Santo Domingo, RD.- En el mundo cibernético, algunos malhechores se disfrazan en un perfil de alguna red social con fotos de otras personas, con gustos o intereses semejantes a los de un niño o niña o incluso las preferencias exactamente similares de los jóvenes para atrapar a muchos y extorsionarlos. Asimismo, llamadas para informar sobre supuestos premios también son muy usuales a través de teléfonos e incluso el robo o clonación de tarjetas así como la suplantación de identidad.Nacionales
Extorsionan desde las cárceles a través de redes sociales
Santo Domingo, RD.- En el mundo cibernético, algunos malhechores se disfrazan en un perfil de alguna red social con fotos de otras personas, con gustos o intereses semejantes a los de un niño o niña o incluso las preferencias exactamente similares de los jóvenes para atrapar a muchos y extorsionarlos. Asimismo, llamadas para informar sobre supuestos premios también son muy usuales a través de teléfonos e incluso el robo o clonación de tarjetas así como la suplantación de identidad.Según el ingeniero especialista en redes y tecnología, Hiddekel Morrison, el delito cibernético es una derivación del delito tradicional, y es la incorporación de la tecnología a la práctica delictiva tradicional, ya que a través de este medio transgreden la ley y llevan a cabo cualquier tipo de procedimiento al margen de las normativas jurídicas, ya sea robo, asalto, extorsión, chantaje, manipulación, y en esa medida existen artilugios que el delincuente virtual incorpora.
El experto precisa que este tipo de delito está asociado a que se materialice utilizando tecnología o plataformas tecnológicas, como cuando se lleva a cabo el robo de la identidad de un perfil digital, hasta cuando se utiliza un dispositivo móvil para realizar un acto de extorsión.
Sostiene, además, que en el país esta práctica ha estado diversificándose con la gravedad adicional de que en una alta proporción se lleva a cabo por delincuentes que se encuentran cumpliendo condenas en centros penitenciarios y las estadísticas más comunes tienen que ver con llamadas, premios y sorteos, inventados para estafar.
Morrison también plantea que en el país los delitos cibernéticos más comunes tienen diversos “matices” que tienen mucho que ver con suplantación de identidad, donde el delincuente incorpora fotos y nombres que no le corresponden para crear una cuenta, otro delito es la extorsión que también se da en plataformas digitales, incluso delincuentes internacionales, que desde call center utilizan modelos, hombres y mujeres, se contactan, hacen insinuar que hay un interés, que hay una atracción de un hombre o una mujer, le invitan a que pueda compartir información en escenas privadas, entonces lo graban y con ese material utilizan la extorsión que se da a través de Facebook.
En cuanto a la protección de estos delitos, Morrison señala que tiene mucho que ver primero, al igual que el delito tradicional, de no establecer contacto con personas desconocidas, y que la recomendación es tener cuidado, y no brindar información.
Perfiles
También cita que se debe tratar de preservar los perfiles en modo privado y utilizarlos de modo profesional, no hablar de aspectos privados, no colocar la dirección del hogar, quitar la ubicación cuando se comparte una imagen o un video, a través de la configuración de la red social, ya que cuando se toman todos estos elementos en cuenta se mitigan significativamente los riesgos de ser víctimas de delito cibernético.
Precisa que en el país es muy común la práctica de robos de triangulación por comercio electrónico, cuyo delito está vinculado a plataformas de redes sociales, desde personas que compran u ofrecen algo en venta, a través de WhatsApp o Instagram, hasta el hurto de una identidad a través del robo de una cuenta. Sobre todo a lo referente a suplantación de identidad, extorsión y el tema de delito de comercio electrónico, a través de cheques sin fondos, por lo que se produce una estafa dándose con plataformas digitales.
En cuanto al sexting o sexteo, el especialista explica que se ha producido una tendencia desde el primer momento en que los dispositivos móviles incorporaron cámaras, sobre todo en los jóvenes bajo el error de que es privada, confían en terceras personas.
Incluso muchos adolescentes han tenido que salir de escuelas porque se debe tener en cuenta que cualquier contenido digital tiene una vocación pública o de viralidad, debido a que es muy fácil de que se propague.
Manifiesta en torno al rastro de la tecnología, que las computadoras permiten detectar las navegaciones que se realizan y que a través de una auditoría informática forense, desde el punto de vista tecnológico, se puede perseguir el crimen digital.
DATOS
Rastro Rastrear a quienes infringen la ley a través de los aparatos electrónicos es más sencillo de lo que se cree, de acuerdo con Morrison, siempre dejan rastro, ya que la tecnología funciona bajo protocolo, inclusive el funcionamiento de la internet se basa bajo el algoritmo Tcplp, que es Transmission Protocol Internet o Protocolo de Transmisión.
Direcciones IP De igual manera, trajo a colación el tema de las ubicaciones IP debido a que existe una interconexión dada entre el dispositivo hasta los servidores que hacen posible la conexión.
Sentencias Conforme a datos suministrados por la Suprema Corte de Justicia, durante el 2017, entraron 49 expedientes acusatorios y fueron emitidas 48 sentencias o fallos, asimismo, durante el 2018 se constataron 35 entradas de expedientes y “salieron” 38 sentencias..
listindiario.com
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.