Santo Domingo, RD.- En el mundo cibernético, algunos malhechores se disfrazan en un perfil de alguna red social con fotos de otras personas, con gustos o intereses semejantes a los de un niño o niña o incluso las preferencias exactamente similares de los jóvenes para atrapar a muchos y extorsionarlos. Asimismo, llamadas para informar sobre supuestos premios también son muy usuales a través de teléfonos e incluso el robo o clonación de tarjetas así como la suplantación de identidad.Nacionales
Extorsionan desde las cárceles a través de redes sociales
Santo Domingo, RD.- En el mundo cibernético, algunos malhechores se disfrazan en un perfil de alguna red social con fotos de otras personas, con gustos o intereses semejantes a los de un niño o niña o incluso las preferencias exactamente similares de los jóvenes para atrapar a muchos y extorsionarlos. Asimismo, llamadas para informar sobre supuestos premios también son muy usuales a través de teléfonos e incluso el robo o clonación de tarjetas así como la suplantación de identidad.Según el ingeniero especialista en redes y tecnología, Hiddekel Morrison, el delito cibernético es una derivación del delito tradicional, y es la incorporación de la tecnología a la práctica delictiva tradicional, ya que a través de este medio transgreden la ley y llevan a cabo cualquier tipo de procedimiento al margen de las normativas jurídicas, ya sea robo, asalto, extorsión, chantaje, manipulación, y en esa medida existen artilugios que el delincuente virtual incorpora.
El experto precisa que este tipo de delito está asociado a que se materialice utilizando tecnología o plataformas tecnológicas, como cuando se lleva a cabo el robo de la identidad de un perfil digital, hasta cuando se utiliza un dispositivo móvil para realizar un acto de extorsión.
Sostiene, además, que en el país esta práctica ha estado diversificándose con la gravedad adicional de que en una alta proporción se lleva a cabo por delincuentes que se encuentran cumpliendo condenas en centros penitenciarios y las estadísticas más comunes tienen que ver con llamadas, premios y sorteos, inventados para estafar.
Morrison también plantea que en el país los delitos cibernéticos más comunes tienen diversos “matices” que tienen mucho que ver con suplantación de identidad, donde el delincuente incorpora fotos y nombres que no le corresponden para crear una cuenta, otro delito es la extorsión que también se da en plataformas digitales, incluso delincuentes internacionales, que desde call center utilizan modelos, hombres y mujeres, se contactan, hacen insinuar que hay un interés, que hay una atracción de un hombre o una mujer, le invitan a que pueda compartir información en escenas privadas, entonces lo graban y con ese material utilizan la extorsión que se da a través de Facebook.
En cuanto a la protección de estos delitos, Morrison señala que tiene mucho que ver primero, al igual que el delito tradicional, de no establecer contacto con personas desconocidas, y que la recomendación es tener cuidado, y no brindar información.
Perfiles
También cita que se debe tratar de preservar los perfiles en modo privado y utilizarlos de modo profesional, no hablar de aspectos privados, no colocar la dirección del hogar, quitar la ubicación cuando se comparte una imagen o un video, a través de la configuración de la red social, ya que cuando se toman todos estos elementos en cuenta se mitigan significativamente los riesgos de ser víctimas de delito cibernético.
Precisa que en el país es muy común la práctica de robos de triangulación por comercio electrónico, cuyo delito está vinculado a plataformas de redes sociales, desde personas que compran u ofrecen algo en venta, a través de WhatsApp o Instagram, hasta el hurto de una identidad a través del robo de una cuenta. Sobre todo a lo referente a suplantación de identidad, extorsión y el tema de delito de comercio electrónico, a través de cheques sin fondos, por lo que se produce una estafa dándose con plataformas digitales.
En cuanto al sexting o sexteo, el especialista explica que se ha producido una tendencia desde el primer momento en que los dispositivos móviles incorporaron cámaras, sobre todo en los jóvenes bajo el error de que es privada, confían en terceras personas.
Incluso muchos adolescentes han tenido que salir de escuelas porque se debe tener en cuenta que cualquier contenido digital tiene una vocación pública o de viralidad, debido a que es muy fácil de que se propague.
Manifiesta en torno al rastro de la tecnología, que las computadoras permiten detectar las navegaciones que se realizan y que a través de una auditoría informática forense, desde el punto de vista tecnológico, se puede perseguir el crimen digital.
DATOS
Rastro Rastrear a quienes infringen la ley a través de los aparatos electrónicos es más sencillo de lo que se cree, de acuerdo con Morrison, siempre dejan rastro, ya que la tecnología funciona bajo protocolo, inclusive el funcionamiento de la internet se basa bajo el algoritmo Tcplp, que es Transmission Protocol Internet o Protocolo de Transmisión.
Direcciones IP De igual manera, trajo a colación el tema de las ubicaciones IP debido a que existe una interconexión dada entre el dispositivo hasta los servidores que hacen posible la conexión.
Sentencias Conforme a datos suministrados por la Suprema Corte de Justicia, durante el 2017, entraron 49 expedientes acusatorios y fueron emitidas 48 sentencias o fallos, asimismo, durante el 2018 se constataron 35 entradas de expedientes y “salieron” 38 sentencias..
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Nacionales
La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
En ese orden, el ingeniero explicó que el objetivo actual es acelerar la ejecución de los trabajos. Para tales fines, se habilitarán tres frentes de construcción: uno desde Santiago hacia Puerto Plata, otro desde Puerto Plata hacia Santiago y un tercero desde el tramo central de la vía.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
La funcionaria también agradeció el respaldo del sector empresarial al proyecto y aseguró que el Gobierno impulsa soluciones orientadas a acompañar ese crecimiento de la región mediante la construcción y ampliación de carreteras, puentes y otras obras estratégicas.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Sin embargo, no pudieron impedir que los legisladores oficialistas le permitieran a la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader acudir a las entidades financieras internacionales.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
“Intervendrán puntos críticos en corredores troncales, infraestructuras para entornos escolares seguros e implementará acciones prioritarias para la siniestralidad”, versa el texto del documento que presentó Paulino en la sesión.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
El decreto también reafirma que todo importador deberá declarar en el formulario electrónico de Declaración Única Aduanera (DUA), si tiene conocimiento o información razonable de que las mercancías, productos y bienes que importa han sido producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Además, se tomará en cuenta los informes, alertas, investigaciones o evaluaciones emitidos por organismos internacionales competentes, incluyendo la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras fuentes de información que arrojen algún indicio.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
En caso de que se concluya que sí existió el trabajo forzoso durante el proceso de elaboración del producto importado, se dispondrá la prohibición de importación de las mercancías, productos o bienes comprendidos en la determinación y específicamente vinculadas al productor, fabricante, suplidor o cadena de suministro respecto de los cuales se haya determinado la utilización de trabajo forzoso.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.