Santo Domingo, RD.- En el mundo cibernético, algunos malhechores se disfrazan en un perfil de alguna red social con fotos de otras personas, con gustos o intereses semejantes a los de un niño o niña o incluso las preferencias exactamente similares de los jóvenes para atrapar a muchos y extorsionarlos. Asimismo, llamadas para informar sobre supuestos premios también son muy usuales a través de teléfonos e incluso el robo o clonación de tarjetas así como la suplantación de identidad.Nacionales
Extorsionan desde las cárceles a través de redes sociales
Santo Domingo, RD.- En el mundo cibernético, algunos malhechores se disfrazan en un perfil de alguna red social con fotos de otras personas, con gustos o intereses semejantes a los de un niño o niña o incluso las preferencias exactamente similares de los jóvenes para atrapar a muchos y extorsionarlos. Asimismo, llamadas para informar sobre supuestos premios también son muy usuales a través de teléfonos e incluso el robo o clonación de tarjetas así como la suplantación de identidad.Según el ingeniero especialista en redes y tecnología, Hiddekel Morrison, el delito cibernético es una derivación del delito tradicional, y es la incorporación de la tecnología a la práctica delictiva tradicional, ya que a través de este medio transgreden la ley y llevan a cabo cualquier tipo de procedimiento al margen de las normativas jurídicas, ya sea robo, asalto, extorsión, chantaje, manipulación, y en esa medida existen artilugios que el delincuente virtual incorpora.
El experto precisa que este tipo de delito está asociado a que se materialice utilizando tecnología o plataformas tecnológicas, como cuando se lleva a cabo el robo de la identidad de un perfil digital, hasta cuando se utiliza un dispositivo móvil para realizar un acto de extorsión.
Sostiene, además, que en el país esta práctica ha estado diversificándose con la gravedad adicional de que en una alta proporción se lleva a cabo por delincuentes que se encuentran cumpliendo condenas en centros penitenciarios y las estadísticas más comunes tienen que ver con llamadas, premios y sorteos, inventados para estafar.
Morrison también plantea que en el país los delitos cibernéticos más comunes tienen diversos “matices” que tienen mucho que ver con suplantación de identidad, donde el delincuente incorpora fotos y nombres que no le corresponden para crear una cuenta, otro delito es la extorsión que también se da en plataformas digitales, incluso delincuentes internacionales, que desde call center utilizan modelos, hombres y mujeres, se contactan, hacen insinuar que hay un interés, que hay una atracción de un hombre o una mujer, le invitan a que pueda compartir información en escenas privadas, entonces lo graban y con ese material utilizan la extorsión que se da a través de Facebook.
En cuanto a la protección de estos delitos, Morrison señala que tiene mucho que ver primero, al igual que el delito tradicional, de no establecer contacto con personas desconocidas, y que la recomendación es tener cuidado, y no brindar información.
Perfiles
También cita que se debe tratar de preservar los perfiles en modo privado y utilizarlos de modo profesional, no hablar de aspectos privados, no colocar la dirección del hogar, quitar la ubicación cuando se comparte una imagen o un video, a través de la configuración de la red social, ya que cuando se toman todos estos elementos en cuenta se mitigan significativamente los riesgos de ser víctimas de delito cibernético.
Precisa que en el país es muy común la práctica de robos de triangulación por comercio electrónico, cuyo delito está vinculado a plataformas de redes sociales, desde personas que compran u ofrecen algo en venta, a través de WhatsApp o Instagram, hasta el hurto de una identidad a través del robo de una cuenta. Sobre todo a lo referente a suplantación de identidad, extorsión y el tema de delito de comercio electrónico, a través de cheques sin fondos, por lo que se produce una estafa dándose con plataformas digitales.
En cuanto al sexting o sexteo, el especialista explica que se ha producido una tendencia desde el primer momento en que los dispositivos móviles incorporaron cámaras, sobre todo en los jóvenes bajo el error de que es privada, confían en terceras personas.
Incluso muchos adolescentes han tenido que salir de escuelas porque se debe tener en cuenta que cualquier contenido digital tiene una vocación pública o de viralidad, debido a que es muy fácil de que se propague.
Manifiesta en torno al rastro de la tecnología, que las computadoras permiten detectar las navegaciones que se realizan y que a través de una auditoría informática forense, desde el punto de vista tecnológico, se puede perseguir el crimen digital.
DATOS
Rastro Rastrear a quienes infringen la ley a través de los aparatos electrónicos es más sencillo de lo que se cree, de acuerdo con Morrison, siempre dejan rastro, ya que la tecnología funciona bajo protocolo, inclusive el funcionamiento de la internet se basa bajo el algoritmo Tcplp, que es Transmission Protocol Internet o Protocolo de Transmisión.
Direcciones IP De igual manera, trajo a colación el tema de las ubicaciones IP debido a que existe una interconexión dada entre el dispositivo hasta los servidores que hacen posible la conexión.
Sentencias Conforme a datos suministrados por la Suprema Corte de Justicia, durante el 2017, entraron 49 expedientes acusatorios y fueron emitidas 48 sentencias o fallos, asimismo, durante el 2018 se constataron 35 entradas de expedientes y “salieron” 38 sentencias..
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Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
Precisamente, una de las evaluaciones pendientes es la del puesto de Henry Molina. Sin embargo, 49 días después de que concluyeran los siete años del magistrado, el mandatario Abinader se mantiene todavía sin convocar a los integrantes del Consejo para determinar si escogerán un nuevo o mantendrán el mismo presidente en el Poder Judicial.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
Hasta el momento, el magistrado de SCJ aún no ha informado si estas son sus pretensiones. Si no fuese confirmado en el puesto, deberá entregarlo cuando se desarrolle la toma de posesión de quien le sustituirá.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
Esta entidad considera que “la ausencia de una convocatoria formal genera incertidumbre institucional y afecta la confianza pública en el sistema de justicia”
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
“La noble petición se subsidia en atención a que soslayar el enunciado del mandato constitucional genera que la sociedad quede inscrita en un estado límbico ante la connatural incertidumbre que se genera en el seno de la propia alta instancia judicial”, dijo durante una rueda de prensa el jurista Carlos Balcácer, quien es representante del IDDP.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.