una operación de alcance nacional desarrollada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Agricultura (USDA) y su Oficina del Inspector General.
La iniciativa busca identificar y perseguir presuntos esquemas de fraude relacionados con programas de asistencia económica financiados con fondos públicos.
Según las informaciones oficiales, las actuaciones iniciadas desde septiembre involucran a más de 40 acusados y abarcan posibles pérdidas cercanas a los US$45 millones.
De esa cantidad, aproximadamente US$42 millones corresponden a presuntas irregularidades vinculadas con el programa de asistencia alimentaria SNAP.
Las investigaciones han identificado diferentes modalidades delictivas, entre ellas la utilización de identidades sustraídas, dispositivos destinados a obtener información de tarjetas electrónicas y establecimientos comerciales presuntamente utilizados para desviar fondos públicos.
Autoridades intensifican investigaciones
En el operativo participan distintas dependencias federales encargadas de investigar delitos económicos y proteger los recursos destinados a programas de asistencia social.
Las actuaciones incluyen la colaboración de 13 fiscalías federales y otras autoridades estadounidenses.
El expediente contra Fernández Guzmán se tramita en el Distrito de Massachusetts, donde las autoridades deberán presentar los elementos probatorios que sustenten las imputaciones.
El caso pone de relieve la preocupación de las instituciones estadounidenses por los mecanismos de fraude que pueden afectar programas creados para atender necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda.
Acusado conserva presunción de inocencia
Aunque las autoridades federales han presentado señalamientos sobre el supuesto uso de documentos ajenos y la obtención irregular de beneficios públicos, estas imputaciones todavía deben ser demostradas en el proceso judicial.
La presentación de cargos no constituye una declaración de culpabilidad.
Fernández Guzmán mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial que establezca su responsabilidad penal.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos y Diario Libre USA, 26 de octubre de 2026.
Washington, Estados Unidos. – La ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre ocurrida en la base militar de Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo y tendrá carácter público, según informó este jueves un funcionario del Pentágono a la agencia AFP.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que el procedimiento será difundido en directo y señaló que se ofrecerán más detalles posteriormente. De concretarse, sería el primer fusilamiento ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.
Horas antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que la ejecución se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento y que el público tendría la posibilidad de presenciarla.
“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, expresó Hegseth durante una conversación con el influencer y activista conservador Jack Posobiec.
Las declaraciones fueron difundidas en un video compartido en la red social X por varias cuentas oficiales del Departamento de Defensa.
La masacre de Fort Hood
Nidal Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense, fue condenado a muerte por el ataque perpetrado en noviembre de 2009 en la instalación militar de Fort Hood, en Texas.
El tiroteo dejó 13 personas muertas y 30 heridas. Doce de las víctimas mortales y 30 de los heridos pertenecían a las Fuerzas Armadas.
Durante el ataque, Hasan fue alcanzado por disparos de una agente de la Policía civil, lo que le provocó una parálisis parcial.
El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense y dio lugar a un proceso judicial que culminó con su condena a muerte.
El anuncio sobre la modalidad de ejecución ha generado atención por el carácter público que las autoridades pretenden darle y por el uso de un método que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no emplean para ejecutar a un condenado desde hace más de seis décadas.
Agencia AP
Washington, Estados Unidos.-El presidente Donald Trump afirmó el jueves que no ordenará la reanudación de los ataques militares contra Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.
Trump, mientras hacía campaña por los republicanos esta semana, insinuó que confiaba en que el desenlace de la guerra podría llegar en los días previos o posteriores a las elecciones, y también dejó entrever que seguía abierto a reanudar operaciones militares a gran escala contra Irán.
Durante semanas, Trump ha estado amenazando con que una escalada posterior a las elecciones en la guerra de siete meses de antigüedad sigue siendo una opción viable, pese a sus promesas iniciales a los estadounidenses de una campaña militar que duraría solo unas semanas.
Trump añadió que su equipo ha estado “manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”.
Estados Unidos e Irán firmaron en junio un acuerdo interino de corta duración, destinado a establecer un alto el fuego de 60 días y un marco para un acuerdo de paz permanente.
Las negociaciones parecían estar estancadas desde que Trump, a finales del mes pasado, rechazó públicamente la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos cumplía ciertas condiciones.
Irán, sin embargo, indicó la semana pasada que había recibido una contrapropuesta de Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó el jueves queprobablemente habrá una respuesta formal en cuestión de días.
Pero al mismo tiempo, Trump sugirió que tenía sentimientos encontrados sobre poner fin a la guerra en este momento.
“Creo que el acuerdo no es realmente algo que yo quiera hacer, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que pare”, aseveró el mandatario.
pérdida de los flujos de petróleo
Irán ha perdido su casi control asfixiante sobre los flujos de petróleo a través de la vital vía marítima, con el Comando Central de Estados Unidos escoltando a los petroleros a través del estrecho por la noche con sus sistemas de localización apagados.
Eso, con la ayuda de oleoductos que evitan el estrecho, ha permitido a los países del Golfo Pérsico exportar petróleo a niveles casi anteriores a la guerra.
Pero Irán ha intensificado los ataques contra petroleros que pasan por el estrecho en los últimos días. Y en general, el tráfico marítimo sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra, al igual que los envíos de gas natural licuado y productos combustibles.
Los operadores de petroleros dispuestos a arriesgarse a pasar por el peligroso trayecto bajo la protección del Comando Central están en algunos casos cobrando tarifas de 1 millón de dólares al día o más, según analistas del transporte marítimo.
La situación se ha complicado aún más, ya que Arabia Saudí y el gobierno de Yemen han lanzado una campaña militar destinada a expulsar del estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta comercial crítica de Oriente Medio para el petróleo y otros bienes, a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes, a su vez, están atacando aeropuertos saudíes e infraestructura clave en el reino con ataques de drones y misiles.
La publicación de Trump se produce mientras el ejército ha enviado más recursos a la región. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y sus buques escolta podrían llegar tan pronto como a finales de octubre.
El anuncio de Trump se hizo el mismo día en que el USS Abraham Lincoln debía llegar a su puerto base en San Diego tras un despliegue de duración récord en apoyo de la guerra contra Irán. Ha habido reportes de estrés entre la tripulación y de mala salud mental, así como de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.
El USS George Washington, que normalmente tiene su base en Asia, relevó al Lincoln en agosto. El otro portaaviones en Oriente Medio, el USS George H.W. Bush, ha estado desplegado durante unos seis meses, pero hizo escala en Phuket, Tailandia, para una visita al puerto hace varios días.