Santo Domingo, RD.- En el mundo cibernético, algunos malhechores se disfrazan en un perfil de alguna red social con fotos de otras personas, con gustos o intereses semejantes a los de un niño o niña o incluso las preferencias exactamente similares de los jóvenes para atrapar a muchos y extorsionarlos. Asimismo, llamadas para informar sobre supuestos premios también son muy usuales a través de teléfonos e incluso el robo o clonación de tarjetas así como la suplantación de identidad.Nacionales
Extorsionan desde las cárceles a través de redes sociales
Santo Domingo, RD.- En el mundo cibernético, algunos malhechores se disfrazan en un perfil de alguna red social con fotos de otras personas, con gustos o intereses semejantes a los de un niño o niña o incluso las preferencias exactamente similares de los jóvenes para atrapar a muchos y extorsionarlos. Asimismo, llamadas para informar sobre supuestos premios también son muy usuales a través de teléfonos e incluso el robo o clonación de tarjetas así como la suplantación de identidad.Según el ingeniero especialista en redes y tecnología, Hiddekel Morrison, el delito cibernético es una derivación del delito tradicional, y es la incorporación de la tecnología a la práctica delictiva tradicional, ya que a través de este medio transgreden la ley y llevan a cabo cualquier tipo de procedimiento al margen de las normativas jurídicas, ya sea robo, asalto, extorsión, chantaje, manipulación, y en esa medida existen artilugios que el delincuente virtual incorpora.
El experto precisa que este tipo de delito está asociado a que se materialice utilizando tecnología o plataformas tecnológicas, como cuando se lleva a cabo el robo de la identidad de un perfil digital, hasta cuando se utiliza un dispositivo móvil para realizar un acto de extorsión.
Sostiene, además, que en el país esta práctica ha estado diversificándose con la gravedad adicional de que en una alta proporción se lleva a cabo por delincuentes que se encuentran cumpliendo condenas en centros penitenciarios y las estadísticas más comunes tienen que ver con llamadas, premios y sorteos, inventados para estafar.
Morrison también plantea que en el país los delitos cibernéticos más comunes tienen diversos “matices” que tienen mucho que ver con suplantación de identidad, donde el delincuente incorpora fotos y nombres que no le corresponden para crear una cuenta, otro delito es la extorsión que también se da en plataformas digitales, incluso delincuentes internacionales, que desde call center utilizan modelos, hombres y mujeres, se contactan, hacen insinuar que hay un interés, que hay una atracción de un hombre o una mujer, le invitan a que pueda compartir información en escenas privadas, entonces lo graban y con ese material utilizan la extorsión que se da a través de Facebook.
En cuanto a la protección de estos delitos, Morrison señala que tiene mucho que ver primero, al igual que el delito tradicional, de no establecer contacto con personas desconocidas, y que la recomendación es tener cuidado, y no brindar información.
Perfiles
También cita que se debe tratar de preservar los perfiles en modo privado y utilizarlos de modo profesional, no hablar de aspectos privados, no colocar la dirección del hogar, quitar la ubicación cuando se comparte una imagen o un video, a través de la configuración de la red social, ya que cuando se toman todos estos elementos en cuenta se mitigan significativamente los riesgos de ser víctimas de delito cibernético.
Precisa que en el país es muy común la práctica de robos de triangulación por comercio electrónico, cuyo delito está vinculado a plataformas de redes sociales, desde personas que compran u ofrecen algo en venta, a través de WhatsApp o Instagram, hasta el hurto de una identidad a través del robo de una cuenta. Sobre todo a lo referente a suplantación de identidad, extorsión y el tema de delito de comercio electrónico, a través de cheques sin fondos, por lo que se produce una estafa dándose con plataformas digitales.
En cuanto al sexting o sexteo, el especialista explica que se ha producido una tendencia desde el primer momento en que los dispositivos móviles incorporaron cámaras, sobre todo en los jóvenes bajo el error de que es privada, confían en terceras personas.
Incluso muchos adolescentes han tenido que salir de escuelas porque se debe tener en cuenta que cualquier contenido digital tiene una vocación pública o de viralidad, debido a que es muy fácil de que se propague.
Manifiesta en torno al rastro de la tecnología, que las computadoras permiten detectar las navegaciones que se realizan y que a través de una auditoría informática forense, desde el punto de vista tecnológico, se puede perseguir el crimen digital.
DATOS
Rastro Rastrear a quienes infringen la ley a través de los aparatos electrónicos es más sencillo de lo que se cree, de acuerdo con Morrison, siempre dejan rastro, ya que la tecnología funciona bajo protocolo, inclusive el funcionamiento de la internet se basa bajo el algoritmo Tcplp, que es Transmission Protocol Internet o Protocolo de Transmisión.
Direcciones IP De igual manera, trajo a colación el tema de las ubicaciones IP debido a que existe una interconexión dada entre el dispositivo hasta los servidores que hacen posible la conexión.
Sentencias Conforme a datos suministrados por la Suprema Corte de Justicia, durante el 2017, entraron 49 expedientes acusatorios y fueron emitidas 48 sentencias o fallos, asimismo, durante el 2018 se constataron 35 entradas de expedientes y “salieron” 38 sentencias..
listindiario.com
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
En la audiencia, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) habían solicitado al tribunal que se mantuviera la medida de coerción por riesgo de fuga y posible interferencia en la investigación, destacando la gravedad de los hechos.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 9 de abril de 2026.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.